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Avalan diputados donación de predios a la Sedena y la GN en Iguala y Pilcaya

Diputados del Congreso del estado votan a favor del dictamen por el que se autoriza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble denominado La Cinca, propiedad del gobierno del estado, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

En un segundo periodo extraordinario de sesiones del pleno del Poder Legislativo, los diputados aprobaron por unanimidad la donación de terrenos en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional, en Iguala y Pilcaya, y uno más en Chilpancingo para la construcción de oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Se trata de un dictamen para autorizar la cesión de derechos de propiedad de una fracción del predio rústico en la comunidad de Llano de la Concepción de Pilcaya, a favor de la Sedena, para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
Con el otro dictamen se autorizó la donación de un bien inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, en favor del gobierno federal, también con destino a la Sedena, además de autorizar el cambio de uso de suelo del predio “para el desarrollo de actividades castrenses”.
Finalmente en un tercer dictamen, se autorizó a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda dar en donación pura, gratuita y simple el inmueble propiedad del estado denominado La Cinca, en Chilpancingo, en favor del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual ya ocupa.
Los dictámenes fueron fundamentados por los integrantes de la Comisión de Hacienda, el presidente Bernardo Ortega Jiménez, Alicia Zamora Villalva y Beatriz Mojica Morga.
Ayer al concluir el segundo periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo -para el cual se convoca a todos los integrantes de la legislatura-, se realizó una segunda sesión de la Comisión Permanente integrada solo por 12 de los 46 diputados para clausurar el Periodo de Receso.
También se convocó a sesión pública y solemne el miércoles en la plaza pública de Ayutla de los Libres, para conmemorar el 169 Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayutla, y a partir de la próxima semana se instalará el periodo ordinario de sesiones.
Por la tarde a través de un vídeo cuatro diputadas realizaron un posicionamiento por la desaparición de la joven de 15 años Almareli López Tapía, hecho que ocurrió en Azoyú en la Costa Chica este domingo 26. Demandaron a la gobernadora Evelyn Salgado y a la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos Salmerón acciones para que la encuentren con vida.
Se pronunciaron las diputadas Marben de la Cruz Santiago, Beatriz Mojica Morga y Claudia Sierra Pérez, las tres de Morena; también la panista Ana Lenis Reséndiz Javier.
Por la noche se informó, por parte del gobierno estatal, que la menor fue localizada.

 

Van 15 quejas contra Sedena y 13 contra la GN por violaciones a derechos humanos en el estado

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En medio de la polémica por los señalamientos de la militarización de la Guardia Nacional por su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió de enero a julio de este año 15 quejas por 22 violaciones a derechos humanos por personal de esa institución en Guerrero.
Mientras que contra personal de la Guardia Nacional (GN) recibió 13 quejas en el mismo periodo.
De un total de diez dependencias federales que recibieron quejas, la Sedena ocupa en Guerrero el tercer lugar de quejas recibidas y la Guardia Nacional el cuarto lugar.
De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos publicado en la página Web de la CNDH, a nivel nacional la Sedena recibió un total de 241 quejas y se ubica en el octavo lugar de entre diez dependencias federales.
En tanto que la GN recibió 276 y ocupa el séptimo lugar.
En cuanto a los datos que se refieren a Guerrero, de enero a julio las diez dependencias federales acumularon 131 quejas y las 15 en contra de personal de la Sedena representa el 11.45 por ciento.
Las dependencia que recibieron quejas son: El Instituto Mexicano del Seguro Social; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Instituto Nacional de Migración; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)), Secretaría de Bienestar; Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Educación de la Ciudad de México y Fiscalía General de la República (FGR).
Según los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de las 15 quejas por 22 violaciones a los derechos humanos de personal de la Sedena en la entidad, dos son por detención arbitraria, dos por prestar indebidamente el servicio, dos por privación de la vida, dos por trato cruel, inhumano o degradante, y uno por acciones y omisiones contrarias a la legalidad.
Además, otro por acciones u omisiones contrarias a la administración de justicia, uno por desaparición forzada o involuntaria de personas, uno por ejercer violencia desproporcionada durante la detención, uno por emplear arbitrariamente la fuerza pública, y uno por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones.
También recibió una queja por incomunicación, otra por intimidación, una por ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada, una por omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia, una por omitir brindar protección y auxilio, una por omitir fundar el acto de autoridad, una por omitir motivar el acto de autoridad, y otra por omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la reparación del daño y, en su caso, la indemnización.
En nueve de ellas “no se acreditó el hecho violatorio” y se concluyeron por “orientación”, y seis están en trámite.
Mientras que la GN ocupa el cuarto lugar entre las diez dependencias federales que recibieron quejas.
Las 13 quejas que recibió es el 9.92 por ciento del total de las 131 presentadas en contra de las diez dependencias señaladas.
De las 13 quejas (aunque en el desglose sólo aparecen 12), dos son por detención arbitraria, dos por ejercer violencia desproporcionada durante la detención, dos por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, y una por acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas.
Además, otra por apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista causa justificada, una por impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil, una por intimidación y otra por prestar indebidamente el servicio público.
En siete “no se acreditó el hecho violatorio” y se concluyeron “por orientación y falta de interés del quejoso” y seis siguen en trámite.

