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Espera ex presidenta de la Mesa Directiva nuevo dictamen sobre alteración a Ley 179

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local en el periodo en el que se alteró un artículo transitorio a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, la priista Flor Añorve Ocampo, informó que están a la espera de que la Comisión Especial creada para investigar el hecho presente un nuevo dictamen con el que quede claro qué sucedió y quién o quiénes son los responsables, aunque reconoció que no hay fecha para que eso ocurra.
La Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento aprobado sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
Y a pesar de que había inicialmente un plazo de 45 días para presentar el dictamen y que después se le aprobara una prórroga de 14 días, el pleno no ha conocido y menos discutido y votado el dictamen que se tendría que realizar a partir de la investigación de dicha alteración.
En declaraciones después de la sesión de la Comisión Permanente, Flor Añorve comentó que de acuerdo con la información que tiene, en el Congreso se continúan con las investigaciones sobre la alteración del artículo transitorio de “alguna información que llegó, la están recapitulando, creo que eso es importante, que no quede ningún hilo suelto, que las cosas que tengan que estar en análisis, lo hagan”.
Respecto a la información que en su momento la Comisión Especial le pidió, dijo que ella entregó todo lo que le correspondía y que los nuevos elementos servirán para que lo aportado por ella “tenga mejor sustento”.
Se le preguntó si en el nuevo habría nombres de los responsables de dicha alteración, ya que en el dictamen que se iba a presentar en la sesión secreta y del cual tiene copia El Sur no se menciona a ningún responsable directo y mucho menos sanciones.
En un primer momento dijo que, si no se logra tener nombres de los responsables, que por lo menos se realice “un análisis serio que se tiene que presentar, porque ocurrieron hechos, no puede ser que solamente se diga que no hay ninguna situación ahí, entonces ¿Cómo llegó esa modificación, quién la mandó, cómo pasó, cómo se publicó? Yo creo que se tienen que buscar a los responsables”.
Reiteró que ella no envió ningún texto modificado y que lo que envió fue lo aprobado por el pleno del Congreso local, y debe quedar claro desde el Poder Ejecutivo “quién la recibió y quién autorizó que se publicara, también del otro lado hay responsabilidad”.
Un reportero preguntó a la diputada si sabe quién o quiénes buscan encubrir al o los responsables de la alteración. Respondió que ella no tiene conocimiento sobre eso, pero que manifestó a su grupo parlamentario que “si había un dictamen que dijera que ‘aquí no pasó nada’, yo no lo iba a aprobar. Sería en contra de lo que en su momento yo declaré y que fueron cosas veraces”.
Flor Añorve reiteró que no se puede aprobar un dictamen en el que no se mencione a los responsables o que “se diga que aquí no pasó nada, porque sí pasó y está publicado”, además de que confirmó que como grupo parlamentario del PRI si iban a participar en la sesión secreta para conocer el dictamen de la comisión, así como el del PRD.
A pregunta, Añorve Ocampo dijo que es de las diputadas más interesadas en que se conozca quiénes fueron los responsables de esta alteración porque cuando esto ocurrió ella era presidenta de la Mesa Directiva y en consecuencia la responsable legal del Poder Legislativo.
“Con las pruebas que yo tenía en mi poder, se deslindó la responsabilidad porque yo solamente hice entrega de lo aprobado en el pleno, sí soy una de las interesadas en que se clarifiquen las cosas”.
Se le preguntó si se está planteando algún plazo a la Comisión Especial para que presente el dictamen o se enviaría alguna excitativa, pero señaló que es algo que no se ha discutido porque el Poder Legislativo está en periodo de receso.

 

Alteraciones a la Ley 179 postergaban entrada en vigor de derechos de los pueblos indígenas

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A nueve meses de la alteración al artículo segundo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, el Poder Legislativo no ha logrado aclarar qué fue lo que sucedió y mucho menos se han señalado a los responsables. Mientras tanto sigue su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la aprobación de esta legislación que se generó a partir de un cuestionado proceso de consulta.
La ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
El texto del segundo artículo transitorio leído en la sesión del Congreso local, y que posteriormente fue aprobado por unanimidad de los 41 diputados presentes establecía que lo “dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.
Mientras que lo publicado en el Periódico Oficial, señala que dichos artículos “no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.
La consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública debió iniciarse por la 62 legislatura ya que tenía un plazo de 12 meses para realizarla, pero se inició dos meses antes de que venciera el plazo, a mediados de febrero de 2022 y el dictamen se presentó ante el pleno el 12 de abril.
Organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron recurrentemente que la consulta que realizaba el Congreso era una simulación, además solo el 36 por ciento de las comunidades invitadas a participar aceptaron ser parte de este proceso.
Finalmente, el 12 de abril pasado se llevó ante el pleno un dictamen de una nueva ley, la 179 del para sustituir la 777 de Seguridad Pública. En el nuevo ordenamiento los diputados de la 63 legislatura suprimieron los artículos en los que se reglamentaba el qué es, cómo se rige, y como se conforma la policía comunitaria.
De esa forma el Congreso de Guerrero buscó sortear el vencimiento del plazo que estableció la Corte, debido a que la ley 777 quedaría sin validez a partir del 14 de abril, fecha límite para que el Poder Legislativo expidiera una nueva legislación a partir de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Además de que el Congreso de Guerrero realizó de manera exprés, en dos meses una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que le mandató la Corte, tras su aprobación por el pleno, el texto de uno de sus artículos transitorios fue alterado y esta legislación está nuevamente en un proceso de inconstitucionalidad.