Etiqueta: Francisco Rodríguez Cisneros

Levantan afectados por Otis el bloqueo de la Costera tras 35 horas ininterrumpidas

El director de Gobernación del municipio Ramón Montiel Mejía y el del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, en el bloqueo que personas no censadas o que no habían recibido los apoyos para reconstrucción por afectaciones del huracán Otis, mantenían en la glorieta de La Diana Foto: Carlos Carbajal

Argenis Salmerón

Unos 300 vecinos de diferentes colonias, bloquearon la avenida Costera durante 35 horas de manera ininterrumpida para exigir el apoyo del gobierno federal tras el impacto del huracán Otis.
Se quejaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no le dan importancia al movimiento y prefieren el desgaste físico de los inconformes.
El bloqueo inició el lunes a las 9 de la mañana y cerraron los dos carriles de la avenida Costera, en la glorieta de La Diana, la Costera vieja y la avenida Farallón.
Los manifestantes informaron que durmieron la noche del lunes en la glorieta de La Diana, sin ser atendidos por el gobierno federal.
Advirtieron que no se iban a mover hasta ser atendidos por la secretaria del Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, en la glorieta de La Diana.
Argumentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la ayuda para todos y que nadie se iba a quedar sin el apoyo.
Ante esta situación, las personas que iban a trabajar caminaron el tramo de la Condesa hasta adelante de Galerías Acapulco, que abarca 400 metros lineales.
Además, las personas pagaron doble pasaje para llegar a sus trabajos, lo que causó inconformidad y expresiones hacia los manifestantes como “pónganse al trabajar”.
Los vecinos mostraron los cintillos (que acreditan que fueron censados oficialmente), además de fotografías de los daños de las viviendas afectadas por el huracán Otis.
En declaraciones a reporteros, Miranda Ojeda Pérez se quejó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no le dan importancia al bloqueo de La Diana.
Añadió que las propuestas de las autoridades no son suficientes ni satisfactorias para las personas no censadas.
“Somos acapulqueños, no somos ni de Toluca ni de Puebla, puro Acapulco, entonces que nos den respuesta”, puntualizó.
La vecina Marcelina Peláez Ramos contó que ella tiene el cintillo del censo de su vivienda y los “Servidores de la Nación” no le quisieron dar el apoyo, porque justificaron que “otra persona había cobrado por mi”.
“Yo ubiqué a la persona, constanté sus documentos, los llevé a los módulos y presenté los dos documentos y no me han dado respuesta”, sostuvo.
Explicó que compró un terreno grande y le repartió un “pedazo de tierra” a cada uno de sus hijos, dando carta de posesión, “y ellos se censaron porque tiene casa y familia y a mi casa no le quieren dar el apoyo”.
Criticó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no le están dando validez al movimiento, “sus propuestas no son satisfactorias ni suficientes”.
A las 10:30 de la mañana unos 100 agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotínes llegaron a la gasolinería de La Diana.
Después de una hora, seis patrullas de la Policía del Estado llegaron al bloqueo con agentes con equipo antimotínes.

Hay una lista de 13 mil no censados, lo que es “sospechoso”: Gobernación estatal

El director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que hay 13 mil personas no censadas de acuerdo con la lista entregada, siendo que en el movimiento hay una menor cantidad.
En declaraciones a reporteros en la glorieta de La Diana, el funcionario afirmó que la cantidad de 13 mil personas no censadas hace “sospechar”.
Indicó que hay 60 personas que cuentan con cintillos (acredita que ya fueron censadas) y que mañana podrán cobrar el beneficio del gobierno federal.
Añadió que las demás personas tendrán que cumplir los requisitos que establece la Secretaría del Bienestar federal.
Ejemplificó que durante la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador se atendieron 164 personas que tenía credenciales de la Ciudad de México y Estado de México y “hacen una vida plena allá” y no radican en Acapulco.
“Se han detectado una serie de abusos de un grupo de personas que no son de la ciudad, son personas de otras entidades que vienen a la ciudad y buscan sorprender”.
Rodríguez Cisneros acudió ayer a dialogar nuevamente con los manifestantes para disuadir el movimiento.
Informó que hoy los que tienen cintillos (que acredita que fueron censados), se les iba a pagar en el Instituto Tecnológico de Acapulco, dando un total de 60 casos.
Explicó que las personas que todavía no tienen sus datos tienen que cumplir con los requisitos como acreditar su personalidad (INE), comprobante de domicilio y sujetarse a una revisión de la casa.
Porque, aseguró que “3 mil y 10 mil personas en una lista, es irregular y se tiene que hacer una revisión” y aseveró que los manifestantes, “quieren hacer un proceso, de que se les atienda, de que se les otorgue el beneficio sin entregar alguna documentación y esto no puedo pasar”.
“El lunes en el bloqueo cambiaban de personas, llegaban unas y luego otras; tiene su parte sospechosa esta situación”, concluyó.
En el segundo censo se beneficiaron 30 mil viviendas, hubo casos de viviendas inexistentes, afirma Bienestar federal.
La Secretaría del Bienestar federal informó que después del proceso de verificación en la segunda etapa del censo se entregó el apoyo para la reconstrucción de 30 mil viviendas, adicionales al primer registro.
En un comunicado, la dependencia federal explicó que mediante el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural aplicado en Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis, se han atendido a 301 mil 076 viviendas afectadas, mismas que han recibido el apoyo para limpieza y reconstrucción, así como enseres y despensas.
Indicó que en una segunda etapa para continuar brindando atención a personas que manifestaban no haber sido atendidas, recibieron sus solicitudes en módulos.
Precisó que después de recibir la documentación, los “Servidores de la Nación” hicieron visitas domiciliarias de verificación.

