Inicia operativo en Ayutla con más de 600 elementos

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal forman parte de la Operación Costa Chica Segura que arrancó ayer, 12 días después de la emboscada ocu-rrida el sábado 16 de agosto en la que fueron asesinados 12 policías ciudadanos de la UPOEG Foto: El Sur

Inicia en Ayutla operativo de seguridad con más de 600 elementos estatales y federales

Fue un acuerdo de la reunión del subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez con concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios donde opera la UPOEG, tras el asesinato de 12 policías ciudadanos en una emboscada, se informa en un comunicado estatal

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Soldados de la 27 Zona Militar con sede en Acapulco, elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de la República (FGR), agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Estatal, realizaron un aparatoso operativo en el municipio de Ayutla en el que participan unos 600 elementos.
Antes, la operación Costa Chica Segura se presentó en las instalaciones del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, a tres días de la reunión del subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, con autoridades municipales de Ayutla.
En un boletín de prensa el gobierno estatal informó que “el arranque” estuvo encabezado por el comandante de la IX Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez, el subsecretario Rodríguez Cisneros y la concejal de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta, Elizabeth Calixto Leyva.
De acuerdo con un video de la presentación de las fuerzas federales y estatales que participarán en la operación, entre las armas que utilizarán hay calibre 50, además de que se apoyarán con drones, vehículos blindados y unidades caninas.
Las fuerzas de la operación interinstitucional Costa Chica Segura, se informó, se desplegará principalmente en Ayutla, y se dijo que fue un acuerdo de la reunión de Rodríguez Cisneros con los concejales de la Casa de los Pueblos y comisarios municipales de las localidades donde opera la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Esa reunión se realizó después de la emboscada ocurrida el 16 de agosto cerca de El Cortijo, en Ayutla, donde de acuerdo con la dirigencia de la UPOEG fueron asesinados 12 policías ciudadanos y siete quedaron heridos.
Además, el domingo pasado la misma organización informó y compartió fotografías de su incursión en tres localidades: Lagunillas, de Ayutla, así como El Refugio y Colotepec de Tecoanapa, donde acordaron integrar a su policía ciudadana.
La UPOEG ha denunciado que en esas comunidades pretende ingresar el grupo delictivo de Los Ardillos ha señalado al mismo grupo como el responsable del ataque a los policías ciudadanos en El Cortijo.

Se busca que impere la legalidad: Rodríguez Cisneros

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación de la operación, Rodríguez Cisneros informó que el propósito es “generar estabilidad, que impere la legalidad y que todos se sometan al imperio de la ley para contribuir a la paz en esta región”.
Explicó que las acciones en materia de seguridad se evalúan todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y que las acciones son resultado “de este trabajo coordinado en la mesa”.
Llamó a los concejales y a los comisarios municipales y delegados de los pueblos “a que entiendan que estas acciones son en beneficio de la sociedad y que no obstruyan la labor que se está realizando para salvaguardar la integridad física de las personas”.
Pidió su colaboración y participación porque “es importante, sobre todo para que quienes son autoridad estén de este lado, de lado de la ley, que contribuyan y colaboren a restablecer el tejido social en este proceso de construcción de la gobernabilidad”.
Le pidió a la coordinadora de la Casa de los Pueblos en funciones de presidenta municipal que sea portavoz con los comisarios de que independientemente del sistema en el que ellos se rigen, “hacia el exterior todos estamos obligados a cumplir la ley”.
Agregó: “El operativo va dirigido a todos aquellos que estén actuando fuera de la ley trátese de quien se trate, no trabajamos a favor ni en contra de nadie, no es una acción contra nadie, es una acción en favor de la sociedad, en este caso de la Costa Chica, y vamos a seguir trabajando de forma coordinada”.
Con respecto a los avances de las investigaciones relacionadas con la emboscada a los policías ciudadanos de la UPOEG el 16 de agosto pasado, dijo que lo informará la FGE, que es la que está “perfeccionando sus investigaciones”.
En el boletín de prensa, el gobierno del estado informó que el objetivo de la operación es “fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y la paz social en la región Costa Chica.
Explicó que el Operativo Interinstitucional Costa Chica Segura, lo organiza el gobierno del estado en coordinación con las fuerzas armadas.
Agregó que durante el arranque de la operación, el subsecretario Rodríguez Cisneros destacó que esta acción “responde a los acuerdos establecidos en la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, y como parte de una respuesta de atención integral a la región de la Costa Chica, reforzando el trabajo conjunto con municipios, fuerzas armadas y comunidades para proteger la integridad de la población”.
En el comunicado se dijo que el funcionario llamó a las autoridades municipales a cumplir su papel como primeros respondientes en la prevención del delito, “manteniendo diálogo y coordinación con comisarios y delegados”.
Asimismo, exhortó a canalizar de manera institucional cualquier inconformidad o queja contra los cuerpos de seguridad.

