Manifestación del Sutcobach en la capital para entregar su emplazamiento a huelga

El Sutcobach marchó ayer en Chilpancingo para demandar incremento salarial y la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) Foto: Jessica Torres Barrera

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) marcharon ayer para entregar a la Dirección General del Cobach y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje su emplazamiento a huelga.
Los agremiados partieron en marcha de la Alameda Granados Maldonado hacia la dirección general y después marcharon al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde entregaron el documento en el que piden incremento salarial y revisión al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
El dirigente sindical Antonio Salvador López dijo que el emplazamiento al Colegio de Bachilleres por diferentes demandas salariales y prestaciones está establecido para estallar el 1 de febrero por la revisión contractual y el incremento salarial, así como por adeudos pendientes con jubilados y pensionados.
Asimismo piden la recategorización del personal administrativo que lleva más de dos años sin que hayan sido beneficiados.
“Estamos emplazando al Cobach y al gobierno del estado para el primer minuto del 1de febrero del 2024”, declaró el dirigente sindical durante la marcha.
“Que sepa el gobierno que vamos estar sumándonos a las demandas, también, de los derechos laborales todas las agrupaciones sindicales”, advirtió en el momento en que se sumaban a la marcha de los trabajadores de la sección 18 del Sindicato Único de Servidores del Estado de Guerrero (SUSPEG), cuando el contingente pasó por el centro donde se encontraban.
En ese lugar habían entregado al director general del Cobach, Jesús Villanueva Vega su emplazamiento a huelga y enseguida caminaron hacia el sur de la capital con los agremiados al SUSPEG, pero al llegar al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, los maestros del SUSPEG se quedaron afuera esperando que fueran recibidos por funcionarios de la Secretaría de Finanzas y los miembros del Sutcobach siguieron dos cuadras adelante para entregar su emplazamiento a huelga en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
El secretario general de la organización gremial, Salvador López denunció en entrevista durante la marcha que las autoridades del Cobach y el gobierno del estado no ha querido atender las demandas laborales por lo que tuvieron que llegar al emplazamiento a huelga. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Notifican a paristas de Chilpancingo que “es ilegal” la toma del Palacio Municipal

Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo afiliados a la sección 14 del Sindicato Independientemente bloquean la avenida Benito Juárez frente a la Comisión de Derechos Humanos Foto: Jesús Eduardo Guerrero

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje notificó a los trabajadores del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo que mantienen cerrado el Palacio Municipal desde el 11 de septiembre, que su paro de labores es ilegal. Por su parte los manifestantes bloquearon una avenida y dijeron que solicitarán la revocación de mandato de la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez.
Este miércoles el primer síndico procurador Andrei Yasef Marmolejo Valle; la secretaria general del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos y trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje acudieron al plantón de los sindicalizados para entregarles la notificación.
El acuerdo que emitió el Tribunal indica que: “No se recibió escrito alguno por parte de la sección 14 del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los Organismos públicos coordinados y descentralizados del estado de Guerrero, de emplazamiento a huelga general o parcial en contra del Ayuntamiento de Chilpancingo, consecuencia de lo anterior en relación al punto número dos, infórmese al promovente que al no existir solicitud alguna, tampoco existe acuerdo de estallamiento a huelga parcial, ni total”.
Además, el documento que les entregaron a los manifestantes detalla que la agrupación no está legalmente constituida, porque no existe toma de nota de la sección 14 del Sindicato Independiente.
En declaraciones Marmolejo Valle dijo que la toma del Palacio Municipal ha afectado los ingresos que tiene el municipio, pero también a la ciudadanía porque no pueden realizar sus trámites.
Dijo que se vio “en la necesidad” de solicitar al Tribunal la legalidad del paro laboral que mantiene el Sindicato Independiente, “me respondieron que no existía esta legalidad y por lo tanto le notificaron, por lo que vine a decirles a los trabajadores que desalojen el Ayuntamiento”.
El funcionario municipal indicó que luego de que los manifestantes abran el Palacio Municipal se restablecerá el diálogo, además, consideró que, es importante que funcionen todas las áreas del Ayuntamiento.
Detalló que debido al cierre del Ayuntamiento por los sindicalizados, se tiene una afectación de aproximadamente 2 millones de pesos. Especificó que sólo están recaudando de 35 a 50 mil pesos en las distintas áreas cuando antes cobraban unos 300 mil pesos diarios.
A pregunta expresa de que si utilizarán la fuerza pública para abrir el Palacio Municipal, el primer síndico respondió: “espero que no, ya no quedaría en el asunto municipal, intervendría otro nivel de autoridad. Depende de los trabajadores”.

