El director del Fibazi, Gustavo García Bello, en reunión con representantes de la CETEG en la Costa Grande, maestros y padres de la secundaria José Martí, quienes acudieron a dialogar sobre la petición de donación del terreno que ocupa este plantel Foto: Brenda Escobar
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El director del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi), Gustavo García Bello, manifestó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tiene que ser “contundente y clara, para que no haya dudas” respecto a su intención de donar el terreno que desde hace 22 años ocupa la secundaria José Martí.
García Bello pidió a los directivos de este plantel y a los representantes de los padres de familia, que integren un expediente con información actualizada, para que la gobernadora dé la indicación adecuada para la donación.
Este miércoles, la directora y subdirectora de esta escuela, Noemí Ibarra Ramírez y Elizabeth Rendón Alarcón, respectivamente, acompañadas del comité de padres de familia y de los representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) en la región y el municipio, Manuel Salvador Rosas Zúñiga y Martín Maldonado Arcos, se reunieron con García Bello para darle seguimiento a su solicitud para la donación del terreno, para que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) sea la propietaria y el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) pueda construir las instalaciones nuevas.
El recién llegado director del Fibazi mostró disposición para continuar con el trámite de la solicitud de la secundaria, al tiempo que informó que el tema de la donación ya se ha tratado en varias sesiones del consejo técnico, pero que debido a que del propio organismo ha salido información sobre que el terreno no cumple con las dimensiones requeridas para que ahí se construya una institución educativa, la respuesta que han tenido ha sido negativa.
Tanto, Rosas Zúñiga como Maldonado Arcos y el presidente del comité de padres de familia, Guillermo Ayvar Moreno, coincidieron en expresarle a Gustavo García que ha habido modificaciones a las leyes sobre infraestructura educativa, las cuales indican que una escuela puede ser construida mínimamente en una superficie de 4 mil metros cuadrados y que el terreno que ocupan mide poco más de 5 mil.
El director se comprometió a que una vez que los maestros integren un nuevo expediente, con toda la información más reciente, sobre los requisitos que deben cubrir para que se les autorice la donación del terreno a través de gobierno municipal, es decir, que el Fibazi haga la donación al Ayuntamiento y éste entregue a la SEG, él hará el planteamiento al consejo técnico del organismo, pero subrayó que es importante que la gobernadora Evelyn Salgado exprese públicamente su interés en apoyar esta petición y que se haga realidad.
“Cuando ella dé la instrucción directa, lo diga y lo publique, si ella quiere, lo va a decir, lo va a publicar y va a venir a dar el banderazo de inicio. Pero tiene que ser contundente, bien clarito, contundente y firme. La forma (de donación) yo se la busco, que se tiene que dar parte al Congreso local, pues sí, pero también se puede hacer una donación aquí al municipio y el municipio puede escriturar, hay dos formas, pero se puede, pero una vez que la gobernadora diga ‘va’, ya nosotros lo hacemos”, acotó.
La FGR se desistió también de las órdenes para detener a Iñaki Blanco y Lambertina Galeana
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, acompañados de estudiantes normalistas realizaron un acto cultural ayer en el Hemiciclo a Juárez de la Ciuda de Méxicot Foto: Cuartoscuro
Asimismo declinó la aprehensión de un juez de barandilla de Iguala y de los dos técnicos en sistemas del TSJ. De las 83 giradas por un juez el 19 de agosto, la Fiscalía ha retirado la petición de 21
Abel Barajas
Agencia Reforma
La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de otras cinco órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra cinco ex funcionarios estatales de Guerrero, apenas el pasado 19 de agosto, entre ellas las del ex procurador Iñaki Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
También retiró los mandamientos de captura contra José Ulises Bernabé García, ex juez de barandilla en Iguala; Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, el primero técnico en mantenimiento y soporte de cómputo y el otro programador analista, ambos del TSJG.
