Oficializan varios días después aumentos del 6 al 25% en pasajes que ya se cobraban

Un camión con aire acondicionado del transporte público de la ruta Caleta- Base, en Acapulco con el nuevo precio de 15 pesos pintado en el parabrisas desde el 9 de abril Foto: Jesús Trigo

Yee Trujillo

El gobierno estatal publicó el pasado 23 de abril en el Periódico Oficial el acuerdo por el que se aprueba un incremento diferenciado del 6 al 25 por ciento en tarifas del transporte público en la entidad “conforme a las características regionales”, en el que se indica que la tarifa para los taxis azules de Acapulco será de 70 pesos; se confirma que los camiones urbanos cobrarán 15 pesos, y el Acabús 14, mientras que algunas rutas del área conurbada o rural tienen autorizados de 30 hasta 50 pesos, como los taxis a Xaltianguis y Platanillo-Paso Texca.
Diez días después de que se autorizó el incremento en las tarifas de transporte público en la entidad, el gobierno del estado publicó la lista de precios de pasaje autorizados en el Periódico Oficial del Estado.
La publicación se hizo el jueves 23 de abril en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado pero el aumento al costo del pasaje se anunció en un boletín del gobierno el lunes anterior.
El documento explica que el 3 de marzo la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, elaboró el estudio técnico-económico de costos de operación del servicio público de transporte, mediante el cual se acreditó la homologación del equilibrio de los costos de operación, mismo que fue analizado en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico el 13 de abril y se aprobó “un incremento diferenciado del 6% al 25”, conforme a las condiciones operativas, económicas y regionales.

Tarifas en la capital

En Chilpancingo en la modalidad mixto doméstico se expone que la tarifa publicada antes en el Periódico Oficial es de 50 pesos. La actual o real es de 70 y la propuesta aprobada es de 100; el taxi tenía autorizados 61 pesos, se afirma que la tarifa actual es de 55 y que la nueva será de 60. Mientras que el transporte “urbano”, que serían las Urvans, pasan de ocho a 10 pesos, lo que en realidad ya cobraban los concesionarios desde el 6 de abril, como se advirtió en estas páginas.
El acuerdo por el que se autoriza la reestructuración de las tarifas del servicio público de transporte en el estado fechado el jueves de la semana pasada, disponible en internet, aglutina las rutas de la zona conurbada de Acapulco en 46 y 10 en la urbana, y es firmado por la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y el secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada.
En el municipio de Chilpancingo se incluyen 59 rutas en la capital y las comunidades, algunas tienen aumentos entre las tarifas oficiales de 10 pesos, el servicio mixto de ruta a Coayuquillo pasa de 56 a 70 pesos, el sitio de taxis Carrizal de 61 a 85, y los de La Haciendita, Dos Caminos y Mohoneras de 61 a 80, el de Ocotito de 61 a 75, el mixto doméstico de Mazarán de 27 a 45, el mixto de ruta Ciruelar-Tierra Colorada de 90 a 105 y al Kilómetro 42 de 160 a 180.

Las tarifas en Acapulco

Respecto al Acabús, el ajuste tarifario indica que la tarifa en la ruta troncal que había era de 11 pesos y que esta era también la tarifa real. Sin embargo, El Sur informó que desde el 12 de abril la tarifa ya era de 14 pesos, y apenas en octubre del año pasado había pasado de 11 a 13 pesos. En la modalidad de urbano de este sistema de transporte se afirma que pasa de 12 a 15 pesos, y que en la ruta alimentadora era de 8 pesos, la tarifa real de 9 y ahora será de 14.
Para la zona urbana de esta ciudad expone que los taxis azules tenían como tarifa 45 pesos, la real eran 70 y así se aprobó. La tarifa de los camiones urbanos c/a (con aire acondicionado) y los normales era de 12 pesos, que la real era la misma y que la nueva son 15 en ambos casos; el taxi amarillo a Cumbres de Llano Largo costaba 19 pesos, la tarifa real era 25 y así permanecerá, e indica las mismas cifras para la zona poniente. En el caso de las Urvan que conectan diversas colonias con el centro indica que pasan de 12 a 15 pesos, sin embargo en distintas zonas de la ciudad cobran 18 pesos el pasaje.
En la zona conurbada el documento autoriza el aumento a 25 pesos en taxis amarillos, aunque esta tarita la cobran los choferes desde hace más de dos años, luego que impactó el huracán Otis en Acapulco, de 12 a 15 pesos en los camiones urbanos y Urvan, a excepción de las rutas alimentadoras de Casitas El Quemado, Villa Madero y Benito Juárez que cobrarán de 14 pesos. El servicio de transporte Aguacaliente-Cruces, a El Treinta, Barra Vieja-Glorieta de Puerto Marqués y El Treinta-Dos Arroyos costará 30 pesos; 35 a los Kilómetros 40 y 42, Lomas de Chapultepec-Barra Vieja, Ocotillo-Paso Texca, San José Tasajera-Paso Texca; 40 pesos a El Treinta-Guajes; 45 a El Treinta-Alto del Camarón; 50 pesos en taxi amarillo a Xaltianguis y en la ruta alimentadora Platanillo-Paso Texca.
Sin embargo, como se ha publicado en estas páginas, en repetidas ocasiones los choferes de los colectivos aumentan las tarifas de forma arbitraria cuando llueve, cuando ocurren hechos violentos y escasean los vehículos, cuando hay tráfico sobre todo de la Escénica hacia la Costera, y en Navidad y Año Nuevo cobran el doble.
Otro ejemplo son los taxis colectivos que van del área de El Coloso a la Costera por la Escénica o hacia el centro por La Sabana que desde el huracán Otis ya cobraban 25 pesos, y las Urvan Vacacional-Aeropuerto ya cobran 18, y en la zona poniente los colectivos de las tres secciones de la Jardín cobran 25 o 27 pesos desde hace meses, dependiendo del criterio del chofer, y aumentan la tarifa conforme a la zona a la que se dirige el pasajero.
El tabulador también incluye servicios fuera de Acapulco que salen de Las Cruces como las Urvan a San Marcos que pasan de 56 a 70 pesos, taxis amarillos hacia Chilpancingo con una variación de 120 a 130 pesos, y a Tierra Colorada, de 90 a 100.