Afirmó que encontraron personas . Levantan afectados por Otis el bloqueos que por alguna razón en los días más críticos derivados del fenómeno natural no habían hecho su registro.
Añadió que también ubicaron viviendas que ya habían recibido los apoyos correspondientes, casas inexistentes, viviendas donde no conocen a la persona que se registró, y quienes no pudieron acreditar que se habita en esa casa.
Apuntó que los manifestantes que bloquean la avenida Costera que exigen la inclusión en el programa, se han atendido a todos para revisar los casos específicos y derivado de esa revisión también se identificó a un grupo de personas que no habitan en Acapulco y que vienen de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla entre otros.
La Guardia Nacional colocó mesas de orientación en la glorieta de la Diana, donde agentes colocaron tres mesas para atender a los manifestantes.
Sin embargo, los inconformes exigieron la presencia de los “Servidores de la Nación” para censarlos.
Los agentes solamente ofrecieron orientación para los inconformes, pero no lograron retirar a las personas no censadas.
En dos ocasiones, los mandos de la Guardia Nacional platicaron con los manifestantes para pedirles que se retiraran de la vialidad, cosa que no aceptaron.
Después de las 7 de la noche, los agentes retiraron las mesas y sillas ante la falta de éxito.
Sin embargo, más personas llegaron a la glorieta de La Diana, de unas 300 que había en la mañana, incrementó a unos mil vecinos de diferentes colonias.
También los agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotínes se retiraron de la gasolinería de La Diana.

Firman minuta de acuerdos

Nuevamente el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, llegó a dialogar con los manifestantes.
Ofreció que hoy a las 12 del día los iban a atender los trabajadores de la Secretaría del Bienestar en el Parque Papagayo.
El funcionario del estado firmó una minuta de acuerdos con los manifestantes para liberar la vialidad.
Uno de los acuerdos fue atender una lista entregada de las personas que se anotaron el lunes y martes durante el movimiento.
Los inconformes acordaron que llegarán mañana a las 9 de la mañana a las oficinas de la Secretaría del Bienestar y llevarán la documentación que pide la dependencia federal.
Ante esta situación, el bloqueo se quitó ayer a las 8 de la noche, cumpliendo 35 horas de bloqueo de manera ininterrumpida.

 

Por abuso de infantes, la denuncia contra quienes armaron niños en Ayahualtempa

Aurora Harrison

El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que uno de los delitos por los cuales se presentará la denuncia en contra quienes armaron y presentaron a los 15 niños y cinco niñas de Ayahualtempa será por abuso de infantes.
En declaraciones en las oficinas de la Delegación de Comunicación Social, ubicadas en plaza Marbella, en Acapulco, dijo que era una acción de presión política que un grupo de adultos utiliza a los niños ante situaciones no justificadas.
Como se informó, autoridades comunitarias y pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, presentaron a 15 niños y cinco niñas y adolescentes que formarán parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), para la defensa de su territorio.
Sobre cuándo presentará la denuncia, el funcionario respondió que la próxima semana porque la Procuraduría de la Defensa del Menor hace “una revisión para hacer el encuadramiento jurídico y presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado a efecto de que se investigue y se deslinden responsabilidades y haya una persecución, en el caso de que existan personas responsables, por la comisión de esta actividad.
“Constituye un abuso para los niños por armarlos, porque ellos, debemos de recordar, que no tienen la edad para tomar una decisión en ese sentido, y eso constituye un abuso de menores”, dijo el funcionario, quien desestimó que se hayan armado para dar seguridad: “ellos están obligados, a diferencia de los adultos que ya tenemos conocimiento pleno de las cosas, podemos tomar una decisión, a ellos los obligaron adultos con una finalidad”.
Dijo que la presentación de los niños armados como parte de la CRAC-PF “es una acción de presión que un grupo de adultos utilizan para presionar al estado, ante situaciones que no se justifican. En primera porque hay una presencia permanente del estado en su más amplio contexto. Está la presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la propia policía del estado, e incluso la Fiscalía está haciendo una serie de actuaciones en la localidad y en materia de atención social”.
Recordó que el año pasado el Gobierno del estado destinó presupuesto para la construcción de calles, la construcción de dos aulas de telebachillerato en la comunidad de Ayahualtempa, y la Secretaría de Bienestar tiene presupuesto para huertos escolares, cuartos adicionales en las casas y pintura; también hay “una misión cultural del gobierno federal también trabajando en la localidad” en prevención y atención.
“Nosotros reconocemos que hay una serie de incidentes que son muy lamentables, también somos muy categóricos en afirmar que la acción del estado ha sido contundente desde que llegó esta administración. Hay una presión política por parte de los líderes que se autodenominan policías comunitarias, y nosotros estamos trabajando de forma institucional en ese corredor de Chilapa-Hueycantenango, hemos dialogado con todos”.
Detalló que hay inconformidad de maestros de la comunidad de que haya niños armados.
De la desaparición de familiares del comandante de la CRAC-PF Antonio Toribio Gaspar, dijo que desde el primer momento se atendió “y el día que ellos deciden hacer este acto de presión” el dirigente participaba en una de las acciones acordadas, se “subió al helicóptero de la Policía del Estado a efecto de hacer un reconocimiento en la zona”.
Agregó que un día antes de la presentación de los menores armados, estuvo en una reunión con los dirigentes, “hemos estado todas las autoridades”. Detalló que en la entrada a la comunidad hay un módulo de la policía estatal que está 24 horas.
Rodríguez Cisneros dijo que se desconoce el motivo por el cual los familiares de Antonio Toribio fueron privados de su libertad. Aseguró que la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo la investigación sobre esos hechos, porque se sigue con la búsqueda con el apoyo de la federación y de los propios familiares que decidieron participar.
En tanto, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad, ante el conocimiento de que en la comunidad de Ayahualtempa, un grupo identificado como “Policías Comunitarios” armaron a dos decenas de niños y niñas.
Por la anterior, “con el firme compromiso de velar por el interés superior de la niñez esta Fiscalía inició las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, como también lo establece la Declaración de los Derechos del Niño”.
Se añade, en un comunicado, que “en irrestricto apego a sus funciones de procuración de justicia además de investigar, la FGE coadyuvará con autoridades estatales y federales para la prevención del delito, así como en la concientización de los pobladores sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

