El diputado Alfredo Sánchez Esquivel recurrió por segunda ocasión al Tribunal Electoral del Estado (TEE) para denunciar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tergiversó su queja contra la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna, pues los argumentos empleados para declararse incompetentes no atienden su denuncia.
Sánchez Esquivel recurrió a la CNHJ de Morena el 16 diciembre de 2022. Presentó una queja “por presuntas faltas graves realizadas contra los estatutos” de Morena, en el caso donde la presidenta de la actual presidenta Jucopo habló de irregularidades en la construcción de la demolición de la biblioteca del Congreso, en el periodo en el que el diputado presidía la Junta.
En febrero de 2023 la Comisión la declaró improcedente por haberla presentada fuera de tiempo. Inconforme con el dictamen del órgano intrapartidista, recurrió al TEE, quien ratificó el falló de la Comisión el 23 de marzo de este año. El 29 de marzo el diputado recurrió a la sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual resolvió el 18 de mayo de este año y ordenó a la CNHJ de Morena que en un plazo de 15 días hábiles “se pronuncie respecto de la procedencia de la queja presentada por (Sánchez Esquivel) el 16 de diciembre de 2022”.
En su demanda, el diputado acusó a Domínguez Serna de asociarse con el PRI para expresar ideas en contra de Morena. Señala que “ha realizado de manera sistemática, reiterada y pública, señalamientos infundados y repetitivos, como, ‘daño patrimonial’, ‘decisión unilateral’ todo esto en detrimento de nuestro partido y con estas conductas se transgreden las normas contenidas en documentos básicos y estatutos..”.
Alfredo Sánchez solicitó que la Comisión se pronunciara en el sentido de que Yoloczin Domínguez había rebasado los límites del derecho a la libertad de expresión y creado una opinión negativa “en contra de nuestro movimiento”.
En un acuerdo del 8 de junio, la CNHJ de Morena argumentó que “de las pruebas ofrecidas se advierte que las actas de sesión, el dictamen de seguridad estructural, las publicaciones en redes sociales y las manifestaciones hechas en entrevistas a medios de comunicación, están encaminadas a los actos de investigación derivados de la demolición del inmueble denominado Biblioteca Siervo de la Nación, incluso se vislumbra opiniones por parte de legisladoras pertenecientes al Congreso del Estado de Guerrero, las cuales el promovente señala como infundadas.
“De lo anterior, se desprende que los motivos de disenso no están sujetos a un control por parte de esta Comisión, ya que no se trata de un asunto interno partidista sino del ejercicio de la función pública legislativa” de sus integrantes.
Inconforme con el fallo, Sánchez Esquivel recurrió otra vez al TEE el 8 de junio. El recurso fue enviado a la Comisión el 14 de junio y admitido el 15 de junio por la Comisión.
Casos en contra
Por separado, los integrantes de la CNHJ de Morena acordaron “regularizar” y “acumular” en un solo expediente las dos quejas promovidas contra Sánchez Esquivel por violencia política en razón de género contra la diputada Yoloczin Domínguez Serna, ambos están en etapa de resolución en esa instancia partidista.
Así los expedientes promovidos por Yoloczin Domínguez y por Graciela Ortiz Flores “y otras”, quedan en uno solo que será “subsanado bajo un procedimiento sancionador electoral, conforme lo previsto en los estatutos y el protocolo de ese partido para prevenir, atender, sancionar, reparar, el daño y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres al interior de Morena.
Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.
Falta una estrategia para detener desapariciones
Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.
Se tiene miedo a denunciar
Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.
Trabajadores del Congreso del estado ingresan a las instalaciones tras retirar el campamento que mantuvieron seis días en la entrada principal Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Tras seis días de paro laboral y toma de la sede del Poder Legislativo por parte del sindicato Sentimientos de la Nación, los trabajadores liberaron el Congreso local, que fue la condición de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Yoloczin Domínguez Serna para establecer una mesa de diálogo para atender sus demandas.
El miércoles pasado, trabajadores del recién creado sindicato de trabajadores tomaron el Congreso local, y a pesar de que los candados se pusieron desde adentro de las rejas por trabajadores de seguridad y no por los paristas, estos se colocaron en la entrada del estacionamiento que desde hace dos años funciona como la principal.
Antes de las 8 de la mañana trabajadores del Congreso local retiraban el plantón que duró seis días, quienes posteriormente ingresaron a sus áreas de trabajo y permanecen a la espera de ser convocados por Yoloczin Domínguez.
Antes de las 9 de la mañana a la sede del Poder Legislativo llegaron el secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos; la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Avilés Rodríguez y el encargado del Órgano Interno de Control, Ederht Oyorzábal Díaz, quienes abrieron las instalaciones del Congreso e hicieron un recorrido sin informar de irregularidades al interior.
A pesar de que el lunes el líder sindical Fernando Martínez Román afirmara que no se retirarían y esperarían a Yoloczin Domínguez en el plantón y que no aceptarían un diálogo “condicionado”, finalmente ayer comentó que decidieron confiar en la palabra de la diputada de que se iniciaría una mesa de diálogo.
