Viudas y sobrevivientes de la masacre de 17 campesinos a manos de policías estatales en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, protestaron afuera del Aeropuerto Internacional General Juan Álvarez de Acapulco para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del crimen, a unos días de que se cumplan 23 años de lo ocurrido.
Unos 50 manifestantes caminaron del Centro de Integración Juvenil Acapulco Diamante al aeropuerto, poco más de 2 kilómetros, porque policías federales impidieron el paso de las tres camionetas Urvan del transporte público de Coyuca de Benítez en las cuales viajaban.
En la caminata al aeropuerto los manifestantes, la mayoría mujeres y adultos mayores fueron escoltados por los policías federales, y seguidos por agentes de la Dirección de Gobernación estatal y federal, por guardias de seguridad privada del aeropuerto y la empresa Serviseg que presta sus servicios al aeropuerto.
Un policía federal intentó persuadir a los manifestantes para impedir que llegaran al inmueble, bajo el argumento de que era “por seguridad del aeropuerto” y el ingreso únicamente para los pasajeros, pero llegaron y continuaron manifestándose hasta las 6 de la tarde que fueron atendidos por el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado.
En pancartas señalaron a Rubén Figueroa Alcocer de la masacre, y hacen referencia a que es padre del candidato del Panal a la alcaldía de Acapulco, Rubén Figueroa Smutny.
El administrador del aeropuerto, Gustavo Mejía Romero intentó persuadir al contingente de manifestantes y sirvió como intermediario para que hubiera una mesa de diálogo con algún representante del gobierno del estado.
En respuesta a la petición de los manifestantes llegaron cinco jeeps con policías federales y antimotines de la Policía Estatal. En suma se reunieron 15 vehículos con policías que permanecieron en el sitio hasta que los manifestantes se retiraron.
Antes repartieron volantes a los usuarios del aeropuerto en los que se leía una breve síntesis de la matanza.
En éstos se informaba que la matanza ocurrió el 28 de junio de 1995 y que murieron en ella 17 campesinos y 23 más quedaron heridos.
Más tarde se informó que al concluir la reunión con Flores Maldonado acordaron que se entregarían apoyos por 10 mil pesos a cada uno de los afectados, como para la realización del aniversario luctuoso en Coyuca de Benítez, en el vado de Aguas Blancas con otras organizaciones.
Las viudas y sobrevivientes de la matanza en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, protestaron 7 horas frente a las oficinas de la Promotora Turística para exigir dinero al gobierno del estado para su aniversario el jueves 28.
De la 1 de la tarde a las 8 de la noche estuvieron con cartulinas afuera de las oficinas de Protur, dijeron que hoy martes van a manifestarse afuera del Aeropuerto Internacional Juan Álvarez.
Beatriz López Secundino, una de las viudas, dijo: “estamos protestando porque queremos que nos apoyen con recursos para llevar a cabo el aniversario del 28 de junio, no nos han proporcionado nada”.
“Queremos apelar a la sensibilidad del gobernador, que nos apoye, porque no nos ha resuelto, queremos que nos apoyen para el evento”, declaró.
Informó que es la tercera vez que se manifiestan porque “nos dijeron que sí, hoy nos iban a dar el apoyo y no nos han recibido”.
El cinco de junio El Sur informó que las viudas y sobrevivientes de la matanza de campesinos en Aguas Blancas bloquearon de manera intermitente para exigir audiencia con el gobernador.
En esa ocasión los inconformes exigieron una “indemnización justa”, recursos para proyectos productivos, atención sicológica y médica y castigo al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, ante la cercanía del 28 de junio cuando se cumplen 23 años de la masacre, y a quien señalan como responsable. (Aurora Harrison)
Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil pesos por el gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.
“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.
Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortez Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.
Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.
El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.
