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No se hacen diligencias de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género: activistas

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En Guerrero no se hacen las debidas diligencias con perspectiva de género en las muertes violentas de mujeres, para que se tipifiquen como feminicidios; la mayoría se clasifican como suicidios, homicidios dolosos e imprudenciales, afirmaron feministas y activistas. Señalan que es urgente que las fiscalías del país apliquen los protocolos para investigar los casos con perspectiva de género, porque al carecer de los parámetros los primeros respondientes contaminan las escenas del crimen y pierden evidencias.
Este martes se realizó en el hotel Holiday Inn, en Chilpancingo, el foro Sentencia Mariana Lima, Parámetro Nacional para Juzgar con Perspectiva de Género, organizado por integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres
La directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, recordó la sentencia de 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que ordenó reabrir la investigación de lo que se calificó como suicidio de Mariana Lima Buendía, para que fuera reclasificado como feminicidio, y que obliga a partir de su caso, “investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género”.
Sostuvo que dicha sentencia desarrolló criterios para la investigación en caso de muertes violentas, que en el contexto del país es un problema muy grave y que ha aumentado de acuerdo con cifras oficiales, pues argumentó que en 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 3 mil 775 asesinatos de mujeres y niñas, de los cuales sólo 968 se investigaron como feminicidio.
De Guerrero, apuntó que el año pasado se registraron 128 mujeres asesinadas, de las que solo 13 se investigaron como feminicidio, y
115 como homicidio doloso. Cuestionó si en los estados “no hay feminicidios o realmente no se puede acreditar las razones de género porque siguen sin entenderse o no se tienen los protocolos adecuados”.
Afirmó que en el país asusta el Covid, pero no la gran cantidad de mujeres asesinadas. Aseveró que el feminicidio no es un hecho aislado sino es resultado de un patrón de violencia institucional, que aumenta más con la impunidad que la arropa.
“La perspectiva de género no es otra cosa que entender los contextos de discriminación contra las mujeres para poderlos desactivar y poder actuar”, dijo.
Sostuvo que hay una falta de debida diligencia, es decir, planes metodológicos de investigación para formular líneas de investigación que lleven al esclarecimiento de las muertes violentas, y sostuvo que Observatorio siguen encontrando fallas en las etapas del proceso penal desde la evaluación adecuada para determinar si están ante un feminicidio.
La activista feminista y madre de Mariana Lima, Irinea Buendía Cortés, platicó el caso de su hija asesinada en 2010, y detalló la corrupción, simulación e impunidad que enfrentó de las autoridades locales de Chimalhuacán, en el Estado de México, y que a pesar de que ya pasaron 12 años y ocho meses del crimen, aún espera una sentencia condenatoria contra Julio César Hernández Ballinas, quien era esposo de Mariana y policía judicial.
Sostuvo que desde su experiencia los policías que son los primeros respondientes si no tienen perspectiva de género lo único que hacen es contaminar la escena del crimen y perder evidencia que “jamás vamos a poder recuperar, porque entre más pasa el tiempo más se aleja la verdad”.
Destacó que con la sentencia de la SCJN el 25 de marzo del 2015 a favor de reabrir el caso de Mariana Lima se ganó “que toda muerte violenta de mujeres se tiene que investigar con perspectiva de género y debida diligencia, en las 32 fiscalías de los 32 estados de la República, de todas las edades, incluidos los suicidios y los accidentes”.
Agregó que también se obtuvo que se pueda sancionar a los servidores públicos que incurren en omisiones o negligencias, falencias e irregularidades que obstruyan la investigación y el acceso a la justicia, así como la reparación del daño causado por las autoridades, modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en cuanto a la perspectiva de género y a la administración de justicia.

Hay revictimización por parte de las autoridades

Una vez que concluyeron las ponencias, varias activistas feministas contaron sus casos o su perspectiva del problema en Guerrero, entre ellas, la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitignio, sostuvo que en la entidad en muchos procesos de feminicidios hay revictimización porque las autoridades se burlan y no les creen a las víctimas o los familiares, que no hay sensibilidad ni humanismo de las autoridades.

Encuentran activistas resistencia de personal de Salud a 8 meses de la despenalización del aborto