De acuerdo con información del gobierno federal, la FGR solicitó por escrito a Enrique Beltrán Santés, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, de los mandamientos de captura en favor de los ex funcionarios estatales.
Del total de 83 órdenes de aprehensión que giró el juez Beltrán el pasado 19 de agosto, la FGR ya se ha desistido de un total de 21, pues también retiró las capturas contra 16 militares de los 27 y 41 Batallones de Infantería, que estaban prófugos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Es decir, la Fiscalía hasta el momento se ha arrepentido de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Iguala.
En el caso de los ex servidores públicos estatales, la aprehensión contra el ex procurador Iñaki Blanco fue girada por el delito de delincuencia organizada y se basó esencialmente en los dichos del testigo protegido Juan, quien asegura que pagaba sobornos de 50 mil dólares mensuales al ex fiscal por la protección al grupo criminal Guerreros Unidos.
Con relación a la magistrada Lambertina Galeana y los dos técnicos en sistemas del TSJG, las capturas fueron libradas por el juez por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.
Los hechos que les reprocharon son la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
En el caso de José Ulises Bernabé García, quien era el juez de barandilla que estaba en guardia en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, su aprehensión había sido autorizada por el delito de desaparición forzada.
Según las autoridades, Bernabé es quien recibió en barandilla a los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque él negó en su momento la imputación.
El ex funcionario huyó a Estados Unidos, donde tramitó el asilo político.
Los 43 fueron asesinados el 26 y desde el 29 sus cuerpos llevados al 27 batallón
Datos del informe completo de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa publicados por Reforma indican que los estudiantes fueron asesinados, descuartizados, algunos disueltos en ácido y enterrados
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
En una columna publicada en el periódico Reforma el pasado 24 de septiembre, se afirma que la mayoría de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche.
La publicación, firmada por la periodista Peniley Ramírez señala que integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos habrían pensado en quemar los cuerpos de los estudiantes, pero debido a que eran demasiados, se dividieron y “cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”.
La periodista utiliza como fuente una copia del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que le fue entregada, sólo que a diferencia de la que se publicó de manera oficial, en la que se basó no tiene clasificada la información, no tiene ocultas en tachaduras o testeos las partes donde se contienen capturas de pantalla de conversaciones de los supuestos involucrados.
Indica que de acuerdo con los mensajes, a una de las células criminales le pidieron disolver en ácido 10 cuerpos, pero como no tenían suficientes materiales lo hicieron con cinco, mientras que al resto los descuartizaron con machetes.
La relatoría de los mensajes señala que al amanecer del 27 de septiembre de 2014, integrantes de células criminales avisaron que “el trabajo estaba terminado”. De acuerdo con la columna, seis estudiantes se mantenían vivos y fueron trasladados a una bodega, para posteriormente ser asesinados por orden del coronel José Rodríguez Pérez que era el encargado del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según la publicación, los integrantes del grupo criminal tomaron la decisión de asesinar a los normalistas el mismo 26 de septiembre de 2014 pues creían que algunos de los estudiantes estaban coludidos con un grupo criminal opuesto. Además señala que el ex alcalde de Iguala, estaba involucrado.
“Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo”, se lee en la columna de la periodista.
De acuerdo con Ramírez, el 29 de septiembre de 2014, en las conversaciones obtenidas se explica la coordinación para llevar a los cuerpos de los normalistas al 27 Batallón de Infantería en Iguala, con el objetivo de enterrarlos ahí.
“A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos”, explicó Peniley Ramírez.
La columnista publicó en su cuenta personal de Twitter un hilo donde se encuentran las capturas de pantalla de los mensajes que se encontraban censurados en el Informe publico.
Condena Encinas la filtración
del informe completo
Tras revelarse un informe sin testar de la Comisión para la Verdad que señala que la mayoría de los normalistas de Ayotzinapa fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, urgió a la FGR investigar la filtración de los documentos.
Señaló que estas filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. “Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, indicó.
