Restauranteros y prestadores de servicios turísticos afectados por la Marina Majahua de Puerto Marqués, en Acapulco, se manifestaron afuera de la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado Foto: El Sur
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Restauranteros y prestadores de servicios turísticos afectados por la Marina Majahua, de Puerto Marqués, protestaron en la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el edificio de la sede del poder Ejecutivo, para exigir una reunión ya acordada con el director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Esto, luego que al llegar a la hora de la cita, prevista a las 4 de la tarde, les indicaron que sería atendidos por el secretario de otro funcionario, lo cual implicada volver a explicar un problema que data hace 13 años, y que ya se ha conversado con el funcionario en mesas de trabajo.
Los comerciantes insistieron en que el gobierno estatal les ayude a recuperar sus fuentes de empleo, en lugar del apoyo mensual que han recibido durante años, pero que no resuelve su manutención.
El restaurantero Concepción Palma señaló: “Ya no queremos que el gobierno nos sigan manteniendo, porque nos hace más pobres. Lo que queremos es nuestra fuente de empleo, para tener un poco más”.
Aclaró que agradecen la ayuda, “que ha sido muy necesaria, pero nos hace más pobres y no nos alcanza”.
Sobre el problema, recordó que la construcción de la marina Majahua, por el grupo Mexicano de Desarrollo, derivó en cambio de las corrientes marinas que hicieron playa donde no había, y elevó el nivel del mar sobre 14 restaurantes, desde el María de Jesús hasta el Xóchilt, de donde dependían cuatro o cinco familias en cada uno.
Indicó que el apoyo del gobierno estatal, que se mantiene en esta administración, es entregado en parte por los propietarios a sus hermanos, pero no hay un acuerdo concreto para recuperar sus trabajos.
En este tenor, informó que obtuvieron la reunión la tarde de este martes en Chilpancingo, pero no encontraron al funcionario.
Cuando los enviaron con un subalterno de la Secretaría General de Gobierno, de donde depende la Dirección General de Gobernación, decidieron manifestarse en el despacho de la gobernadora, y se instalaron en el lobby del edificio Centro. Al mismo tiempo, personal de seguridad se colocó como barrera para inhibir otras conductas.
Concepción Palma aclaró que su manifestación fue pacífica y así lo entendió después el personal de seguridad.
Después de dos horas, indicó que llegó el director de Gobernación para la reunión, y se comprometió a enviar a un equipo de Protección Civil en los siguientes días, para evaluar la situación y proponer una alternativa.
Recordó que en un primer estudio, el Instituto Politécnico Nacional planteó la colocación de la pilotes, para elevar los restaurantes y que las corrientes de agua pasen por abajo, pero la compañía responsable de los daños sólo rellenó el lugar, pero no corrigió el problema.
“Creo que fue plan con maña, sólo los que tienen el poder salieron beneficiados”, denunció.
Arriba los ataúdes de las víctmas de la masacre del sábado en El Durazno, en una galera de esa localidad. Abajo, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros platica con vecinos en ese pueblo de Coyuca de Catalán, acompañado de efectivos de la Marina Fotos: El Sur
Brenda Escobar / Lourdes Chávez
Zihuatanejo / Chipancingo
Este lunes el director general de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros estuvo en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, y ofreció a los pobladores que se quedará un grupo de militares para darles seguridad tras la masacre de siete vecinos.
El sábado en la tarde siete campesinos fueron asesinados en la escuela primaria de esa comunidad ubicada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán por sicarios que según testigos estaban encabezados por el jefe del grupo delincuencial La Familia Michoacana, Johnny Hurtado.
Vecinos consultados vía telefónica dijeron que Francisco Rodríguez visitó la galera en la que velaban a los siete campesinos, entre ellos a un adolescente de 15 años, ahí le comentaron cómo fue que ocurrieron los hechos y les señalaron que sólo seis se acercaron ese sábado que los hombres armados llegaron, “y ahí los mataron, los dejaron desfigurados de la cara, eran como unos 50 hombres armados”.
El funcionario, a nombre del gobierno del estado ofreció que en esa comunidad se quedará un grupo de militares para resguardarlos, mantener la paz y garantizarles la seguridad, pero los habitantes le exigieron que ahí en El Durazno se establezca una base o un cuartel permanente del Ejército, para que no vuelva a ocurrir un hecho similar.
Los habitantes de El Durazno coinciden en que no tiene caso que los militares estén un par de semanas en la localidad mientras se pasa “la conmoción” por lo ocurrido y luego se retiren, porque de ser así, aseguraron que no tardará en empezar a observarse el desplazamiento de familias hacia lugares más seguros o menos violentos, “van a empezar a abandonar sus viviendas para evitar perder la vida a manos de ese grupo delincuencial”.
