Claman familiares por justicia para sus desaparecidos

 

30 de agosto del 2022 Integrantes del Colectivo FAyer hubo marchas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa y en varios estados del país por el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada. Los colectivos de familiares exigieron a los gobiernos participación y apoyo en las búsquedas. También demandaron leyes acordes con la realidad de Guerrero y que se identifique a los cuerpos que se acumulan en los Semefo. En tanto, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas advirtió que la complicidad de autoridades con grupos delictivos ha disparado las desapariciones y la ONU llamó a México a cumplir sus recomendaciones. En la imagen, la inauguración del nuevo mural en la avenida Ruiz Cortines con rostros de personas desaparecidas en Acapulco realizado por el artista David de León Foto: Carlos Alberto Carbajal amilias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, en la inauguración del nuevo mural con rostros de personas desaparecidas en la avenida Ruiz Cortines, realizado por el artista David de León. Foto: Carlos Alberto Carbajal

Marchan familias de desaparecidos; exigen a las autoridades apoyo en las búsquedas

En movilizaciones por el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, diversos colectivos hacen presencia ante al Congreso y la Fiscalía. Carlos David Molina Rodríguez reprocha que los diputados no han tenido la empatía para aprobar la Ley de la Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Confronta madre a la fiscal Sandra Luz Valdivinos, quien se entremezcla con manifestantes para abrazarlos: “ni se me acerque a tocarme las mejillas ni los hombros, yo no quiero su cinismo, su hipocresía”

Emiliano Tizapa Lucena y Luis Blancas

Chilpancingo

Integrantes del colectivo de Familias de Desaparecidos y Asesinados Lupita Rodríguez Narciso, y del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo, se manifestaron, de manera separada, para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizar las investigaciones para encontrar a sus familiares desaparecidos, en el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada.
Poco después de las 10 de la mañana, iIntegrantes del colectivo de Familias de Desaparecidos y Asesinados Lupita Rodríguez Narciso marcharon en Chilpancingo, y realizaron dos mítines. El primero frente al Congreso local y el segundo afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir justicia y que las autoridades encuentren a sus familiares desaparecidos,
También, asistieron a la marcha convocada por el colectivo una comisión de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos.
Afuera de la FGE, la titular Sandra Luz Valdovinos Salmerón salió para dialogar con los manifestantes, incluso acarició y abrazó a los normalistas cuando gritaban sus consignas, es dijo que no tenían que gritar porque ella estaba ahí para atenderlos, ante los reproches de los familiares de desaparecidos que le reclamaron la nula atención y la señalaron de estar simulando.

La Fiscalía no los atiende, reprochan

A las 10:50 de la mañana de ayer el contingente de 100 personas entre integrantes del colectivo Lupita Rodríguez, una comisión de padres de los 43 estudiantes desaparecidos y normalistas de Ayotzinapa salieron caminando del monumento a las Banderas, en la colonia Universal, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, hacia el Congreso del estado.
Los manifestantes llevaron palas, varillas y picos metálicos que utilizan en la búsqueda de personas en fosas clandestinas, y portaban lonas con los rostros de sus familiares desaparecidos.
Afuera del Congreso del estado unas 10 mujeres del colectivo colocaron sobre el piso una manta con veladores y formaron un círculo en las que se leía “roguemos porque aparezcan”, además gritaron las consignas “si la sociedad se uniera, se uniera como debiera, temblarán los poderosos, desde el cielo hasta la tierra”, “dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están” y “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
El representante del colectivo, Carlos David Molina Rodríguez, reprochó que las diputadas y diputados locales no han tenido la empatía para aprobar la iniciativa con proyecto de Ley de la Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Guerrero.
Sostuvo que no permitirán que con la ley se impulse a nadie políticamente, y exigió que se haga una ley que realmente se respete, pues aseguró que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) tiene tantas carencias, donde se apilan los cadáveres y restos humanos.
Se solidarizó con la lucha de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, y sostuvo que si ellos que son un movimiento más consolidado no han podido dar con el paradero de sus hijos, qué les espera a todos los colectivos locales que no se han organizado como ellos.
El contingente siguió su camino del Congreso del estado hasta llegar a las instalaciones de la FGE, al sur de la capital, a su llegada volvieron a colocar la manta con las veladoras en el piso, mientras que los normalistas de Ayotzinapa gritaban consignas de justicia. En ese momento, la fiscal general Valdovinos Salmerón salió rodeada de decenas de policías ministeriales.
En un primer momento, algunas integrantes del colectivo le dieron una veladora y cerillos para que Sandra Luz participara en la ofrenda, pero luego se retiraron, mientras ella preguntaba quién era el líder para que dialogara con él, sin embargo, al no encontrar interlocutor se adentró entre las filas de los normalistas a quienes comenzó a tocar del rostro y acariciarlos en forma de consuelo. Algunos pararon de gritar su consigna y otros continuaron, a pesar de que la fiscal les buscaba la mirada.
Carlos David Molina Rodríguez afirmó que era un día de protesta y no conmemorativo, reprochó a la fiscal que ha tenido mucho tiempo para atenderlos y precisamente ayer que se manifestaron se acercó a ellos.
Sin embargo, la fiscal continuó buscando con quién dialogar, y mientras lo hacía, un menor se cruzó frente a ella, por lo que ironizó “de quién es este niño que anda perdido, no queremos más desaparecidos, agarren a ese niños de la mano sus papás”.
Una de las integrantes del colectivo que no se identificó, con micrófono en mano expresó: “Le digo a la fiscal que ni se me acerque a tocarme las mejillas ni los hombros, yo no quiero su cinismo, su hipocresía, yo no quiero que venga arrodillarse ante mí, sonriendo, fingiendo su sonrisa, porque aquí está mi hija que todos los días, la veo con cara de tristeza porque no está su padre”.
“Yo no vengo aquí a darle lástima a la fiscal, así que ni venga acercarse a mí por favor, porque hace 10 años yo estuve en esta Fiscalía exigiendo justicia por nuestro desaparecido y qué encontré, discriminación y acoso”, añadió la mujer.
Sostuvo que la fiscal no calmaría su sed de justicia y que le han pedido “muchas audiencias señora fiscal, al igual que a la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda) también y solamente ha habido simulación”.
Valdovinos Salmerón le preguntó si habían solicitado la audiencia por escrito, mientras que otra mujer le respondió que ya habían entregado el padrón del colectivo Lupita Rodríguez al vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, quien no los ha recibido en mesas de diálogo como se los había prometido.
Los familiares de las víctimas después de reprochar la poca atención de la fiscal, se retiraron del lugar.