Iguala y Zihuatanejo

En Iguala, donde hay 106 rutas, la modalidad carga y mudanza pasa de 310 a 348 pesos, el mixto de ruta Iguala-Balsas de 56 a 70 pesos, Iguala-Mezcala de 50 a 68 pesos, a Atzacala se pasará de una tarifa oficial de 89 a 120 pesos, a Teloloapan de 110 a 135 y a Amatitlán el cobro actual de 150 pasará a 180. En tanto el servicio suburbano aumentará a 13 pesos, de 11 que costaba, el urbano de 9 a 11 pesos, el taxi de 35 a 40 y el mixto doméstico de 110 a 124.
Zihuatanejo, con 55 rutas, tendrá aumentos oficiales en las Urvans de dos a cuatro pesos, aunque la mayoría ya tenía un “cobro actual” intermedio, y el camión urbano pasará de 9 a 13, pero ya cobraba 12. En la cabecera la tarifa de taxi subirá de 40 a 55 pesos, y la actual era de 45; en Ixtapa cambiará de 55 a 120, aunque la real ya era de 110, según el documento.
“La presente determinación tiene por objeto restablecer el equilibrio de los costos de operación, garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio público de transporte, y proteger el interés público evitando incrementos desproporcionados”, afirma el Acuerdo, y en los transitorios señala que entrará en vigor el 13 de abril de 2026.
Añade que los concesionarios y permisionarios deberán respetar las tarifas autorizadas, exhibirlas en un lugar visible dentro de los vehículos, y cumplir las condiciones de seguridad, capacidad, horarios y calidad del servicio.
El lunes de la semana pasada El Sur informó que choferes informaron que el pasaje de las Urvans aumentaría a partir del 1 de mayo, al igual que los camiones urbanos, y que los de aire acondicionado cobrarían 19 pesos, pero esto último no se establece en el Acuerdo. A mediados de mes el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que se analizaban sanciones para los transportistas que adelantaron el aumento sin esperar que se emitiera el Acuerdo.

 

Ya hay acuerdo en el hotel Las Hamacas para terminar la huelga, dice el líder Rodolfo Escobar Ávila

El secretario general de la Confederción de Trabajadores de México (CTM) en Guerrero, Rodolfo Escobar Ávila, dijo que ya hay un acuerdo con la dueña del hotel Las Hamacas y los 20 trabajadores que se encuentran en huelga desde hace casi nueve meses y “en este mes se arregla y va a seguir abierto el hotel”.
En declaraciones a reporteros, el líder sindical dijo que la propietaria del inmueble dijo que el proyecto de remodelar el inmueble, “ya nos confirmó la dueña, ya nos aseguró que vamos a seguir, que la remodelación será muy lenta”.
Explicó que los trabajos serán lentos porque el seguro de riesgo no les pagó, como sucedió en otros hoteles que “han abierto al 50 o 60 por ciento, pero Acapulco está a un 95 por ciento en actividades”.
“Claro que se les van a pagar sus prestaciones, porque ya llegamos a ese diálogo, a esa plática con la dueña y les tienen que pagar todo lo que les deben a los trabajadores, a quienes les deben salario, utilidades, aguinaldo”.
El conflicto laboral se debe a un adeudo de más de 3 millones de pesos en salarios; la huelga empezó el 1 de julio de 2025, por 20 trabajadores afiliados a la CTM y los acuerdos tomados quedarán por escrito ante los tribunales federales con la finalidad de que cada uno de éstos se cumpla.
Por otra parte, el secretario dijo: “estamos muy contentos porque Acapulco todos los días tiene turismo, ya viene la Semana Santa, es la temporada más importante y ya está vendida la hotelería y eso lo valoramos mucho”. (Aurora Harrison).