Maestros y el doctor tienen miedo
La ex comisaria municipal de El Durazno, Mariflor Chávez Tello informó vía telefónica que ayer lunes los habitantes de la comunidad andaban ocupados para ir a sepultar a cuatro de los campesinos acribillados, “porque ya van a tener 48 horas de muertos y empiezan a oler”.
Agregó que tres de ellos serían llevados a otras ciudades del estado y del país para sepultarlos porque así fue decisión de sus familias, y que serían escoltados por militares para bajar a la costa.
Luego dijo que seguían sin tener noticias del campesino Cecilio Chávez, de quien desconocen su paradero desde el sábado que salió a trabajar a su rancho, el cual queda en el camino que tomaron los agresores para entrar y salir de El Durazno, “ahorita estamos algo ocupados en llevar a sepultar a los muertos porque ya empiezan a estar en estado de descomposición, entonces creo que al regresar de sepultarlos vamos a ver cómo le hacemos para ir a buscarlo, a ver si lo encuentran y en qué condiciones lo encuentran”.
Chávez Tello expuso que debido a lo que pasó en la escuela las clases quedaron indefinidas pues los maestros, por temor, se retiraron, “y tampoco tenemos doctor, así como tampoco hay maestro en la telesecundaria después de lo que ocurrió en septiembre pasado, cuando mataron al profesor en una discusión de personas que estaban ingiriendo alcohol”.
Dijo que desde entonces el nuevo maestro que iban a enviar fue retenido en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, pues fue el alcalde Eusebio Echeverría Tabares quien le mal informó a las autoridades educativas del gobierno del estado que “en El Durazno estaba muy peligroso, que no subieran, eso fue lo que le dijo un subsecretario de Educación a la comisaria municipal, que por eso no mandaban al nuevo maestro y desde entonces no ha habido clases”.
Agregó que con lo que pasó el sábado, los maestros de la primaria tienen miedo y por eso las clases se van a quedar suspendidas y desconocen hasta cuándo quieran regresar, y sí había doctor pero también se fue”.
Comentó que a través de las redes sociales se siguen enterando de más amenazas de los agresores, “de perfiles falsos en Facebook”.
Luego manifestó que “si no hay seguridad vamos a seguir así, y lo único que va a pasar es que todos los pueblos así como el nuestro se van a quedar solos, así como ha habido mucho desplazamiento de personas a causa de la nula seguridad y la falta de una fuente de ingresos que no sea relacionada con enervantes, porque no hay dónde trabajar, la gente de la sierra se va a seguir desplazando a las ciudades por falta de oportunidades”.
Ya no hay paz, que es requisito para la cabecera del nuevo municipio, dice la presidenta del comité gestor
Mariflor Chávez, quien es la presidenta del comité gestor para la creación de un nuevo municipio que estaría conformado por 113 comunidades de la parte serrana de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán y que tendría la cabecera municipal en El Durazno, dijo que al menos este lunes lo más importante era sepultar a los difuntos, y que sería a partir de este martes cuando ya podrían tener más despejado el pensamiento para analizar qué van a hacer.
Comentó, “de hecho ahorita estamos como suspendidos, no sabemos, ahorita primero necesitamos enterrar a nuestros muertos y yo creo que a partir de mañana (hoy) martes, veremos si las autoridades nos van a decir si el proceso sigue o si nos van a decir que ya no por el problema”.
“Desafortunadamente las personas que no quieren que se haga el nuevo municipio en nuestra comunidad pues lograron su cometido de que no se hiciera, o de que se detuviera o que nos dijeran que no es el lugar idóneo porque hay inseguridad, ese era uno de los requisitos, que hubiera paz, y pues a los que no les convenía que esto siguiera adelante con todo lo que se había avanzado, pues ya lograron echar abajo una parte, cortaron el camino que ya se había caminado”.
Expuso que lo que pasó el sábado, “no fue por nosotros, nosotros no provocamos, claro que no, fue como siempre y como en otras ocasiones y como el principio de toda esta guerra que se ha hecho de ciertos grupos contra nuestras localidades, ha sido sólo provocación y nosotros nos hemos mantenido al margen, y pues ya hemos visto anteriormente en años anteriores todo lo que ha sucedido con las mismas personas de aquí”.
Instalan una BOM
El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros informó de la instalación ayer de una Base de Operaciones Mixtas alrededor de El Durazno en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán, donde hombres armados presuntos miembros de la Familia Michoacána asesinaron a siete pobladores la tarde del sábado.
