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Proponen activistas a Diana Hernández para presidir la Codehum; “se necesita un cambio”

Representantes de organizaciones y activistas que apoyan la candidatura de Diana Hernández (al centro con las manos juntas), hija del asesinado luchador social Ranferi Hernández, para presidir la Codehum, ayer en conferencia de prensa Foto: Luis Daniel Nava

Representantes de organizaciones y activistas que apoyan la candidatura de Diana Itzel Hernández Hernández para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), pidieron a los diputados locales analizar los perfiles y ser imparciales
Este jueves en conferencia de prensa, Nicomedes Fuentes García, ex integrante de la Comisión de la Verdad; Ángel Mundo Francisco, sobreviviente de la noche de Iguala; Martha Obeso Cázares, viuda del ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría, y el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro, manifestaron su apoyo a Diana Hernández, quien es hija del ex diputado local Ranferi Hernández Acevedo, asesinado en 2017 junto con su esposa, su suegra y un ahijado.
Afirmaron que su perfil de lucha es el mejor para darle “un golpe de timón” a la Codehum.
Martha Obeso, viuda del entonces presidente del Congreso local Armando Chavarría, expresó que la Comisión requiere un golpe de timón, liderazgo y un impulso de una activista en la lucha social.
“La veo en recorridos en las comunidades de la Montaña baja conformando la organización campesina Vicente Guerrero, de Ranferi Hernández”.
Recordó que su familia fue exiliada en Europa, donde Diana Hernández fue vista por la también activista Judith Galarza Campos en una reunión en Ginebra, sede de la ONU.
“Tiene conciencia de dónde viene. Lo sucedido no se debe olvidar y ahora la acompañamos en esta aspiración”.
Nicomedes Fuentes, ex integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, dijo que se debe crear una cultura de la paz y que Diana Hernández se ha entregado a la lucha social.
El fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas y ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro pidió a los diputados locales hacer valer la soberanía y revisar los perfiles de los candidatos.
Dijo que las organizaciones para la defensa de los derechos humanos van más allá de las simples recomendaciones y que deben velar por derechos básicos como la salud y la educación.
Pidió: “Que no reciban ninguna línea los diputados y que se renueve la Comisión”.
Afirmó que se necesita que la Codehum se reorganice como un organismo autónomo en una entidad donde la violación sistemática de los derechos humanos es permanente.
Diana Hernández insistió en que se debe garantizar un piso parejo entre todos los aspirantes.
“Quiero exhortar a que haya piso parejo, no todos estamos en las mismas condiciones. Quisiera pensar que el ingeniero (el senador Félix Salgado Macedonio) y la gobernadora (Evelyn Salgado) a la que ayudamos para que esté en ese cargo, observen una conducta imparcial”.
Calificó de limitada la gestión de la actual presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán.
Ángel Mundo leyó la carta que organizaciones sociales enviaron al Congreso de Guerrero: “Consideramos que la trayectoria, integridad, solidaridad y compromiso de Diana Itzel Hernández Hernández con los derechos humanos y las causas sociales, la hacen una candidata idónea para encabezar este organismo autónomo.
“En un contexto donde la vigencia de los derechos humanos requiere instituciones sólidas, autónomas y sensibles, conocemos que el perfil de Diana Itzel Hernández Hernández garantiza una conducción ética, transparente, humana y comprometida con los principios de equidad, legalidad y justicia social.
“Por lo cual solicitamos que bajo los principios democráticos y el interés superior del pueblo de Guerrero sea designada la Lic. Diana Itzel Hernández Hernández, como Ombudsman del Estado de Guerrero”.