 

No existe ninguna nueva autodefensa en la sierra, dice el director de Gobernación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró que el gobierno no tiene antecedentes del documento que enviaron pobladores de tres municipios de la sierra al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el que denuncian que grupos delictivos controlan la sierra con la complicidad u omisión del gobierno.
Entrevistado por teléfono, el funcionario aseguró, además, que “no existe” ningún grupo de autodefensa en la sierra, en referencia a Pueblos Unidos por la Paz, integrado por mil 500 vecinos de 66 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.
El viernes, pobladores de al menos 16 comunidades de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Chilpancingo, informaron que enviaron una carta el 3 de octubre al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la que exigen a los gobiernos federal y estatal que “asuman el control” en la sierra “o de lo contrario asumirán las consecuencias”.
Entrevistado ayer por teléfono, Rodríguez Cisneros aseguró que “no tenemos conocimientos o antecedentes de este documento, más que la manifestación pública que se ha hecho. No hemos recibido nosotros ningún tipo de documento al respecto”.
Según el funcionario, en la región de la Sierra se ha estado trabajando de manera “muy oportuna. Tenemos presencia permanente de elementos de la Policía del Estado y el apoyo de soldados de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es una presencia permanente en esos municipios”, declaró.
La semana pasada, diversos medios de comunicación informaron, también, que alrededor de mil 500 vecinos de 66 pueblos de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo se levantaron en armas y ocuparon la localidad de Plan Verde, para reinstalar a familias desplazadas por la violencia.
Según los pobladores, la acción se debió a la falta de seguridad de los tres niveles de gobierno, y porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no cumplió con darles seguridad, lo que derivó en la formación del grupo de autodefensa Pueblos Unidos por la Paz.
Pero según el director de Gobernación Rodríguez Cisneros, “no hay ningún grupo de autodefensa”.
Informó que él, recientemente, estuvo en las colindancias de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan y platicó con los pobladores y reconocieron que ya hay presencia de efectivos del Ejército y de la Policía Estatal que se coordinan con los comisarios.
“No hay un grupo de autodefensa en la sierra, dialogué con los 66 comisarios y ellos manifestaron que no hay ningún grupo de autodefensa y que reconocen y aceptan que el único que tiene la responsabilidad de la seguridad es el Estado mexicano con la presencia de la Sedena y la Policía del Estado”.
Cuestionado por las evidencias mediante fotografías donde aparecen las columnas de hombres armados, el funcionario aseguró que los campesinos con escopetas y rifles de bajos calibres que aparecieron en fotografías “asistieron a una asamblea y que llegaron con armas que son las que usan para sus actividades diarias”.
Reconoció que en esa reunión hubo una manifestación para hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para tener seguridad.
Agregó sin embargo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en su reciente visita a Puerto del Gallo, se comprometió con la presencia permanente de las autoridades en la sierra.
“A eso obedeció mi presencia en Puerto del Gallo para continuar el diálogo para la construcción de la gobernabilidad, cumpliendo el compromiso de la ciudadana gobernadora de atenderlos permanentemente”, dijo en referencia a sur reunión del viernes.
Agregó: “Ahí estuvimos con los 66 comisarios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan; hubo presencia de la Sedena, de la Policía del Estado, el delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) y el coordinador estatal de los Servidores de la Nación; dialogamos y construimos acuerdos”, informó el funcionario.
Dijo que los comisarios se comprometieron “a trabajar de manera coordinada, generar un círculo de confianza y mantener la comunicación”.

Se sigue trabajando la propuesta de crear una Policía Rural

Explicó que: “Aquí lo que pasa generalmente es un problema de comunicación que genera incertidumbre”.
Dijo que el acuerdo principal fue “mantener una comunicación continua, constante y trabajar de manera coordinada allá en la región y aquí con los funcionarios del gobierno del estado”.
Informó que se sigue trabajando la propuesta de crear una Policía Rural en la zona, “pero esa es una propuesta que apenas se está trabajando, por ahora el cuerpo de seguridad lo encabeza la Policía del Estado con el apoyo de la Sedena y yo acudí a dialogar con los comisarios con el fin de que permitan que las fuerzas del orden hagan su trabajo, es la parte política que le corresponde a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Gobernación”.