“En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
Según el informe sin testar, después del asesinato de los 43 normalistas, criminales, junto con miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería. (Jorge Ricardo / Agencia Reforma / Ciudad de México).
Omitió la FGR en el expediente contra el general Ramírez que éste ordenó ejecutar a seis estudiantes
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
La acusación que hizo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, contra el general brigadier José Rodríguez Pérez, de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no existe en el expediente que la FGR consignó en su contra.
Grupo Reforma pudo constatar que en el expediente presentado por la Fiscalía al juez federal Enrique Beltrán Santés, no hay ningún testigo o declarante que implique al general en el homicidio de esos estudiantes, tampoco ninguna otra prueba documental o de comunicaciones privadas de la que se desprenda ese señalamiento.
En la causa penal 15/2022, el testigo protegido Juan señala de manera aislada al general de proteger las operaciones del grupo criminal Guerreros Unidos y de incluso haber detenido y liberado a uno de sus líderes, Mario Casarrubias Salgado, quien falleció en prisión por Covid-19 el 26 de julio de 2021.
“Rodríguez, de rango coronel, del 27 Batallón, que realizaban actividades a favor del grupo delictivo, como aquel que detienen al alias El Huaraches, donde a él lo detienen y dejan en libertad a Mario Casarrubias Salgado, otros en el que ellos ayudaban a transportar armas y droga, pues nadie los paraba en carretera”, declaró el testigo.
Por su parte, la fiscal del caso, Tania Villa Matías, señala en el expediente que Rodríguez ordenó a sus subordinados llevarse a los estudiantes que estaban en el Hospital Cristina, la noche del 26 de septiembre de 2016, sin conseguirlo.
Pero en la rueda de prensa del pasado 26 de agosto, Encinas dijo otra cosa que no obra en esta investigación de la FGR.
“Hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel”, informó.
En aquella ocasión, el subsecretario dijo que después de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los seis normalistas referidos permanecieron con vida cuatro días. Después fueron entregados al entonces coronel Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, quien habría ordenado la ejecución múltiple.
Encinas también dio a conocer un diagrama de análisis de los mensajes que intercambiaron los actores involucrados en los hechos. Supuestamente, el coronel coordinaba y daba órdenes a David Hernández Cruz El Chino, bombero de Iguala y sicario de Guerreros Unidos.
Según fuentes federales, la FGR no tenía conocimiento de la existencia de esas pruebas el día en que Encinas hizo públicas las acusaciones contra el general.
Una fuente conocedora del caso, que pidió no ser identificada, mencionó que las afirmaciones del subsecretario se basan en unos chats de los que hasta el momento tampoco existe una certeza científica, porque sólo se han ofrecido “pantallazos” y la FGR tampoco tiene en sus manos el aparato telefónico que contiene dichas conversaciones para practicarle un peritaje.
Ya están muertos tres de los 83 que implicó la FGR en el caso Ayotzinapa
En el último expediente que presentó ante los tribunales por el caso Iguala, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 83 órdenes de aprehensión, pero tres de los acusados están muertos.
Uno de ellos es Humberto Velásquez Delgado, El Guacho, comandante de la Policía Ministerial de Guerrero, quien fue ejecutado el 21 de junio de 2021 en Iguala.
El segundo es Abraham Catalán Hernández, agente de la Policía Municipal de Huitzuco, quien el 18 de agosto de 2019 fue hallado muerto en un hotel de Iguala, con heridas hechas con los vidrios de la ventana de su habitación.
El 4 de octubre de 2019, la prensa local también reportó que Alfredo Mendoza Salgado, El Dólar o El Billete, supuesto operador de Guerreros Unidos en Teloloapan, fue acribillado en su vehículo cuando circulaba en la Colonia San Andrés, de dicho municipio.
En el lugar, las autoridades localizaron casquillos calibre 7.62 del fusil AK-47 o cuerno de chivo; .223 para AR-15 y 380 milímetros. (Abel Barajas / Agencia Reforma / Ciudad de México).