Acuerda Cecop marchar en la capital para exigir justicia por el asesinato de su vocero

 

Ramón Gracida Gómez

En la asamblea de ayer del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se convocó a marchar el 24 de abril en Chilpancingo para exigir justicia a un año del asesinato de su vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, criticó a las autoridades por no detener al responsable del crimen contra el líder comunitario, quien fue atacado a balazos en la playa Icacos, donde trabajaba, el 18 de abril de 2025 y murió en el hospital siete días después.
Ayer estaba previsto el encuentro en el embarcadero El Fraile del Cecop con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), pero las autoridades no llegaron a la cita.
El objetivo es que las dependencias municipal y federal gestora del agua, informaran de los proyectos en diversas comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para abastecer de agua a sus vecinos.
La construcción de pozos de agua en las localidades de Cacahuatepec, San Pedro Cacahuatepec y El Carrizo es producto del acuerdo entre el Cecop y los gobiernos municipal y federal para permitir el avance de la obra de los tres pozos radiales en la ribera del río Papagayo, frente a la comunidad de Aguacaliente.
Los pozos radiales son una obra millonaria que forma parte de la reconstrucción de Acapulco tras los huracanes Otis y John que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ayer también se iba a informar del proyecto de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) en Salsipuedes, obra acordada desde diciembre de 2024 tras la toma de las instalaciones del sistema Papagayo II ubicadas en Salsipuedes por parte de sus vecinos para exigir, entre otras demandas, el acceso al agua, y que hasta el mes pasado se les informó por primera vez del avance de las obras.
Este domingo, vecinos de Parotillas, donde la bomba de agua se quemó, Los Ilamos y Rancho las Marías, informaron a sus compañeros las visitas de la CAPAMA para avanzar en los proyectos que dieron a conocer los funcionarios municipales el 22 de febrero pasado. La CAPAMA también visitó hace unos días las comunidades El Carrizo y Garrapatas, puntualizaron los habitantes.
Pese a los avances, no obstante, vecinos de El Cantón denunciaron que no sirve una de las dos bombas de agua ubicadas en Cacahuatepec y que surten a ambas localidades y también a Huamuchitos, entonces el abastecimiento de agua sigue siendo intermitente.
En la asamblea que se llevó a cabo a las 12 de la tarde y a la que acudieron unos 40 campesinos, también se habló de la necesidad que otras comunidades con problemas de abastecimiento de agua sean incluidas en los proyectos que ejecuta la CAPAMA, como son Amatillo, El Bejuco, Las Chanecas y Tasajeras.
Por primera vez, un grupo de campesinos de Pochotlaxco acudió a la asamblea del Cecop para unirse a la lucha por la defensa del territorio y el acceso al agua del río Papagayo que siguen abanderando los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

 

Incumple el Congreso y no comparecen 11 secretarios por la glosa del informe

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Congreso local incumplió su propio acuerdo parlamentario al no llamar a comparecer a once secretarios de despacho, quienes quedaron pendientes de asistir como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El pasado lunes fue la última sesión del año de los diputados locales, y concluyó con la aprobación de leyes de ingresos, tablas de valores de los municipios y la Ley de Ingresos el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.
Aún con dichas aprobaciones, el Legislativo arrastra el pendiente de once comparecencias, que por falta de tiempo y decisiones por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fueron pospuestas. Hasta hoy se desconoce si podrán retomarlo para el 2026, aunque ya estén fuera de los tiempos legales.
Los titulares de dependencias pendientes a comparecer son los de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren); Secretaría de la Mujer; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Secretaría de Cultura; Secretaría Para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos; Secretaría de la Juventud y Niñez; Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; Y la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.
El acuerdo aprobado por el pleno del Congreso local el pasado 19 de noviembre estableció que los once secretarios restantes podrán acudir a comparecer “previo acuerdo de sus integrantes las Comisiones Ordinarias de este Poder Legislativo, a través de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política”, órgano responsable de solicitar al funcionario su presencia en el Legislativo.
Se sabe por medio de fuentes legislativas que los secretarios que fueron llamados a comparecer son los de Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorea; Semaren, Ángel Almazán Juárez y la de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, pero que dichas solicitudes fueron detenidas en la Jucopo.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, en el segundo párrafo del artículo 73 indica que “los secretarios de despacho del gabinete estarán obligados a presentarse ante el Poder Legislativo durante el mes de noviembre, para la glosa del informe, y para responder a los planteamientos que sobre este último hagan los diputados”.
Además de poner las comparecencias a consideración de las comisiones, algo nunca hecho por el Legislativo, realizarlas el próximo año sería hacerlo fuera de la ley.
Aunque la Constitución es clara en los tiempos, que dice que las comparecencias deben ser en noviembre, existe el vacío legal sobre qué secretarios deben acudir, sobre si es obligatorio que acudan todos ante el pleno o si hay sanciones para quienes no se presenten.
Las únicos titulares de dependencias que acudieron a comparecer ante el pleno fueron la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; de la Secretaría de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada; de Educación, Ricardo Castillo Peña; de Salud, Alondra García Carbajal; de Planeación y Desarrollo, René Vargas Pineda; de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; de Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel y a puerta cerrada, el de Seguridad Pública, Antonio Ledesma Osuna.