Propone la APPG que la hija de Ranferi Hernández reciba la Presea Popular

Luis Daniel Nava

Chilapa

La Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) propuso por unanimidad que Diana Itzel Hernández, hija del asesinado dirigente social Ranferi Hernández Acevedo, reciba la presea popular Sentimientos del Pueblo, en su décimo sexta edición.
“Es un acto de rebeldía y exigencia de justicia. El sistema jamás va a luchar por el bien del pueblo. No se ve el cambio. Todo el sistema de justicia está podrido, encarcelan a los compañeros y los delincuentes andan en las calles con la complacencia de todas las autoridades”, dijo al recibir la propuesta, este sábado en Chilapa.
La iniciativa fue presentada a Diana Hernández e integrantes de la Organización Campesina Vicente Guerrero, que fundó su padre, la mañana de este sábado, en el punto de la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo donde se colocaron cuatro cruces conmemorativas para recordar que allí fue encontrado sin vida el 14 de octubre de 2017, junto con su esposa Lucía Hernández; la mamá de ésta, Juana Dircio, y el joven Antonio Pineda.
Ahí, Raúl Nájera Nájera, el coordinador y presidente del Consejo Político de la APPG, Nicolás Chávez Adame, expusieron que Diana Hernández es hermana del movimiento social en el estado.
“Reconocemos su trayectoria de lucha. Por tal motivo, creemos que su digna familia tiene que ser reconocida por el legado de su lucha incansable, que dejó en favor de los campesinos, ejidatarios y sectores vulnerables de nuestro pueblo”.
Por unanimidad, las organizaciones sociales que integran la APPG propusieron a la hija de Ranferi Hernández que reciba la Presea Popular Sentimientos del Pueblo, el próximo 13 de septiembre.
“Por la lucha social de Guerrero, será un gran honor que usted acepte esta modesta distinción, que es del conocimiento público, que esta presea es elaborada por los mineros que el 30 de julio cumplieron 16 años de huelga, al lado de sus dignas familias y valientes esposas, Las Guerreras de Plata”, leyó el líder de la APPG y actual funcionario estatal, Nicolás Chávez.
Los representantes de la APPG recordaron que este reconocimiento surgió en 2007, cuando el gobernador postulado por el PRD, Zeferino Torreblanca, propuso que la presea Sentimientos de la Nación, que entrega el Congreso del Estado en honor de José María Morelos, se le diera a la escritora Elena Poniatowska.
Pero ésta la rechazó, cuando una hija de Pablo Sandoval Cruz (1926-2020) le expuso que su padre la merecía por la lucha y amor a su estado.
Ese año, el mandatario declaró desierta la entrega y la APPG decidió que la presea, ahora “popular”, la entregaría el pueblo. La primera en recibirla fue Rosario Ibarra de Piedra.
Frente a las cruces de Ranferi Hernández y sus tres cercanos, Diana Hernández dijo que la entrega de la medalla representa un acto de rebeldía y exigencia de justicia.
“Me siento muy conmovida. El reconocimiento es hacia mi papá y los compañeros que han resistido la represión, discriminación y que han sido golpeados y perseguidos por el Estado, que son presos políticos por levantar la voz, por luchar”, dijo.
“Perdimos a nuestros familiares y estamos de pie. Sabemos que las injusticias siguen, los pueblos ya no tienen libertad, no existe la libertad de expresión, las mujeres siguen siendo violentadas, los campesinos olvidados, desprotegidos y mal pagados”, agregó. “Sabemos que el sistema jamás va a luchar por el bien del pueblo, los vemos hacer como que trabajan, pero en realidad no se ve ese cambio, menos en el tema de justicia. No lo hay”.
Finalizó: “Todo el sistema de justicia está podrido, encarcelan a los compañeros y los delincuentes andan en las calles, libres como si nada, con la complacencia de todas las autoridades”.
La activista Diana Itzel es licenciada en Comunicación y tiene un posgrado en Educación. Fue candidata por Morena a diputada local por Chilapa y José Joaquín de Herrera, y es funcionaria del gobierno de Evelyn Salgado.
Respecto a la investigación por el múltiple crimen, el integrante de la organización Vicente Guerrero, Abel López Rosas, dijo que por parte de la Fiscalía no ha habido avances y que siguen en espera de que el equipo argentino de antropología forense entregue los resultados de una necropsia independiente, que lleve a la verdad de los hechos.
Al final, los asistentes cantaron el Himno Nacional y el himno Venceremos, luego lanzaron consignas y exigieron al unísono justicia. Una de las familiares de las víctimas realizó una oración.