Preocupa al Centro Prodh el desistimiento “en extremo inusual”
Jorge Ricardo / Agencia Reforma
Ciudad de México
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien acompaña a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se dijo preocupado por el desistimiento, “en extremo inusual”, que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) de las órdenes de aprehensión que había solicitado contra 16 militares, presuntamente implicados en el caso.
“Externamos nuestra preocupación sobre la información de que la FGR, de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión. Estaremos analizando los alcances legales de esta decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILC)”, afirmó en un comunicado.
Reforma publicó el sábado que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes antes acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
Al siguiente día se publicó que la FGR también se desistió de las órdenes de aprehensión contra cinco funcionarios del gobierno de Guerrero, incluido el ex procurador Iñaki Blanco y la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana.
El Centro Prodh lamentó la filtración del informe completo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, pues aseguró que su contenido aún está bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Recordamos que, ante filtraciones, debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”, dijo.
El Prodh rechazó, la denuncia que hizo el viernes la Secretaría de Gobernación contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por dictar sentencias a favor de varios implicados en el caso Ayotzinapa. El organismo consideró que estas decisiones absolutorias se deben a omisiones de los fiscales y los Ministerios Públicos.
“Fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas, pues sus acciones y omisiones pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”, indicó.
El Congreso local aprobó ayer por mayoría de votos, con el rechazo del PRD y PT, exhortar por segunda ocasión al gobierno de Acapulco, que encabeza el perredista Evodio Velázquez Aguirre, para que le haga llegar el expediente de la solicitud de un préstamo de 158 millones de pesos que autorizó el Cabildo, toda vez que no atendió esa misma petición que le hizo el Legislativo el miércoles de la semana pasada.
El exhorto se amplía a que la Auditoría General del Estado (AGE) informe en qué condiciones financieras dejó al ayuntamiento de Coyuca de Benítez el actual secretario de Finanzas de Acapulco, Merced Valdovinos Diego, quien gobernó ese municipio en el periodo 2009-2012, pues se le acusó en tribuna de enfrentar varias observaciones en su administración y de promover su imagen política.
Este miércoles sesionó la Comisión Permanente del Congreso local, en la que se presentaron dos iniciativas de reforma y una propuesta de acuerdo parlamentario. Como en la última sesión, el tema que prevaleció ayer entre los diputados fue el acuerdo por el que se autoriza al gobierno de Acapulco acceder a un préstamo de 158 millones de pesos con el Banco Interacciones.
El coordinador de la bancada del PVEM, Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, presentó una propuesta de exhorto dirigido al gobierno del perredista Evodio Velázquez Aguirre para que éste remita al Congreso la documentación que conforma el expediente íntegro de la contratación del empréstito por 158 millones de pesos, que incluya el Acta de Cabildo y el Acuerdo Económico.
También solicita al municipio que “observe cabalmente” lo estipulado en los artículos 117 de la Constitución federal y 26 de la Ley de Disciplina Financiera, que establecen que el empréstito no debe ser destinado al pago de gasto corriente y debe cumplir los requisitos y condiciones señaladas para su contratación.
El miércoles pasado el pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó dos exhortos por los que se le pedía al municipio de Acapulco entregar al Legislativo el expediente y dejar sin efectos el préstamo hasta que se realice el procedimiento indicado, pero hasta ayer ninguno había sido respondido.
“Este poder Legislativo, como representantes del pueblo, no puede quedar inerte y pasar por alto acontecimientos importantes y que traen repercusiones en las haciendas públicas municipales, como es el caso del empréstito autorizado por el Cabildo de Acapulco”, dijo en tribuna Cueva Ruiz.
El diputado del PVEM dijo que todos los gastos que se contemplaron para el actual ejercicio fiscal debieron ser considerados en el presupuesto de egresos y en la Ley de Ingresos del municipio que se aprobaron para Acapulco, por lo que no quedaba claro para qué requiere el ayuntamiento un recurso extraordinario de 158 millones de pesos.