 

Trabajadores aceptan la liquidación y dan fin al cierre de un año del parque acuático CICI

Pancarta colocada en las instalaciones del CICI, en dónde los trabajadores agradecen a la gobernadora Evelyn Salgado su intervención para solucionar el conflicto laboral Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

Ayer concluyó el cierre del par-que acuático CICI de Acapulco, a un año de que 41 trabajadores iniciaron una protesta para exigir el pago de salarios caídos, que se convirtió después en la lucha para exigir su liquidación y el pago de prestaciones conforme a derecho, luego de que la empresa Grupo 92 retiró la inversión de reactivación del parque.
A primera hora del día, el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, Ricardo Salinas Méndez, acudió al parque acuático ubicado en la avenida Costera, en Costa Azul, donde los 23 trabajadores sindicalizados y de confianza que faltaban por aceptar un acuerdo de liquidación con el gobierno del estado, firmaron, e hicieron entrega del inmueble.
El pasado 4 de noviembre un primer grupo de 18 de sus compañeros, aceptaron la liquidación y el ofrecimiento que se hizo por parte del gobierno del estado por medio de la Promotora Turística, y en esa ocasión la negociación la llevó el director del organismo, José Luis González de la Vega Otero.
En una visita al inmueble, antes del mediodía, sólo se observó una manta donde se leía “agradecemos sinceramente a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por su interés y apoyo en la solución del pago a los trabajadores del Cici y a la intervención del oficial mayor del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas Méndez”, y un candado colocado en la reja, y ya no se encontró a ningún trabajador.
En un boletín, el gobierno del estado informó que se alcanzaron acuerdos con las y los trabajadores del inmueble, “privilegiando siempre el respeto a sus derechos laborales y con la firme intención de garantizar certeza y acompañamiento en esta nueva etapa”.
Se indicó que una vez que se aceptó el acuerdo, el gobierno del estado recibió el inmueble”. Ya en manos del gobierno del estado, el inmueble será entregado a la empresa Sofmarfun que es la nueva inversionista que construirá el parque acuático, y que invertirá 200 millones de pesos.
El oficial mayor destacó que con este paso se abre la ruta para potencializar el CICI y convertirlo nuevamente en un referente turístico y recreativo de Acapulco, anticipando que el próximo año comenzarán los trabajos de transformación y se anunciarán inversiones de gran relevancia para la región, se indicó.
La protesta de los trabajadores inició en diciembre de 2024, cuando hicieron un bloqueo intermitente en la avenida Costera, para exigir el pago de las quincenas de octubre, a la empresa Grupo 92 propiedad del empresario y titular de la Unidad de Administración de Finanzas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación federal, Raúl Pérez Durán, quien tomó la inversión luego de que en 2023 se retiró El Rollo, que durante 10 años operó el parque acuático, luego vino el huracán Otis, y el parque ya no se reabrió.
Las autoridades no han informado qué sucederá con el arrendamiento de dos espacios que se dieron a una cadena de tiendas de conveniencia, y que según el director de Protur, Grupo 92 sub arrendó a la cadena, sin facultad.
El director de Protur, José Luis González, de la Vega Otero, indicó que el pasado 23 de octubre el gobierno del estado mantiene una acción legal contra la empresa, por el incumplimiento del contrato que tenía, además de otro proceso de los trabajadores en el Tribunal Laboral.

Acuerdan pausa autoridades y defensores del muelle de Puerto Vicente Guerrero

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Integrantes del Movimiento para la Defensa del Muelle de Puerto Vicente Guerrero se reunieron con autoridades de los tres órdenes de gobierno y acordaron que se hará una pausa temporal a la mesa de negociación mientras reciben una respuesta por parte de la Presidencia de la República.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la 18 Zona Naval en Zihuatanejo, el pasado viernes 10, presidida por el comandante de esta Zona Naval, Camerino Roa Vidal; el secretario de Turismo en Guerrero, Simón Quiñones Orozco, y la presidenta municipal de Tecpan de Galeana, Alba Iris Soberanis Hernández.
Fue por medio de un boletín informativo conjunto acordado entre las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y los integrantes del Comité para la Defensa del Muelle de Puerto Vicente Guerrero, que se dio a conocer que además participaron en esta reunión, el comisario municipal de Puerto Vicente Guerrero, Víctor Manuel Paniagua Ortiz; el representante de la Semarnat en Guerrero, Armando Sánchez Gómez; el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Juan Méndez Nogueda; el representante de la Secretaría de Gobernación, Rafael Montalbán Astudillo; el delegado de la Profepa en Guerrero, Alfredo Gómez Suástegui, entre otros funcionarios.
El boletín indica que, el comandante de la Zona Naval, Camerino Roa Vidal, “reiteró la disposición de las instituciones federales y estatales para mantener un trabajo coordinado que privilegie la paz social y el desarrollo ordenado de esta importante zona costera”.
Agrega el comunicado que durante la sesión, participaron el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, y la alcaldesa de Tecpan de Galeana, Alba Iris Soberanis Hernández, “quienes, junto con autoridades federales, refrendaron el compromiso del gobierno de Guerrero de continuar impulsando el diálogo permanente y la búsqueda de soluciones consensuadas con la comunidad”.
El boletín cita que en representación de los prestadores de servicios turísticos y pesqueros, “el dirigente José Martínez Espino solicitó a las autoridades establecer una pausa temporal en la mesa de negociación, en tanto se recibe respuesta a la solicitud enviada a la Presidencia de la República”.
“Asimismo, se acordó que durante este periodo de espera no se harán protestas, bloqueos ni manifestaciones, manteniendo abierta la mesa de trabajo como un espacio de comunicación y concertación entre los tres órdenes de gobierno y la comunidad local”, concluye.