Hay heridas que no han cerrado

Para el ex coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ex presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés, no se debe descartar que hay una cifra negra respecto de los agraviados que no se denuncian por el “actuar arbitrario” de las autoridades.
Recordó que en el caso especial de Guerrero, “hay heridas que no han cerrado, por el papel negativo que ha tenido el Ejército desde la época de la llamada guerra sucia, que en innumerables ocasiones ha estado fuera de los cauces legales”.
Añadió que de ello dan cuenta asuntos que han resuelto en contra del Estado, tanto la CNDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), y mencionó los casos del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco; los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Recordó el asunto de las indígenas violadas Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, y los que aún están en etapa de admisibilidad y trámite como el caso de la masacre de El Charco, Municipio de Ayutla.
Entrevistado por teléfono el martes, el defensor de derechos humanos consideró por ello que es “un desacierto y un desatino del Estado mexicano insistir que sean los militares los encargados de brindar seguridad pública”.
Expresó que debe tomarse en consideración que la formación de los militares está para eliminar al enemigo, no de acercamiento y proximidad social, mucho menos para prevenir el delito que no está dentro de sus funciones constitucionales.
Explicó que la GN está conformada por personal de Sedena, Marina y de la extinta Policía Federal pero el mando es militar, “entonces, aunque se diga que no es militarización, sí es de hecho, aunque de derecho no porque la Constitución en su artículo 21 establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, de acuerdo a la reforma que se dio en el 2019”.
Opinó que llama la atención el punto quinto del Acuerdo del presidente, que refiere que “las tareas que realice la fuerza armada estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda.”.
Añadió que eso puede dar lugar a diluir la posibilidad de fincar responsabilidad oficial en la que incurran, “si tomamos en consideración que de por sí la Guardia Nacional en su origen la integran policías militares, navales y ex policías federales, y ahora que se dispone de la fuerza armada permanente, su supervisión y control será por cada dependencia según corresponda, esto es, por los órganos internos de control de la Sedena, Marina y Guardia Nacional.
Lugo Cortés declaró que lo que llevó a la militarización de la seguridad pública es el hecho de que no se haya privilegiado el fortalecimiento de las policías civiles, desde el ámbito federal, estatal y municipal.
“Se han dejado en el olvido y la consecuencia lógica es que no se pueden atender las zonas de inseguridad y de violencia por parte de esas policías estatales e incluso de la federal porque no se ha privilegiado la profesionalización, la capacitación de estas policías que son a las que deben encomendarse las autoridades del Estado mexicano”.