Explicó que la petición de ese préstamo significa que existen 158 millones de pesos que no se invirtieron conforme al presupuesto y la Ley de Ingresos, y en consecuencia representaba “un boquete financiero”.
“La pregunta es ¿dónde está ese recurso? (…) La pregunta es ¿qué pasó? ¿En qué se gastó ese dinero que está en la ley de ingresos y en el presupuesto que se mandó al propio Congreso? ¿A donde se fue o en qué se utilizó?”, expuso.
Luego de la intervención del diputado del PVEM, un hombre que se encontraba en la sala en la que se celebraba la sesión sacó una cartulina en la que se leía “Mártir de Cuilapan para cuándo”, en alusión al conflicto que vive ese municipio en donde el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores tienen tomado el ayuntamiento en exigencia de la revocación de mandato de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
Después de unos minutos agentes de seguridad del Congreso le retiraron la cartulina.
En respuesta a la propuesta del PVEM, el diputado del PRD, Ernesto Fidel González Pérez denunció que se trataba de un acuerdo inconstitucional que viola la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues lo que expuso en tribuna Cueva Ruiz no coincidía con lo que se aprobó en el orden del día, en la que el exhorto estaba dirigido a la AGE y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que revisaran las finanzas de Acapulco; además dijo que se presentó a destiempo.
Aseguró que esa propuesta atenta contra la soberanía y autonomía del gobierno de Acapulco, y calificó los constantes “ataques” del PRI, PVEM y de Movimiento Ciudadano contra Evodio Velázquez como “golpeteo mediático” y un “reality show”.
Dijo que si los diputados y regidores del PRI tienen pruebas de que el gobierno de Acapulco incurrió en irregularidades en la aprobación del acuerdo que autoriza el préstamo, procedan ante las instancias legales correspondientes.
Lamentó que en el Congreso se discutiera más el actuar de un alcalde que el problema de inseguridad en el estado, y como ejemplo recordó que el regidor de seguridad pública de San Miguel Totolapan, Alejandro Reyna Estrada, fue levantado por hombres armados.
Le recordó a Ignacio Neil que cuando fueron regidores en el gobierno de Luis Walton Aburto, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, el municipio encontró una situación delicada en las finanzas, por lo que requirió el adelanto de participaciones.
“Yo les digo que oxigenar una administración, la que sea, para que camine y avance un gobierno, no es malo, no le pongamos piedras a ningún gobierno, nosotros (el PRD) no le hemos puesto piedras al gobierno del estado para que tropiece. Sabemos los problemas de Acapulco y requiere apoyo”, dijo.
Walton siempre atendió la ley: Magdalena Camacho
Por alusiones, pasó a tribuna Magdalena Camacho, quien reconoció que en la pasada administración había un problema en las finanzas del gobierno, pero pidió al diputado del PRD que no desviara el tema.
Explicó que lo que se le critica al gobierno de Evodio Velázquez es que no respetó el procedimiento y violentó varias leyes con la aprobación del acuerdo del préstamo y dijo que la administración pasada requirió empréstitos pero cumpliendo con todos los requisitos.
“En nuestra administración (la de Luis Walton) siempre se atendido a la ley. Se impuso orden y disciplina financiera y mes a mes se informó al cabildo las condiciones financieras del municipio y ahora lo que se busca que se respete la ley, es lo único que estamos pidiendo”, expuso.
A pesar de que el regidor de San Miguel Totolapan fue postulado por Movimiento Ciudadano, Magdalena Camacho no hizo ninguna referencia al caso.
Después, el diputado añorvista del PRI, Samuel Reséndiz Peñaloza, dijo que hacía votos para que el regidor regresara con bien a su casa, y también llamó a Evodio Velázquez a que se coordine con el gobierno del estado y la federación para trabajar en el combate a la inseguridad.