Marchan en Aguas Blancas a 28 años de la masacre; denuncian que sigue la impunidad con la 4T

Integrantes de organizaciones sociales luego de la marcha a 28 an?os de la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blancas en la sierra de Coyuca de Benítez Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Aguas Blancas, Coyuca de Benítez

Alrededor de 200 personas marcharon para conmemorar el 28 aniversario de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el Vado de Aguas Blancas, y manifestaron que la Cuarta Transformación los engañó con que habría justicia, pero se sigue viviendo en un México y un Guerrero de impunidad.
La marcha salió a las 10 de la mañana del toril de Aguas Blancas al Vado donde 17 campesinos fueron asesinados el 28 de junio de 1995 durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
Bajo las consignas “Aguas Blancas no se olvida”, “Gobierno asesino que matas campesinos”, “Ni perdón, ni olvido castigo a los asesinos”, los manifestantes marcharon en la carretera que lleva al Vado bajo los intensos rayos del sol.
La marcha tardó casi una hora en llegar al lugar del mitin donde fue colocada una corona de flores en el monumento levantado para los caídos, quienes fueron emboscados cuando se dirigían a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación pacífica por la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez (quien todavía sigue desaparecido), así como para exigir insumos para el campo.
Ayer en un mitin en el monumento levantado en memoria de los campesinos masacrados por la Policía Motorizada, el sobreviviente y uno de los fundadores de la OCSS, Hilario Mesino Acosta dijo que sigue la impunidad mientras “el chacal” de Rubén Figueroa Alcocer sigue “gozando de todo y abrazándose con (Félix Salgado) Macedonio, quien nos prometió justicia en el caso de Aguas Blancas, que iba a retomar el caso Aguas Blancas, pero fue pura mentira”.
Mesino Acosta dijo que uns fueron los hechos de hace 28 años en los que fueron asesinados los 17 campesinos y más de 23 heridos, pero después de la masacre siguieron encarcelando, y “apretaron más la represión y empezaron a desaparecer y a asesinar a los campesinos”.
Recordó que fueron asesinados sus hijos Miguel Ángel y Rocío Mesino mientras “el chacal” sigue gozando de la libertad, por eso convocó a los presentes a no dar un paso atrás, “se tiene que seguir la lucha para lograr la justicia”.

“Se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad”