Patrullajes, puestos de control y actividades preventivas

Durante el banderazo del operativo se informó que más de 600 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, “entre otras instituciones”, participarán en patrullajes, puestos de control y actividades preventivas, siempre en apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se informó que también asistieron al arranque del operativo el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledezma Ozuna; el fiscal general del Estado, Zapacna Jesús Torres Ojeda; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán y mandos de la Guardia Nacional.
Se informó en el mismo comunicado que en el evento el general Zapata Pérez exhortó a presidentes municipales, comisarios y autoridades locales a sumarse al esfuerzo interinstitucional, garantizando una coordinación permanente con la Guardia Nacional y el Ejército, bajo el respeto a los derechos humanos y a los usos y costumbres de las comunidades.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Ledezma Ozuna, convocó a los municipios a profesionalizar y certificar a sus cuerpos policiales, con el fin de brindar un servicio confiable, cercano a la ciudadanía y orientado a consolidar la paz y la estabilidad en la Costa Chica.
Después de su presentación, las fuerzas federales y estatales recorrieron la carretera Cruz Grande-Tierra Colorada, pasaron Ayutla, realizaron una breve parada en El Cortijo, se siguieron a Tecoanapa, y se establecieron en Chacalapa, municipio de Juan R. Escuedero.
Esta no es la primera vez que los gobiernos federal y estatal anuncian de manera ostentosa un operativo de tal magnitud.
El 5 de octubre del 2024, el entonces comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto, anunció el despliegue de batallones de tropas convencionales, unidades de fuerzas especiales y agentes de la Guardia Nacional, así como helicópteros “y demás medios tecnológicos”, en los municipios de Quechultenango y Chilapa y parte de Chilpancingo.
El objetivo, se dijo, era la búsqueda de 17 personas de la comunidad de Chautipan, municipio de Chilpancingo, desaparecidas entre el 21 y 27 de octubre en El Epazote, municipio de Chilapa de Álvarez y en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Entonces, el comandante de la 35 Zona Militar informó que la Sedena dispuso el envío de manera inmediata de más de 400 militares para contribuir con las autoridades locales en la búsqueda de las 17 personas desaparecidas, entre ellas cinco menores de edad y dos mujeres.
Al día siguiente, aparecieron descuartizados 11 de los 17 cadáveres en la caja de una camioneta al sur de Chilpancingo, a unos 500 metros de la FGE, y aún siguen desaparecidas seis personas.
Sin embargo, del operativo anunciado nunca se volvió a hablar más, y los familiares de las personas que siguen desaparecidas informaron que después del hallazgo de los 11 cuerpos las autoridades suspendieron las búsquedas.

 

Acuerdan regidores descuento para locatarios de los mercados; el 40% adeuda licencias

El director de Mercados y Centros de Abasto del municipio, Antonio Rodríguez Estrada, informó que un 40 por ciento de los locatarios no han pagado sus licencias, de un total de mil 800 que están distribuidos en 59 mercados.
Ayer en declaraciones a reporteros, luego de acudir al Festival de Mariscos, que se efectuó en el mercado Constituyentes, Rodríguez Estrada dijo que en la sesión de Cabildo pasada los regidores aprobaron un descuento de 30 por ciento para que se regularicen.
“Hay como un 60 por ciento que ya pagaron, pero falta otro poco más y creo que con este descuento que se aprobó se van acercar más para regularizarse”, dijo.
Explicó que la invitación a los locatarios es para que acudan a las oficinas y regularicen su situación de este año y si es que tienen adeudos anteriores.
Detalló que la dirección a su cargo ha estado haciendo brigadas de limpieza, fumigación y descacharrización y atención en los 59 mercados que hay en la ciudad.
Por otra parte, se le preguntó cuándo se ocuparán los locales del área de sombrillas del Mercado Central, respondió “ahí es una cuestión de los locatarios, esa nave ya está al 90 por ciento terminada. Pero es nada más ponernos de acuerdo y si ellos deciden y la presidenta autoriza los apoyaremos para que se reinstalen”.
El área de sombrillas del Mercado Central ya se construyó luego de que se incendió el 5 de junio del 2023, a la fecha los locatarios no han ocupado esa área, se encuentran en la calle 2 de Agosto y en las banquetas de la avenida Constituyentes. (Aurora Harrison).