En vísperas del 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, los gobiernos federal y estatal dividieron a las viudas y sobrevivientes mediante el ofrecimiento de proyectos productivos, a condición de que se desistan de su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, informó que los ofrecimientos comenzaron en febrero pasado, y que algunos aceptaron los proyectos, pero que cuando menos los sobrevivientes Erika Zamora Partido y Efrén Cortés Chávez decidieron continuar adelante con la demanda en contra del gobierno mexicano.
El 25 de mayo, el gobierno del estado informó en un desplegado que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del gobierno del estado, Javier Rojas Benito, “atendió a las viudas del El Charco, quienes estuvieron acompañadas por comisarios municipales y algunos habitantes de Ocote Amarillo, Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, La Palma, Ahuacachahue, El Potrero, El Coyul, El Mezón Zapote y de la propia comunidad de El Charco”.
Entonces se informó que el secretario les “ofreció el acompañamiento de la dependencia a su cargo para asesorarlas en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales”.
El comunicado oficial destacó que Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, manifestó que “le brindamos la confianza y reconocemos la sensibilidad social al gobernador Héctor Astudillo Flores”.
Mientras tanto, ayer, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió un boletín mediante el cual dio a conocer los gastos que ha realizado por el litigio que llevan a nivel internacional del caso de la masacre de El Charco, “para transparentar los gastos ya que algunos peticionarios, han decidido no continuar con el litigio ante la CIDH, sabemos que las necesidades de contar con proyectos productivos es primordial, sobre todo para el sustento de la economía familiar, por lo que les deseamos la mejor de las suertes a los compañeros que así lo han decidido”, dice el escrito.
Agrega: “agradecemos la participación y la cooperación de las peticionarias, quienes aportaron la cantidad de doscientos treinta mil pesos cero centavos, de los gastos que hemos realizado en el litigio que ascienden a ochocientos veintitrés mil pesos cero centavos.
El documento concluye: “reiteramos nuestros mejores deseos a quienes han decidido no continuar y manifestamos nuestros parabienes a quienes han decidido continuar con este litigio hasta el final, entre quienes destacan los defensores de derechos humanos, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez”.
Consultada vía telefónica, López Paulino informó que la Secretaría de Gobernación del gobierno federal ofreció proyectos productivos desde el mes de febrero a las viudas y sobrevivientes, a condición de que se desistieran de la demanda que presentaron ante la CIDH.
El 25 de mayo por medio del desplegado emitido por el gobierno del estado se conoció de una de las reuniones que se habían venido dando ya por separado el grupo que aceptó los recursos.
López Paulino consideró que es entendible la posición de las viudas y sobrevivientes que aceptaron los proyectos productivos pues destacó que viven en extrema pobreza y requieren de ingresos para su familia, pero aclaró que hay otros que lo único que buscan es justicia, como Zamora Pardo y Cortés Chávez.
La división del grupo de viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco se da cuando existe un fuerte endeudamiento del organismo con instituciones bancarias a quienes solicitó créditos para financiar el costo de la demanda que alcanzó los 823 mil pesos. Según datos de la Red enfrentan adeudos con los bancos Inbursa, Santander y Banamex.
Unas 30 viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas protestaron está tarde afuera de la Promotora Turística (Protur), ubicadas en el bulevar de Las Naciones, para exigir el pago total de su indemnización.
Antes de las 4 de la tarde, llegaron a las oficinas con cartulinas con mensajes de inconformidad, porque dijeron que este año les negaron el apoyo que les entregaban a las madres, y que a los sobrevivientes los “marginan” y no les dan apoyos.
En declaraciones, la abogada Wendy García Fajardo dijo que protestaban solicitar una mesa de trabajo con las autoridades para “que les paguen la totalidad de la indemnización a las viudas y sobrevivientes, porque el gobierno ha estado ignorándolos”.
“El apoyo que se les había venido dando a las viudas, esta vez se lo negaron, estuvimos en Chilpancingo antes de esta protesta para pedir una audiencia con el secretario general de Gobierno, pero estaba en reunión y no nos quiso atender”, declaró.