Martínez Román dijo que confían en la disposición de diálogo que mostró la diputada Yoloczin Domínguez, y en el compromiso que hizo con ellos la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de intervenir en el conflicto y solucionar sus demandas.
Hasta ayer por la noche, el sindicato no tenía notificación de cuándo se instalaría esta mesa de diálogo y confiaron en que esta se realice a más tardar este miércoles.
Fernando Martínez comentó que plantearán que no haya hostigamiento laboral, entre otras demandas de su pliego petitorio como seguridad laboral y entrega de útiles escolares para hijos de trabajadores.
De acuerdo al orden del día de la sesión de la Comisión permanente que se conoció ayer, la plenaria que en periodo de receso se realiza regularmente los miércoles, en esta ocasión se pasará para mañana jueves, sin que se conocieran los motivos.
Trabajadores del Congreso del estado agremiados al Sindicato Sentimientos de la Nación muestran pancartas denunciando su situacion laboral afuera de las instalaciones del Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, convocó a los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación que mantienen tomada la sede del Poder Legislativo, a establecer una mesa de diálogo, siempre y cuando levanten su plantón 24 horas antes. A través de funcionarios financieros y jurídicos les notificó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje determinó que el paro es ilegal.
Los trabajadores que desde el miércoles pasado iniciaron un paro y se instalaron en la entrada del estacionamiento del Congreso local, adelantaron que no se retirarán y que esperarán en el plantón a la presidenta de la Junta.
Ayer también por parte de la administración del Congreso se envió una circular donde se convoca a los trabajadores a reanudar las labores este martes a partir del acuerdo emitido por el Tribunal, “donde notifica que no hay procedimiento de huelga”.
Este lunes por la mañana, en conferencia de prensa en el plantón, el líder sindical Fernando Martínez Román comentó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudió a desayunar con su familia el sábado a un restaurante que está frente al Congreso por lo que se acercaron a pedir audiencia “ella se comprometió a iniciar los canales de comunicación a través de la Secretaría General de Gobierno para que la Jucopo nos atienda e iniciar una mesa de trabajo, agradecemos ese gesto de la gobernadora” y afirmó que confían en su compromiso.
En la conferencia confirmaron que el cese al hostigamiento laboral y la cancelación de los procedimientos iniciados en contra del dirigente del sindicato serían los principales puntos a negociar, y permitirían avanzar en las pláticas para levantar el paro.
En la conferencia de prensa en el plantón, trabajadores portaron pancartas con datos como sus puestos y los años que llevan trabajando en el Congreso, destacaron casos del área de seguridad que llevan desde 16, 18 y hasta 21 años y no han logrado una basificación; también otros de hasta 18 años de auxiliares administrativos, y de áreas como mantenimiento, limpieza, secretarias, edecanes y asesores.
Ahí pidieron la solidaridad del senador Félix Salgado Macedonio “de él aprendimos a luchar”, y denunciaron que trabajadores del área jurídica del Congreso tomando fotos para amedrentar a los paristas.
Además, reiteraron que “no es una huelga, no es un paro, es un movimiento sindical por los derechos humanos y laborales de los trabajadores, estamos esperando el diálogo”.
La secretaria de Derechos Humanos y Medio Ambiente del sindicato, Nancy Bravo Gómez, leyó un comunicado en el que, como primer punto, se deslindan del diputado Alfredo Sánchez Esquivel y calificaron de “infundados” los vínculos que se señalan al respecto.
“Quienes integramos este sindicato, por lo menos, desde la 58 Legislatura hemos intentado conformar un sindicato dentro de este Poder Legislativo, sin embargo, los intentos fueron reprimidos con despidos, por lo que durante el periodo del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, como presidente de la Jucopo, solo se sujetó a respetar la libertad sindical, por lo que nos deslindamos de los señalamientos que nos quieren etiquetar como un sindicato del diputado Esquivel”.
En el comunicado señalaron que precisamente por presuntamente pertenecer a un grupo político “hemos sufrido hostigamiento laboral por parte de la diputada presidenta, de manera sistemática desde su inicio como presidenta en la Jucopo y de manera continuada, con más énfasis, en contra nuestro secretario general y nuestra secretaria de Organización”, como los cambios de adscripción y de área.
Negaron que el movimiento es sólo por la demanda de 63 bases y que este será un proceso que atiendan los órganos correspondientes; mostraron también circulares en las que el sindicato Sentimientos de la Nación fue excluido de beneficios como becas y útiles escolares para hijos, estímulos por puntualidad; negaron también que el dirigente sindical se haya reunido de manera privada con Yoloczin Domínguez.
Señalaron también que a pesar de que la presidenta de la Junta ha señalado su disposición al diálogo “en ningún momento se ha comunicado para acordar la hora ni lugar donde nos convoca”, mientras que Fernando Martínez ha buscado a través de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Leticia Mosso, y de la gobernadora ha solicitado su intervención para establecer una mesa de trabajo con la Jucopo.