Explicó que los diputados del PRI no se quedarán callados ante “la opacidad” con la que presuntamente está actuando el gobierno de Evodio Velázquez.
Recordó que el año pasado, al principio de la administración, Velázquez Aguirre solicitó un préstamo al gobierno del estado de 120 millones de pesos y ahora busca uno por 158 millones, y otros cien millones para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).
Dijo que en caso de que se le autoricen, en 10 meses el alcalde estaría ejerciendo 378 millones de pesos a través de préstamos sin que se conozca “una sola obra” de trascendencia en el puerto.
Recordó que el gobierno municipal sigue sin aclarar en qué se ejercerán los 158 millones que pretende obtener del préstamo y que hay contradicciones entre lo que dice el alcalde, el secretario de Finanzas y lo que establece el propio acuerdo aprobado por el Cabildo.
“Yo me imagino cuál es la razón y creo que la razón es que Merced Baldovinos anda igual de perdido que el alcalde, está preocupado por su futuro político, ya se cree diputado federal, o diputado local, o una vez más alcalde de Coyuca de Benítez”, dijo.
Mientras intervenía, Samuel Reséndiz mostró una imagen que corresponde a un espectacular en el que aparece la portada de una revista y una fotografía del secretario de Finanzas de Acapulco.
En su intervención aseguró que hay observaciones de la AGE a sus cuentas públicas de cuando Baldovinos fue alcalde de Coyuca de Benítez.
De la Rosa defiende lo indefendible: Reséndiz
También opinó respecto a las declaraciones del líder de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) y diputado local, Sebastián de la Rosa Peláez, quien el martes en conferencia de prensa acusó al “PRI y todos sus actores” de golpeteo político contra el alcalde Evodio Velázquez con miras al 2018, para desviar la atención del problema de inseguridad que afecta al estado y la promesa incumplida de orden y paz del gobernador Héctor Astudillo.
Al respecto, Samuel Reséndiz dijo que a Sebastián de la Rosa le gusta “defender lo indefendible” y recordó que tras los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, el perredista defendió al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, vinculado con la delincuencia organizada y preso por su responsabilidad en esos acontecimientos.
Dijo que los priistas no quieren confrontar, sino que el proceso para acceder al préstamo sea transparente y el gobierno municipal explique el estatus de las finanzas de Acapulco.
Ante las presuntas observaciones que existen en la cuenta pública de Merced Baldovinos de cuando fue alcalde de Coyuca de Benítez, cargo al que se postuló por Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) y que ejerció de 2009 a 2012, Reséndiz Peñaloza propuso una adhesión a la propuesta de Cueva Ruiz, para que la AGE le informe al Congreso en qué condiciones financieras dejó el ayuntamiento de aquel municipio durante su administración.
Tras los constantes señalamientos, Ernesto González dijo que de ser necesaria la comparecencia de Evodio Velázquez ante el Congreso se propusiera ante el pleno que el alcalde exponga a los diputados todo el procedimiento.
Dijo que el PRD no tiene por qué “andar escondiendo a los alcaldes” y aseguró que están a favor de la transparencia, por eso no se opondrían a que se cite a Evodio Velázquez para que explique todo lo referente al préstamo.
Insistió en que el Congreso está excediéndose en sus atribuciones y le propuso al alcalde de Acapulco promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se está violentando la autonomía de un municipio.
El diputado del PT, Fredy García Guevara, se sumó a la postura de que Evodio Velázquez comparezca y aseguró que “pareciera” que el PRI “le tiene miedo” al alcalde de Acapulco ante la proximidad del proceso electoral de 2018.
Luego de casi dos horas de discutir el tema, se sometió a votación la propuesta junto a la adición que propuso Samuel Reséndiz. El exhorto fue aprobado con 8 votos (del PRI, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano) a favor y sólo dos en contra, el del PRD, con Ernesto González, y el del PT, de Fredy García. El presidente de la Mesa Directiva, Carlos Reyes Torres, no votó.
