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Aprueba el Congreso con sólo un voto en contra la reforma para que el Ejército siga en las calles

El diputado local por Morena, Masedonio Mendoza Basurto, al momento de emitir su voto en contra de la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que extiende hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Con el voto en contra del morenista Masedonio Mendoza Basurto, el pleno del Congreso de Guerrero aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, que prorroga hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad.
En la sesión ordinaria del Congreso local, y después de la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández del viernes pasado para defender la permanencia de las fuerzas armadas en las calles, finalmente ayer se aprobó la minuta con 34 votos a favor, cero abstenciones y solo uno en contra.
Se ausentaron 11 diputados, incluida la diputada del PAN, Ana Lenis Reséndiz Javier, la única de la oposición que es esperaba que votaría en contra luego de que la bancada del PRD anunciara su voto a favor a contracorriente de la postura de la bancada federal que rechazó la reforma que militariza la seguridad pública.
Antes de la votación del dictamen de la minuta, el morenista Masedonio Mendoza Basurto pidió hacer uso de la palabra para argumentar su voto en contra. En tribuna señaló que su postura era porque no se podía olvidar la historia del estado y la guerra sucia en la que miles de luchadores sociales fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados por el Ejército.
“Es importante no olvidar nuestra historia”, dijo el morenista. Recordó que en Guerrero “hay una histórica guerra, la cual señala que en aquel México de los sesentas y setentas se fijó un nuevo enemigo, mejor dicho un ‘no amigo’ que incursionaba en la nación para hostigar y desequilibrar y derrocar al gobierno democrático para establecer un régimen socialista contra este enemigo interno el Estado mexicano dirigió militarmente la lucha y encausó sus aparatos represivos desencadenando lo que tiempo después se le llamaría oficialmente la Guerra Sucia”.
Dijo que en aquellos años “bajo esta lógica de seguridad interna”, tanto “el gobierno federal, la iglesia, los medios de comunicación y múltiples aliados del Estado, delinearon la figura del enemigo, del sujeto peligroso, con una potencialidad indefinida”, y que la respuesta del estado contra este “enemigo” fue desproporcionada con “acciones represivas implementadas para paralizarlo, desarticularlo, y exterminarlo se desarrollaron en sitios geográficos de nuestra entidad”.
Estos actos de lesa humanidad, dijo, fueron legitimados bajo “el argumento de salvar a la patria”, Masedonio Basurto, señaló que esa estrategia de contrainsurgencia que se desplegó en Guerrero “es un punto de referencia importante para conocer la génesis y los patrones de la desaparición forzada”.
El morenista recordó en tribuna que estas acciones se realizaron por “el Estado a través de las fuerzas castrenses y policiales”, y que además esta violencia “contra los disidentes” alcanzó a los ciudadanos identificados como “base de apoyo a la guerrilla rural encabezada por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas”.
Recordó “diversos hechos que manchan el actuar y el accionar” de las fuerzas armadas y policiales “con el solo objetivo de reivindicar la memoria histórica el suceso del 30 de diciembre de 1960 que tuvo lugar en esta capital de Guerrero una masacre realizada por el Ejército Mexicano 23 personas fallecidas en el lugar de los hechos o en los hospitales, la matanza de Atoyac el 18 de mayo de 1967, la matanza de copreros en Acapulco el 20 de agosto de 1967, la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco el 25 de agosto de 1974 desaparecido por los militares, la matanza de La Trinidad el 25 de julio de 1982, la masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, la matanza de El Charco el 7 de junio de 1998, los actos de violación cometidos el 22 de marzo del 2002 contra Inés Fernández Ortega”.
Mendoza Basurto dijo que su postura no es por capricho sino porque es necesario representar a “mi muy querido y bronco Guerrero es por eso que mi voto es en contra”.