No va a resolver el problema en ocho meses, dice la fiscal

En declaraciones a reporteros, Sandra Luz Valdovinos Salmerón sostuvo que el caso de los 43 normalistas no está en su ámbito de competencia porque es la federación la encargada de la investigación y los normalistas no tenían porqué protestar en el lugar.
Afirmó que sí era competente en la atención de los colectivos de desaparecidos “siempre y cuando, como ustedes lo pueden ver, ellos se acerquen para darme más datos o para pedirme de manera muy precisa y puntual qué es lo que requieren”.
Contó que con los integrantes del colectivo Lupita Rodríguez se reunió en un encuentro con la Cruz Roja Internacional, pero ese día no llevaban sus peticiones concretas y organizaron un segundo encuentro con el vicefiscal Celaya Gamboa para que le entregaran todas las carpeta de investigación de sus integrantes.
Manifestó que no resolverá un problema que lleva 10 años en ocho meses que tiene frente a la FGE, además que la institución necesita más presupuesto para tener más personal en la búsqueda de personas desaparecidas.
Indicó que a la FGE le compete la persecución del delito, investigar y dar con los responsables, así como reparar el daño a las víctimas, y pidió al Congreso del estado que para el próximo Ejercicio Fiscal considera ante ese tipo de reclamos de la ciudadanía incrementar el presupuesto a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Expuso que se puso a las órdenes de los manifestantes, pero no querían ser escuchados y respetaba su decisión.
De por qué se acercó a los normalistas de Ayotzinapa y los acarició, respondió que quería escucharlos y que se sumaba a su dolor, “son seres humanos que sienten, que vive en el dolor de un familiar desaparecido, es lo menos que puedo hacer”.
Acerca e cuántas carpetas de investigación tiene la FGE de personas desaparecidas sostuvo que cerca de 300, y que en lo que va de su gestión ha localizado a 60 personas desaparecidas.
Valdovinos Salmerón aseguró que la FGE tiene carencia en recursos humanos y material y que para buscar a un desaparecido necesita mayor tecnología, “ojalá que la ciudadanía pueda entender esa parte de que todo se hace con recurso humano y material, no sólo con voluntad”.

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No desistirán en la búsqueda de sus familiares

Por la tarde integrantes del Colectivo Familiares en Busqueda María Herrera de Chilpancingo, marcharon en la capital para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada y exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen las investigaciones para encontrar a sus familiares desaparecidos y no le den carpetazo.
A las 5:30 de la tarde más de 40 manifestantes, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que portaban playeras y globos blancos, fotografías de sus familiares desaparecidos, partieron en marcha del Teatro Hundido de la Alameda Granados Maldonado y se dirigieron hasta la catedral Asunción de María, donde realizaron un mitin.
Después de concluir el mitin, realizaron un tendedero con las fotografías de sus familiares, que las colgaron en el Árbol de los Huevones, en el zócalo de la capital.
En el mitin, la representante del colectivo, Gema Antunez Flores señaló que Guerrero es unos de los estados con los primeros lugares de desaparición forzada, porque de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, en la entidad hay más de 100 personas desaparecidas, 75 hombres y 25 mujeres y en en el país más de 100 mil desaparecidos.
Reprochó que las autoridades de procuración de justicia no atendían los casos de personas desaparecidas hasta que ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades han atendido más este problema, pero no han sido parejo, porque no han sido escuchados, incluso no se atreven a denunciar por el temor de que las autoridades y grupos delincuenciales están coludidos.
Pidió a los grupos delincuenciales que ya no actúen con tanta hazaña, “si algo hicieron las personas desaparecidas no les quiten la vida, que los dejen para que los encontremos”.
Reprochó a las autoridades estatales que no realizan su trabajo de investigar para localizar a sus familias de desaparecidas, sin embargo, los familiares son los que hacen su trabajo en llenar la carpeta de investigación, “realizamos las búsquedas en campo y tierra, sufrimos la inclemencias del tiempo, sufrimos el peligro de la fauna, flora, nada nos detiene ni la lluvia, el sol ni la pandemia, no vamos a desistir en buscarlos, en la casa hay una silla vacía, espera la llegada de ese ser querido que está ausente”.
Antunez Flores indicó que su colectivo es uno de muchas organizaciones que buscan a sus familiares desde varios años y meses, “no sabemos dónde están, no sabemos si tienen un techo, un plato de comida, no sabemos si tienen una cobija, es un dolor muy grande, cuando alguien muere se le lleva una flor, platicar con ellos, nosotros no tenemos ese lugar para llevarle alguna flor a nuestra familia pero vamos a seguir buscando y nadie nos va detener”.
Dijo que esta movilización en el Día Internacional de la Desaparición Forzada es para concientizar a la población, alzar la voz para que las autoridades hagan su trabajo y localicen a sus seres queridos desaparecidos y que no queden impunes.
Al concluir el mitin, los miembros del colectivo entraron a la catedral de la Asunción de María, en el altar colocaron fotografías de sus familiares desaparecidos y después se celebró una misa.

No olvidar quiénes son los culpables de su tragedia, piden Los Otros Desaparecidos

Marchan en Iguala más de 200 familiares de víctimas de desaparición, entre niños y niñas que quedaron huérfanos, madres, hermanas, esposas y padres que buscan a sus hijos. No tienen atención del municipio ni del estado, denuncia Adriana Bahena

Alejandro Guerrero

Iguala

En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la directora del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz lamentó que a mucha gente se le olvidó lo que ha pasado en Iguala, el incremento masivo de desaparecidos, y que “ahora resulta que los culpables son inocentes y los inocentes son los culpables”, en aparente referencia al ex alcalde José Luis Abarca.
La mañana de este martes más de 200 familiares de víctimas de desaparición, entre niños y niñas que quedaron huérfanos de uno y de sus dos padres, madres, hermanas, esposas y padres que buscan a sus hijos, marcharon de forma silenciosa 4.5 kilómetros, desde sus instalaciones de Ciudad Renacimiento en la calle Karina de la colonia Julber, hasta el memorial a las víctimas de este delito que está entre el estadio Ambrosio Figueroa y el DIF municipal.
La caminata inició a las 9:30 de la mañana, al frente iban los niños y niñas hijos de desaparecidos, mientras que los integrantes del colectivo llevaban cargando los carteles de su familiar ausente.
Al llegar a la parte externa de los terrenos de la feria, actual sede alterna del Ayuntamiento, realizaron una parada de descanso, pues la mayoría son mujeres y hombres adultos mayores.

Ahora resulta que los culpables son inocentes

En un enérgico mensaje que dio la directora y vocera del colectivo, Adriana Bahena Cruz durante un mitin en el memorial por las víctimas de desaparición al finalizar la marcha, reclamó que “quizá a mucha gente se le ha olvidado lo que ha pasado en Iguala”.
Dijo que Iguala debe de tener memoria, “Iguala no debe de olvidarse de los desaparecidos, debe de recordar, sensibilizar y despertar de una situación que nos ha llevado día, mes y año tras año a un incremento masivo de desaparecidos”.
La activista advirtió que “sigue habiendo desaparecidos y seguirá habiendo desaparecidos mientras la ciudadanía no nos sensibilicemos y seamos empáticos con los que nos tocó vivir esta situación, no va haber un cambio”.
Destacó que a años de su surgimiento han insistido en que la restauración del tejido social es la única razón por la que deberían de trabajar los gobiernos, “de qué nos sirven agendas económicas si no hay una agenda de derechos humanos que camine a la par. Nos quejamos de la violencia y no hacemos nada porque la violencia baje”.
Denunció el abandono y la desatención de las autoridades municipales y estatales, “la autoridad no quiere ver, porque el municipio no ha querido ver ni oír de nosotros los desaparecidos, gobiernos han llegado y gobiernos se han ido y el Ayuntamiento de Iguala no ha querido escuchar a los familiares de los desaparecidos”.
Agregó, “siguen queriendo restaurar su ciudad, ponerla bella, pero no se acercan de aquellas personas que sufren y cuando quieren un voto se acercan a esas personas que sufren porque tienen hambre, y les llevan una despensa y la gente las acepta porque tienen hambre, pero más que hambre quieren justicia”, dijo con voz fuerte.
Sin mencionar un caso en particular, la vocera del colectivo subrayó, “ahora resulta que los culpables son inocentes y los inocentes son culpables, ahora resulta que Iguala ya se olvidó… vean los rostros de los niños y pregúntale a uno de sus familiares si ellos ya olvidaron. Iguala no debe de olvidar que los culpables son culpables, y los justos son justos”.
Insistió en que el gobierno de Iguala “nos ha ignorado, el gobierno de Iguala tiene los ojos y los oídos cerrados para no vernos”, y reclamó que han querido acercarse a la presidenta del DIF, Antonia Cardozo, “la vine a buscar, toqué su puerta, pedí una cita y la señora nunca me atendió, ¿qué podemos esperar si se habla que el DIF está para atender a los que más necesitan?, es mentira, las familias de los desaparecidos son un grupo vulnerable que nadie quiere atender”.
Dijo que han intentado acercarse también a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mediante el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, sin que hayan tenido aún la oportunidad de ser atendidos por ella.
Dijo que como mujeres, esposas y madres de desaparecidos creyeron que habría algo bueno con la llegada de una mujer gobernadora en el estado, pero “tristemente vemos que no se aterriza ni se concluye nada”.

