El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) informó que recibió amenazas telefónicas, presuntamente del grupo criminal Los Rojos, para exigir que su integrante, Isabel Rosales, no se una a un grupo de familiares que buscan a sus desaparecidos.
En un comunicado dirigido al pueblo de México, al de Guerrero y a la opinión pública, el Tadeco informa que el lunes a las 3:10 de la tarde, recibieron una amenaza en el teléfono celular de la organización, de un hombre que se identificó como Simón Singgler, número 755 1095939, que pidió hablar con Isabel, dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.
Contaron que, inicialmente no les pareció extraño, pues el 23 de mayo el mismo Simón Singgler llamó a la oficina, dijo que era de la Secretaría de Gobierno estatal, y que quería tratar asuntos sobre gestiones del comité; entonces dejó como número de contacto el 7474988438, y pidió la dirección de correo electrónico para enviar información documental.
“Nosotros relacionamos este comentario con ofrecimientos de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) estatal, en mayo del 2017 en una reunión a la que asistió la compañera Isabel Rosales… por lo que no nos pareció nada fuera de lo normal. Sin embargo, más adelante se identificó como parte del grupo de Los Rojos, diciendo que no querían hacerle daño, y amenazante le pregunto ‘cómo querían que la trataran, bien o mal, como amiga o enemiga’”, detalla el comunicado.
Al escrito se añade que, después, el mismo hombre dijo que le pasaría por teléfono a su jefe, “el señor Zenén”, identificado como líder del grupo criminal, que comenzó diciendo que “él sabía que la compañera representaba a un grupo de personas desaparecidas y que no querían que ella se uniera a este grupo (de desaparecidos) con su propia familia, que sabían dónde se encontraba y que le hacían de su conocimiento que hasta el momento ella no era su enemiga y que sus enemigos se encontraban dentro de su círculo social”.
Agrega que, según el grupo delincuencial, la violencia, secuestros y homicidios, se deben a que se meten con ellos, o a que no hacen caso a los llamados, y también le dijo que grabara la conversación para que cuando matara a alguien cercano a ella, tuviera a quien responsabilizar, “Zenén Nava El Chaparro le había hecho un llamado, del que no hizo caso”.
Abunda que Isabel se negó a continuar la conversación y colgó, pero volvieron a llamar al celular y al no obtener respuesta se comunicaron a la oficina, donde contestó su compañera, Miriam.
En el comunicado se relata que le repitieron lo mismo, y que sabían que la compañera Isabel no se encontraba ahí, pero que irían a dejar documentos a la oficina, que tienen fotografías de la oficina y de personas que entran y salen, para de esa forma demostrar que los tienen ubicados, y nuevamente colgaron el teléfono.
Consideran las llamadas una acción del Estado, dice
Comenta que podría parecer un intento de extorsión, pero les extraña que los hostiguen cuando están haciendo en actividades en favor de las víctimas de la violencia.
A nivel nacional, la organización participa en actividades con la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, en particular en el estado; trabaja con jóvenes asuntos de inseguridad, y recientemente recabaron firmas a favor de la aspirante a candidata independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy.
Los activistas del Tadeco recuerdan que ésta no es la primera vez que los hostigan, porque desde que constituyeron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, en 2009, han sido amenazados para que dejen de buscar “verdad y justicia” para las víctimas.
“Nuevamente percibimos la injerencia de agentes del Estado atrás de estas amenazas e intento de extorsión. ¿Cómo sabe la gente que nos llamó que hubo un ofrecimiento de la CEAV Estatal para nuestro Comité pendiente de resolver?, ¿por qué nos llamaron el día 23 de mayo… para obtener información particular de algunos de nosotros, como nombres, teléfonos y dirección? ¿Cómo saben que esos teléfonos son los datos que utilizamos de contacto durante las reuniones sostenidas con el gobierno estatal el año pasado?, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de estas amenazas disfrazadas de extorsión?”, preguntan.
Responsabilizan a las autoridades estatales y federales de la integridad física y moral de Isabel Rosales Juárez y Miriam Altamirano Carmona, y de todos los integrantes de la organización.
El Tadeco pide la solidaridad del pueblo de Guerrero, la intervención de las instituciones de derechos humanos y de las autoridades, para que se les otorguen las garantías necesarias para seguir su trabajo de apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas de la violencia social, y de desarrollo comunitario en la entidad. En particular solicitaron el apoyo al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
