Lourdes Chávez
Chilpancingo
El poder Ejecutivo demostró que no tiene voluntad para garanizar la aplicación de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, al devolver el addendum rectificatorio para el decreto 471 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, donde se incluye la violencia política en razón de género que se omitió, denunciaron las integrantes del PRD y MC, Sol Cuevas Serrano y Yunuen Castellanos Lucero.
La titular de la Unidad contra la Violenica Política en Razón de Género del PRI estatal, Greta Ventura Lemus, añadió que todavía se revisa en el Congreso local un acercamiento con el poder Ejecutivo, para que acepte el addendum rectificatorio y pueda ser ley para el siguiente proceso electoral.
La presidente de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, opinó que la Consejería Jurídica se extralimitó en su funciones, al negar esta posibilidad de corregir una omisión, en un procedimiento que ya ha sido usado por el poder Legislativo y aceptado por el Ejecutivo estatal.
En denuncia telefónica, Salinas Díaz explicó que el proyecto de reforma que se aprobó en la Comisión Justicia del Congreso local, es distinto al que se votó en el pleno, que omite la violencia política en razón de género, como se plantea en la llamada 3 de 3.
Insistió en que el pleno, tenía que haber aprobado exactamente el proyecyo aprobado por la Comisión de Justicia, pero fue otro el que llegó a la votación general, y el 9 de junio se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.
Aunque el 13 del mismo mes, la Mesa Directiva dio curso al trámite del addendum, firmado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia, para aclarar lo que “erroneamente fue omitido”, el docuemnto fue devuelto por el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, argumentando el análisis de la Consejería Jurídica.
Por ello es que el addendum perdió vigencia, porque ya se superó el plazo de 90 días de antelación para que le agregado se aplique en el próximo proceso electoral.
La activista por los derechos politicos de las mujeres opinó que el Ejecutivo no quiso resolver de manera más objetiva esta situación, “no es una nueva reforma, es un addendum rectificatorio. Habiendo una voluntad política y garantista de los derechos de las mujeres, pudieron darle curso a la reforma con esta consideración”.
Sin embargo, señaló que independiente de si se resuelve en lo local la legislación, la 3 de 3 ya es un mandato en la Constitución de México. Por lo que adelantó que los lineamientos que apruebe el Instituto Electoral y de Participación Ciudadada (IEPC) se tendrán que apegar al marco constitucional en materia electoral, que suspende los derechos para acceder a cargos de elección popular a quienes hayan sido sancionados.
Adelantó que la red va a estar acompañando y vigilando la aplicación de la 3 de 3 en Guerrero, exigiendo a los partidos políticos y a los órganos electorales que cumplan con las disposiciones constitucionales.
Añadió que devolver el addendum al Congreso envía un mensaje de impunidad a los agresores, “pero no exime al Ejecutivo de cumplir con la 3 de 3, para suspeder a quienes ocupen cargos en toma de decisiones, y que se ecuentren en el supuesto de haber sido sancionados por violencia familia, sexual o sean deudores alimentarios”.
La consejera estatal y congresista nacional del PRD, Sol Cuevas, estimó que sin la 3 de 3 completa para el proceso electoral, debe haber un llamado a los partidos políticos para que asuman la responsabilidad de elegir actores políticos que cumplan un perfil ético, que la estructura vigile que no participen violentadores de mujeres en las próximas elecciones.
Recordó que junto con otras activistas políticas estuvo en el Congreso local, durante la aprobación de la reforma electoral sobre violencia de género.
“Aplaudimos la participacion de todos, nos fuimos muy contentas, después nos informan ‘que se nos pasó’. Aun así, si no se aprobó la violencia política como sanción a los infractores, por consciencia, los agresores deben quedar fuera”.
La integrante de la Comisión Operativa de MC, Yunuen Castellano, lamentó que el Ejecutivo estatal haya rechazado el addendum para atender un procedimiento legal, “porque efectivamente, ya habían votado y mandando (para su publicación), pero cuando revisan los legisladores, que no está incluida la violencia política, que era uno de los motivos de la reforma, pudieron hacer el ajuste para que entrara en vigor”.
Sobre todo, indicó que debían considerar que Guerrero tiene varios agresores en la lista de personas sancionadas por violencia política en razón de género y que las mujeres los quieren fuera del proceso electoral.
Dado que las saciones para quienes comenten violencia política son muy cortas y baratas, indicó que dejarlos fuera de las elecciones es la única medida efectiva para evitar estas conductas.
“Que no se haya metido esta cláusula nos preocupa, nos alarma. Creo que va a suceder que el Ejecutivo se va a mantener en esta posición. Sabemos qué partido gobierna el estado, tienen agresores de mujeres en su partido, que no quieren dejar de participar en las siguientes elecciones”, recriminó.
Por separado, la titular de la Unidad contra la Violenica Política en Razón de Género del PRI estatal, Greta Ventura, indicó que en el Congreso local todavía se analiza un acercamiento con la gobernadora Evelyn Salgado Pinera, para que acepte el addendum retificatorio.
Insistió en que el gobierno estatal debe valorar a quién beneficia dejar fuera el addendum de la ley, sobre todo cuando la actual administración se dice defensora y constructora de garantías para las mujeres.
Aclaró que aún existe una posibilidad y si no pasa, todavía están los grupos de mujeres “que estoy segura que vamos a poder hacer algo”.
Reconoció que el hecho de que la reforma no esté en la ley electoral local, obliga a las mujeres aspirantes a distraerse de los procesos internos de sus partidos, para evitar que agresores sean postulados a cargos de representación. “Nos distrae, nos quita tiempo y recursos, cuando debería estar en la ley”.