Que no es un desalojo, es una recuperación de terrenos federales, dice la Marina

Ayer domingo, consultado vía telefónica, sobre más detalles de esta reunión de seguimiento al tema de desalojo de la dársena de Puerto Vicente debido a que la Secretaría de Marina-Armada de México pretende construir ahí una base naval, el empresario y vocero del Comité de Defensa del Muelle de Puerto Vicente, José Martínez Espino, dijo que este domingo por la tarde tendrían una reunión todos los posesionarios de la dársena para analizar cuáles serán las acciones a seguir en este movimiento.
Y es que, comentó, por lo que pudieron notar en la reunión del viernes, “las autoridades ya traen muy organizado, muy trabajado ahí el tema del desalojo; esta vez, por primera vez acudió la presidenta municipal para estar en la reunión, pero los funcionarios estatales y federales están como muy coordinados entre ellos, nos hicieron algunas propuestas de apoyos que iban a sectorizar en la dársena, restauranteros por un lado, pescadores por otro, hoteleros por otro lado y las viviendas por otro y obviamente que no aceptamos”:
“Nosotros les dijimos que somos un grupo que hemos trabajado siempre juntos y que queremos que nos traten de esa forma, que nosotros queremos que el proyecto se haga o no se haga, si nosotros logramos poner a salvo nuestras posesiones y quedarnos en la dársena, nos vamos a quedar todos y si nos vamos, nos vamos a ir todos, ese fue el acuerdo de los representantes de los diversos sectores que estamos en el comité”.
Agregó que, “obviamente como no lo aceptamos, la idea principal fue que este lunes se cumple ya el plazo que nos indicaron para ponernos de acuerdo, para llamar y ver cuál es el curso de la petición que le hicimos a la presidenta y nosotros pusimos ese punto de acuerdo en la minuta, que será hasta que la presidenta de la República nos responda, ya sea favorable o desfavorablemente a nuestra petición”.
“Mientras tanto, nosotros aceptamos la propuesta de ellos de que no haríamos bloqueos en la carretera o manifestaciones en la carretera, pero sí, cada vez endurecen más su postura, sobre todo el comandante de la 18 Zona Naval, el vicealmirante Camerino Roa, el anuncio más importante que dio ahí en la reunión fue que ya la Marina pues terminó de hacer todos sus trámites de petición, de solicitud de la concesión de la zona federal de la dársena, como si ahí no existiera nadie, como si fuera un tema solamente de legalidad y que fuera un tema exclusivamente de estar teniendo posesiones”.
Martínez Espino lamentó la postura de la Marina, “a ellos no les importa, así lo demostraron, que si somos 500 familias, decir que sólo habemos 19 posesionarios según ellos, el de los negocios, entonces, para ellos no cuentan todo lo que gira alrededor de la economía de Puerto Vicente Guerrero y es ahí donde yo creo que nunca vamos a coincidir porque nosotros estamos anteponiendo el tema de que toda la gente que trabaja y vive y hace su economía en Puerto Vicente, en los negocios de la dársena”.
Dijo que a esas personas, “también tenemos que tomarlos en cuenta porque se quedarían sin una manera honesta de ganarse la vida, una manera limpia de llevar la comida a sus hogares, ellos, el gobierno, están obviando la parte social, la parte económica de lo que significa un desalojo”.
“Ahora salieron también con la nueva modalidad de que no nos van a desalojar, que no es un desalojo, por las mismas palabras del vicealmirante, ahora usan el término de “una recuperación de terrenos federales”, entonces, cada quien le llama como quiere al tema, para nosotros siempre será la pretensión de un desalojo, de unas posesiones, en el caso de unas cooperativas y algunos restaurantes, por décadas hemos estado ahí”, apuntó.

Ya se prepara un diálogo con empresarios sobre temas que les afectan, anuncia el subsecretario

El subsecretario de Desarrollo Político y Social Francisco Rodriguez Cisneros en una sala de la Secretaría General de Gobierno en la entrevista con El Sur Foto: El Sur