 

Se declara “inhabitable por alto riesgo” la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna

Daniel Velázquez

El gobierno del estado emitió un acuerdo mediante el cual declaró “inhabitable por alto riesgo” la unidad habitacional fraccionamiento Pedregal de Cantaluna ubicada en San Isidro Pedregoso, en la zona poniente de Acapulco.
El acuerdo fue aprobado el 27 de junio de este año por el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, y publicado en el Periódico Oficial del Estado este martes 22 de julio.
El documento disponible en la publicación electrónica del Periódico Oficial del Estado se titula Acuerdo por el que se declara inhabitable el Fraccionamiento Pedregal de Cantaluna en Acapulco de Juárez, Guerrero, por alto riesgo.
El acuerdo único es: “El fraccionamiento Pedregal de Cantaluna, ubicada en la colonia San Isidro del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, SE DECLARA INHABITABLE POR ALTO RIESGO, de conformidad al dictamen en materia de seguridad estructural por parte de un DRO (Director Responsable de Obra) para la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, realizado por la empresa MAR-AR Ingenieros S.A. de C.V.”.
“Haciendo de conocimiento lo anterior como medida preventiva e informativa a los habitantes del Fraccionamiento Pedregal de Cantaluna, asimismo a la población en general, para proteger la vida, salud, integridad física de las personas y su patrimonio y el medio ambiente.”
En los considerandos se explica que el acuerdo emitido por el gobierno del estado es resultado de una reunión que se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2024 entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado e instituciones crediticias “se llegó al acuerdo de publicar la inhabitabilidad del Fraccionamiento Pedregal de Cantaluna, con la finalidad de que el ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas) pueda continuar con los trámites pertinentes en relación a los inmuebles afectados en dicho Fraccionamiento”.
Pedregal de Cantaluna es un desarrollo de viviendas populares edificado por Casas Paquimé, el DRO de ese desarrollo fue Javier Morales Bougart.
El sismo de la noche del 7 de septiembre del 2021, puso de manifiesto las deficiencias en la construcción de las casas y departamentos, relativamente nuevos, las paredes se fisuraron, los vecinos podían ver a través de los huecos que causó el sismo.
El 28 de agosto de 2023, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), presentó ante las Fiscalía General del Estado de Guerrero una demanda penal para que “se investigue, se establezcan responsabilidades y se ejerza acción legal por la inadmisible construcción del conjunto habitacional Pedregal de Cantaluna”. Del proceso, ni las autoridades federales ni estatales han informado en qué etapa se encuentra.
En abril de 2024, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, informó que el instituto ya tenía el aseguramiento legal del desarrollo habitacional para evitar que pudiera ser vendido o reutilizado como vivienda, pues recordó que Protección Civil dictaminó que el lugar no es apto para vivienda y corresponde a las autoridades municipales y estatales el
aseguramiento físico del desarrollo.