Al gobierno federal sólo le interesa Ayotzinapa

A pregunta de los hallazgos de cuerpos que ha realizado la Comisión para el Caso Ayotzinapa de la FGR, Bahena Cruz dijo que a los familiares de las víctimas no les dan nada de información de esas osamentas, a pesar de que ya vieron que no dan con los perfiles de los padres de los 43 muchachos desaparecidos, y que podría ser de alguno de los que ellos buscan.
Dijo que les da tristeza escuchar una vez más que lo único que sigue buscando el gobierno federal es lo que a ellos les interesa, que son los estudiantes (de la normal de Ayotzinapa), “nosotros hemos andado, y perdón por lo grotesco, pero como perros, porque así nos hemos puesto como perros buscando y peleando un hueso, y cuando encontramos uno de los restos de los cerros no lo soltamos hasta que sabemos quiénes son”.
Dijo que han sido “invadidos” en algunas de sus búsquedas porque han estado en diligencias en las que llegan las camionetas de la Comisión del Caso Ayotzinapa, “sin pedir autorización y sólo están en las camionetas en el aire acondicionado para que si sacamos algo ellos se acercan porque son (del caso) Ayotzinapa y necesitan información”.
A casi ocho años de su fundación, Bahena Cruz dijo que Los Otros Desaparecidos cuenta con un padrón de mil 200 personas familiares de más de 500 desaparecidos.
Han recuperado 260 cuerpos de fosas clandestinas de los que ya se cuenta con un perfil genético, de los que se han logrado identificar a 62 que han sido regresados a sus familias, no sólo de la asociación, sino de personas que en algún momento dieron una muestra de ADN a la Fiscalía General de la República (FGR).

Una “autonomía mal entendida” en fiscalías del país impide la impartición de justicia: Alejandro Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de Segob llamó a repensar el sistema de procuración de justicia para romper la impunidad. Aseguró que prevalecen las mismas prácticas del sistema anterior porque “solamente les cambiamos de nombre” y destacó que la complicidad de grupos delictivos y autoridades ha disparado el fenómeno de las desapariciones. La Comisión Nacional de Búsqueda de personas y las comisiones locales realizan funciones que les corresponden a ministerios públicos, expuso

Agencia Reforma

Ciudad de México

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, llamó ayer a repensar el sistema de procuración e impartición de justicia para romper la impunidad, que, admitió, sigue imperando en el país.
Al participar en la presentación del libro La Desaparición Forzada en México: Una Mirada desde los Organismos del Sistema de Naciones Unidas, indicó que las soluciones adoptadas para enfrentar la impunidad no han resuelto el problema.
“Pensamos que dotar de autonomía al Ministerio Público, para que este no se convirtiera en un instrumento de acción política contra los disidentes, y nos ha llevado a generar un metapoder transexenal que no tiene sistemas de control y de seguimiento de sus actividades”, indicó en el Centro Cultural de España, en el contexto de la celebración del Día Internacional Contra la Desaparición Forzada este martes.
“Una autonomía mal entendida, esta autarquía con la que se ha asumido la mayor parte de las fiscalías del país, no solamente no está ayudando a resolver el problema, sino que está reproduciendo las mismas prácticas del sistema anterior, porque solamente les cambiamos de nombre, pero siguen las mismas prácticas, las mismas personas y las mismas formas de trabajo”.
La ineficacia de las fiscalías, agregó, ha llevado a cometer un segundo error, que ha consistido en crear mecanismos extraordinarios para dar respuestas a las áreas en donde las instituciones del Estado no han sido capaces de cumplir con sus tareas.
La Comisión Nacional de Búsqueda de personas y las comisiones locales, ejemplificó, realizan funciones que les corresponden las fiscalías de los estados, particularmente las fiscalías especializadas en materia de desaparición.
La impunidad, advirtió, permite por otra parte que persista en diversas regiones del país una asociación delictiva entre autoridades y grupos delictivos que ha disparado el fenómeno de la desaparición de personas.
“Y ese es el tema a tender fundamentalmente en las tareas de prevención y de combate a la inseguridad. Porque no solamente hay que atender el combate a la actividad delictiva, sino como la complicidad con la autoridad ha llevado al desarrollo de esta situación de más de 105 mil desaparecidos en el país”, apuntó.
Encias señaló que el Estado no solo negó la desaparición, sino que abdicó una de sus responsabilidades, que es la de buscar a las personas y regresarlas a su hogar.
“Es una tragedia muy dolorosa que seguimos enfrentando por la crisis que persiste de derechos humanos. Fue una práctica para erradicar a los opositores en los años 60, pues no solo han prevalecido, sino que se han trasladado a la delincuencia organizada, en donde partición autoridades locales y que han disparado los niveles de desapariciones”, dijo.
“Tenemos que repensar en serio el sistema de procuración y de impartición de justicia para poder romper la impunidad, que es el principal lastre que hoy tenemos en el país”.
Gabriella Citroni, integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, destacó los avances logrados en los últimos años en México en la construcción de un andamiaje institucional para enfrentar el problema de las más de 100 mil personas buscadas por sus familias.
Planteó cuatro ejes para atender el problema en lo inmediato: resultados apreciables en materia de solución a la crisis forense y la implementación de recomendaciones, abatimiento de la tasa de impunidad, acciones de prevención y seguridad para las familias de las personas desaparecidas.

Michelle Bachelet llama a México a cumplir las recomendaciones de ONU-DH contra las desapariciones

A unas horas de terminar su mandato como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet llamó a cumplir, sin dilación, las recomendaciones hechas a México para enfrentar las desapariciones forzadas y a atender los problemas estructurales de inseguridad.
“México es un país que merece revisar su modelo de seguridad, asegurar la tranquilidad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en los sistemas de justicia y erradicar la revictimización”, indicó.
En un videomensaje con motivo de la presentación del libro La Desaparición Forzada en México, la ex Presidenta de Chile expresó su confianza en que, con la participación de las víctimas y la cooperación internacional, los desafíos podrán ser enfrentados.
Remarcó que, en materia de desapariciones, no hay tiempo que perder. “La desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora, que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia, y tiene efectos aún más críticos en las mujeres, en las niñas, niños y adolescentes, así como en las personas migrantes”, señaló.