Mientras que la encargada de leer el posicionamiento del acto fue Norma Mesino dijo que el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer ordenó el asesinato de los campesinos a la Policía Motorizada y desde hace 28 años los grupos del poder político y económico que “se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad. Desde 1995 esta siempre la intención de enterrar el crimen de lesa humanidad cometido en contra de los campesinos”.
Señaló que de todos los gobiernos federales y estatales de todos los partidos, incluyendo a Morena, ninguno ha mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas. “La pasividad de los gobiernos en turno demuestra su verdadera intención: que la impunidad impere en la masacre del Vado de Aguas Blancas”.
Subrayó, “queda hoy la responsabilidad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de dar continuidad a esta política de impunidad de sus antecesores o hacer justicia de una vez ante este crimen de lesa humanidad”.
Norma Mesino expuso que la OCSS y las organizaciones sociales exigen que se cumpla la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, que señala que existieron violaciones graves a las garantías y que el responsable fueron el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
Indicó que la masacre de Aguas Blancas es una grave violación al derecho a la vida, exigió verdad y justicia para los asesinados en el Vado de Aguas Blancas; justicia para los asesinatos de Miguel Ángel y Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Avecedo, Arturo Hernández Cardona y todos los crímenes políticos.
Demandó la libertad de los sobrevivientes de la masacre e integrantes de la OCSS, Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la libertad de todos los presos políticos, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, Tita Radilla Martínez dijo que han pasado 49 años de la detención y desaparición de su padre Rosendo Radilla por soldados del Ejército en Atoyac, y que México sigue en la impunidad porque a pesar de que se tuvo una sentencia de la Corte Interamericana no se ha podido tener justicia.
Mencionó que se creó una Fiscalía Especial que no “sirvió para nada porque no hubo ningún caso esclarecido ni ningún responsable sujeto a proceso. Como todos los casos la impunidad es total y tenemos un México impune, un México que desde ayer hasta hoy es el mismo. Los responsables de procurar la justicia son los mismos que han estado siempre, sólo se cambio a los jefes, pero las mismas políticas anteriores son las de ahora para culpar a los compañeros presos políticos”.
La activista dijo que las organizaciones tienen que seguir en la lucha, pero “juntos, tratando de que no nos agarren separados”.
Expuso que para el caso de los desaparecidos se creó la Comisión de la Verdad, pero lamentablemente no tiene avances sustanciales, es mínimo lo que han hecho y no se tiene una fiscalía que dé fe cuando se hacen las diligencias de las evidencias que puedan encontrarse, y “por lo tanto no tienen ninguna validez jurídica y eso es la falta de voluntad política del Estado mexicano”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se instaló la Comisión de la Verdad, dijo que cada dos meses “estaría con nosotros revisando ese proceso y hoy no quiere recibirnos, solamente tres reuniones hemos tenido con él desde el inicio, pero hoy no quiere recibirnos”.
Recordó que la situación es muy difícil y ejemplificó que su colectivo tiene cien casos, pero la mayoría ha muerto, nada más tienen a cinco mamás y papás no tienen ninguno, la mayoría están enfermos.
Señaló que un dolor como el que han pasado crea enfermedades y como nunca han sido atendidos los casos, la gente está muy enferma, es una “situación bastante grave y el Estado mexicano no se ha hecho cargo de atender este proceso”. Indicó que en su caso no hay una investigación efectiva que pueda dar con el paradero de su padre y los cientos de desaparecidos del país.
Tita Radilla expuso que se vive una situación grave en el país con miles de personas desaparecidas y que están en los semefos, pero el Estado no es capaz de identificarlos y entregarlos a la familia.
“Es muy difícil ver a las familias cómo andan rascando la tierra, moviendo piedras en los lugares más difíciles y muchos de los cuerpos están en esos semefos, por lo que es urgente que se tome en cuenta esa situación”.

La hija de Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández dijo que tienen el deber moral de seguir luchando por la justicia en los crímenes de sus familiares. La actividad concluyó poco después de la 1 de la tarde.

Dan minuto de aplausos por víctimas en foro del gobierno estatal sobre derechos humanos

Los aplausos por las vìctimas de la violencia de los asistentes a la conferencia sobre derechos humanos que es parte de los foros de consulta del gobierno del estado Foto: Lourdes Chávez

