El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, informó que el estado sigue explorando distintas posibilidades en el presupuesto, para garantizar en la medida de sus posibilidades el apoyo extraordinario que solicitó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Pero estimó que aún hay tiempo, porque el monto requerido es para la instalación de los 28 Consejos Distritales electorales que se realiza a finales de noviembre o principios de diciembre, pese a la urgencia que manifestó el organismo la semana pasada, donde se declaró en una crisis financiera.
Consultado después del acto de banderazo de 12 taxis del Transporte Violeta en Zumpango del Río, reconoció que en este momento el gobierno está entregando recursos que corresponden al presupuesto ordinario.
La solicitud de recursos extraordinarios para el proceso electoral que inició en septiembre sigue en proceso de valoración, porque “hemos tenido bastantes recortes por parte de las participaciones federales, hay que recordar que principalmente el ingreso del estado viene de las participaciones”.
Subrayó que los ajustes por el recorte de la reducción en las participaciones no sólo afectan a los organismos paraestatales, también a la administración central, y en una reunión con la presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, acordaron que “iban a hacer un ajuste a los presupuestos (del IEPC) para que pudiese hacer un ejercicio responsable de los mismos”.
El organismo solicitó una ampliación de 72.7 millones de pesos (57 para este año). Reynoso Núñez, y que ayer mismo tendría otra reunión con el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, para revisar hasta dónde pueden aportar a la solicitud del IPEC.
Reynoso Núñez aseguró que las solicitudes del instituto siempre han sido atendidas, “pero a veces se piden recursos que no se tienen a la mano, veremos de qué forma podemos irlos apoyando, a nosotros nos interesa que haya un proceso electoral en paz, democrático, que transcurra con normalidad y vamos a abonar para que así suceda”.
Confirmó que ya están “prácticamente” al corriente con la entrega del dinero que se reclamaban del financiamiento público de los partidos políticos, del presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal.
Señaló que la ampliación presupuestaria para la instalación de los Consejos Distritales que se hará a finales de noviembre o principios de diciembre, lo cual les da un margen de para hacer los ajustes que se requieran.
“Vamos a garantizar que el apoyo del estado se va a dar en la medida de nuestras posibilidades y hay que explorar diversas formas, en esa parte estamos”, indicó.
La directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, en entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
A un año de la actualización de las Alertas de Violencia de Género por violencia feminicida y agravio comparado en Guerrero, el gobierno estatal tiene la expectativa de levantar medidas tras la evaluación de sus informes de trabajo, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría general de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Consultada en sus oficinas, la funcionaria recordó que a raíz de la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, la alerta por Agravio comparado decretada el 5 de junio de 2020, se actualizó el 1 de junio de 2022.
Asimismo, la de Violencia feminicida, decretada el 22 de junio 2017 , se actualizó el 10 de junio del año pasado.
De acuerdo con la ley, el siguiente paso fue que el gobierno del estado y los nueve municipios alertados por violencia feminicida, aprobaran sus programas de acciones estratégicas para el cumplimiento de las medidas de las alertas.
Indicó que Guerrero es el primero alertado que incluyó las alertas actualizadas en el Plan estatal de Desarrollo, y en construir los planes integrales de acciones estratégicas, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó oficial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, ambas publicadas en el periódico oficial del estado de Guerrero.
Para el cumplimiento de las medidas de estos mecanismos de emergencia para las mujeres, recordó que los ayuntamientos y el estado tienen la obligación de presentar un informe cada seis meses de sus avances. Del informe del periodo junio-diciembre de 2022, entregado en enero, informó que recibieron un reporte con observaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), coordinado por la Conavim. Pero aún no es un dictamen de evaluación por indicadores.
El Mecanismo para la Implementación y Seguimiento de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, conformado el 10 de junio de 2022 por funcionarios de los tres poderes y de los nueve ayuntamientos responsables de darle cumplimiento a las medidas, están integrando el segundo informe de enero-junio de 2023.
Destacó que las reuniones son encabezadas por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el secretario técnico de la gobernadora, Pablo Gordillo, con la participación de titulares de las secretarías.
“Las reuniones son para conocer los avances, los pendientes y hacer rutas de acción para el cumplimiento, de tal forma que en el informe que se entregue en julio (este mes), tenga un grado de cumplimiento establecido por el GIM”.