Claman por justicia para las personas desaparecidas en al menos 25 entidades del país

En al menos 25 entidades del País, buscadores realizaron marchas para exigir la localización de las más de 104 mil personas desaparecidas y que el Estado agilice las investigaciones para identificar los 52 mil cuerpos acumulados en los servicios forenses.
Al conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México -que agrupa a más de 80 asociaciones- colocaron fotografías de los ausentes en las escalinatas del Ángel de la Independencia.
Las protestas, en las que se advirtió sobre una crisis humanitaria por los desaparecidos, se replicaron en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Baja California, Sinaloa y Querétaro, entre otras.
El primer punto de reunión fue en la renombrada Glorieta de las Mujeres que Luchan, alrededor de la 9:00 horas, después partieron a la ex-Glorieta de la Palma, ahora ‘La Glorieta de las y los Desaparecidos’, y finalmente al pie de Ángel de la Independencia, para llevar a cabo performances y actividades culturales referentes al problema de desaparición en la Ciudad y todo el País.
“Este es un día que no debería existir si las autoridades nos escucharan. Pero hoy nos vemos en la necesidad de salir a las calles y pedir que hagan su trabajo y mostrar que hay miles y miles de familias que estamos buscando a nuestro ser querido desde hace años”, comentó Jorge Verástegui, vocero de la Fundación para la Justicia (Fundec).
En el Periférico Sur, activistas colgaron de un puente dos muñecos que simulaban cuerpos como los que dejan grupos del crimen organizado, como parte de la protesta contra las desapariciones. En una manta dirigieron un mensaje al presidente López Obrador: “Las víctimas seguimos en espera. Cumpla el compromiso adquirido en campaña. Pedimos justicia”.
En Chihuahua, decenas de familiares de personas desaparecidas marcharon este martes por calles de la ciudad hasta llegar frente a Palacio de Gobierno, donde exigieron su localización con vida.

Académicos en Jalisco lamentan triunfalismo del gobierno estatal

Integrantes del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la UdeG lamentaron que el Gobierno del Estado mantenga una publicidad triunfalista y discursos autocomplacientes mientras miles de familias se enfrentan a la precariedad de la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. “Una clave es reconocer la magnitud de la catástrofe humanitaria que vive Jalisco al ser un Estado que está colocado desde hace un buen tiempo como el Estado más desaparecedor, el Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos”.

Estancadas, investigaciones de la Fiscalía estatal
por desapariciones y asesinatos en Chilapa

Indígenas familiares de víctimas no saben cómo proceder cuando la violencia criminal toca a un cercano. Deben insistir para que las autoridades levanten la denuncia y si no hablan español es peor. El MP los despacha rápido con un: “No te entiendo, no sé náhuatl” y no hay traductores

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Rufina Teopanzin tomó la decisión de fundar un colectivo de familias indígenas de personas desaparecidas en Chilapa, al percatarse de los numerosos obstáculos que enfrentan los pobladores de las comunidades, la mayoría sólo hablantes de náhuatl, cuando acuden al Ministerio Público a denunciar las desapariciones en el municipio, donde son continuas desde la década pasada.
Ella misma padeció las atrocidades que ocurren desde el primer día de la desaparición de su esposo, Roberto Zapoteco Chinito, que trabajaba como taxista en la ruta Chilapa-Zitlala. El 8 de marzo de 2015 unos sujetos lo privaron de la libertad, y con él también a su sobrino Rafael Grande Zapoteco, de 18 años.
Rufina vio a Roberto un sábado por última vez. El domingo no regresó a casa. El lunes, cuando acudió al Ministerio Público de Chilapa a denunciar la desaparición, las autoridades le dijeron que no se preocupara. Para ellos, era evidente y seguro que Roberto se había ausentado con otra pareja. No le tomaron la denuncia. Le recomendaron esperar a que regresara. Le aseguraron que en cualquier momento aparecería.
Como Roberto no volvió, al siguiente martes Rufina retornó al MP para levantar la denuncia. Esa vez, los encargados accedieron, pero señalaron que era probable que Roberto estuviera inmiscuido en asuntos delincuenciales y que trabajara para algún grupo criminal. Por eso, según ellos, estaba desaparecido.
“Lo criminalizaron. Yo les dije que había sido taxista y campesino desde que me junté con él. El caso es que no investigaron. Aunque al final lo hicieron, no querían que se levantara la denuncia. Querían que me fuera y que lo dejara así”, cuenta Rufina, mujer náhuatl hoy de 35 años.
De lo que Rufina se enteró fue que hombres armados que viajaban en varios vehículos se llevaron al joven Rafael y a su tío con todo y taxi.
Ella y Roberto eran padres de un niño que en aquel momento tenía cinco años. Rufina no sabía cómo explicarle que los cuerpos de su papá y de su sobrino fueron recuperados por la Fiscalía General de Justicia de Guerrero en parajes de Chilapa el 19 de marzo, días después de la desaparición.

“No sé si se lo llevaron por equivocación”

Los restos de Roberto permanecieron tres años en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo. El 15 de junio de 2018, tras comprobar su identidad con pruebas de ADN, fueron entregados a Rufina. La mamá de Rafael espero un año más –hasta junio de 2019– para recibir los restos de su hijo.
Para Rufina fue una proeza el proceso de identificación del cuerpo. En su opinión, el proceso avanzó “demasiado lento”; además, familiares de Roberto se rehusaron a acudir a la Fiscalía para que se les tomara una muestra genética.
“Mi caso pasó de ser desaparición a ser homicidio. Fue una larga espera para recibir el cuerpo, aunque se le encontró una identificación y yo identifiqué la vestimenta que llevaba”, recuerda Rufina.
Siete años después, ambos asesinatos siguen sin ser esclarecidos por la Fiscalía del estado. Rufina no sabe quién fue el responsable y tampoco cuáles fueron las circunstancias alrededor del crimen. “No sé si se lo llevaron por equivocación. No he encontrado una explicación”.
Ese es el patrón en la gran mayoría de los casos en Chilapa, remarca. No existen investigaciones. No hay respuestas. Por esa razón, familiares de personas desaparecidas fundaron en 2016 el Colectivo de Chilapa y Pueblos Indígenas, actualmente integrado por 63 pobladoras y pobladores organizados, todos indígenas de las comunidades nahuas de Chilapa y zonas de la Montaña.
Rufina rememora aquellos años. Antes de la desaparición de su esposo, ella desconocía que las desapariciones y los asesinatos en la región eran constantes. Cuando se convirtió en víctima, se enteró de que un grupo de personas se reunía en la cabecera municipal. Un profesor le informó sobre los encuentros, los miércoles, y la acompañó.
“No sabía que otras personas estaban pasando por lo mismo. Conocí el Colectivo Siempre Vivos, donde participaba José Díaz Navarro. Cuando fui, ya había personas organizadas y poco a poco el grupo fue creciendo. Éramos más y más porque había muchísimos casos de desaparecidos”.
Rufina relata que la mayoría asistían a las reuniones, pero muy pocos participaban por el miedo “que los paralizaba”. Con todo, en 2016 surgió el colectivo que ella representa. Decenas se integraron.
“Para casi todos eran muchas dificultades porque casi nadie habla español. Algunos vienen de la Montaña, y su única lengua es el náhuatl. Si vas al Ministerio Público te dicen: ‘No te entiendo, no sé qué dices, no sé náhuatl’”.
En ocasiones, añade, las autoridades solicitan a los denunciantes que regresen con un traductor. “Creo que es una trampa que ellos ponen para no levantar las denuncias”.