La feminista, Lourdes Juárez Díaz, durante su participación en el panel Reforma a la Nom-046, como parte de la Semana Jurídica Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A ocho meses de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Guerrero, sigue pendiente conocer la respuesta de los servidores públicos en la atención de mujeres que exigen este derecho, y establecer si en los servicios estatales de salud ya aplican los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar de la Norma 046, señaló la feminista Lourdes Juárez Díaz.
La también defensora de los derechos sexuales y reproductivos, Jessica Estévez, aclaró que en el acompañamiento de casos en diferentes partes del estado, siguen encontrando resistencias de personal médico, que desalienta o retrasa la atención de las usuarias, en la conferencia sobre la reforma a la NOM 046, aborto legal y derecho constitucional que se realizó en el lobby del Palacio de la Cultural, parte de las actividades de la Semana Jurídica de la Secretaría General de Gobierno.
Las expositoras recordaron que antes de la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Salud decía estar ya dando capacitaciones al personal médico, que también eran parte de las medidas de atención a las alertas de violencia de género, la primera por violencia feminicida y, otra agravio comparado debido al incumplimiento de la norma en la atención a víctimas que solicitaban la interrupción de un embarazo producto de violacion. Sin embargo, no hay indicadores de los resultados de las capacitación, advirtieron.
Estévez recomendó a las mujeres que necesiten de los servicios médicos, busquen primero el acompañamiento, porque los servidores públicos todavía no tienen claro lo que se aprobó.
Juárez añadió que es responsabilidad del estado dar la atención, y es un derecho de las mujeres acudir a los servicios de salud, por lo tanto se tiene que exigir que la teoría legal llegue a la práctica. Además, llamó al Congreso local a seguir mejorando la legislación local sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La titular de la Unidad de Género, Marlan Márquez Valverde, moderadora en la actividad, pidió conocer los antecedentes del derecho a decidir en Guerrero. Juárez Díaz recordó que hubo tres momentos en que mujeres de manera organizada demandaron la despenalización del aborto, después, con la integración de la Alianza feminista del estado de Guerrero (2016) que promovió la alerta por violencia feminicida, se incluyó la medida de atención de las víctimas de violencia sexual que pidieran interrumpir un embarazo.
A esta siguió la alerta por agravio comparado (2019), más específica para la atención de este problema, ambas en proceso. Juárez destacó que cada vez llegan más aliadas y mujeres jóvenes a los espacios de gobierno para avanzar en nuestros derechos.
En la conferencia, la feminista se hizo un recorrido de la NOM 046 desde que aparece en 1999, y la modificación de 2005 cuando se incorporan los elementos de atención integral de la violencia familiar y sexual, a fin de hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; es decir, para solicitar el aborto en caso de embarazo por violación.
De 2009 y 2016 tuvo modificaciones para hacerla mucho más eficaz, en la atención médica con perspectiva de género que permita comprender de manera integral e inmediata el problemas de violencia.
Entre 2017 y 2018, indicó que las mujeres de Guerrero insistieron en que la violencia sexual mujeres iba en aumento, y los embarazos no deseados era un problema de salud pública, derivado que las mujeres pedían interrumpir y hacerlo en lugares insalubres, en lugar de hacerlo con medicamentos y los requerimientos necesarios.
En tanto, el sector salud estatal se negaba a aceptar la aplicación de la NOM 046, argumentando que no estaba homologada con el artículo 159 del Código Penal, que refiere las excluyentes de delito de aborto, entre ellas por violación sexual, pero con autorización del Ministerio Público.
La norma ya señalaba que, para acceder a la interrupción del embarazo, basta con hacer la solicitud por escrito bajo protesta de decir la verdad, “sólo las niñas menores de 12 años de edad, requieren la autorización del padre o madre, o a falta de éstos de un tutor legal para realizar dicha solicitud”.
Por otro lado, la Suprema Corte avaló el derecho de abortar a embarazadas menores en caso de violación, que obliga a a los servicios de salud pública a practicar abortos a las menores de entre 12 y 17, sin el consentimiento de sus padres o tutores.
Recordó que en México la tasa de madres menores de 18 años, es superior al promedio de América Latina, y México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil de entre 15 y 19 años, mientras que la tasa promedio a nivel mundial es de 46.

 

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Ofrendan organizaciones a los desaparecidos, activistas y luchadores en el Zócalo de la capital

 