“Ahora es distinto”, justifica el morenista Antonio Helguera

Para razonar su voto a favor, pidió la palabra el también morenista Antonio Helguera Jiménez quien después de reconocer lo que Masedonio Basurto dijo en tribuna, planteó a su antecesor en el uso de la palabra que ahora “es distinto este momento que estamos viviendo”, por lo que pidió “valorarla en positivo y votarla a favor”.
En ese sentido dijo que todas esas acciones de las fuerzas armadas y policiales que mencionó su correligionario fueron “derivadas de errores” de anteriores gobiernos, de “quienes en su momento han tenido la facultad de reprimir y de ordenar estos hechos que todos lamentamos, sin embargo, pidió “que recordemos que estamos viviendo nuevos tiempos, donde tenemos un presidente de la República pacifista y este presidente que ante todo valora la vida y los derechos humanos de los mexicanos”.
Recordó que a Andrés Manuel López Obrador lo “acusan de no emplear la fuerza cuando muchos mexicanos están pidiendo que la use, al que han acusado de ocupar la frase `de abrazos y no balazos’ porque él cree que ante todo está en la vida de los mexicanos”.
Justificó que el actual, es “un momento difícil” y que el trabajo de las fuerzas armadas “aún no ha logrado su objetivo, ni se ve que en el corto plazo lo vaya a lograr, están trabajando para eso diseñando estrategias que seguramente conducirán a que pronto podamos tener la seguridad”.
Lo aprobado es minuta por la que el Congreso de la Unión reformó el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada morenista Leticia Castro Ortiz, explicó en tribuna que con esta se ampliar de 5 a 9 años la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La sesión

El diputado priista Adolfo Torales Catalán presentó una iniciativa de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Guerrero, en tribuna con la cual, dijo que con esto se busca “aportar instrumentos jurídicos que permitan al estado y a los municipios el combate al cáncer de la corrupción gubernamental en cualquiera de sus facetas”.
En la iniciativa plantea que sean materia de juicio político las personas servidoras públicas sujetas de responsabilidad como los legisladores locales, el titular del Poder Ejecutivo, secretarios de despacho, magistrados y jueces del Poder Judicial, presidentes municipales, síndicos y regidores, titulares de las dependencias, entidades u organismos de la administración pública estatal o municipal; el fiscal, el auditor, consejeros de la judicatura, entre otros como los funcionarios, empleados y, en general, toda persona que con independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un em-pleo, cargo o comisión, con funciones de mando o decisión, o que maneje recursos financieros, recursos humanos o programas sociales, en cualquiera de estos supuestos dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamien-tos y órganos autónomos.
La propuesta de Torales Catalán plantea que corresponderá a la Comisión de Examen Previo del Congreso declarar la procedencia del juicio político y competirá a la Comisión Instructora substanciar el procedimiento de juicio político establecido en esta Ley y formular, la acusación ante el Pleno del Congreso erigido en Gran Jurado, quién emitirá resolución con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

Estacionamientos gratuitos

El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez (PRD) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para establecer la gratuidad en el uso de los estacionamientos de plazas y centros comerciales, siempre y cuando las personas usuarias realicen consumo en los establecimientos.
La propuesta plantea la denominación del capítulo quinto del título décimo y adicionar un artículo, el 280 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer la gratuidad en el uso de los estacionamientos de las Plazas y Centros Comerciales, la iniciativa contempla la obligación de los ayuntamientos de “aprobar y expedir el reglamento de estacionamiento para plazas y centros comerciales, en aquellos casos en los cuales éstos existan”.
En la sesión, el morenista Fortunato Hernández Carbajal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero para que en el uso de tierras destinadas a la agricultura se apliquen prácticas agroecológicas, a través de la rotación, intercalamiento o asociación de cultivos, , que reduzcan los procesos erosivos del suelo y disminuyan la afectación al cambio climático.

 

Cuestiona dirigente de Morena a los diputados que votaron contra los matrimonios igualitarios

