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No podrá IEPC pagar nómina y financiamiento a partidos por retraso en la ministración estatal

La presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Luz Fabiola Matildes Gama, durante su participación en la sesión de este órgano electoral Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), denunció en sesión pública que el presupuesto que solicitó el organismo para el siguiente año de elecciones fue reducido en un 43.48 por ciento en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso del Estado.
También informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
En el informe sobre la situación que guarda el presupuesto de ingresos y egresos del IEPC, y el seguimiento a la gestión del presupuesto de 2024, se explicó que en la asignación presupuestal para este organismo sólo establecieron 393 millones 120 mil pesos.
Informaron que por  escrito solicitaron al Congreso del Estado, a través de las presidencias de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, que el análisis del anteproyecto de este instituto se haga con base en el importe aprobado por el Consejo General de este IEPC, por un monto de 695 millones 488 mil 735 pesos, tal como lo prevé el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
La consejera Vicenta Molina Revueltas advirtió que de aprobarse el decreto en los términos enviados por el Ejecutivo del Estado, “traerá severas implicaciones de riesgo para el correcto desarrollo del Proceso Electoral”.
Añadió que el instituto electoral “tiene por mandato constitucional y legal, la obligación y responsabilidad de organizar las elecciones locales, pero esta responsabilidad no es aislada, existe también corresponsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para prever y en su caso, aprobar la presupuestación responsable de recursos financieros para que el poder público del Estado continúe transitando por la vía de la legitimidad que sólo la democracia puede asegurar”.
En este punto, también informó que es imposible pagar parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos, y parte del pago de obligaciones patronales de fin de año porque la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado volvió a retrasar la ministración de recursos de agosto a noviembre de este año.
Recordó que la entrega tardía de las ministraciones de junio a septiembre, ocasionó la “insuficiente implementación” de proyectos estratégicos y retrasos en el pago de la nómina.
“La situación actual no es diferente por el retraso del presupuesto de  agosto a noviembre que hace imposible el pago de parte de la nómina, parte del financiamiento a partidos políticos y parte del pago de obligaciones patronales”.
Añadió que no podrán pagar aguinaldos por la insuficiencia presupuestal, y arrastraran esta deuda como pasivo al 2024. Lamentó esta situación por los trabajadores que este año laboran fines de semana y días festivos para atender las acciones y programas del instituto, entre estas, dos procesos consultas a pueblos originarios, y la consulta para designar la representación de los pueblos afromexicanos.
Aclaró que la gestión de recursos extraordinarios, este año, por 14 millones 350 mil pesos, se destinará a la instalación de los 28 Consejos Distritales, por lo que persiste la necesidad de recursos para concluir el año fiscal.
Todos los integrantes del Consejo expresaron  preocupación  por la insuficiente presupuestal que pueden enfrentar el siguiente año electoral, que calificaron como el más grande de la historia del estado, con representaciones indígenas y afromexicanas.
Además, de la imposibilidad de cubrir parte de la nómina del personal de este instituto y ciertas prestaciones laborales de fin de año, como es el pago de aguinaldo. Coincidieron en que el desarrollo del proceso electoral de ayuntamientos y diputados  está en riesgo,  derivado de la insuficiencia presupuestal en caso de que el Congreso del Estado apruebe el presupuesto 2024 con la reducción señalada.
El llamado al gobierno estatal para que, desde su responsabilidad y competencia, analice la situación presupuestal del órgano electoral y asegurar la cobertura financiera a las prestaciones de ley del personal y al desarrollo del Proceso Electoral, fue unánime por parte de las y los integrantes del Consejo General.
Asimismo, durante esta sesión se aprobaron los proyectos relativos al ajuste de actividades al Plan de Trabajo para el desarrollo, implementación y operación del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024; así como los dictámenes para el otorgamiento de incentivos por su desempeño al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.
 

Retendrán al Ayuntamiento de Acapulco 578 mil pesos para el pago a ex regidores

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE), requirió al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Raymundo Segura Estrada, que de forma sustituta retenga 578 mil pesos del presupuesto o ministraciones del ayuntamiento de Acapulco para el pago de la segunda quincena de septiembre de 2018 y el aguinaldo proporcional de ese mismo año de cuatro ex regidores.
El Colegiado declaró el incumplimiento de la sentencia del 9 de diciembre de 2022, por parte del Ayuntamiento de Acapulco, para emitir los pagos a favor de Braulio César Montes Vázquez, Olga Salmerón Mendoza, Linda Karina Ríos Radilla y Jaime Luis Colón García, en un plazo de 15 días, después de la notificación.
Advirtió que en caso de un nuevo incumplimiento se impondrá? una de las medidas de apremios o correcciones disciplinarias previstas por el artículo 37, en relación con el 38 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
De acuerdo con información publicada en El Sur, los adeudos de los ex regidores corresponden a dos administraciones anteriores, la del ex alcalde perredista, Evodio Velázquez Aguirre, como lo informó en su momento la anterior alcaldesa de Morena, Adela Román Ocampo, aunque ésta no cubrió parte de los adeudos. Y tampoco hasta ahora la actual presidenta municipal Abelina López Rodríguez.
De acuerdo al proyecto propuesto por el magistrado José Inés Betancourt Salgado, se apercibe que en caso de nuevo incumplimiento se le impondrá una de las medidas de apremios o correcciones disciplinarias previstas por el artículo 37, en relación con el 38 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.
Por otro lado, el TEE impuso amonestación pública al titular del Órgano de Control Interno (OCI) del Ayuntamiento de La Unión, por no iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los funcionarios municipales implicados la alteración de un acta de sesiones del de 3 de enero de 2023.
En el Acuerdo Plenario de la presidenta, Evelyn Rodríguez Xinol, el OCI no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia del 27 de octubre de 2022 y en el acuerdo plenario de 24 de noviembre del mismo año, donde se requirió iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en un plazo de dos días posteriores a la notificación.
El acuerdo incluye un apercibimiento para exhibir las constancias el trámite administrativo, o el titular de la OCI recibirá una multa de 50 veces la unidad de medida. Este asunto tiene origen en la demanda del 29 de agosto de 2021 de la ex regidora Yaneth Gutiérrez Izazaga, por omisión de pago de compensación.
Asimismo, el Tribunal declaró infundado por unanimidad un juicio electoral de la ex presidenta del Comité municipal del PAN del municipio de Benito Juárez, Martha Adriana Torreblanca Martínez, en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia de su partido el 19 de enero.
De acuerdo al proyecto del magistrado, José Inés Betancourt Salgado, el juicio es infundado porque el órgano partidista resolvió su queja en apego a los principios de legalidad y exhaustividad y atendió eficazmente el análisis del cálculo de las prerrogativas adeudadas que correspondían a la actora, razón por la cual no se vulneró los principios aludidos en la demandada.