Acosados por policías comunitarios

Para visibilizar sus casos, se unieron a las manifestaciones en Ciudad de México y Chilpancingo de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. También han realizado actos de protesta en Tixtla y en Chilapa.
“Fueron muchas marchas. Nos estuvimos manifestando en 2016 y denunciamos todo lo que estaba pasando”, indica Rufina.
A la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos que se registró en aquellos años y que dejó decenas de desaparecidos y asesinados, se le sumó la presencia en la zona de supuestas policías comunitarias que, detalla Rufina, arribaban en camionetas, armados. “No era uno, eran muchísimos”.
Ellos impedían el paso a los pobladores de las comunidades cuando éstos acudían a la cabecera para manifestarse o juntarse con personas en la misma situación. “Ya no llegaban a las reuniones, que eran cada semana. También a quienes sí lograban llegar, después, de regreso, les impedían el paso.
“Cuestionaban a la gente de los pueblos –continúa Rufina–. Que a dónde iban, que por qué iban tan seguido a la cabecera. Son policías comunitarias de la zona que, como colectivo, siempre hemos sospechado que forman parte de los grupos criminales. Hemos visto que golpean a jóvenes. Creemos que una verdadera policía comunitaria no perjudica de esa manera a su pueblo”.

Abandonados, dejados a su suerte

Rufina lamenta que, pese a las manifestaciones para exigir justicia, los avances de las autoridades son nulos.
“La verdad, no hemos podido lograr muchas cosas, aunque todos hemos levantado denuncias. Un apoyo económico para la canasta básica es lo único que conseguimos en todos estos años”, dice al referirse al apoyo otorgado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Guerrero. Son 2 mil pesos mensuales por familia con un caso.
“Sobre las investigaciones, todo sigue igual. No sabemos si la Fiscalía ha hecho algo, no hay resultados. Las autoridades dijeron que sí investigarían, pero se van los días y los meses y no vemos avances. Se queda en el olvido”.
Rufina no tiene dudas cuando afirma que Chilapa es un pueblo abandonado, dejado a su suerte.
Por si fuera poco, las familias se enfrentan a la estigmatización de otros pobladores, quienes afirman que los desaparecidos formaban parte de las redes criminales. “O te dicen que tú, víctima, sabías lo que estaba pasando. Te señalan”.
Hasta los propios parientes acusan. “Algunos integrantes de familias dicen: ‘En algo andaba mi hermano’”. En su caso, cuenta que la familia de su esposo afirmaba que ella sabía quién se lo había llevado y a dónde.
“Me echaron la culpa. Uno no sabe por qué los desaparecen, pero hay gente a la que no le ha pasado y te acusa. Es algo muy complicado”.

Las familias no van a dejar de buscar

Hoy, desapariciones y homicidios son la constante en Chilapa. “Es el cuento de nunca acabar. Es delicado porque primero hay un grupo (criminal) y luego llega otro. Entonces hay más criminales”.
Desaparecen, enfatiza Rufina, a personas de todos los perfiles, pero predominan hombres y mujeres jóvenes, entre los 20 y 30 años.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Chilapa es el cuarto municipio con más casos en Guerrero, con 250 vigentes de enero de 2010 al 8 de agosto pasado. Son 234 hombres y 16 mujeres.
Rufina no piensa desistir. “Siempre le he dicho a mis compañeras que hay que seguir luchando mientras no encontremos a nuestros familiares”.
–¿Por qué persistir?
–Sigo en ese rumbo porque mi deseo es que investiguen el caso, que me digan quién fue. Todos queremos saber quién fue el culpable. Seguí involucrada en esto porque me percaté de que las compañeras no hablan español. Yo al menos ya sé dónde está mi esposo. Pero cuando no sabes, no puedes dormir tranquila. No saber dónde está tu familiar te quita todo.
Cuando permanece la duda de si la persona desaparecida está viva o muerta, no puedes estar tranquila. “No vives en paz mientras no sepas dónde quedó”. Por eso decidió brindar apoyo a las personas en este trance.
“Trasladarte es muy difícil porque no hay trabajo en el campo. Algunas personas tienen hasta seis hijos. ¿Cómo alcanza? Muchas veces el desaparecido es quien se hacía cargo de los gastos de la casa”.
Ella entiende el sufrimiento e intenta dar ánimos, “decirles que algún día lo van a encontrar, aunque sea muerto, pero van a saber dónde está su familiar”.
Con el tiempo, Rufina Teopanzin se ha ido involucrando más. Ahora entiende los procesos y los explica a sus compañeras.
“Pedimos que avancen las investigaciones. Necesitamos saber qué pasó. Conocer el paradero de las personas que se llevaron. Queremos que las autoridades nos ayuden con las búsquedas porque las familias no van a dejar de buscar”.

Marchan familiares de desaparecidos en Chilapa; piden que autoridades los busquen

En Chilapa familiares de víctimas de desaparición marcharon para exigir la búsqueda de sus seres queridos Foto: Luis Daniel Nava

Luis Daniel Nava

Chilapa

Este mediodía  unos 30 familiares de víctimas de desaparición forzada en Chilapa marcharon desde la glorieta Eucaria Apreza al centro de esta ciudad para conmemorar el Día Internacional de Desaparición Forzada y exigir a las autoridades su búsqueda.
El recorrido fue convocado por el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y asistieron unas tres decenas de personas.
En el kiosco central familiares y defensores de derechos humanos del Centro Morelos y Tlachinollan colocaron una ofrenda floral y decenas de fotografías de desaparecidos desde 2015 a 2022.
Teodomia Rosales Sierra, directora del Centro Morelos informó que de 2015 a 2020 son alrededor de 40 víctimas a quienes dan acompañamiento y un número similar de 2020 a 2022; es decir, unas 80 víctimas que tienen registradas.
Dijo que “los familiares no han olvidado a sus seres queridos. No buscan responsables”.
Dijo que la manifestación también  tiene la intención  de que la ciudadanía proporcione información acerca de las víctimas.
Al año pasado, agregó, localizaron a dos personas después de una marcha similar.