De regreso de la localidad, el funcionario estatal se conectó vía remota a la difusión del informe semanal en línea de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, para informar que la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron una operación en la zona, para generar condiciones de estabilidad y paz social.
Indicó que ayer dialogó con autoridades comunitarias, agrarias y con los pobladores para comenzar una serie de actuaciones de la Fiscalía Géneral del Estado, de investigación, y de la Policía Estatal en seguridad pública.
Confirmó que la población “está inquieta”, dados los hechos violentos del sábado y las amenazas que continuaron el domingo, sin embargo, este lunes hubo “un reconocimiento a la actuación del gobierno del estado y de la Sedena en coordinación con la FGE, que ha dado tranquilidad a las autoridades locales”.
Mediante esta dirección general de Gobernación, dijo que se brindó atención médica, psicológica y social que demandan los ciudadanos.
Pese a que la comunidad demandó la presencia permanente de las autoridades, Rodríguez Cisneros dijo quehabrá presencia institucional, “los próximos días para atender la problemática social que se vive en la zona”.
Con un boletín de prensa, el gobierno del estado también informó de la visita que encabezó el director de Gobernación a El Durazno, “para proteger a las familias de las siete personas que perdieron la vida en los hechos de violencia ocurridos en días pasados”.
Destacaron la coordinación con la comisaria municipal, Azucena Rosas García y el presidente del Comisariado Ejidal, Ignacio Chávez para agilizar el traslado de tres de los cuerpos hasta el puerto de Zihuatanejo, mientras que los cuatro restantes serán sepultados en la localidad.
Aseguraron que se autorizó la petición de la población de permanencia de las fuerzas del orden en la zona. Adelantó que enviarán atención alimentaria y apoyo psicológico.
También acudió la fiscal
En un boletín, la Fiscalía General del Estado informó que la fiscal “brinda atención a familiares de víctimas de la comunidad” El Durazno, en Coyuca de Catalán.
Sandra Luz Valdovinos Salmerón se encuentra en la comunidad “con la finalidad de brindar atención directa y escuchar a los familiares de las víctimas, en seguimiento a los hechos ocurridos este 10 de diciembre del presente año en dicha población”, dice el boletín.
“Este acercamiento responde al propósito de brindar la atención oportuna y darles a conocer los avances de las investigaciones, así como continuar con el diálogo permanente”, agrega.
Sindicalistas se retiran de la Fiscalía del estado luego de permanecer tres días en plantón para exigir la reinstalación de despedidos Foto: Lenin Ocampo Torres
Luis Blancas
Chilpancingo
Miembros del Frente Común de Sindicatos terminaron su plantón en el acceso de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras ser atendidos por el director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con quien acordaron que entregarán una plaza a la trabajadora de aseo despedida, Antonia Tolentino.
A la 1:20 de la tarde los manifestantes retiraron sus lonas, sillas, colchonetas, casas de campaña, leña y fogones improvisados para preparar sus alimentos en el plantón, y liberaron la entrada del estacionamiento de la Fiscalía.
En conferencia de prensa afuera de la corporación, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Burócratas y Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Nayeli Hernández Neri comentó que los trabajadores se reunieron con el director general de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, en el en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado.
Informó que los acuerdos fueron que a la trabajadora de aseo despedida, Antonia Tolentino, quien fue golpeada con vallas metálicas por trabajadores de la corporación el miércoles, se le otorgó una plaza del gobierno del estado.
Indicó que ella en continuará el proceso legal y de otra compañera afectada, seguirán las mesas de diálogo para resolver su situación laboral, “ya estamos levantando el plantón, tuvimos acercamiento con funcionarios del gobierno del estado, se solidarizaron a la agresión de la compañera despedida, hay voluntad de apoyarla, se le entregará una plaza del gobierno”.
Reprochó que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón no tuvo la voluntad de atenderlos y resolver sus peticiones laborales, sino que agredió e intentó reprimir el movimiento, “está en un plan de que no quiere diálogo, es represora, agresora, espero que esto llegue a la presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga”.
Dijo que debido a la agresión a su compañera Antonia Tolentino acudieron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y presentaron una queja.
“Vamos a hacer hincapié en que si la fiscal continúa con represalias, despidos injustificados, la aplicación del examen de control y confianza y amenazas, vamos a regresar a la movilización para exigir el respeto a nuestros derechos”, declaró.
En el tercer día de plantón en la Fiscalía General del Estado, trabajadores impidieron que miembros del Frente Común de Sindicatos cerraran el acceso principal y, al momento de colocar vallas metálicas para impedir la protesta, golpearon a una manifestante.