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, indicó que están en proceso de concretar una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el seguimiento de las mesas de trabajo que realizaron el año pasado, en respuesta a un reclamo de diferentes sectores económicos afectados por la violencia, huracanes y el incremento del costo de licencias y permisos comerciales.
Consultado en su oficina sobre la carta que asociaciones enviaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el colapso económico en Acapulco, cierre de negocios en Chilapa y una invitación a la próxima feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo, para hablar de la situación que han padecido en los últimos años, el funcionario estatal informó que las autoridades discutieron esta situación.
Indicó que en reunión con el fiscal Zipacná Jesús Torres Ojeda, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma Osuna, representantes del gobierno de México por medio de la Defensa Nacional, acordaron reunirse con los empresarios para informar las acciones que están emprendiendo y recibir de ellos sus opiniones.
Recordó que líderes empresariales también han reconocido antes, las acciones que ha hecho el gobierno del estado. “Siempre lo he dicho, que se dan incidencias en algunas regiones de la entidad, pero también se debe reconocer la labor que se hace, de acuerdo con la cifras oficiales, hasta septiembre, nosotros estamos reduciendo todos los índices de violencia, por la presencia importante de seguridad pública, con el apoyo del gobierno de México”.
Indicó que en Acapulco hay detenciones importantes de personas que se dedican a la extorsión y al secuestro.
Resaltó la intervención en Taxco, en alusión a la crisis del transporte público tras el asesinato de un conductor en enero de 2024, donde ya no hay registros de homicidios desde la intervención integral; “porque las denuncias se atiende desde la parte política como con las unidades (de seguridad pública)”, puntualizó.
Del incremento al costo de licencias y permisos comerciales que llevó al cierre de hoteles y restaurantes, aclaró que es un asuntos de los ayuntamientos y sus cabildos, porque los impuestos del gobierno del estado no han aumentado, “al contrario, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ha mantenido una cercanía importante con los empresarios de Acapulco”.
Destacó que en Acapulco se está trabajando a marchas forzadas para que, cuando se celebre el próximo Tianguis Turístico en el puerto, haya resultados, aunado a las campañas para impulsar los destinos tradicionales del estado, y localidades de la Costa Chica y Costa Grande, con esta vocación.
Para actuar, por ejemplo, en Chilapa donde empresarios seña-laron la pérdida del emblemático tianguis de artesanos por la vio-lencia en 2016, el cierre del res-taurante Casa Pilla, tras 100 años de operación, Rodríguez Cisneros dijo que se tiene que hacer de la denun-cia un instrumento para actuar como ciudadanos y autoridades.
Recordó que en el primer diálogo con el Consejo Coordinador, los llamaron a presentar denuncias.
El 1 de enero de 2024, Salgado Pineda estuvo en una sesión del Consejo Coordinador Empresarial en Acapulco donde reconoció la intervención de los empresarios en la recuperación de Acapulco, tras el huracán Otis, a la que siguieron dos mesas de trabajo el 8 de agosto y 14 de noviembre, hace casi un año.
El subsecretario reconoció que hay temor, “pero es la parte que corresponde a la ciudadanía, para generar una cultura de la legalidad entre todos”.
Enfatizó que el reforzamiento con seguridad pública federal en Acapulco permitió bajar los índices de inseguridad, porque también hay quejas por los filtros de seguridad, que sí han tenido resultados.
Sin embargo, consideró que hace falta socializar los resultados y no generalizar una situación de violencia; ver cuántas empresas, negocios, personas han sido afectadas, y en ese sentido, se harán las valoraciones que se están haciendo acá”.
Recordó que ante los ataques a trabajadores de empresas transnacionales en Acapulco, hubo acciones inmediatas de gobierno, coordinadas, con resultados se contuvieron de inmediato en enero de este año.
Asimismo, dijo que han trabajado con los transportistas, después de los ataques a taxistas, se hicieron detenciones importantes a señalados por extorsión, así como con los empresarios de la masa y la tortilla, que también fueron acosados.
De la invitación a de la presidenta a la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo, rodeada de eventos de violencia en la anterior edición, tras el asesinato del alcalde, Alejandro Arcos Catalán, que debía encabezar la organización, y luego del presidente del patronato, Martín Roberto Ramírez.
Indicó que Chilpancingo es una situación diferente, “aunque es un asunto que compete al gobierno municipal, la gobernadora directamente está revisando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) la rehabilitación del recinto ferial, para desarrollar ahí la feria”.
De la seguridad de la feria, declaró que llegado el momento se establecerá una coordinación, como se hizo en la feria de Iguala, donde hubo señalamientos desde el anonimato, operó la coordinación para hacer uso de la tecnología de tomar una serie de medidas que le llaman “pasivas” para evitar situaciones de riesgo.
De las quejas de ganaderos que desde agosto señalaron problemas inseguridad y falta de controles de sanidad en el ingreso de ganado al estado, dijo que pidió al secretario de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, información sobre los puntos de revisión, algunos con más actividad, para atenderlo también.
Reiteró el llamado a los sectores empresariales a agotar este proceso de interacción local, a continuar el acercamiento, con la disposición de la mandataria estatal a dialogar.

 

Acuerdan que bajo el puente Bicentenario se podrán colocar fotos de desaparecidos