Acusó que el gobierno, este año “les negó el apoyo a las madres, porque a los sobrevivientes los han marginado, no les dan ningún apoyo”.
“Queremos que nos atiendan las autoridades para hablar de los apoyos que ya no se les han entregado a las viudas y los sobrevivientes, queremos que se repare el daño”, dijo la abogada y recordó que el próximo 28 de junio se cumplirá otro aniversario de la masacra
El grupo de inconformes fue atendido por la secretaría particular del asesor del gobernador Astudillo Flores, César Flores Maldonado, y se les informó que este jueves los atenderá el funcionario.
El arzobispo de Acapulco Leopoldo González durante su conferencia, en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe del fraccionamiento Mozimba Foto: Carlos Alberto Carbajal
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, expuso que para erradicar los feminicidios toda la sociedad debe luchar, pero en especial los varones; a las autoridades les dijo que se debe de investigar cada caso y no dejarlo en la impunidad.
De nuevo, reiteró su llamado a quienes delinquen a la conversión y compartió la tristeza e indignación de los familiares de quienes han muerto en hechos relacionados con la delincuencia organizada. “Vean los cientos de niños que han dejado huérfanos, los cientos de esposas que han dejado viudas, los cientos de mamás a las que han quitado el corazón al asesinar a su hijos, los cientos de familias a quienes les han robado la paz”.
En el comunicado dominical el prelado católico se refirió a la celebración del Día de la Madre y mandó un mensaje a los hijos, para que informen en todo momento de lo que hacen, considerando que es un deber que se tiene hacia los padres.
En conferencia de prensa en la oficina parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Mozimba, a donde acudió el arzobispo a oficiar misa dominical y concluyó la visita a todas las parroquias de la arquidiócesis en Acapulco, desde su llegada en agosto.
En su comunicado, el arzobispo habló de la celebración del Día de las Madres, de lo que implica ser una, el atender a los hijos, de cómo muchas de ellas no tiene quien las ayude. Así como las que sufren por la ausencia de sus hijos, porque el crimen se los ha arrebatado o desaparecido, y son muchas las madres que sufren al intuir que sus hijos “andan en La Maña”, que tal vez sean de aquellos que a otras madres les arrebaten o desaparecen a sus hijos.
De esto último, dijo que el llamado es a los hijos a que sean conscientes de que tienen deberes con sus padres, que informen lo que hacen y donde están, porque tiene la obligación de respetar y obedecer a sus progenitores.
Consultado respecto a los casos donde son las madres las que han muerto, como en el caso de los feminicidios, el arzobispo expuso que toda la sociedad debe de trabajar para erradicar los asesinatos por el hecho de ser mujeres, “en especial de los varones”.
Recalcó que la vida humana debe de ser respetada, desde la fecundación hasta su muerte natural, que privar de la vida a una persona es una grave ofensa contra las víctimas, la humanidad y “el creador”.
A las autoridades, el prelado católico les recordó que tiene leyes para tipificar y castigar los feminicidios, por lo que convocó a que se investigue cada uno, hasta llegar a la verdad y se procese, para que se haga justicia y no queden impunes.
Convocó a que se continúe en el esfuerzo de que las mujeres y los hombres tengan igualdad de oportunidades en puestos de dirección, que reciban el mismo salario por igual trabajo y hacer público cualquier comportamiento o rasgo de violencia contra la mujer. “El feminicidio es un crimen al que conduce un camino de violencia ya vivido”.
Leopoldo González llamó a fortalecer las familias para que sean libres de violencia, que no parezca normal infringir cualquier tipo de ésta ya sea física, verbal, emocional, sexual o económica.
Invitó a los padres a asignar a los hijos el reparto equitativo de tareas domésticas, aprender a solucionar conflictos con el diálogo, y a las instituciones educativas a inculcar, proteger y fortalecer el respeto a la igual y dignidad del varón y la mujer.