 

No se cumplen ni liberan órdenes de aprehensión contra quienes irrumpieron en Chilapa en 2015: Siempre Vivos

Supuestamente por desacuerdos con respecto a qué sistema debe llevar el caso, si el tradicional o el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no se han cumplido al menos 15 órdenes de aprehensión y otras cinco no se han liberado en contra de civiles armados que irrumpieron en la cabecera municipal de Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015, informó el presidente del colectivo de familiares de personas desaparecidas, Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El representante de las víctimas agregó que existe la sospecha de que el retardo de las autoridades de justicia es intencional, “porque como estamos en proceso electoral y hay varias personalidades que tienen intereses políticos, no les conviene que se sepa la verdad y que no se haga justicia para nuestros compañeros y nuestras familias”.
Los civiles armados que esos días llegaron de varias comunidades del sur de Chilapa y que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y Justicia, a quienes el presidente del Colectivo Siempre Vivos vincula con el grupo criminal Los Ardillos, son acusados por la desaparición de más de 30 personas de la cabecera municipal.
El presidente del colectivo informó este lunes que después de la irrupción de los civiles armados, los familiares de las víctimas presentaron las denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), y que a casi tres años no se han liberado al menos 20 órdenes de aprehensión en contra de los que irrumpieron y que fueron denunciados por secuestro y desaparición de personas ocurridas del 9 al 14 de mayo de 2015.
José Díaz declaró que aunque llegue tarde pero “esperamos que pronto llegue la justicia en contra de estos delincuentes que se hacen pasar como policías comunitarios”.
Agregó que el colectivo le ha dado seguimiento a las denuncias que presentaron ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR en donde, “ha sido larga y muy cuidadosa la investigación”.
Se quejó de que desde hace un año se liberaron de 10 a 15 órdenes de aprehensión que no se han cumplido, mientras que otras cinco no se han liberado porque entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio e inició un “conflicto competencial”, con el sistema de justicia tradicional.
Denunció que hace seis meses que se consignaron ante el juez las órdenes de aprehensión pero no se han ejecutado ni liberado las que faltan, “porque se echan la bolita” las autoridades del sistema tradicional de justicia con los del nuevo sistema penal acusatorio, con respecto de quién debe llevar el proceso.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos informó que en total por las denuncias que presentaron se podrían liberar unas 30 órdenes en contra de los civiles armados que entraron a Chilapa, y se llevaron a más de 30 personas.
Informó que este martes los abogados de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y familiares de las víctimas se reunirán con el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, el magistrado Ignacio Laveaga Zazueta, a quien le pedirán que agilice el procedimiento.
“Ya se demoraron demasiado y yo creo que es intencionalmente, porque como estamos en proceso electoral y hay varias personalidades que tienen intereses políticos no les conviene que se sepa la verdad y que se haga justicia para nuestros compañeros y nuestras familias”, denunció Díaz Navarro.

 

La CEAV sólo atiende tres de los 300 casos de menores que tiene registrados: Siempre Vivos

 

Dos niñas del colectivo Siempre Vivos integrado por familiares de personas desaparecidas en Chilapa son atendidas, por presión de la organización, en el Instituto Nacional de Pediatría.
La organización cuenta con un registro de alrededor de 300 niños víctimas de la violencia que no cuentan con becas ni atención médica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, informó el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Informó de dos casos de niñas, hijas de víctimas de desaparición que a raíz de los hechos comenzaron a padecer enfermedades que no pudieron ser atendidas por médicos generales, y que de entrada fueron rechazadas por representantes de las comisiones encargadas de la atención a víctimas, justificando que los padecimientos no habían sido producto de las desapariciones.
En el caso de Vanesa de cinco años, el activista narró que desde hace unos seis meses le salieron unas bolitas en el cuello por lo que la mamá la llevó con un médico general que le dio medicinas que no le hicieron ningún efecto.
Dijo que cuando intentaron que la CEAV se hiciera cargo les respondieron que no podían hacer nada que porque no había sido producto de la desaparición del papá, ocurrida en mayo de 2015.
“Nada más nos dijeron que no podían, ese fue su dictamen sin valorar a la niña, sin conocer su historial, esa fue su respuesta”, reprochó.
La negativa fue a pesar de que existe una denuncia del delito en el Ministerio Público federal, por lo que la mamá de Vanesa está dentro del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), unidad de la CEAV creada para este tipo de casos.
El coordinador agregó que tuvo que acudir a la Ciudad de México con la subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías, para exigir atención a Vanesa y le advirtió que los familiares se plantarían en las oficinas de la CEAV para “pedir limosna”, en cuanto a la atención médica para una familiar de una víctima de desaparición.
Finalmente a la menor se le atendió en el Instituto Nacional de Pediatría, después de la presión y de estar dentro del Renavi a la mamá le fueron cubiertos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
El caso de Vanesa y de otros dos niños, hijos de víctimas de desaparición fueron narrados a principios de diciembre pasado en la voz de las víctimas (cuando dos de esos casos no eran atendidos), en el reportaje Los Huerfanos de Chilapa de José Ignacio de Alba de la Red de Periodistas de a Pie.
El otro caso del colectivo Siempre Vivos, continuó José Díaz, es el de la niña Joselyn de seis años cuya denuncia por la desaparición de su papá, en septiembre de 2014, fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado.
“La mamá no está en el Renavi, entonces no la pueden atender, aquí (en la entidad) le dieron cita para el día 12 de enero en el hospital general de Chilpancingo pero le volvieron a programar su cita en seis meses, y realmente no le hicieron ni un estudio”, informó.
Joselyn tiene granos en la lengua desde hace más de seis meses lo que le impide comer bien, y lo más grave es que le avanzan a la garganta, “se le están yendo a alguna parte más del estómago, obviamente no somos médicos pero por lo que hemos visto es un problema grave”.
En este caso también acudieron a la Ciudad de México a presionar a la CEAV y lograron que a Joselyn le dieran cita en el mismo Instituto Nacional de Pediatría este 23 de enero.
No obstante dijo que hay otros casos en los que no han podido avanzar ni a nivel nacional, estatal ni local por lo que planean otra visita a la Ciudad de México para solicitar la atención a las víctimas que tienen su denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, cuya mayoría de casos fueron registrados del 9 al 14 de mayo de 2015.
Además de acudir a solicitar información sobre los avances en las investigaciones.
“No hemos podido avanzar ni en becas, ni en atención médica, no tenemos ni un apoyo de la Comisión Ejecutiva ni de la Comisión Estatal”, agregó.
De niños en esta situación de desamparo ante la desaparición y homicidio de sus padres, aseguró Díaz Navarro, tienen “alrededor de 200 y 300 niños, muchos que se acercaron en la última visita. Yo me siento totalmente rebasado, solamente coordino en la medida de mis posibilidades, tenemos un mundo de información y yo solo no los puedo atender”.
Ante el incremento de víctimas (en 2017 la organización registró 260 homicidios y cuenta con alrededor de 120 casos de desaparición desde el año 2014), el colectivo tiene proyectado establecer una oficina regional de atención a víctimas de atención a familiares de víctimas, que decidieron concluir sus estudios de preparatoria en el sistema abierto y que actualmente están estudiando, de manera profesional, la carrera de leyes.