Yoloczin ha cometido violencia de género, señalan
Incluso se denunció un caso de “violencia y discriminación en razón de género” cometida por parte de Yoloczin Domínguez en contra de una integrante de este sindicato. Explicaron que el 18 de agosto pasado presentó su licencia médica por embarazo, expedida por el ISSSTE que abarcaba del 17 de agosto al 14 de noviembre, pero el 30 de septiembre, el sueldo de la trabajadora “no estaba íntegro, al reducirle el sueldo sin justificación alguna y durante el periodo en que ella tenía licencia por maternidad”.
En el comunicado señalaron que con esto se constituyó “violencia y discriminación en razón de género, toda vez que de acuerdo a los criterios de la Corte las trabajadoras embarazadas y en situación de maternidad gozan de una tutela especial, al contar con estabilidad reforzada en el empleo. (Tesis registro digital: 2006384)”.
Desalojar 24 horas antes de establecer mesa de diálogo
Ayer aproximadamente a las 4:30 de la tarde, funcionarios de la administración del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, el director de Jurídico Ignacio Rojas Mercado, y el asesor jurídico Marco Antonio Alcocer Hernández, acudieron al plantón acompañados por el notario Emilio Ortiz Uribe, donde leyeron un documento en el que se les convoca a una mesa de diálogo pero con la condicionante de que 24 horas antes levanten el campamento instalado en las inmediaciones del Poder Legislativo.
En este documento se señala que los trabajadores mantienen un paro de manera ilegal debido a
que no hubo un emplazamiento a huelga, y que eso lo confirmó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
“En consecuencia las acciones llevadas a cabo contra este Congreso del estado no tiene ningún soporte legal”. Se apunta que será hasta que liberen la sede del Poder Legislativo cuando iniciará el diálogo.
Por lo que los trabajadores agradecieron la disposición al diálogo aunque este sea “condicionado” pero adelantaron que no se retirarán y que esperan a la diputada en el plantón
El dirigente sindical insistió en que el Congreso no está tomado y que los candados los pusieron por dentro, por lo que trabajadores y diputados pueden entrar y salir, “nosotros aquí la vamos a esperar a la diputada, estamos esperándola día y noche… Hoy vemos con agrado, con respeto, el tema de la postura de la presidenta, a lo cual le decimos que aquí vamos a estar esperando a nuestra presidenta”.
Por su parte Andrés Orozco señaló que los sindicalizados deberían ser congruentes y liberar las instalaciones: “la presidenta está poniendo esos puntos. Yo creo que sí mostramos congruencia de lo que hacemos con lo que decimos, y si lo que decimos y solicitamos es que queremos ser escuchados, siendo congruentes se tendrían que liberar esas instalaciones y entablar la mesa de diálogo”.
El diputado local Alfredo Sánchez Esquivel afirmó que la denuncia que se presentaron 353 mujeres militantes de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de este partido, por violencia política de género contra de la actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, es una persecución política por parte de “algunos actores” que están buscando la manera de afectarlo.
En breves declaraciones telefónicas, se le preguntó sobre la queja intrapartidaria. Comentó que ya le notificaron por parte de la CNHJ respecto a ésta pero que no se menciona que esta se haya presentado por 353 mujeres morenistas, y que de acuerdo a lo que conoce se trata de una queja de la diputada Yoloczin Domínguez Serna en su contra.
“Yo he señalado desde hace muchos meses que hay una persecución política, que muchos actores o algunos actores iban a buscar algunos mecanismos para poder cristalizar esta persecución política, pero como esto ya es un tema que se tiene que resolver en instancias intrapartidistas pues es un tema que se lo deje a mi equipo de abogados para que ellos atiendan”.
De si además de ésta hay algún otro procedimiento en su contra por violencia política de género o relacionada a su paso por la Jucopo, respondió que “al ser esto una persecución política, te puedo garantizar que hay esta y muchas más”, pero no quiso precisar cuáles eran.
Lo que sí aseguró es que hay otros, además de la diputada Yoloczin Domínguez que tienen la intención de afectarlo “estoy seguir que sí los hay, ya en su momento daremos los nombres y haremos los señalamientos ya, de manera directa”, por lo pronto dijo que serán sus abogados los que se encargarán de atender las quejas o denuncias en su contra.
A la pregunta de si se trate de un tema político en su contra, se limitó a ejemplificar que a pesar de los señalamientos por las presuntas irregularidades en la demolición de la biblioteca del Congreso local, hasta ayer no se había presentado una denuncia en su contra por ese tema y únicamente se han realizado señalamientos públicos.
De lo declarado por el auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta, respecto a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya entregó el informe con observaciones sobre la demolición de la biblioteca del Congreso local al poder Legislativo y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo estatal, respondió “es un dato muy práctico, yo no ejecuté recurso, no administré recurso y yo no licité obra, fue recurso manejado por Finanzas del Estado, y obra licitada, supervisada por Obras Públicas del estado, desconozco qué observaciones haya encontrado” la ASF a ambas dependencias.
Señaló que estas observaciones no serían a él, sino a alguna de las dos dependencias del gobierno estatal, la encargada de administrar el recurso y la que licitó y supervisó “a mí no se me ha notificado y no creo que se me notifique es un tema que si la ASF lo maneja, hay procesos internos que no son del dominio público, a no ser que solamente se busque un tema mediático o de golpeteo político”.