El lunes los manifestantes instalaron un plantón en la FGE, para exigir a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón la reinstalación de dos trabajadoras, y el cese al hostigamiento contra trabajadores en la Fiscalía.
La Dirección de Vía Pública comenzó ayer a retirar las cabinas telefónicas de la empresa Multi Impacto, debido a que afectan la imagen de la ciudad y no pagan pisaje.
En entrevista de este viernes, el director de Vía Pública, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que esta acción es el primer aviso para que las cuatro empresas de telefonía que tienen casetas públicas en calles y avenidas regularicen su situación, pues ninguna paga el pisaje.
Agregó que las otras empresas que tienen casetas en la vía pública son dos de teléfonos de monedas y Telmex.
Ayer por la tarde, trabajadores de Vía Pública, Protección Civil y Alumbrado Público retiraron 56 cabinas con publicidad de Multi Impacto, las cuales carecen de permiso correspondiente y no cumplen con la finalidad para la que fueron instaladas.
Rodríguez Cisneros explicó que a seis meses de la nueva administración los apoderados de la empresa, con residencia en Guadalajara, intentaron renovar su convenio pero había irregularidades.
Indicó que en el convenio se solicitaba un permiso para instalar cabinas telefónicas “y lo que vemos es mobiliario urbano con publicidad, vamos a retirar las 56 cabinas que manejan”.
Las cabinas, con armazones de aluminio cuadrados, tienen tres lados con espacio para colocar publicidad y el cuarto un lugar acondicionado para un teléfono pero no lo tiene.
El funcionario argumentó que los representantes de dicha empresa de telefonía aseguran que no pagan impuestos porque tienen una función social, es decir garantizar que la gente esté comunicada, pero no colocaron los teléfonos.
Informó que los armazones se llevarán a un depósito y serán devueltos a la empresa cuando pague la infracción.
Rodríguez Cisneros dijo que “se supone que cada cabina cuesta 26 mil pesos, lo que significa una inversión importante”, pero hasta ayer no establecían el monto de la multa.
Agregó que esta medida va para las demás empresas que tienen casetas en la vía pública, “sabemos que hay cuatro que en su momento firmaron un convenio” y solicitó que se regularicen.
El caso de Telmex, que tiene cabinas en todo el territorio nacional, señaló que tampoco paga los impuestos requeridos, “hay quien dice que tienen una función social pero no es social, es un negocio y deben pagar por eso”.
Rodríguez Cisneros agregó que ya ordenan la información de las casetas telefónicas porque no encontraron antecedentes en las oficinas sobre éstas.
Consideró que lo que pasó en la administración pasada provocó una gran desorganización, pues se autorizaron convenios sin alguna planeación.
“La prueba es que en la parada de autobuses conocida con La Balanza, donde retiraron la primera cabina de Multi Impacto, en un tramo de 10 metros habías otras cuatro cabinas”, señaló.
La Dirección de Vía Pública, en coordinación con Tránsito Municipal, comenzará hoy a retirar de las principales calles y avenidas del puerto aquellos vehículos abandonados que causan mala imagen y “son aprovechados para cometer robos”, anunció el director Francisco Rodríguez Cisneros. De igual forma, destacó que en lo que va del año la dependencia a su cargo ha ingresado más de 80 mil pesos por concepto de permisos especiales e infracciones.
Entrevistado ayer, Rodríguez Cisneros destacó que después de algunas inspecciones, se detectaron 35 vehículos abandonados en las avenidas Ruiz Cortines y Constituyentes, por lo que a partir de hoy, esas y otras unidades serán retiradas de la vía pública.
Recordó que desde el miércoles pasado se hizo público el aviso y que el plazo se venció este sábado, “y por eso mañana martes vamos a comenzar a retirarlos en coordinación con la Dirección de Tránsito”.
Explicó que la medida tiene el propósito de dar atención a las quejas y demandas de la ciudadanía, pues se ha denunciado que los vehículos sirven como escondite de los malhechores que se dedican a robar a los transeúntes.
El funcionario municipal indicó que en este programa también se incluirá a talleres mecánicos y hojalaterías que llevan a cabo en la vía pública y que, aunque aún no tienen el dato exacto de cuántos invaden las calles, sí aseguró que van a comenzar a notificarles.
Por otra parte, Rodríguez Cisneros informó que en lo que va del año “se han recaudado 67 mil 316 pesos por concepto de permisos especiales, además de 22 mil 611 por las infracciones que hemos levantado”.
“Con estos resultados queremos informar que no estamos solapando a los ambulantes, como lo decía un grupo hace unas semanas. Pero no es así, nosotros no estamos protegiendo ni solapando al ambulantaje, hemos estado cuidando el reglamento”, aseguró.