 

 

Abandonan vecinos tres comunidades de Chilapa ante amenazas de sicarios, informa Siempre Vivos

 

Familias de las comunidades de Ahuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán, municipio de Chilapa, están abandonando la zona ante las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza y los amenazan.
Las familias solicitaron desde el martes el apoyo del Colectivo Siempre Vivos, informó el presidente de esa agrupación José Díaz Navarro, quien consultado vía telefónica dijo que en los últimos tres días los habitantes de esos pueblos han recibido amenazas mediante mensajes en cartulinas y en mantas para que abandonen las localidades.
Fuentes de la cabecera municipal informaron que la noche del martes irrumpieron hombres armados a Ahuiyuco e incendiaron algunas casas, pero oficialmente no se pudo confirmar la versión, el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia no respondió las llamadas telefónicas.
“Desde antier (el martes) me llamaron y ayer (el miércoles) con más urgencia”, dijo el presidente del colectivo Siempre Vivos, Díaz Navarro, quien ha venido acompañando a los familiares de las víctimas de desapariciones y asesinatos en la zona baja de la región de La Montaña.
Informó que le avisaron que algunas familias de esas localidades buscan refugio en la cabecera municipal o en la capital del estado ante las amenazas que han venido recibiendo desde el martes, y que se intensificaron el miércoles, “cuando les dejaron hasta mantas”.
Sin embargo admitió que no tiene con precisión la información de lo que está pasando en esas localidades y que acudirá a Ahuiyuco este viernes, para corroborar la información, “porque me están pidiendo que vaya a ver sus casas cómo están, o bien a apoyar a algunas que quieren salir y no pueden por el riesgo”.
Informó que una de las familias más asesinadas es la de Bernardo Carreto González, familiar de cinco desaparecidos (tres de ellos sus hijos) quien fue asesinado en diciembre del 2015 en Ahuiyuco.
Las comunidades de Ahuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán están asentadas en una zona que desde el año 2015 se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
En Ahuiyuco el 16 de enero cuatro hombres fueron encontrados ejecutados, dos en ese pueblo y dos más en el crucero de la comunidad de Amate Amarillo, a unos 15 minutos.
En Tetitlán de la Lima, en enero pasado fue detenido un presunto líder del grupo criminal de Los Rojos, de nombre Enedino, lo que provocó el recrudecimiento de la violencia en la zona.
Fuentes de la cabecera municipal informaron que la noche del martes hombres armados entraron a la comunidad de Ahuiyuco e incendiaron algunas viviendas y que debido a la gravedad del caso el gobierno estatal solicitó presencia militar y envió a la Fuerza Estatal. La versión no pudo ser confirmada oficialmente. El vocero Roberto Álvarez no respondió las llamadas telefónicas.

Registra Siempre Vivos 58 homicidios en tres meses en Chilapa; falló la seguridad, afirma

Los 58 homicidios registrados en los primeros tres meses de 2017 en Chilapa son una situación alarmante, y muestran que la estrategia de seguridad del gobernador Héctor Astudillo Flores ha fallado, consideró el colectivo Siempre Vivos.
“Los desaparecidos han quedado en el olvido porque la Fiscalía General del Estado y la Policía Ministerial se hacen a un lado y dejan a las familias solas”, indicó la agrupación de familiares de desaparecidos en la parte baja de la región Montaña.
Ayer integrantes del colectivo de familiares de víctimas de desaparición de Chilapa, Zitlala y otros municipios de la Montaña sostuvieron una reunión en el centro de esta ciudad, donde acordaron aplazar la búsqueda de fosas clandestinas hasta el 12 y 13 de mayo próximos, como parte de las actividades para recordar la desaparición de al menos 16 personas en la irrupción de integrantes del grupo criminal Los Ardillos en 2015.
En la reunión a la que asistieron unos 30 familiares y representantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), también se programó una conferencia de prensa el 9 de mayo en la capital del estado, a la que se invitará al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, y el 11 de mayo un foro sobre la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada.
Consultado al final el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro dijo que en enero, febrero y marzo del presente año se han contabilizado 58 homicidios, y que si esa tendencia continúa al finalizar el año tendrían unos 240 homicidios en este municipio.
“Chilapa tendría 225 homicidios por cada 100 mil habitantes, quiere decir que estaríamos dentro de las ciudades más violentas”, informó.
Consideró que la situación ya es alarmante para la población, no así para el gobernador del estado, “a Héctor Astudillo yo creo que no le dicen nada (las cifras de homicidios), la estrategia que han implementado está fallando porque aparecieron (otros) dos cuerpos de Chilapa (el lunes en el nuevo libramiento de Chilpancingo a Tixtla), hoy (martes) otros dos (cuerpos envueltos en bolsas negras cerca de la Fiscalía en Chilpancingo), por eso no creo que sea descabellada la cifra (de asesinatos) que se tendrá al final de año”, dijo.
De los resultados de la investigación y búsqueda de los seis integrantes de la familia García Feliciano, originaria de Ixcatla del municipio de Zitlala que desaparecieron en octubre pasado entre las comunidades de Tlaltempanapa y Tlalcozotitlán, Díaz Navarro dijo que no se tienen resultados y que como colectivo siguen investigando dentro de sus posibilidades.
“Desafortunadamente los desaparecidos han quedado en el olvido porque la Fiscalía (General del Estado) y la Policía Ministerial se hacen a un lado y dejan a las familias solas, que ellas hagan la búsqueda, no nada más de la familia García Feliciano sino de más de 300 desaparecidos que ha habido del 2012 a la fecha”, reprochó.
En tanto, personal del Centro Morelos informó que aún no tiene noticias de los resultados de las muestras tomadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y que podría tardar algunos meses.

Una amenaza y balaceras en Chilapa obligaron a suspender por segunda vez la búsqueda de fosas, informa Siempre Vivos

 

Una amenaza en su contra que fue seguida de balaceras en cuatro puntos de Chilapa la noche del viernes, obligó al presidente del colectivo de familiares desaparecidos Siempre Vivos, de Chilapa, José Díaz Navarro, a suspender por segunda vez la búsqueda de desaparecidos que comenzaría este lunes.
Denunció que la Comisión Nacional de Seguridad, no respondió a la petición que le planteó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el resguardo policiaco a los familiares de las víctimas durante la búsqueda.
La primera búsqueda que se suspendió se realizaría del 12 al 18 de marzo, cuando la violencia se recrudeció en Chilapa y Zitlala, y el presidente de Siempre Vivos consideró que no había las condiciones para que los familiares salieran.
En un segundo intento el colectivo convocó para un recorrido que comenzaría este lunes 27 de marzo y terminaría el jueves 30, y el viernes 31 se realizaría una evaluación.
Díaz Navarro recibió una amenaza la noche del viernes y posteriormente ocurrieron balaceras en cuando menos cuatro puntos de la ciudad y extraoficialmente se informó de la ejecución de un vendedor de hamburguesas en el centro de la ciudad, sin que las autoridades confirmaran el asesinato.
Antes de las balaceras que se reportaron en las colonias Joyas, Libertad, Magisterial y en el centro de la ciudad, entre 9 y 11 de la noche, mediante redes sociales circuló un mensaje de un grupo criminal.
El mensaje era una advertencia a “la gente de Chilapa” a la que le pedían que no se espantara, “estamos terminando a la gente del chaparro” (Zenen Nava, el líder criminal de Los Rojos), “y a todos esos que recibieron cosas como lugares en el mercado”, decía el escrito.
“Esto es para los que se fueron, sabemos donde están putos así se allán ido a China los vamos a matar con todos los que estén putos así sea su familia o sean sus amigos van acaer, ninguno se me escapa tarde o temprano caen…” decía textual.
También hizo alusión al presidente del colectivo Siempre Vivos José Díaz, al que acusaron: “Y usted profesor navarro a kien defiende si todo el mundo sabia que q sus 2 hermanos eran compradores de chaparro incluso usted asistia asus fiestas y en las 2 disco que tuvieron sus hermanos de Ai sacaban gente se llevaban a las chavas y se vendia droga de una forma tan normal, y ahorita los kiere poner como santos y usted lucra con la gente desesperada de algun familiar desaparecido sabiendo q el mismo cartel que usted apoya a los desaparecidos…”
Tras la difusión del mensaje, la misma noche del viernes ocurrieron balaceras en dos colonias y en el centro de la ciudad, y corrió el rumor de que fue asesinado un vendedor de hamburguesas, versión que no fue confirmada oficialmente.
Díaz Navarro denunció que con el mensaje se pretende desprestigiar, deslegitimar y frenar el trabajo que viene realizando el Colectivo para la localización de los más de 90 desaparecidos registrados por ese organismo.
Informó que además del ambiente adverso que se generó en las horas previas de que comenzara el recorrido, la Comisión Nacional de Seguridad no respondió a la petición del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que elementos de la Policía Federal resguardaran al grupo de familiares y personas solidarias que se sumarían al recorrido de búsqueda. El recorrido sería en comunidades ubicadas al sur de Chilapa.
El colectivo Siempre Vivos tenía previsto una concentración de organismos y personas solidarias y a las 9 de la mañana de este lunes el grupo saldría de la cabecera municipal hacia el punto de búsqueda, informó Díaz Navarro.
Informó que van a esperar un mejor momento para continuar la búsqueda de las personas desaparecidas que han documentado y que el objetivo es buscarlas con vida o en fosas clandestinas.