Industriales de la masa acuerdan con el estado la compra de maíz a precio justo

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El vocero de los Industriales de la Masa y la Tortilla, José Popoca Jaimes, informó que el sector acordó con el gobierno estatal la compra de maíz a un precio “justo, equilibrado” para evitar el incremento de costos en la venta de tortillas en la entidad.
Lo anterior, en entrevista con El Sur a propósito de la reunión entre el secretario de Agricul-tura, Ganadería, Pesca y Desa-rrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena, y el director Comer-cial de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, Fernando David Palos Ibarra, que se llevó a cabo el miércoles en la Ciudad de México.
José Popoca explicó que las autoridades apoyan a los productores de maíz con semilla mejorada, fertilizantes y equipo teconológico, pero no había un programa de compra, lo que generó una cadena en la que intermediarios adquirían el maíz a precios bajos, lo trasladaban a otros estados y después de unos cinco meses, el producto volvía a la entidad con sello de empresas foráneas, así como precios dos o hasta tres veces más elevados.
Ante esta situación y luego de varios años de gestiones, las autoridades aplicaron un programa de compra; sin embargo, el maíz producido en la entidad ya se agotó, por lo que el Ejecutivo estatal busca comprar toneladas en otros estados a precios accesibles para la industria de la masa y las tortillas.
El vocero aclaró que no se trata de un desabasto de maíz en Guerrero o que el producido sea insuficiente, sino que el programa inició en junio de este año y para entonces, la cosecha ya había terminado.
Detalló que la cosecha de maíz inicia a principios de diciembre y termina aproximadamente el 15 de mayo, “este año se arrancó muy bien, a temprana hora el programa, se le compró a Iguala alrededor de 3 mil 800 toneladas y después de que se terminó, se trasladaron a la Costa Chica, específicamente a Cuajinicuilapa y otras regiones cercanas y también se les compró, pero se terminó ya”.
Recordó que el año pasado se aplicó el programa de compra también una vez que se agotó el maíz en Guerrero, las autoridades adquirieron el producto en el Estado de México y “eso funcionó excelente, por eso el año pasado y este año se ha mantenido el precio de la tortilla”.
Dijo que con la reunión del miércoles, se espera que las autoridades logren un acuerdo mediante el cual Segalmex, a través de Diconsa, surta a la Industria de la Masa y la Tortilla “para que sigamos con un precio estable durante todo el año, como fue el compromiso de los industriales de la masa y la tortilla con la ciudadana gobernadora Evelyn Salgado”.
“Vamos a cumplir este convenio (…) buscando nuevas alternativas a un precio justo, equilibrado para que podamos mantener la plantilla de trabajadores, la plantilla productiva y precisamente, que los gastos de producción no nos superen, así como la materia prima”, expresó.
Indicó que actualmente el precio de la tortilla en la entidad está entre 26 y hasta 30 pesos, “hay un abanico en diferentes zonas porque hay compañeros que son mayoristas, que tienen varias tortillerías, que pueden comprar maíz para tres, cuatro meses y no les afecta una alza repentina o momentánea (de costos) porque pueden comprar y tener sus almacenes llenos”.
No obstante, “hay compañeros, que son la gran mayoría, que tienen una tortillería o dos y ellos tienen que comprar regularmente al día, aquí con los las casas que venden maíz, los intermediarios, a ellos también les estamos tratando de hacer llegar el maíz”.
Destacó que las autoridades establecieron el precio del maíz en 6 mil 800 pesos por tonelada, el cual calificó como un costo “equilibrado” debido a que hace dos años se incrementó hasta 11 mil pesos.
Manifestó que el maíz es la materia prima de las tortillerías, representa el 80 por ciento de la industria, y si su costo aumenta “nos afecta de manera total en el establecimiento” a los 3 mil 766 negocios de la entidad, de los cuales mil 133 se encuentran en Acapulco.
Sobre la violencia criminal en el estado que afectó al sector, principalmente en Zihuatanejo, en junio del 2022, José Popoca declaró que en la actualidad “estamos tranquilos en ese tema”.
Llamó a la ciudadanía a que “vayan a la tortillería más cercana que les dé calidad, servicio y precio” y que acudan ante las instancias correspondientes, en caso de que se encuentre con algo que no les satisfaga.

 

Industriales de la masa acuerdan con el estado la compra de maíz a precio justo

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El vocero de los Industriales de la Masa y la Tortilla, José Popoca Jaimes, informó que el sector acordó con el gobierno estatal la compra de maíz a un precio “justo, equilibrado” para evitar el incremento de costos en la venta de tortillas en la entidad.
Lo anterior, en entrevista con El Sur a propósito de la reunión entre el secretario de Agricul-tura, Ganadería, Pesca y Desa-rrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena, y el director Comer-cial de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, Fernando David Palos Ibarra, que se llevó a cabo el miércoles en la Ciudad de México.
José Popoca explicó que las autoridades apoyan a los productores de maíz con semilla mejorada, fertilizantes y equipo teconológico, pero no había un programa de compra, lo que generó una cadena en la que intermediarios adquirían el maíz a precios bajos, lo trasladaban a otros estados y después de unos cinco meses, el producto volvía a la entidad con sello de empresas foráneas, así como precios dos o hasta tres veces más elevados.
Ante esta situación y luego de varios años de gestiones, las autoridades aplicaron un programa de compra; sin embargo, el maíz producido en la entidad ya se agotó, por lo que el Ejecutivo estatal busca comprar toneladas en otros estados a precios accesibles para la industria de la masa y las tortillas.
El vocero aclaró que no se trata de un desabasto de maíz en Guerrero o que el producido sea insuficiente, sino que el programa inició en junio de este año y para entonces, la cosecha ya había terminado.
Detalló que la cosecha de maíz inicia a principios de diciembre y termina aproximadamente el 15 de mayo, “este año se arrancó muy bien, a temprana hora el programa, se le compró a Iguala alrededor de 3 mil 800 toneladas y después de que se terminó, se trasladaron a la Costa Chica, específicamente a Cuajinicuilapa y otras regiones cercanas y también se les compró, pero se terminó ya”.
Recordó que el año pasado se aplicó el programa de compra también una vez que se agotó el maíz en Guerrero, las autoridades adquirieron el producto en el Estado de México y “eso funcionó excelente, por eso el año pasado y este año se ha mantenido el precio de la tortilla”.
Dijo que con la reunión del miércoles, se espera que las autoridades logren un acuerdo mediante el cual Segalmex, a través de Diconsa, surta a la Industria de la Masa y la Tortilla “para que sigamos con un precio estable durante todo el año, como fue el compromiso de los industriales de la masa y la tortilla con la ciudadana gobernadora Evelyn Salgado”.
“Vamos a cumplir este convenio (…) buscando nuevas alternativas a un precio justo, equilibrado para que podamos mantener la plantilla de trabajadores, la plantilla productiva y precisamente, que los gastos de producción no nos superen, así como la materia prima”, expresó.
Indicó que actualmente el precio de la tortilla en la entidad está entre 26 y hasta 30 pesos, “hay un abanico en diferentes zonas porque hay compañeros que son mayoristas, que tienen varias tortillerías, que pueden comprar maíz para tres, cuatro meses y no les afecta una alza repentina o momentánea (de costos) porque pueden comprar y tener sus almacenes llenos”.
No obstante, “hay compañeros, que son la gran mayoría, que tienen una tortillería o dos y ellos tienen que comprar regularmente al día, aquí con los las casas que venden maíz, los intermediarios, a ellos también les estamos tratando de hacer llegar el maíz”.
Destacó que las autoridades establecieron el precio del maíz en 6 mil 800 pesos por tonelada, el cual calificó como un costo “equilibrado” debido a que hace dos años se incrementó hasta 11 mil pesos.
Manifestó que el maíz es la materia prima de las tortillerías, representa el 80 por ciento de la industria, y si su costo aumenta “nos afecta de manera total en el establecimiento” a los 3 mil 766 negocios de la entidad, de los cuales mil 133 se encuentran en Acapulco.
Sobre la violencia criminal en el estado que afectó al sector, principalmente en Zihuatanejo, en junio del 2022, José Popoca declaró que en la actualidad “estamos tranquilos en ese tema”.
Llamó a la ciudadanía a que “vayan a la tortillería más cercana que les dé calidad, servicio y precio” y que acudan ante las instancias correspondientes, en caso de que se encuentre con algo que no les satisfaga.