Integrantes de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco entran a una reunión con funcioanarios municipales en el sala de Cabildo Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, encabezados por Socorro Gil Guzmán, se reunieron con funcionarios del Ayuntamiento con quienes acordaron que el espacio debajo del puente Bicentenario podrá ser ocupado para colocar las fotos de personas desaparecidas.
Además, les reembolsaron el monto de las 16 fotos que fueron destruidas el pasado 6 de septiembre para que las vuelvan a imprimir y colocar. En declaraciones al concluir la reunión privada, Socorro Gil Guzmán dijo que en la reunión no estuvo la alcaldesa Abelina López Rodríguez, que es con quien buscan hablar, pero habrá una próxima reunión.
Indicó que uno de los temas principales fue que no les quiten las fotos que colocan en la ciudad, además, que les iban a pagar las que les quitaron y en eso les cumplieron por lo que las volverán a imprimir y colocar. Dijo que pidieron que les respeten los espacios donde ponen sus fotos porque es parte de una campaña llamada Hagamos de todos los espacios públicos lugar de memoria de nuestros familiares y quedaron que en la próxima reunión llevarán la propuesta de otro lugar y piden que se haga un mural por parte del Ayuntamiento, así como están haciendo dibujos en espacios y “que pinten los rostros de nuestros familiares”.
Sobre lo dicho por la alcaldesa Abelina López Rodríguez de ponerse de acuerdo para designar espacios, con excepción del Zócalo, a lo que dijo que este miércoles la presidenta no los recibió sino el director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía; el coordinador de Servicios Públicos, Daniel Moya Fosado, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Jorge Vázquez Way y lo que esperan es que les respeten los espacios y “no entorpezcan nuestra búsqueda, porque al final lo hacemos para seguir buscando a nuestros desaparecidos”.
Agregó que además de buscar lugares para poner fotos es también una búsqueda “porque colocamos fotografías y números de teléfonos para las personas que saben de alguna fosa o tienen alguna idea nos digan. Por mínima que sea la información para nosotros puede ser algo muy importante, muy básico Yo he ido a muchos lugares a buscar a mi hijo”.
Gil Guzmán indicó que el único acuerdo es que les van a respetar el espacio del puente Bicentenario porque ya fue asignado y se colocaran muchas fotografías porque, aunque no hay una cifra oficial de cuántos desaparecidos hay, pero “sí sigue aumentando, las cifras no disminuyen, suben cada vez más. En el país desaparecen alrededor de 40 personas diarias y nadie está haciendo nada”.
Subrayó que a ningún orden de gobierno le interesa, nadie habla del tema, “aquí las únicas somos nosotras, la gente nos ha gritado que estamos locas, que no tenemos nada que hacer. Tenemos una vida, tenemos familia, pero tenemos desaparecidos y nos importa que no sigan desapareciendo personas, no queremos más madres buscando a sus hijos bajo la tierra. Esto no es bonito, no lo hacemos porque lo queramos sino por la necesidad de encontrar a nuestros hijos”.
El director de Gobernación municipal, Ramón Montiel Mejía, comentó que fue una reunión respetuosa con los representantes de la colectiva donde se escucharon sus planteamientos y propuestas, además de que pidieron que se respeten las fotografías que colocan en diversos espacios.
Aseguró que el gobierno de Abelina López Rodríguez no ha dado instrucciones de que se quiten las fotografías sino todo lo contrario, se ha dicho que se respeten las fichas que ellos difunden y se va a trabajar en esa ruta. Agregó que ya se acordó una reunión para dar seguimiento y “este gobierno es sensible y solidario con su labor que realizan incansablemente y dentro del ámbito de nuestra competencia vamos a apoyar”.

 