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Asistentes a la conferencia sobre derechos humanos en las políticas públicas dieron un minuto de aplausos por las víctimas de las masacres, ejecuciones extrajudiciales de estudiantes y luchadores sociales, además de las desapariciones forzadas y muertes impunes en la historia reciente del estado, en el auditorio Vicente Guerrero de la Universidad Policial.
Lo anterior, fuera del programa de la actividad, que es parte de los foros de consulta para elaborar el diagnóstico del programa estatal de derechos humanos del gobierno estatal, que se han realizado del 14 de octubre al 4 de noviembre en Tecpan de Galeana, Iguala, Tlapa, Marquelia y Chilpancingo.
En esta ocasión, acudieron con invitación personalizada, activistas y funcionariado, además de estudiantes de la faculta de Derecho Chilpancingo y la Preparatoria 1 de la UAG, a las conferencias de la directora de Escuela de Derecho Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero, América Bautista, la directora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CNDH, Sandra Gil Lamadrid, y el coordinador de Seguimiento y Evaluación de política pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Carlos Francisco Munguía.
En la segunda de dos intervenciones de los asistentes, la defensora de derechos humanos, Diana Itzel Hernández Hernández, dio lectura a un documento que elaborado por organizaciones sociales y de derechos humanos en el foro La incansable lucha del pueblo de Guerrero por la justicia y contra la impunidad, el 6 de octubre, “muy vigente para el evento que hoy nos reúne”, precisó la hija del luchador social, Ranferi Hernández Acevedo.
Ahí, señaló 26 crímenes políticos como “calendario de sangre de nuestra historia”, comenzando con la masacre de Chilpancingo del 30 de diciembre de 1960, hasta la desaparición forzada de Vicente Suástegui, al 5 de agosto de 2021, además de las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, el 11 de diciembre de 2011, y la desaparición forzada de 43 el 26 de septiembre de 2014, así como la desaparición forzada, tortura y asesinato de su padre, madre, abuela, y un ahijado el 14 de octubre de 2017, entre otros.
Sin olvidar a miles de guerrerenses asesinados, desparecidos y desplazados “en el contexto de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, una necro política ejercida contra el pueblo, jóvenes, mujeres, campesinos, maestros, comerciantes, indígenas y periodistas”.
La moderadora de la conferencia, trabajadora del gobierno estatal y hermana de la periodista youtuber Pamela Montenegro, asesinada el 5 de febrero de 2018, Ana Guerra del Real, incluyó en esta relación incluía los feminicidios de mujeres, niñas y adolescentes en la entidad.
Subrayó que la violencia que afecta a la sociedad no es de esta administración, sino que se arrastra de décadas, y pidió un minuto de aplausos por las víctimas de la violencia.

Inversión para más investigación proactiva: UAG

Antes, la directora de la escuela de Derecho Acapulco enfatizó que la educación superior ya es un derecho universal, y planteó una alianza de corresponsabilidad de gobiernos e instituciones educativas para la generación de políticas.
Señaló la necesidad de que haya más inversión para investigadores de la universidad como en las demás instituciones educativas, que son origen, desarrollo y fin de las políticas de derechos humanos, “hará falta hacer un poco más inversión y conciencia de todas nuestras investigaciones para la investigación proactiva”.
Cuestionó que se hayan retirado los alcaldes que acudieron a la presentación, porque esperaba conocer de ellos los problemas y necesidades de sus municipios, donde los universitarios puede hacer aportaciones.
De acuerdo con las organizaciones, asistieron a la conferencia, ediles de Juchitán, Tetipac, Copala, Cuajicuilapa, Mártir de Cuilapan y Cuautepec.
Destacó las nuevas carreras enfocadas a los derechos humanos “con inclusión social”, en el periodo del rector Javier Saldaña Almazán.
La directora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CNDH, Sandra Gil Lamadrid Grajales, de manera virtual, explicó el marco legal de los derechos humanos y subrayó que sólo el ejercicio de las garantías se podrá tener una mejor vida.
El coordinador de seguimiento y evaluación de política pública de Derechos Humanos, Munguía Labastida, explicó que la elaboración de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, es fundamental, y tienen que observarse varios principios, como el de interdependencia, garantizar un derecho y tomar en cuenta cómo puede inferir en otras esferas.
Además, de que haya una eficiente articulación entre los tres niveles de gobierno para evitar las diferencias jurídicas, y cumplir con las fases de aplicación de estas políticas con base en un diagnóstico eficiente y su posterior evaluación con alcances y objetivos, además de tener un acceso correcto a la información y confirmar la eficiencia de los mecanismos de reclamo.
La activista Beatriz Eslava Borja recriminó la falta de perspectiva de género en el lenguaje de la presentación de las conferencias magistrales.