Bloqueo

Después que las autoridades acudieron al plantón, los sindicalizados encabezados por Domingo Salgado Martínez se dirigieron a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde presentaron una queja contra la alcaldesa.
Además, bloquearon la avenida Benito Juárez frente al organismo, y ahí, Salgado Martínez dijo que la alcaldesa se niega a atenderlos en una mesa de trabajo, pese a que “estamos en la legalidad de solicitar el salario mínimo”.
Informó que harán un documento para solicitar a los diputados del Congreso del Estado la revocación de mandato de la alcaldesa, porque se niega a atenderlos.
Por el cierre del Palacio Municipal los trabajadores de las distintas áreas quienes no están en el paro de labores, colocaron mesas en el Zócalo de la ciudad para brindar atención a la ciudadanía.

 

Acusan al síndico Joaquín González de que escondió las notificaciones que enviaba el Tribunal de Conciliación y Arbitraje sobre el asunto

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de tres ex empleados que fueron despedidos del Ayuntamiento de Zihuatanejo, y ordenó el pago de salarios caídos y su reinstalación inmediata.

El director de Asuntos Jurídicos, Apolonio Osorio Reyes, acusó al síndico Joaquín González Ramírez de esconder la notificación, porque los tres empleados despedidos eran parte de su equipo de asesores.

Los ex empleados José Luis Jordán Herrerón, Edgar Salas Téllez y Jesús Solís Ramírez se desempeñaban como asesores del síndico Joaquín González Ramírez y fueron despedidos hace un año de manera injustificada, por lo que presentaron una denuncia ante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que falló a su favor.

El TCA ordenó al gobierno municipal que las tres personas sean reinstaladas en sus puestos y que se les paguen salarios caídos, que asciende a un total de 745 mil 195 pesos, correspondientes a lo que debieron cobrar desde el 16 de julio de 2003 a la fecha.

En tanto, el jefe del departamento de Egresos de la Tesorería municipal de Zihuatanejo, Jesús Sánchez Abarca, denunció que la titular de esa dependencia, Gilda Soberanis Gamiño, lo despidió de manera injustificada y que pretende liquidarlo “como ella quiere y no como marca la ley, porque sólo me quiere pagar 19 mil pesos por los 7 años que he trabajado en el ayuntamiento”.

Sobre el fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a favor de los tres ex empleados, el director de Asuntos Jurídicos explicó que el ayuntamiento perdió este juicio debido a que lo desconocían, porque el síndico “escondió maliciosamente las notificaciones del TCA y que las autoridades de ese juzgado “actuaron corruptamente con las partes actoras, porque el mismo día en que se presentó la denuncia se radicó y al notificársele al síndico escondió la notificación”.

Por su parte, González Ramírez admitió que el 26 de agosto de 2003 recibió dicho aviso y no le dio contestación, “yo asumo la responsabilidad legal, estrictamente legal, porque no es justo que el alcalde corra a su antojo al personal que supervisa y vigila la administración municipal”.

Refirió que dos auditores Edgar Salas y José Luis Jordán fueron despedidos después de que encontraron facturas apócrifas en la comprobación de la cuenta pública, “por eso nunca estuve de acuerdo con su despido y ya he dicho que como síndico seguiré defendiendo a quien sea despedido injustificadamente”, acotó.

Ayer martes, Sánchez Abarca dijo ante los medios de información que el 9 de febrero fue removido como jefe del departamento de Egresos a “ser un empleado más del departamento de Ingresos” en la Tesorería municipal, con el propósito “de hacerme reventar y que yo solo presentara mi renuncia”.

Explicó que la tesorera Gilda Soberanis lo despidió “sin un argumento sólido, únicamente se encargó de difamarme diciendo que yo era el que fugaba la información de cómo y a quién se le da dinero, pero no tiene una sola prueba de eso”.

Dijo que ahora Soberanis Gamiño no quiere liquidarlo conforme a la ley, “sólo me quiere pagar 19 mil pesos por los 7 años que tengo como empleado del ayuntamiento y no se me hace justo”.

También el policía preventivo Jorge Alvis Cisneros Villegas se quejó de que Soberanis Gamiño se niega a cubrir sus gastos médicos, luego de que hace unos meses fue atropellado cuando cumplía con su deber.

Cisneros Villegas, quien requiere de manera urgente una tomografía pues en el accidente se lesionó el cráneo, dijo que Gilda Soberanis “no me quiere prestar ni a cuenta de mi quincena, dice que no hay dinero y yo sé que a otras personas sí les prestan”.

El preventivo hizo un llamado al alcalde Amador Campos Aburto, “no tengo otra manera de ganarme la vida, estoy enfermo y lo que quiero es que me ayude a curarme, que por favor me ayude”, expresó.