Van Conagua y CAPAMA a asamblea del Cecop; darán expediente de pozos

Ramón Gracida Gómez / Aurora Harrison

Funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acudieron ayer a la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y se comprometieron con los campesinos a entregarles el expediente de la obra de los tres pozos radiales en el río Papagayo, que sigue detenida.
En el embarcadero El Fraile, los comuneros les pidieron la información de la construcción para que sus asesores ambientalistas les den su opinión sobre el impacto que tendrá la obra y criticaron que la Conagua no defiende el río de las gravilleras, lo que está generando la disminución del caudal, pero el representante del organismo federal contestó que no puede hacer nada sin una denuncia formal.
El director técnico de la CAPAMA, Guillermo Alemán Hernández, informó del inicio de la rehabilitación del pozo de agua de Cacahuatepec que surte también a otras comunidades, y el 22 y 29 de septiembre comenzarán las obras de otras localidades.
A la asamblea bajo una techumbre de El Fraile, donde se cruza el río para llegar a Cacahuatepec, acudieron unos 60 campesinos de esta comunidad, El Cantón, Cruces de Cacahuatepec, El Rincón, El Carrizo, Parotillas, La Concepción, Garrapatas, Aguacaliente, Salsipuedes, Tasajeras, Amatillo, Las Chanecas, Bellavista, Los Ilamos y Rancho las Marías.
La comitiva de funcionarios federales y municipales llegó a las 12:20 de la tarde como lo habían acordado días antes con el Cecop tras el plantón de sus integrantes el lunes pasado en la ribera del río de Papagayo en Aguacaliente, donde la federación promueve los pozos radiales como parte de la reconstrucción de Acapulco tras el paso de Otis y John.
El director de la CAPAMA, Antonio Lorenzo Rojas Marcial, justificó la falta de difusión de la obra en los pueblos porque el organismo municipal cuenta con una concesión de extracción de agua desde hace 50 años, “no lo vimos necesario, pero después, que ya empezamos a hacer los temas, dijimos, pues vamos a entonces mejor a tomar en cuenta y a explicarle, porque era lo que debimos a hacer con anterioridad, explicar el tema”.
Dijo que la visita de la alcaldesa Abelina López Rodríguez y del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, a Aguacaliente el 6 de septiembre tuvo como fin dialogar con los inconformes, “nunca la presidenta dijo, sí que vaya la obra porque hablamos, nunca, eso lo dijeron los medios”.
Con una lámina del mapa de los pozos nuevos y antiguos, el director técnico de CAPAMA, Alemán Hernández, repitió la explicación del lunes pasado, los tres nuevos pozos radiales van a sustituir a la toma de directa del sistema Papagayo II en Salsipuedes, cuyos equipos de bombeo han resultado dañados por los huracanes recientes y surten las colonias de las partes altas de Acapulco y la zona suburbana.
La Conagua les cobra trimestralmente 6 millones 700 pesos por la extracción de 2 mil litros por segundo, cifra que se reduce a mil 500 litros por los daños de las bombas, misma cantidad que extraerán los tres pozos radiales, subrayó Alemán Hernández.
Afirmó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto hidráulico porque “no afectamos a la flora, a la fauna, dado que no estamos impactando algo nuevo, sino solamente nos estamos cambiando poquito del punto donde vamos a extraer el agua, no vamos a extraer más”.
Aseguró que ya inició la rehabilitación del pozo de agua de Cacahuatepec y sus vecinos tendrán agua, al igual que los vecinos de Espinalillo y Huamuchitos y El Cantón, de este último pueblo un comunero señaló, no obstante, que la tubería está “podrida”, y el director técnico de la CAPAMA se comprometió a reparar las fugas que vayan saliendo.
El costo es de 3 millones 500 mil pesos y el 22 de septiembre iniciará la rehabilitación de la obra de captación de agua de Apalani con una inversión de 2 millones 500 mil pesos; la obra similar en El Campanario de un millón 500 mil pesos; otra por igual en Tasajeras de 3 millones de pesos; y la rehabilitación electromecánica del pozo y línea de conducción de Garrapatas de 2 millones de pesos.
El 29 de septiembre inicia la rehabilitación de la captación de agua potable de Altos del Camarón con una inversión de 3 millones de pesos, igual costo de la construcción de sistema de agua potable en la colonia Cuauhtémoc del poblado de San Pedro las Playas, y ese día también iniciará la construcción de un cárcamo de agua potable con paneles solares en Amatepec por un millón de pesos.
Junto con la construcción de 3 kilómetros de carretera en Salsipuedes y otras obras hidráulicas finalizadas o pendientes como en Bellavista Papagayo, el total de inversión es de 40 millones 477 mil pesos.
El residente de la obra de la Conagua, Osmar Ortiz, precisó que el contrato con la empresa constructora empezó el 1 de septiembre y termina el 22 de febrero de 2027, en los siguientes tres meses del año en curso seguirá la verificación de los estudios y en diciembre comienza la construcción del primer pozo.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Teliz García, dijo que sólo con la información plena del proyecto los campesinos podrán emitir su opinión e indicó que la Conagua también se debe comprometer a cuidar el río Papagayo.
El ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero, Jorge Peto Calderón, les pidió a los funcionarios “sensibilidad” porque los campesinos del Cecop no han recibido apoyos por su lucha contra la presa La Parota y recordó la falta de justicia por el asesinato del vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, lo que generó aplausos.
Con base en la información plasmada en las láminas, el también ingeniero agrónomo afirmó que los pozos radiales “inevitablemente van a disminuir el nivel freático, tierras abajo evidentemente no va a haber el mismo nivel de agua” e hizo eco de la crítica de los campesinos hacia las gravilleras.
El director técnico de la CAPAMA le repitió que no habrá afectación porque será el mismo volumen de extracción de agua y reconoció que las gravilleras “sí llegan a afectar porque extraen el material y eso hace que se vaya bajando el nivel del material, el agua, como quiera, está, tiene un lecho filtrante y ése va fluyendo”.
La CAPAMA le ha avisado a la Conagua “porque obviamente tenemos las captaciones y al estar ellos sacando el material, pues obviamente va bajando el nivel del terreno”, pero el organismo federal pide una denuncia formal, entonces Alemán Hernández planteó que los campesinos la presenten.
El integrante de la Conagua también se justificó, “la realidad es que nosotros no podemos meternos nada más por meter, necesitamos que ustedes como pueblo, al final como ya lo comentamos, esto es en base a leyes, normas, reglamentos, este tema es muy burocrático, entonces necesitamos que ustedes nos puedan apoyar en esa cuestión de dar su denuncia”.
El asesor del Cecop, Rodolfo Chávez, pidió para los Bienes Comunales de Cacahuatepec un “proyecto general al igual que lo están haciendo en Acapulco”, y el director de Gobernación municipal, Ramón Montiel, sostuvo que la obra de los tres pozos radiales no es un proyecto para los “ricos”.
También acudieron el gerente de Seguimiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Julián Pérez; el director Operativo de la CAPAMA, Gustavo Radilla, y el integrante de la contratista de la obra, Jesús Belmont.
El sábado, la alcaldesa Abelina López Rodríguez dijo que funcionarios municipales están en diálogo con los integrantes del Cecop, para que se pueda llegar a un acuerdo y que se reinicien los trabajos.
“Seguimos en pláticas cuidando el tema, y haciendo conciencia de lo que se requiere”, dijo la alcaldesa en declaraciones a reporteros en el Parque de la Reina y mencionó que confía que haya acuerdos con los vecinos.

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en un filtro de revisión a la salida de Ayutla Foto: José Luis de la Cruz

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.