Siguen los filtros y rondines que pidieron los transportistas en Chilpancingo

Con respecto al ataque nuevamente a una Urvan del servicio de transporte ocurrido el viernes en Chilpancingo, a pesar de que había el compromiso del gobierno del estado de garantizarles seguridad a los transportistas, el funcionario aseguró que siguen los filtros y rondines, “desafortunadamente pasan estos hechos, pero sigue la atención permanente y continua”.
Aseguró que los operativos siguen por efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Respecto a si podría resurgir una ola de ataques a las unidades del servicio público como ocurrió el mes de julio, el funcionario reconoció que no puede “asegurar ni desmentir, son hechos que desafortunadamente están ocurriendo”.

 

Cierra el Sinaitsa dos horas una calle en la capital; les prometen autoridades una reunión

Integrantes del Sinaitsa Ofelia Moreno, Nereyda Brito, Freddy Chora y Nora Hilda Pino en conferencia de prensa en la Subsecretaria de Administración y Finanzas de Salud Foto:?Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Desde el plantón en la Subsecretaría de Administracion y Finanzas de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, la representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa), Nereida Brito Carmona, denunció que el director de control Administrativo, Marco Antonio Salgado Reynoso, le informó que integrantes de la Sección 36 irían a golpearlos para que se retiraran.
En conferencia de prensa, aclaró que, pese a la amenaza, no se iban a quitar de ahí hasta que el subsecretario de Administración y Finanazas, Humberto Soto López, los reciba y resuelva la minuta firmada el 14 de agosto, para la autorización de 30 licencias sindicales.
Otros agremiados de la organización, denunciaron que también en sus centros de trabajo son amedrentados por funcionarios de áreas de Recursos y de Servicios de Salud, agremiados de la Seccion 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Educación, por impulsar otro sindicato,
Brito Carmona recordó que en la mesa de trabajo del 14 de agosto acordaron con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y el subsecretario Soto, la entrega las licencias desde el 16 de agosto, que no se ha cumplido, y de cuotas sindicales a partir del 15 de septiembre.
Además, añadió que el área juridíca ya hizo una revisión minuciosa del registro nacional del Sinaitsa, para verificar la legalidad de la organización, y del trabajo que realizan en Guerrero.
“En este momento trabajando para la sección, estamos dentro del apartado B, nos regimos por Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, no pertenecen a ningún sindicato. Ayer (miércoles) nos dijeron que ya estaban las licencias, nos tuvieron todo el día, sin nada”, agregó.
Señaló que el plantón que instalaron el miercoles por la noche continuó ayer sin obstruir el paso a las instalaciones.
La enfermera del hospital de Atoyac, Nora Hilpa Pino Pérez, denunció que la primera noche, “de manera muy grosera y prepotente” el director, Salgado Reynoso fue a hablar con ellos, cuando tramistió que integrantes de la 36, iban a ir a golpearlos.
Recordó que la libre sindicalización se consiguió por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, “ya no queremos ser parte de la seccion 36, poque nos cansamos de la corrupcion y las injusticias que se cometen. Quienes se quieran quedar, que se queden. Nosotros pedimos respeto a la representante estatal y a nuestra organización, y no nos vamos a ir hasta lograr lo que nos corresponde por derecho”.
Añadió que ellos votaron por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda porque esperaban un cambio, “aquí vino con una actitud muy grosera, muy prepootrente, molesto, (el director de Control Administratico) ¿esos son los funcionarios de la 4T?”.
Brito explicó que en el funcionario antes se negó a hablar con ella, alegando que el asunto no era de su competencia, pero el miércoles le llamó para decirle “que el sindicato tradicional se estaba organizando para irlos a golpear”. Enfatizó que no van a confrontarse con nadie, ni caerán en provocaciones.
La doctora de Urgencias del hospital general de Iguala, Ofelia Morales, se refirió a la dirigente de la seccion 36, Beatriz Vélez Núñez, como “la inombrable, dueña de la Secretaría de Salud”, porque a los funcionarios de áreas de Recursos Humanos los puso ella, aseguró.
Denunció que en una de las acciones del nuevo sindicato en Chilpancingo en la subsecretaría de Administración y Finanzas, la líder sindical la afrontó al sentirse aludida por las consignas sobre corrupción en la institución,
“La inombrabable se acercó a mi, para decir, ‘me puedes asegurar y demostrar que yo soy corrupta’. Claró que sí, le respondí. Que en los centros de trabajo están las evidencias”.
Asimismo, dijo que ha sido hostigada por funcionarios del sector, que están en la Seccion 36, que no aceptan a quienes piensan distinto a ellos, y exigió a la Secretaría que resuelvan las licencias del nuevo sindicato, lo antes posible.
De la Jurisdiccion Sanitaria 05, Fredy Chora Martínez, confirmó que hay muchos trabajadores en el estado, pero particularmente en Costa Grande, han sufrido mucho hostigamiento de sus propios compañeros agremiados a la sección 36, que son funcionarios de Recursos humanos, coordinadores de Salud, sin otro otro motivo más que por haberse separado de ese sindicato.
Despues de la conferencia a mediodía, los integrantes del Sinaitsa bloqueron la avenida Ruffo Figueroa por dos horas, hasta que el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros ofreció otra mesa de trabajo por la noche.