 

Se reúne Abelina con un inversionista y urbanistas para un proyecto post Otis

La alcaldesa Abelina López Rodríguez se reunió con empresarios y acordaron renovar la infraestructura turística tras el impacto del huracán Otis, con el proyecto Acapulco Brilla.
En un comunicado, el gobierno municipal informó que la alcaldesa dialogó con el empresario Rodrigo Herrera y urbanistas quienes propusieron el programa Acapulco Brilla para la renovación de la infraestructura turística.
El proyecto es “ un paso importante en la revitalización de Acapulco y en la promoción del desarrollo sostenible de la región” tras la devastación causada por Otis.
Aunque no se especificaron cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo, o dónde se va a empezar.
También se informó que la alcaldesa tuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio Yangtze River México-China, Ronglin Bao, para impulsar la inversión en Acapulco con la colaboración comercial entre ambos países.
“Continuamos abordando el tema del nearshoring, presentando las grandes ventajas y oportunidades que ofrece Acapulco para convertirse en un polo industrial regional por su conectividad con Asia y Norteamérica”, precisó.
Agregó: “estoy convencida que si seguimos caminando juntos, el futuro de Acapulco es prometedor”.
Asisiteron a la reunión el notario público Jorge Ochoa Jiménez, la doctora Georgina Lara Yepes, Alfonso Abarca Rodríguez, el vicealmirante Raymundo Sánchez López y Noé Peralta. (Redacción).

 

Se contrata al cien por ciento de los herreros de Altamirano para reconstruir el mercado

Más de 100 herreros trabajando en el mercado Lázaro Cárdenas de Ciudad Altamirano, en donde ya empezaron a soldar las trabes para poner el nuevo techo Foto: Israel Flores