La alternativa a la inseguridad agravada en los periodos de transición de los gobiernos, es la organización de la sociedad para obligar al Estado a cumplir con sus funciones señaló el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, en el altar de Día de Muertos para recordar a los desaparecidos, activistas y luchadores sociales, la mayoría de ellos asesinados, que instalaron organizaciones en el Zócalo de esta ciudad.
Denunció que los secuestros difundidos en los últimos días no representan ni el 10 por ciento en la capital, pues por medio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reciben información de otros casos.
Reconoció que estos datos no se pueden confirmar pero personas liberadas sin la intervención de las autoridades, dijeron que “hay muchos más en las casas de seguridad”, donde estuvieron retenidos.
También hay casos de secuestrados que fueron asesinados y no se denunciaron por temor, y de los rescatados recientemente, fueron encontrados en Morelos, dijo.
Javier Monroy expuso que el Tadeco ha denunciado hace mucho tiempo que en Guerrero existe una crisis humanitaria, pero en estos momentos la crisis mayor es de seguridad, “porque se incrementa y las autoridades no dan pie con bola”.
Resultado del monitoreo que hacen, señaló que la violencia se incrementa en los cambios de gobierno, como sucedió en la transición de René Juárez y Zeferino Torreblanca, y cuando éste último entregó a Ángel Aguirre Rivero.
Ocurre de nuevo con Héctor Astudillo Flores, “entendemos que no es gratis, porque hay un reacomodo de las empresas del narco a partir de compromisos que hacen con candidatos. Este reacomodo lleva a ajustes de cuentas y confrontaciones muy fuertes, donde lamentablemente cae mucha gente que no está vinculada”.
Señaló que hace 15 y 20 años sólo se hablaba de dos o tres cárteles, ahora en cada región hay muchos.
Añadió que no se puede aceptar que se enfrente el problema con más policías y militares, como propuso el nuevo gobernador, porque el problema está en la relación del crimen con el gobierno, “el narcotráfico sostiene la riqueza del país, y (las autoridades) no van a enfrentarlos porque se ponen la soga al cuello”.
Dijo que la presencia de policías y militares sólo pretende la contención social, porque en cualquier momento la población puede reaccionar y va a responder ante las injusticias y la impunidad. Pero opinó que sería un error de los ciudadanos hacer la tarea del Estado, si se arman para enfrentar a la delincuencia.
Aclaró que a quien le corresponde buscar en las fosas a los muertos y detener a los delincuentes es al Estado.
Agregó que la Policía Comunitaria es la solución en algunos lugares, pero un proyecto con principios no con intereses de grupo.
Reconoció también que son tiempos difíciles para las organizaciones, “cada uno piensa en si mismo”, y se estigmatiza a quien lucha por los presos, los asesinados y los desaparecidos.
Llamó a la población a organizarse y adoptar a un secuestrado, desaparecido o asesinado para reclamarlos, porque las autoridades tienen doble moral “dicen que casi no duermen por esta situación, pero todos los recursos y personas con las que cuenta el Estado se destinan a otra cosa, menos a proteger a la ciudadanía”.
Ayer hubo actividades culturales en el altar que colocaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Nahuales de Ixtlitezcatl, el Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Frente Democrático Unitario en Lucha y el Tadeco.
La ofrenda se colocó frente a la catedral, donde pusieron fotografías de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en 2011, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, luchadores sociales asesinados en 2013 como Rocío Mesino, también la foto de Isidro Ortiz Bernal, Chilo, y el universitario Renato Ravelo Lecuona. d

Honran organizaciones con ofrendas en la explanada de Iguala a activistas y estudiantes asesinados

 

Normalistas de Ayotzinapa, activistas sociales y víctimas de desaparición forzada de Iguala fueron recordados en esta ciudad durante la exposición de tumbas y ofrendas que el Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala organizó en la explanada de las Tres Garantías, de forma paralela al acto oficial en el Zócalo.
Con la participación de escuelas de la zona Norte, tanto del nivel Básico como del Medio Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), así como de organizaciones sociales como la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), ofrendaron a los activistas, maestros y estudiantes asesinados durante represiones del gobierno.
En la actividad organizada en la explanada de las Tres Garantías por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) de la zona Norte y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, paralela a la actividad oficial, fueron colocadas 11 tumbas y ofrendas.
El ataque, ejecución de tres y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad se plasmó en la ofrenda colocada por la zona escolar 123 de Tetipac, en la que se muestra la persecución y ataque a los tres autobuses en los que iban los normalistas, y que fueron atacados a balazos por policías de Iguala y Cocula, y civiles armados.
La Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), que representa Soledad Hernández Meza, ofrendó a su padre y fundador, Arturo Hernández Cardona, desaparecido y asesinado el 30 de mayo de 2013, durante el gobierno del ex alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, a quien uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza señala directamente como el autor material del asesinato.
El Bloque Democrático de Organizaciones y ciudadanos de Iguala, ofrendó en la carpa de la explanada a los tres normalistas asesinados en esta ciudad, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, así como al profesor Claudio Castillo Peña, asesinados el 24 de febrero de este año durante la represión de policías federales en Acapulco.
Familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, también colocaron una ofrenda en la explanada, en memoria de los 104 cuerpos hallados en fosas clandestinas, que fueron escenificadas.
En ésta, fueron colocadas las fotografías de algunas de las víctimas de desaparición forzada en los últimos tres años, principalmente de esta ciudad y se solicitó en una cartulina el apoyo a la ciudadanía para dar información sobre la posible ubicación de fosas clandestinas en esta ciudad, “no buscamos culpables, sólo encontrarlos”, se lee en otra cartulina.
Después de las 6 de la tarde, activistas del Bloque Democrático entregaron reconocimientos a los participantes, y al término se llevó a cabo una actividad político-cultural con alumnos de la Preparatoria número 10 de la UAG, en el contexto de la conmemoración del aniversario de su creación.
Por otro lado, en la actividad oficial en el Zócalo participaron escuelas de la ciudad; de las cerca de 20 tumbas y ofrendas, ninguna aludió a Ayotzinapa, ni al ataque y desaparición de los 43 normalistas en esta ciudad.
En el Zócalo sólo fueron colocadas tumbas u ofrendas a personas fallecidas recientemente como el cantautor originario de Juliantla, Joan Sebastián, a quien se dedicaron tres tumbas, a personajes como Chespirito u ofrendas temáticas como la guerra, la violencia o el cáncer de mama.