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La secretaria de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Esther Araceli Gómez Ramírez, realizó un extrañamiento a los diputados de ese partido, por desatender la petición de ampliar la iniciativa para los matrimonios igualitarios y, en su lugar, llevar al pleno una propuesta incompleta, además de “negarse a escuchar y colaborar” con ella.
A favor del dictamen, que declaró improcedente la propuesta de iniciativa de reforma para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, votaron los diputados de ese partido Celeste Mora Eguiluz, Adalid Pérez Galeana, Alfredo Sánchez Esquivel, Ricardo Castillo Peña, Antonio Helguera Jiménez y Erika Valencia Cardona; aunque también se abstuvieron Carlos Cruz López y Teófila Platero Avilés.
En un comunicado, la también responsable del plan de organización de Morena en el estado, recordó que el pleno del Congreso local rechazó la propuesta presentada por el diputado Moisés Reyes Sandoval, de quien afirmó que desde que la presentó, le solicitaron desde la secretaria nacional “que se nos proporcionara una copia. Tras su revisión, constatamos que la misma estaba incompleta, pues no se contemplaba el derecho a la adopción. Por lo que le pedimos atender este punto, al tiempo de solicitar al entonces coordinador del grupo parlamentario, el diputado Antonio Helguera Jimenez, su apoyo para atender el punto. Desde entonces la petición fue desestimada”.
El rechazo a la iniciativa, a través del dictamen presentado por la Comisión de Justicia, “nos obliga a señalar la discriminación que perpetúa este hecho, en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el estado, para quienes exigimos pleno respeto e inclusión, conforme lo establece nuestra Carta Magna en su artículo primero, al establecer los principios constitucionales de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación para todas y todos los mexicanos”, manifestó la dirigente morenista.
Esther Araceli Gómez reconoció a los diputados que votaron a favor de los matrimonios igualitarios y en contra del dictamen que declaró improcedente la propuesta, que fueron los diputados Jesús Villanueva Vega, Nilsan Hilario Mendoza, Arturo Martínez Núñez, Mariana García Guillén, Luis Enrique Ríos Saucedo, Norma Otilia Hernández, Aristóteles Tito Arroyo, Marco Antonio Cabada Arias, Ossiel Pacheco Salas, Blanca Celene Armenta Piza, Perla Xóchitl García Silva, Moisés Reyes Sandoval y Yoloczin Domínguez Serna.
De ellos, dijo que “atendieron las directrices de nuestros documentos básicos, como el estatuto que nos dimos al constituir nuestro partido, para reconocer y auspiciar el avance de los derechos humanos de las poblaciones, de la diversidad sexual, a partir de reconocer que como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad de las personas, es preciso reconocer los efectos de la libre expresión de la orientación sexual e identidad de género, sin discriminación y que se plasman con el derecho al matrimonio y la adopción para parejas integradas por personas del mismo sexo”.
El rechazo de los diputados locales es un “hecho reprobable, nos indigna y nos lleva a hacer un extrañamiento a los diputados de Morena, por desatender nuestra petición, por someter una iniciativa incompleta, negarse a escuchar y colaborar”, lo que dijo que impidió que se pudiera participar en cabildear con otros diputados y “lograr éxito en la misma”.
Para finalizar, urgió a los diputados de Morena a una reunión “vía Zoom, a fin de dar continuidad a las iniciativas en favor de los derechos de las poblaciones LGBT en el estado”.
Esther Araceli Gómez informó también de una carta que recibió, de la feminista y ex secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra, quien le pidió su intervención para que diputados de Morena en el Congreso local no permitan la aprobación del dictamen presentado por cuatro de los cinco integrantes de la Comisión de Justicia, quienes determinaron mantener la obligatoriedad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, para poder acceder al aborto en caso de violación, además, limitan a una temporalidad máxima de ocho semanas de gestación y no de 12, semanas para aplicarlo; también agregaron que se fincará responsabilidad profesional, contra los trabajadores de Salud, que interrumpan un embarazo sin informar a las autoridades.
En ese sentido, Rosa María Gómez le pide que intervenga, para “incidir en que el dictamen no sea aprobado por los militantes de Morena y no se registre en la historia, en el retroceso de la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas de Guerrero”.
La ex secretaria recordó que en 2014 se reformó el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, y en 2016 se modificó la NOM 046-SSA2-2005, de Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en armonización con la Ley General de Víctimas, con la que se garantiza que las mujeres que hayan sufrido una agresión sexual y resulten embarazadas, tienen el derecho de acudir a cualquier centro de salud público para interrumpir un embarazo; sin necesidad de presentar una denuncia por violación, ni de autorización por parte de autoridad alguna o consentimiento de padre, madre o tutor.
Recordó también que diputados de Morena presentaron una iniciativa para reformar el artículo 159 del Código Penal del estado, para homologar la Norma 046, sin embargo, el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia “propone establecer aún más requisitos para obstaculizar el acceso de las víctimas de violencia sexual a un aborto legal y seguro. En contraposición con la normativa nacional e internacional, en materia de protección a víctimas de un delito y de violaciones a derechos humanos. El dictamen mantiene al Ministerio Público para su autorización y la notificación a la Secretaría de la Mujer y al DIF, para su acompañamiento, cuando estas últimas dependencias siempre obstaculizan y se coordinan para negar la interrupción del embarazo, anteponiendo sus creencias personales”.