Yee Trujillo

El investigador y ambientalista Octavio Klimek Alcaraz opinó que debe haber conciliación entre el gobierno y los prestadores de servicios turísticos de Puerto Vicente Guerrero, Tecpan –que han denunciado que se pretende desalojados por un proyecto de una marina, sector o base naval–, además de alternativas económicas para subsistir y transparencia, aunque destacó que es un asunto de seguridad nacional por los importantes decomisos de droga ocurridos en el mar en los últimos años y la pesca “probablemente muy irregular” que efectúan embarcaciones de otros países.
En declaraciones telefónicas, recordó que originalmente el lugar se pensó para el desarrollo pesquero y no para el turismo, para que pudiera existir un sitio de atraque para una flota de mediana altura en las costas y salir a mar abierto, de la cual carece el estado porque casi todas las pesquerías son ribereñas a pesar de la importante riqueza de especies, pero que el Estado mexicano no siguió impulsándolo y la comunidad empezó a desarrollar el atractivo turístico y gastronómico.
Agregó que el puerto incluso estuvo operando para la carga “no para mucho bien” a finales del siglo pasado, porque se sacaba madera rumbo a Estados Unidos de los patios de la antigua Forestal Vicente Guerrero, por medio de una empresa, y ante el abuso al aprovechamiento surgió el movimiento ambientalista de la sierra de Petatlán, que llevó al encarcelamiento de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Consideró que probablemente ahora la Semar por razón de logística requiere tener un atraque e instalaciones ahí, porque en toda la zona frente a la región de la Costa Grande y Acapulco se han hecho importantes decomisos de droga, y que “no hay que pasarnos de inocentes y suponer que esto es nomás por fastidiar a la gente de la comunidad: aquí hay un asunto de seguridad nacional, tenemos que empezar a tener claridad de que se necesita mayor vigilancia en nuestros mares”.
“Esto tiene que salir adelante por vía de la cooperación, tú no puedes desplazar una comunidad que vive de eso, eso genera un conflicto socioambiental”, expresó y añadió que la federación, la Secretaría de Marina (Semar), los gobiernos estatal y municipal deben buscar de forma conciliatoria alternativas para que las personas que viven de la actividad turística puedan subsistir, con el menor impacto económico en la vida de la comunidad y transparencia para que no escale el conflicto.