Respecto a los hechos de violencia que han ocurrido en el estado, como los nueve ejecutados dejados en una camioneta en el libramiento de cuota a Tixtla, el arzobispo dirigió su mensaje de manera general: “Una palabra en torno al clima de violencia y actos tan dolorosos que han sucedido”.
Dijo a las familias de las víctimas que comparte su tristeza y su indignación, “esto no debiera ser así”, e invitó a quienes estén cerca que las visiten para orar con ellas.
Insistió, como cada domingo, en que es necesario conocer la razón de cada hecho para restablecer el orden de justicia “gravemente” quebrantado, y que el crimen no quede impune, así como ver a través de lo que sucedió para prevenir otros asesinatos.
Reiteró el llamado a los que perpetran los crímenes a su conversión y a la sociedad a reforzar la paz alrededor, “si ha sido la violencia así de ruda, también nuestro esfuerzo en reconstruir la paz sea muy grande”.
Respecto al robo de un bebé el pasado miércoles, el cual se recuperó el viernes, el arzobispo expresó que los menores son los que menos posibilidades tienen de cuidar de sí mismos, están al cuidado de todos nosotros lo mayores y de la institución pública para protegerlos. Convocó a todos a cuidar de los infantes.
Consultado en referencia al primer lugar que ocupa Guerrero en la migración de menores de edad que intentan pasar a los Estados Unidos y que son deportados, González González recordó que él conoce la situación por su estancia en la frontera de Chiapas con Guatemala, y enfatizó que la reunificación familiar es un derecho.
Viudas y familiares de víctimas de la masacre del vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, ocurrido el 28 de junio de 1995, protestaron en Palacio de Gobierno para exigir que el gobierno del estado cumpla con el pago anual de fin de año que les dan a unas 35 familias.
La mañana de ayer, unas 20 personas se colocaron en el paso peatonal que cruza el río Huacapa frente a Palacio de Gobierno, en espera de que fueran atendidos.
Los familiares y viudas portaban una lona en la que se leía “ 21 años de impunidad, Masacre de Aguas Blancas, Gobierno asesino que mata campesinos, por que el color de la sangre jamás se olvida”.
Los manifestantes llegaron a las 10 de la mañana y se sentaron en el piso en espera de una respuesta.
Como no fueron atendidos, a las 11:10 de la mañana cerraron la carretera de manera intermitente.
Los familiares piden al gobierno del estado el pago anual de 10 mil pesos para cada uno de ellos, como parte del compromiso que tenían desde hace años como parte de un apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares a manos de policías, durante la masacre del gobierno estatal del priista Rubén Figueroa Alcocer. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas hicieron una parada en la glorieta de la Diana Cazadora en la costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado la indemnización para 63 familias.
La parada fue de 40 minutos, participaron 10 familiares de las víctimas del 28 de junio de 1995, portaron una lona donde se leía “21 años de impunidad, masacre de Aguas Blancas. Gobierno asesino que mata a campesinos”.
En declaraciones la abogada de las familias, Wendi García Guajardo dijo que hace un mes se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a interceder ante el gobierno del estado para que las familias de las víctimas fueran atendidas por la autoridades del estado.
La abogada dijo que en tres ocasiones el gobierno del estado ha dado largas a las reuniones y no se han hecho, algunos sobrevivientes están muriendo, otros integrantes de familias de las víctimas están enfermos y la reparación no ha llegado a 21 años de los acontecimientos donde la extinta Policía Motorizada mató a 17 campesinos e hirió a otros 23 cuando se dirigían a una protesta a Atoyac.
La abogada afirmó que el gobierno “no se está haciendo responsable, está dando evasivas para la indemnización”. Al lugar asistió el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Coyuca de Benítez, Jorge Alberto Rosales Díaz.
Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Promotora Turística en el bulevar de las Naciones donde serían atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.
El abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez denunció que en la estructura de gobierno “se mantiene la clase rancia con actitud represiva”, ante la posibilidad de que el notario público, Robespierre Robles Hurtado sea magistrado del Poder Judicial.
El notario propuesto como magistrado por el gobierno del estado en el Congreso local, es hijo del fallecido José Rubén Robles Catalán, secretario general en el periodo de Rubén Figueroa Alcocer, cuando ocurrió la masacre del 17 de junio de 1995 en Aguas Blancas, perpetrada por policías estatales.
En entrevista telefónica, dijo que ven con preocupación que la vieja clase política está llegando a ocupar puestos de gobierno, porque el notario representa los mismos intereses de su padre; a los dinosaurios viejos de PRI.
El representante de las viudas dijo que nunca se castigó a nadie ni se deslindaron responsabilidades por la muerte de 17 campesinos, por esa razón se repitió la masacre de El Charco en 2000, así como los asesinatos y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Ahora se dice que su hijo podría ser presidente del Poder Judicial.
Por otro lado, denunció que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Norma Saenz los citó ayer en la tarde en Palacio de Gobierno, y cuando llegaron encontraron las oficinas cerradas porque no hubo labores.
Recriminó que la funcionaria no haya tenido la atención de avisar a los familiares que no habría labores. Al buscar al enlace de Organizaciones, César Flores Maldonado, éste ni siquiera les atendió la llamada, contestó su secretario particular.
Ayer no fue un día inhábil, pero se dio el día a los trabajadores por acuerdo del sindicato. El luchador social dijo que encontraron una mala actitud de funcionarios de la nueva administración, “nos están desgastando, las viudas y sobrevivientes son gente muy pobre”.
Consideró que es un movimiento que ha sido muy reprimido y masacrado, pero que pide calma sin perder sus principios, debe ser atendido con dignidad. Demandó una mesa con el gobernador Astudillo Flores o con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Recordó que a 17 años de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Aguas Blancas, no se han cumplido, tampoco no hay atención a las víctimas ni castigo a los culpables.
Agregó que, las víctimas a la fecha reciben sólo una mensualidad de 4 mil 800 pesos, y siguen viviendo en pobreza.
Viudas, deudos y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas, se plantaron ayer afuera del Palacio de Gobierno, en demanda de que el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo nombre a una comisión de funcionarios para que comience a fijar el monto de la indemnización que ofreció entregar la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para reparar el daño.
Asimismo, pidieron el pago inmediato de las becas para los hijos de los 17 campesinos asesinados y las pensiones que recibían las viudas y sobrevivientes, porque desde hace un año, la actual administración les retuvo ese recurso.
Cerca de las 10 de la mañana de ayer, poco más de medio centenar de viudas, familiares, viudas y sobrevivientes de la matanza del 28 de junio de 1995, llegaron a la sede del Poder Ejecutivo y se plantaron en la entrada principal hasta que una comisión fue atendida por el subsecretario para Asuntos Políticos, Guillermo Ramírez Ramos y por el coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales, Rubén Ponce.
Entrevistado antes de ese encuentro, el abogado, José Sánchez Sánchez dijo que a propuesta del secretario particular de Torreblanca, Julio Ortega, Aguirre Ponce y Ramírez Ramo, debía de dar una respuesta a su petición del pago de becas y pensiones.
Sin embargo, afirmó que decidieron plantarse para que el gobernador nombre a una comisión de funcionarios estatales que se encarguen de determinar el monto que habrán de recibir sus representados, por concepto de indemnización, porque la Femospp dijo que estaba dispuesta a pagar.
Luego de la reunión, dijo que los funcionarios estatal es se comprometieron que entregarán proyectos productivos a los sobrevivientes y viudas; en tanto que la próxima semana les avisarán cuándo los atenderá personalmente el gobernador.
