Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.

 

Protestan padres de una primaria en oficinas de Astudillo en Acapulco; piden maestros y conserjes

Padres de familia de la primaria Ignacio Allende, del poblado San Isidro Gallinero, al poniente de Acapulco, protestaron en la Promotora Turística (Protur), donde está la oficina del gobernador Héctor Astudillo, para exigir dos maestros, uno de cuarto y otro primer grado; así como dos conserjes y la reparación de dos aulas que resultaron dañadas con el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Luego de la protesta, obtuvieron una cita con el asesor jurídico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Abraham Godínez, en Chilpancingo, después de que una comisión se reunió con el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado.
Unas 50 personas exigieron con pancartas a las autoridades educativas que se cubrieran a los docentes que faltan desde el inicio del ciclo escolar.
Señalaron que el director del plantel, Jorge Vega, cubre la ausencia de uno de los profesores, pero que ante el aumento de la matrícula, la escuela demanda más docentes.
“Somos padres de familia y exigimos solución”, “queremos maestros” y “solución”, eran mensajes en las pancartas que mostraban los padres de familia, quienes permanecieron afuera de las oficinas.
“Tenemos dos aulas muy deterioradas y no tenemos material para comenzarlas”, señalaron los padres de familia, quienes recriminaron que las autoridades tampoco han ido a verificar los daños.
De cómo hay limpieza en la escuela, que cuenta con siete salones y una matrícula que va de los 30 a los 35 alumnos en cada uno, explicaron que los padres entregan una cooperación de 5 pesos mensuales por alumno, para pagar a uno de los dos conserjes que hacen falta.

 

Cierran asesores académicos una oficina de la SEG para pedir estímulo por horas extras

Asesores académicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) denunciaron que a 199 trabajadores no se les ha pagado un estímulo por laborar horas extras, es decir 35 pesos diarios por un año que llevan de trabajo, que por ese motivo cerraron las oficinas de Huamuxtitlán, Tlapa, Coyuca de Catalán y en la capital.
Los trabajadores Ada Iris Lemus, Silvia Romero, Virginia Marcela Suárez, Francisco Javier Herrera, Jorge Vargas, Daniel Palacios, Aquiles Martínez, Ericka Anel Dircio, Yanet Miranda, Verónica Martínez, Edgardo Nava y Claudia Campos cerraron las oficinas del Departamento de Formación Continua en la capital, ubicadas en la colonia Centro.
Vía telefónica, una de las trabajadoras denunció que el departamento en el que laboran impulsa cursos y talleres de la reforma educativa, por lo que aunque son trabajadores del mismo gobierno les han afectado sus derechos.
“Se nos ha detenido un pago por horas extras, nosotros trabajamos sábado y domingo, entonces nos dan un pago de 35 pesos diarios, no es mucho, pero ya acumulados sí es una cantidad un poquito fuerte. Entonces estamos los centros de maestros, que somos en todo el estado de Guerrero, más el departamento de Chilpancingo que es la dependencia”, abundó.
Anunció que se unieron a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) para exigir su pago, pues reprochó que la reforma educativa les ha afectado sus derechos.
Dijo que marcharían este martes con la CETEG en Acapulco y Chilpancingo. (Beatriz García / Chilpancingo).