Marchan alumnos de la Normal Urbana al Recinto Estatal; los atenderá la SEG en próximos días

Estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez (ENUF), marcharon de su plantel al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, en la capital, y cerraron una calle paralela al edificio, en el horario de salida de los burócratas, alrededor de las 3 de la tarde.
Luego de unos 20 minutos los estudiantes se retiraron, con la promesa de una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). Con un reporte del gobierno del estado, señala que el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, dialogó con los normalistas en la manifestación, para establecer la vialidad en la calle Recursos Hidráulicos.
Señala que la reunión que se acordó entre los normalistas y las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero será en los próximos días.
Desde marzo, los estudiantes denunciaron la reducción de la matrícula por la eliminación de una de las carreras que oferta la institución, de educación para telesecundarias. Tras varias acciones, el gobierno estatal aprobó una nueva carrera de matemáticas para recuperar la matrícula. Sin embargo, hace dos días, docentes de la normal señalaron que la mayoría de los maestros no tiene perfil para impartir esta currícula. Mientras los estudiantes, exigen el cumplimiento de su pliego petitorio que incluye plazas para 58 egresados de la carrera de Telesecundaria, ahora desaparecida. (Lourdes Chávez / Chilpancingo)

 

Acuden a Ayahualtempa funcionarios del gobierno estatal para entregar apoyos escolares

Una niña observa las butacas que el gobierno estatal mandó a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, para los alumnos de la telesecundaria que el miércoles marcharon y tomaron clases sentados en piedras y apoyados en cajas de madera y a la intemperie Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa

Funcionarios del gobierno estatal fueron este viernes a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y llevaron mobiliario escolar, material de oficina y equipo de cómputo para la telesecundaria Independencia de México.
Los funcionarios fueron encabezados por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y se comprometieron a iniciar la construcción de esa escuela en abril próximo.
Acompañaron al director de Gobernación el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y también asistió el síndico procurador de José Joaquín de Herrera, Salvador Flores Castillo.
La visita de los funcionarios del gobierno estatal se dio dos días después de que alumnos de la telesecundaria Independencia de México marcharon acompañados de sus padres y maestros; mientras las autoridades comunitarias denunciaron que los gobiernos federal y estatal incumplieron con la construcción del plantel.
El miércoles, los maestros y padres de familia mostraron como reciben sus clases los niños, sentados en piedras y algunos sólo apoyados en cajas de madera, bajo la sombra de encinos, porque los gobiernos estatal y federal no han construido la escuela, como se comprometieron el año pasado, para evitar que los niños salgan a las poblaciones vecinas a estudiar ante el riesgo de la violencia.
Entrevistado después de una reunión con las autoridades comunitarias del pueblo en la cancha, el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros, informó que entregaron 50 butacas, dos pintarrones, dos mesas y sillas para maestros, cuatro computadoras y dos impresoras.
El funcionario aclaró: “Esta entrega no obedece a la manifestación que (los pobladores) hicieron, ya lo habíamos acordado el lunes con el comisario municipal y con los líderes del movimiento comunitario, de que hoy estaríamos materializando el acuerdo que hicimos con ellos el año pasado”, aseguró.
Pero reconoció que los apoyos forman parte de la atención que tiene el gobierno estatal, “por lo que ustedes saben. Es una comunidad que se ha visto muy golpeada por la inseguridad y, en algún momento, en un acto de desesperación, tuvieron que recurrir a armar a los niños”.
El funcionario agregó que esta situación “no es correcta, porque nuestras niñas y niños deben estar en la escuela. Lo más preciado que tiene el ser humano es la niñez”.
Por ello, anunció que en este año el gobierno estatal va a construir dos aulas, un espacio para actividades cívicas y un módulo sanitario “para que la escuela sea una realidad y los niños y niñas ya no tengan que trasladarse a otra localidad a recibir su educación y, en todo caso, la reciban aquí, seguros”.
Rodríguez Cisneros informó que en cuanto a los otros compromisos que firmaron con los representantes de la población, y que no ha sido posible cumplir, como la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar, es porque tiene que ver con el gobierno federal.
Además, explicó que la normatividad no permite que se construya un banco en Ayahualtempa, pero informó que hay pláticas con el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, para instalar un cajero en este pueblo.
Con respecto a la violencia, que de acuerdo con los representantes comunitarios se ha contenido en los últimos meses, no se han investigado los asesinatos y desapariciones ocurridas en años anteriores, el funcionario estatal aseguró que ha habido reuniones para atender el problema.
“Lo que tiene que ver con este tipo de indagatorias son situaciones complejas, porque además de cuidar el debido proceso, tienen complejidad por la región; sin embargo, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se están haciendo las acciones necesarias. Cada vez que las familias lo requieren y nos dan un indicio donde presumen que pudiera estar una persona desaparecida, la Comisión de Búsqueda en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal y la misma Fiscalía, acuden y se realizan las acciones, a veces hemos tenido resultados positivos”, aseguró.
Por su parte, el integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, organismo al que pertenece la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la policía comunitaria que opera en este pueblo, informó al término de la reunión que los funcionarios se comprometieron a que el 30 de abril comenzaría la construcción de dos aulas, un baño y una explanada.
Dijo que también a finales de este mes van a regresar funcionarios de la Secretaría de Salud, para la rehabilitación del centro de salud y atender las necesidades del mismo.
Con respecto a la construcción de la sucursal del banco, dijo que los funcionarios argumentaron que ya se construye en la cabecera municipal y que en Ayahualtempa solamente van a instalar un cajero automático.
Respecto a la pavimentación de 500 metros de la calle principal, por parte del gobierno estatal, los funcionarios les dijeron que el 21 de marzo iniciarán con la primera etapa.
Agregó que también los funcionarios se comprometieron a iniciar este año la construcción de un puente, que comunique a Ayahualtempa con la comunidad Amatitlán.
El representante comunitario admitió que no quedan satisfechos, “porque hay muchas más necesidades” y dijo que tienen un concentrado de peticiones desde 2019, cuando estaba el ahora ex gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien no nos solucionó nada”.