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Todos los herreros de Pungarabato fueron contratados para participar en la reconstrucción del mercado municipal Lázaro Cárdenas, que se incendió hace una semana, con el objetivo de que la obra se termine lo antes posible.
Se trata de un acuerdo que hizo el presidente municipal Cuauhtémoc Mastachi Aguario con empresarios locales, involucrados en la participación económica que aportarán para la reconstrucción.
Serán empresas locales las que venderán el material y con ellas se acordó traer a todos los herreros del municipio. La lista fue aportada por los mismos empresarios de herrería, de acuerdo con su lista de clientes.
Entre los ayudantes y los dueños de los talleres suman más de 100 herreros que se juntaron este lunes. La primera tarea que les encargaron fue la de quitar todas las puertas, ventanas y cualquier tipo de estructura metálica que colgara del edificio, pues los locales de concreto también serán demolidos.
Se informó que la participación de los herreros corresponde al 100 por ciento de los talleres que hay en el municipio de Pungarabato, incluyendo las comunidades.
Entre todos herreros lograron que en una hora quedara limpio el mercado Lázaro Cárdenas. Entonces, otro grupo comenzó a soldar la nueva estructura metálica para el techado.
También llegó un grupo de albañiles que comenzó a derribar la celosía que quedó hecha polvo por el intenso calor del incendio. Se espera que desde este martes llegue otro grupo más grande de albañiles, para demoler de manera manual los locales dentro del mercado, que son de concreto, para levantar nuevos.
El presidente municipal informó a los comerciantes afectados que el plan es que esta misma semana esté listo el techado y que a su vez se avance con la construcción de los locales en la parte interior, la cual podría quedar en tres semanas.
El presidente municipal espera que en septiembre esté entregando de manera formal el mercado reconstruido.
También se informó que los dueños de las herrerías anunciaron descuentos de hasta el 30 por ciento en el costo del material, así como tres meses sin intereses para los comerciantes que quieran comprar las cortinas, puertas y ventanas, entre otras estructuras que utilizan para darle seguridad a sus negocios.
Este lunes se volvió a paralizar el comercio semifijo de las calles aldeñas al mercado, porque había maniobras con las estructuras metálicas.

 

Confirma Ayala Villaseñor su renuncia; se irá al fin de la actual administración

Este jueves reapareció el secretario General del Ayuntamiento de Acapulco, José Juan Ayala Villaseñor, y confirmó la entrega de su renuncia, y el acuerdo con la alcaldesa Abelina López Rodríguez de terminar este primer periodo de gobierno, pero no seguir en el próximo trienio.
En una breve charla con reporteros, a su llegada a la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta al secretario General se le preguntó por su ausencia desde el pasado 10 de julio, día en que trascendió su renuncia, y respondió que “eso dicen”.
Pero luego de inmediato indicó que llegó a un acuerdo con la alcaldesa Abelina López Rodríguez de concluir las últimas semanas de la actual administración, y de la que restan aproximadamente ocho semanas, “el acuerdo con la alcaldesa es que yo termine estas ocho semanas que restan”.
Al preguntarle si continuaría en el cargo, respondió que no, que el acuerdo es concluir este trienio. Luego el secretario se apresuró a sentarse entre el espacio asignado a los invitados especiales y no hubo oportunidad de abundar al respecto.
Se supo que el secretario entregó su renuncia a la alcaldesa morenista, pero ella no la aceptó, y que la decisión fue por diferencias y conflictos con la ex secretaria de Bienestar, Leticia Lozano Zavala, actual alcaldesa suplente electa para el periodo 2024-2027, y quien acompaña a la edil en funciones y reelecta López Rodríguez a los eventos públicos y es presentada como “invitada especial”. (Jacob Morales Antonio).

 