Exigen colectivos de familiares de desaparecidos a Campa Cifrián que los localice vivos o muertos

El titular de la Subscretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en el estado se hará hasta que se encuentren vivos o muertos, pues así se lo demandaron los familiares.
En una reunión con los colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos en la que estuvo la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal (PF), la Policía Científica y la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades se comprometieron a llevar a cabo las investigaciones de manera coordinada para localizar a las víctimas.
La reunión fue privada en la sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno con Los Otros Desaparecidos de Iguala, el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, familiares de desaparecidos en Chilpancingo y Acapulco y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).
De las autoridades estuvo Campa Cifrián, el fiscal Javier Olea Peláez, el encargado de la CEAV Rubén Vasconcelos Méndez, la fiscal de la Procuraduría Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR Eréndira Cruz Villegas Fuentes, la titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Sara Irene Herrerías Guerrera, la titular de la División Científica de la PF, Patricia Trujillo Mariel, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Armenta Tello y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
En breves declaraciones luego de la reunión, Campa Cifrián dijo que los familiares de los desaparecidos exigieron que se busque a las víctimas “con vida y sin vida”, recordó que hay casos que son de larga data, es decir, que ocurrieron hace 8 o 10 años, y que las autoridades se comprometieron a implementar acciones para resolverlos.
Explicó que las acciones serán intercambiar datos con cárceles, panteones, fosas clandestinas y comunes, para localizar a las víctimas de desaparición en el estado.
Añadió que el próximo jueves a las 11 de la mañana habrá una segunda reunión con las familias de los desaparecidos y que en cuatro meses habrá otro encuentro para evaluar los avances.
Por su parte, la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena dijo que en la reunión las autoridades informaron que según con la reforma a la Ley General de Víctimas, los familiares de desaparecidos investigados en la FGE (del fuero común) recibirán atención en el CEAV, antes de la reforma sólo se admitían a los que investigaba la PGR (fuero federal).
Otro avance importante es que la Policía Científica se incorporó a las acciones para buscar a los desaparecidos, Adriana Bahena dijo que dicha división cuenta con una base de datos de las cárceles del país a la que tendrán acceso los familiares, “de todos o de los estados que a nosotros nos interesen”.
Dijo que en la reunión también se discutió el proyecto de un Centro Comunitario en Iguala, para el cual Campa Cifrián dijo que la Sedatu aportará el 60 por ciento de los 40 millones de pesos que se requieren para la construcción, y el gobernador Héctor Astudillo Flores pondrá el resto.
Explicó que los cinco colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos pidieron a las autoridades que se forme una base de datos en la que se incluya el registro de los detalles de los cuerpos que se vayan encontrando, como ropa, señas y las condiciones en las que estaban, y que esté disponible en internet pero con acceso restringido sólo para los representantes.
Antes, ya habían solicitado la información de los cuerpos que han sido recuperados en la mina de San Francisco Cuadra, Mexcaltepec, cerro del Huixteco, Puente Campuzano, pozo Meléndez y Temazcalapa del municipio de Taxco, así como de Las Parotas en el cerro Gordo, la fosa común de la colonia Fermín Rabadán, San Miguelito, Tijeritas, Monte Hored de Iguala y los recuperados en el municipio de Teloloapan entre 2010 y 2015.
Adriana Bahena dijo que otro punto importante que se discutió es que se revise el cambio de las carpetas de investigación de fuero común al fuero federal, también pidieron que las búsquedas de los desaparecidos se lleven a cabo en periodos de una semana por municipio y que se fortalezca la CEAV en los estados, ya que las fiscalías no cuentan con protocolos para hacer la entrega del cuerpo de una víctima que no sea originaria del lugar.
Durante la reunión, los representantes del Tadeco recordaron que en julio de 2007 conformaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, pero a más de nueve años de mantener su demanda de presentación con vida de 33 activistas y justicia para 11 asesinados, “esta práctica no cesa, es cotidiana y el número de víctimas de la violencia crece diariamente”.
Por separado, las autoridades se reunieron con otro grupo de familiares de desaparecidos en Chilpancingo, quienes debieron de estar presentes en el primer encuentro pero por decisión de los colectivos se optó por manejar los casos de manera paralela.
En declaraciones, un representante del grupo informó que en la segunda reunión las autoridades se comprometieron a solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) los registros de las huellas digitales de sus familiares desaparecidos para compararlos con las huellas de los cuerpos que se han encontrado; también se les dijo que recibirán apoyo de la CEAV.

Sigue la búsqueda de la familia de Zitlala desaparecida pero sin resultados, informa el alcalde

El alcalde priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro dijo que aún no hay información del paradero de los seis integrantes de la familia García Feliciano, desaparecidos desde el 18 de octubre en la carretera cerca de Tlaltempanapa.
Consultado al término de la firma del convenio de presidentes municipales para la asignación de recursos del Ramo 23 en Casa Guerrero, Zapoteco Castro comentó que continúa la búsqueda del colectivo Siempre Vivos, la Policía Estatal, la Ministerial y el Ejército.
Luego de que vecinos de la comunidad de Tlaltempanapa negaron por segunda ocasión el acceso a este pueblo al presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro y a un familiar de los seis desaparecidos, el priista dijo que desconocía este hecho, “pero están entrando los agentes estatales, municipales, militares y la organización Siempre Vivos para realizar la búsqueda, pero por el momento no hay resultados”.
Informó que las comunidades donde ha visto la operación son Quetzalcoatlán, Tlapehualapa y Tlatempanapa, sin embargo no han indicios de lo que le pasó a los seis integrantes de la familia, “pero las autoridades correspondientes determinarán lo que pasó en este caso para así encontrarlos”.
El 18 de octubre desaparecieron Marino García Capistrán de 58 años, su esposa María Feliciano Diego de 48, sus hijos Félix de 25 Santa de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18, y la madre de Marino, Florencia García Capistrán de 80 años cuando transitaban por la carretera de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, a Zitlala.
El 31 de octubre el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, policías estatales, ministeriales y militares los buscaron en la comunidad de Tlaltempanapa, donde los pobladores le negaron la entrada al poblado al presidente de Siempre Vivos. El martes otra vez le negaron el acceso.