Excluye agenda para la paz a la sociedad y no para el consumo de drogas, dice Bruno

El dirigente de la UPOEG Bruno Plácido en su intervención en la conferencia La Gobernabilidad del Estado y sus Desafíos, del director General de Gobernación del estado Francisco Rodríguez, en el lobby del Auditorio Sentimientos de la Nación Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio denunció que la agenda para la pacificación al estado excluye a la sociedad y carece de acciones para contener la distribución de drogas desde la atención a los consumidores que hay en todos los rincones de estado.
En la conferencia La gobernabilidad del Estado y sus desafíos a cargo del director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, en el Auditorio Sentimientos de la Nación, el luchador social denunció el centralismo de las instituciones, que llaman al diálogo sin atender los planteamientos de la sociedad que finalmente recurre a las protestas.
Aclaró que no aprueba que maestros sin perfil lleguen a dar clases, pero en su comunidad falta un maestro hace más de un año, “¿cómo no van a estar enojados los padres?”.
Por otro lado, señaló que la UPOEG puso en la mesa de diálogo con el gobierno estatal el problema de drogadicción en jóvenes, y no lo han atendido.
Rodríguez Cisneros advirtió que hay diferentes perspectivas, pero coincide en que todos los actores deben cambiar para mejorar.
En consulta posterior, Plácido Valerio pidió mayor coordinación institucional con la sociedad organizada, “porque en lugar de perseguir a los delincuentes, persiguen a los que protestamos, nos inventan delitos, tenemos compañeros presos por delitos de extorsión. Lejos de que la FGE investigue a los criminales, persigue a los que protestan”.
Dado que han tenido mesas de trabajo en diferentes administraciones estatales, Plácido Valerio aclaró que no sólo es hablar, sino definir qué les toca hacer, también como sociedad, a los padres de familia, al municipio, al estado y a la federación.
Sin embargo, consideró que el error del gobierno es la centralización, porque al iniciar el diálogo, “lo primero que hacen (las autoridades) es criminalizar para satanizarte ante la opinión pública, pero me pregunto, ¿el tema de las drogas es Costa Chica, es de la UPOEG?, ¿no está en la Montaña? Está en todos los rincones del estado, en el magisterio, hemos identificado maestros que se periquean, que venden droga, y no es un tema de mesa de paz”.
Aclaró que la detención de líderes del sistema de seguridad y justicia de policía ciudadana de la UPOEG no disminuyó la distribución de drogas en la Costa Chica.
“Al estado no le interesa que la ciudadanía se organice, siente que, si uno ayuda, le quitas el negocio. Hay un trasfondo que no lo dicen. El sistema de seguridad estatal, no lo ven como una responsabilidad, sino como algo que se tiene que agradecer, gracias a ellos tu vives, aunque eres víctima.
Reconoció que la policía ciudadana y comunitaria de los pueblos que se han levantado en diferentes regiones, fue infiltrada para generar una desviación, “hay contrainsurgencia, el Ejército lo maneja muy bien, para  desvirtuar, para que te canses”.
Aunque el diálogo es instrumento universal, aclaró que no es infinito. “Una cosa es hacerte tonto, y no resolver, y puede llevarte 15 años dialogando, el diálogo tiene un límite, muchos de estos diálogos se convierten en someterte, sino estas conmigo estas fuera de la ley”.

Protestan restauranteros de Puerto Marqués en la oficina de Evelyn

Restauranteros y prestadores de servicios turísticos afectados por la Marina Majahua de Puerto Marqués, en Acapulco, se manifestaron afuera de la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado Foto: El Sur