De entrada, señaló que en Guerrero ya no existe el agravio comparado desde el levantamiento de la medida principal de la segunda declaratoria de AVG, con la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en el estado hasta las 12 semanas. . Además que la Secretaría de Salud del estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) siguen atendiendo 13 medidas pendientes para garantizar el acceso a atención integral de la salud y la reparación del daño.
Estimó que sí existen condiciones para empezar a hacer levantamiento de medidas muy avanzadas con los próximos informes que evaluará el GIM, tanto de agravio comparado como de violencia feminicida.
Antes de noviembre, que se cumple el plazo de un año para la atención a la alerta de agravio comparado, dijo que enviarán el informe final, con el cual el GIM va a determinar el levantamiento parcial o total de la AVG.
De las denuncias que siguen presentado activistas que acompañan a usuarias cuando solicitan interrupción del embarazo voluntario o legal en el sector salud, aclaró que el secretario general de gobierno advirtió que esas responsabilidades serán asumidas por el titular, con el personal que estuviera en las áreas.
El último caso fue de una niña de 13 años en Atoyac, donde la feminista Marina Reyna Aguilar denunció dilación en la atención de la menor de edad para que la madre de la víctima desistiera del procedimiento por el riesgo de la vida de su hija. Luego la SSA negó la denuncia, al señalar que la niña-mamá, rechazó la interrupción.
La directora de las alertas, indicó que en las mesas de trabajo se habló de “tienen que hacer una relación de personal, tanto objetor de conciencia como quienes sí puedan garantizar los servicios, Pero hay algo superior que es darle cumplimiento a una ley, y que es en la etapa que debe estar (la secretaría de) Salud, en poder capacitar y fomentar el cumplimiento de la ley”.
Añadió que el planteamiento de Reynoso Núñez a las secretarías y dependencia estatales, es no ver a las declaratorias de las Alertas como agravio o amenazas, sino como una oportunidad de poder demostrar el compromiso de garantizar el acceso a la justicia, y a una vida libre de violencia de las mujeres, con acciones que perduren más allá de la actual administración.
Violencia feminicida
De la atención de las 21 medidas de la AVGM por violencia feminicida, mucho más amplia que la de Agravio comparado, aclaró que no hay un plazo de cumplimiento establecido por el GIM, coordinado por Conavim, pero sí tienen tiempos fijados por los responsables de las acciones de cumplimiento.
“La intención de esta declaratoria es que puedan ser acciones que se conviertan en ordinarias, que no sólo sean acatadas por una declaratoria, que queden establecidas de manera permanente, aún levantando la medida”.
Mencionó por ejemplo la creación de un módulo de atención multidisciplinaria a mujeres en situación de violencia en los nueve municipios alertados, no sólo por la atención de la alerta, que van están quedando fijo con un espacio físico, personal capacitado y presupuesto, mediante decretos o vía actas de cabildo.
Además del fortalecimiento de las policías municipales con unidades policiales de género, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Reconoció que sólo está siendo complicado en Ayutla de los Libres, que se rige por sistema de usos y costumbres, y la seguridad pública está a cargo de la policía comunitaria.
Destacó la recuperación de espacios públicos como una de las estrategias para garantizar espacios seguros de zonas que pueden producir riesgos.
Transporte Violeta
De los programas estatales, señaló el Transporte Violeta monitoreado con videocámaras y geolocalización, y personal capacitado, para atender una medida de la Alerta, implementada en Chilpancingo, Acapulco y con avances en Zihuatanejo.
Aclaró que se siguen revisando las condiciones de aplicación del Transporte en Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla, Ometepec, Tlapa y Chilapa.
Asimismo, la Alerta Violeta como mecanismo de búsqueda inmediata para niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, el territorio violeta, de recuperación de espacios públicos, y la aplicación de telefonía celular para solicitar ayuda.
Del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, indicó que están próximos de presentar en sesion el Programa Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres que marca la líena del trabajo de esta administración.
Aseguró que las ocho comisiones que integran el sistema, una de Alertas de Violencia de Género, han sesionado de manera ordinaria.
Por otro lado, está el mecanismo de seguimiento institucional de las alertas, que camina con su propio objetivo, que es dar cumplimiento a las medidas, y evaluar si se está realizando el trabajo adecuado.