Entrega el secretario de Agricultura en Cacahuatepec semillas de maíz al Cecop

El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, reclamó al titular de la Sagadegro, Alejandro Zepeda Castorena, la insuficiencia en la ayuda gubernamental a los campesinos de lkas comunidades de Cacahuatepec Foto:?Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero, Alejandro Zepeda Castorena, acudió ayer a la comunidad de Cacahuatepec para entregar kilos de semillas de maíz a campesinos como parte del apoyo gestionado por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop).
Los productores agrícolas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec reclamaron al funcionario estatal que esta ayuda no es suficiente porque perdieron sus parcelas tras el huracán Otis y el gobierno no los apoyó; el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, comentó que la entrega de ayer debe venir acompañada de otros insumos para la siembra, y al final acordaron con el secretario elaborará un planteamiento de apoyos en corto, mediano y largo plazo.
Zepeda Castorena acudió a la localidad de Cacahuatepec, que se encuentra a orilla del río Papagayo, como parte de los acuerdos firmados por funcionarios estatales e integrantes del Cecop en la reunión que tuvieron en Chilpancingo el martes pasado.
Este encuentro fue acordado después de los reclamos que le hicieron los integrantes del Cecop a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en su visita a esta comunidad el 18 de junio por la exclusión del programa Construyendo Bienestar, que consiste en la edificación de viviendas.
Suástegui Muñoz recordó que hace unos meses se hizo un censo de las parcelas dañadas por el huracán Otis y ayer se entregaron estos apoyos a campesinos de Las Parotas, Rancho las Marías, Los Ilamos, Parotillas, Cacahuatepec y El Carrizo.
Los apoyos también fueron entregados en Huamuchitos, donde se reunieron beneficiarios de Apanhuac, El Cantón, Espinalillo, y en Apalani, donde se conglomeraron campesinos de El Campanario, Cabeza de Tigre, Cruces del Rincón, y próximamente se acudirá a La Concepción, Aguacaliente, Salsipuedes, entre otras.
Pidió al secretario, que estuvo acompañado por una comitiva de funcionarios, que también los apoyen con rollos de alambre, molinos de nixtamal, forrajeros, desgranadoras, gallinas ponedoras, huertos de traspatio, “cuestiones que quizá no van a sacar de la pobreza a Cacahuatepec, pero sí van ayudar mucho y además es un derecho de todas y todos los comuneros de Cacahuatepec”.
También le planteó la recuperación del sistema de siembra milpa, para sembrar maíz, frijol y calabaza, de los suelos con microorganismos “y ya no queremos agrotóxicos, ya no queremos seguir envenenando al campo guerrerense, queremos recuperar los sistemas de agroecología”.
Asimismo, un sistema de riego para varias comunidades “con la intención de que los 365 días del año haya producción agrícola en esta parte de Cacahuatepec porque el tema del agua y la sequía, como ustedes vieron, el año pasado estuvo terrible; de por sí, ya veníamos con un 50 por ciento de cosecha perdida y el huracán Otis nos vino a dar el tiro de gracia”, aseveró Suástegui Muñoz.
El secretario Zepeda Castorena les planteó a los 100 campesinos, la mayoría mujeres, reunidos en la cancha techada de la comunidad la necesidad de organizarse para conocer quién produce qué y dar apoyos que beneficien a varios, y también reconoció que “el presupuesto es mínimo, el presupuesto no alcanza para la necesidad que hay en el estado porque necesidad tenemos muchas”.
Afirmó que su presencia en Cacahuatepec es para llevar a cabo un “proyecto estratégico porque no es nada más un tema de maíz”, destacó que la semilla que se entregó es producida en México y no está modificada genéticamente, y propuso la construcción de bancos para resguardar comunitariamente las semillas.
El funcionario estatal planteó hacer reuniones futuras para trabajar varios temas, como el ganado y los sistemas producto, “para ver hacia dónde vamos a dirigir ese tiro de precisión”, y prevenir los alimentos para los futuros fenómenos hidrometeorológicos, cada vez más frecuentes por el cambio climático, advirtió.
Destacó que anteriormente estuvo de encargado del programa de Sembrando Vida en el estado y lo aplicó en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, pero cuando preguntó quién era beneficiario de este programa, sólo una persona respondió afirmativamente, lo cual motivó a que los campesinos dieran a conocer que tampoco reciben Procampo (que ahora se llama Producción para el Bienestar) ni fertilizante gratuito.
El campesino Evaristo Jerónimo le agradeció las semillas de maíz, pero le pidió que los ayude a conseguir estos programas federales, y un productor de Los Hilamos le preguntó qué otro apoyo habrá.
Zepeda Castorena reiteró que el maíz de ayer es parte de la ayuda que el gobierno del estado entregó a afectados del huracán Otis que no recibieron apoyos de la federación y aseguró que sólo es “el inicio de algo que podemos hacer crecer en conjunto” para elaborar una ruta de trabajo.
La campesina María de la Cruz, de Parotillas, dijo que “no solamente nos hace falta el maíz, nos hace falta alambre; hay personas que son madres solteras, les hace falta gente para que les ayuden, no nada más nos hace falta el maíz, nos hace falta muchísimo maíz, ¿qué vamos a hacer con el maíz?”
“Esperar reunión tras reunión, ¿y mientras qué vamos a comer?, nada más vamos a estar viendo el bulto de maíz” dijo y preguntó: “¿hasta cuándo tenemos que esperar para poder tener nuestro alimento? Si no llueve, ¿nos quedamos con el maíz?”.
Otro campesino comentó que el año pasado, por la falta de lluvias, sembró hasta agosto, y esta temporada será similar, previeron sus compañeros, por lo que discutieron sobre la insuficiencia de la entrega de maíz si no hay alimento.
El vocero del Cecop, Suástegui Muñoz, dijo que el maíz no es suficiente, que tiene que venir acompañado de otros apoyos, como el alambre para las parcelas dañadas.
Una campesina interpeló al secretario: “yo soy madre soltera, mi corral se destruyó donde yo siembro el maíz y aquí están mis compañeras que se dan cuenta que mi corral se me destruyó con el huracán, ¿y a mí qué me han dado? ¡No me han dado nada! Soy madre soltera ¿y cuándo me ayudó el gobierno? Nunca, se los digo aquí con la cara en alto”.
Rodolfo Chávez planteó la necesidad de tener agua para los futuros proyectos, “es fundamental”.
El secretario aseveró que no habrá apoyos económicos, los 7 mil 500 pesos fueron entregados por el gobierno federal, entonces la ayuda será en especie y para quien lo quiera recibir, “pero no esperen a que los técnicos, a que los compañeros subsecretarios vengan a hacer el trabajo que les corresponde”.
Zepeda Castorena reiteró el ofrecimiento de hacer un “proyecto integral” en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y aseguró que no va a permitir el lucro; el vocero del Cecop le pidió sensibilidad porque “la gente está lastimada” por el abandono de varias décadas.
Después de una hora de diálogo, por momentos ríspido, el vocero del Cecop y el secretario acordaron otro encuentro en el que los campesinos le entreguen un planteamiento de apoyos “de corto, mediano y largo plazo”, después de que sea consensuado en una asamblea del Cecop.
La entrega de los bultos de maíz para sembrar fue hasta las 2:30 de la tarde, lo cual también generó molestia porque los campesinos llegaron a las 10 de la mañana a entregar los documentos a los funcionarios; el secretario llegó a la 1:30 de la tarde.