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Restauranteros y prestadores de servicios turísticos afectados por la Marina Majahua, de Puerto Marqués, protestaron en la oficina de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el edificio de la sede del poder Ejecutivo, para exigir una reunión ya acordada con el director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros.
Esto, luego que al llegar a la hora de la cita, prevista a las 4 de la tarde, les indicaron que sería atendidos por el secretario de otro funcionario, lo cual implicada volver a explicar un problema que data hace 13 años, y que ya se ha conversado con el funcionario en mesas de trabajo.
Los comerciantes insistieron en que el gobierno estatal les ayude a recuperar sus fuentes de empleo, en lugar del apoyo mensual que han recibido durante años, pero que no resuelve su manutención.
El restaurantero Concepción Palma señaló: “Ya no queremos que el gobierno nos sigan manteniendo, porque nos hace más pobres. Lo que queremos es nuestra fuente de empleo, para tener un poco más”.
Aclaró que agradecen la ayuda, “que ha sido muy necesaria, pero nos hace más pobres y no nos alcanza”.
Sobre el problema, recordó que la construcción de la marina Majahua, por el grupo Mexicano de Desarrollo, derivó en cambio de las corrientes marinas que hicieron playa donde no había, y elevó el nivel del mar sobre 14 restaurantes, desde el María de Jesús hasta el Xóchilt, de donde dependían cuatro o cinco familias en cada uno.
Indicó que el apoyo del gobierno estatal, que se mantiene en esta administración, es entregado en parte por los propietarios a sus hermanos, pero no hay un acuerdo concreto para recuperar sus trabajos.
En este tenor, informó que obtuvieron la reunión la tarde de este martes en Chilpancingo, pero no encontraron al funcionario.
Cuando los enviaron con un subalterno de la Secretaría General de Gobierno, de donde depende la Dirección General de Gobernación, decidieron manifestarse en el despacho de la gobernadora, y se instalaron en el lobby del edificio Centro. Al mismo tiempo, personal de seguridad se colocó como barrera para inhibir otras conductas.
Concepción Palma aclaró que su manifestación fue pacífica y así lo entendió después el personal de seguridad.
Después de dos horas, indicó que llegó el director de Gobernación para la reunión, y se comprometió a enviar a un equipo de Protección Civil en los siguientes días, para evaluar la situación y proponer una alternativa.
Recordó que en un primer estudio, el Instituto Politécnico Nacional planteó la colocación de la pilotes, para elevar los restaurantes y que las corrientes de agua pasen por abajo, pero la compañía responsable de los daños sólo rellenó el lugar, pero no corrigió el problema.
“Creo que fue plan con maña, sólo los que tienen el poder salieron beneficiados”, denunció.

Ofrecen la permanencia de un grupo del Ejército a vecinos de El Durazno tras la masacre

Arriba los ataúdes de las víctmas de la masacre del sábado en El Durazno, en una galera de esa localidad. Abajo, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros platica con vecinos en ese pueblo de Coyuca de Catalán, acompañado de efectivos de la Marina Fotos: El Sur

Brenda Escobar / Lourdes Chávez

Zihuatanejo / Chipancingo

Este lunes el director general de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros estuvo en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, y ofreció a los pobladores que se quedará un grupo de militares para darles seguridad tras la masacre de siete vecinos.
El sábado en la tarde siete campesinos fueron asesinados en la escuela primaria de esa comunidad ubicada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán por sicarios que según testigos estaban encabezados por el jefe del grupo delincuencial La Familia Michoacana, Johnny Hurtado.
Vecinos consultados vía telefónica dijeron que Francisco Rodríguez visitó la galera en la que velaban a los siete campesinos, entre ellos a un adolescente de 15 años, ahí le comentaron cómo fue que ocurrieron los hechos y les señalaron que sólo seis se acercaron ese sábado que los hombres armados llegaron, “y ahí los mataron, los dejaron desfigurados de la cara, eran como unos 50 hombres armados”.
El funcionario, a nombre del gobierno del estado ofreció que en esa comunidad se quedará un grupo de militares para resguardarlos, mantener la paz y garantizarles la seguridad, pero los habitantes le exigieron que ahí en El Durazno se establezca una base o un cuartel permanente del Ejército, para que no vuelva a ocurrir un hecho similar.
Los habitantes de El Durazno coinciden en que no tiene caso que los militares estén un par de semanas en la localidad mientras se pasa “la conmoción” por lo ocurrido y luego se retiren, porque de ser así, aseguraron que no tardará en empezar a observarse el desplazamiento de familias hacia lugares más seguros o menos violentos, “van a empezar a abandonar sus viviendas para evitar perder la vida a manos de ese grupo delincuencial”.

Maestros y el doctor tienen miedo

La ex comisaria municipal de El Durazno, Mariflor Chávez Tello informó vía telefónica que ayer lunes los habitantes de la comunidad andaban ocupados para ir a sepultar a cuatro de los campesinos acribillados, “porque ya van a tener 48 horas de muertos y empiezan a oler”.
Agregó que tres de ellos serían llevados a otras ciudades del estado y del país para sepultarlos porque así fue decisión de sus familias, y que serían escoltados por militares para bajar a la costa.
Luego dijo que seguían sin tener noticias del campesino Cecilio Chávez, de quien desconocen su paradero desde el sábado que salió a trabajar a su rancho, el cual queda en el camino que tomaron los agresores para entrar y salir de El Durazno, “ahorita estamos algo ocupados en llevar a sepultar a los muertos porque ya empiezan a estar en estado de descomposición, entonces creo que al regresar de sepultarlos vamos a ver cómo le hacemos para ir a buscarlo, a ver si lo encuentran y en qué condiciones lo encuentran”.
Chávez Tello expuso que debido a lo que pasó en la escuela las clases quedaron indefinidas pues los maestros, por temor, se retiraron, “y tampoco tenemos doctor, así como tampoco hay maestro en la telesecundaria después de lo que ocurrió en septiembre pasado, cuando mataron al profesor en una discusión de personas que estaban ingiriendo alcohol”.
Dijo que desde entonces el nuevo maestro que iban a enviar fue retenido en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, pues fue el alcalde Eusebio Echeverría Tabares quien le mal informó a las autoridades educativas del gobierno del estado que “en El Durazno estaba muy peligroso, que no subieran, eso fue lo que le dijo un subsecretario de Educación a la comisaria municipal, que por eso no mandaban al nuevo maestro y desde entonces no ha habido clases”.
Agregó que con lo que pasó el sábado, los maestros de la primaria tienen miedo y por eso las clases se van a quedar suspendidas y desconocen hasta cuándo quieran regresar, y sí había doctor pero también se fue”.
Comentó que a través de las redes sociales se siguen enterando de más amenazas de los agresores, “de perfiles falsos en Facebook”.
Luego manifestó que “si no hay seguridad vamos a seguir así, y lo único que va a pasar es que todos los pueblos así como el nuestro se van a quedar solos, así como ha habido mucho desplazamiento de personas a causa de la nula seguridad y la falta de una fuente de ingresos que no sea relacionada con enervantes, porque no hay dónde trabajar, la gente de la sierra se va a seguir desplazando a las ciudades por falta de oportunidades”.

Ya no hay paz, que es requisito para la cabecera del nuevo municipio, dice la presidenta del comité gestor

Mariflor Chávez, quien es la presidenta del comité gestor para la creación de un nuevo municipio que estaría conformado por 113 comunidades de la parte serrana de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán y que tendría la cabecera municipal en El Durazno, dijo que al menos este lunes lo más importante era sepultar a los difuntos, y que sería a partir de este martes cuando ya podrían tener más despejado el pensamiento para analizar qué van a hacer.
Comentó, “de hecho ahorita estamos como suspendidos, no sabemos, ahorita primero necesitamos enterrar a nuestros muertos y yo creo que a partir de mañana (hoy) martes, veremos si las autoridades nos van a decir si el proceso sigue o si nos van a decir que ya no por el problema”.
“Desafortunadamente las personas que no quieren que se haga el nuevo municipio en nuestra comunidad pues lograron su cometido de que no se hiciera, o de que se detuviera o que nos dijeran que no es el lugar idóneo porque hay inseguridad, ese era uno de los requisitos, que hubiera paz, y pues a los que no les convenía que esto siguiera adelante con todo lo que se había avanzado, pues ya lograron echar abajo una parte, cortaron el camino que ya se había caminado”.
Expuso que lo que pasó el sábado, “no fue por nosotros, nosotros no provocamos, claro que no, fue como siempre y como en otras ocasiones y como el principio de toda esta guerra que se ha hecho de ciertos grupos contra nuestras localidades, ha sido sólo provocación y nosotros nos hemos mantenido al margen, y pues ya hemos visto anteriormente en años anteriores todo lo que ha sucedido con las mismas personas de aquí”.
Instalan una BOM

El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros informó de la instalación ayer de una Base de Operaciones Mixtas alrededor de El Durazno en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán, donde hombres armados presuntos miembros de la Familia Michoacána asesinaron a siete pobladores la tarde del sábado.
De regreso de la localidad, el funcionario estatal se conectó vía remota a la difusión del informe semanal en línea de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, para informar que la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron una operación en la zona, para generar condiciones de estabilidad y paz social.
Indicó que ayer dialogó con autoridades comunitarias, agrarias y con los pobladores para comenzar una serie de actuaciones de la Fiscalía Géneral del Estado, de investigación, y de la Policía Estatal en seguridad pública.
Confirmó que la población “está inquieta”, dados los hechos violentos del sábado y las amenazas que continuaron el domingo, sin embargo, este lunes hubo “un reconocimiento a la actuación del gobierno del estado y de la Sedena en coordinación con la FGE, que ha dado tranquilidad a las autoridades locales”.
Mediante esta dirección general de Gobernación, dijo que se brindó atención médica, psicológica y social que demandan los ciudadanos.
Pese a que la comunidad demandó la presencia permanente de las autoridades, Rodríguez Cisneros dijo quehabrá presencia institucional, “los próximos días para atender la problemática social que se vive en la zona”.
Con un boletín de prensa, el gobierno del estado también informó de la visita que encabezó el director de Gobernación a El Durazno, “para proteger a las familias de las siete personas que perdieron la vida en los hechos de violencia ocurridos en días pasados”.
Destacaron la coordinación con la comisaria municipal, Azucena Rosas García y el presidente del Comisariado Ejidal, Ignacio Chávez para agilizar el traslado de tres de los cuerpos hasta el puerto de Zihuatanejo, mientras que los cuatro restantes serán sepultados en la localidad.
Aseguraron que se autorizó la petición de la población de permanencia de las fuerzas del orden en la zona. Adelantó que enviarán atención alimentaria y apoyo psicológico.

También acudió la fiscal

En un boletín, la Fiscalía General del Estado informó que la fiscal “brinda atención a familiares de víctimas de la comunidad” El Durazno, en Coyuca de Catalán.
Sandra Luz Valdovinos Salmerón se encuentra en la comunidad “con la finalidad de brindar atención directa y escuchar a los familiares de las víctimas, en seguimiento a los hechos ocurridos este 10 de diciembre del presente año en dicha población”, dice el boletín.
“Este acercamiento responde al propósito de brindar la atención oportuna y darles a conocer los avances de las investigaciones, así como continuar con el diálogo permanente”, agrega.