Habrá demanda laboral si el lunes no hay acuerdo con la UAA, advierten maestros

Maestros de la Universidad Americana de Acapulco en conferencia de prensa en el restaurante Sanborns Oceanic Foto: Jesús Trigo

Karina Contreras

Maestros de la Universidad Americana de Acapulco (UAA) advirtieron que en caso de no llegar a ningún acuerdo el lunes, con el rector Mario Mendoza Castañeda en el Centro de Conciliación, interpondrán una demanda laboral.
Mientras tanto, otros docentes ya analizan presentar una demanda penal por usurpación de funciones, porque aseguran que se están dando calificaciones, cuando ellos no las han asignado.
En conferencia de prensa en el Sambors Oceanic, la docente Julieta Álvarez Carbajal, con 24 años de servicio en la universidad, dijo que lo único que están pidiendo es que la universidad los liquide conforme a la ley y luego “entregamos calificaciones”.
Señaló que el propietario de Grupo Nacer Global, Jorge Nacer Gobernación, al que pertenece la UAA, no está cumpliendo con las liquidaciones correspondientes, por lo que esperan que se llegue a un acuerdo el próximo lunes.
Álvarez Carbajal dijo que la molestia de los docentes es por la “falta de acercamiento de las autoridades para dialogar con nosotros. El próximo lunes vamos a tener nuestra mesa de conciliación en Chilpancingo, en el Centro de Conciliación, y esperemos que asistan los representantes de la Universidad Americana de Acapulco, porque de no hacerlo, vamos a proceder a demandarlos”.
Añadió que han tratado de contactar al director general del grupo Nacer Global, Aitor San Sebastián, que es el encargado de vigilar y gestionar a todas las universidades del grupo, pero “en lugar de decirnos algo, nos ha bloqueado a los maestros”.
Insistió en que si no hay acuerdos presentarán una demanda laboral, para que se respeten sus derechos, y aseguró que los dueños han causado el problema dentro de la escuela.
“Ellos nos están echando encima a los padres de familia y a los estudiantes, cuando ellos son los responsables de este problema. Nosotros ya quedamos: si nos liquidan conforme a la ley, nosotros entregamos calificaciones y cerramos los ciclos. Ellos son los que están provocando que esto no se cierre. Las autoridades y dueños de la Universidad Americana no están cumpliendo con esa parte legal laboral y, por lo tanto, estamos en esta posición de que si para el lunes no hay presencia de ellos o no quieren que se aplique la ley, como debe de ser, en cuando a las liquidaciones, entonces nosotros vamos a proceder con una demanda laboral”.
Mientras, el docente y padre de familia de dos alumnos, Javier Sierra Díaz, adelantó que interpondrá una demanda penal contra el rector Mario Mendoza, por usurpación de funciones. Pedirá que se abra una carpeta de investigación, porque como docentes no han entregado calificaciones, pero ellos se las están dando a los alumnos.
Además, hasta el último día, el rector Mario Mendoza tuvo la caja abierta para cobrar a los padres de familia, aun sabiendo que iban a cerrar la universidad, por lo que es un “fraude tan grande, que si lo permite el Estado, no sé para qué están como representantes del pueblo”.
Dijo que son más de 500 los padres de familia afectados por el cierre de la universidad y que ya pagó. Dijo que está siendo afectado como padre de familia, como estudiante, porque estaba estudiando un posgrado, y como docente, porque en este mes cumpliría 24 años frente a grupo.