En vísperas del 20 aniversario de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, los gobiernos federal y estatal dividieron a las viudas y sobrevivientes mediante el ofrecimiento de proyectos productivos, a condición de que se desistan de su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, informó que los ofrecimientos comenzaron en febrero pasado, y que algunos aceptaron los proyectos, pero que cuando menos los sobrevivientes Erika Zamora Partido y Efrén Cortés Chávez decidieron continuar adelante con la demanda en contra del gobierno mexicano.
El 25 de mayo, el gobierno del estado informó en un desplegado que el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del gobierno del estado, Javier Rojas Benito, “atendió a las viudas del El Charco, quienes estuvieron acompañadas por comisarios municipales y algunos habitantes de Ocote Amarillo, Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, La Palma, Ahuacachahue, El Potrero, El Coyul, El Mezón Zapote y de la propia comunidad de El Charco”.
Entonces se informó que el secretario les “ofreció el acompañamiento de la  dependencia a su cargo para asesorarlas en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales”.
El comunicado oficial destacó que Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas, manifestó que “le brindamos la confianza y reconocemos la sensibilidad social al gobernador Héctor Astudillo Flores”.
Mientras tanto, ayer, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad emitió un boletín mediante el cual dio a conocer los gastos que ha realizado por el litigio que llevan a nivel internacional del caso de la masacre de El Charco, “para transparentar los gastos ya que algunos peticionarios, han decidido no continuar con el litigio ante la CIDH, sabemos que las necesidades de contar con proyectos productivos es primordial, sobre todo para el sustento de la economía familiar, por lo que les deseamos la mejor de las suertes a los compañeros que así lo han decidido”, dice el escrito.
Agrega: “agradecemos la participación y la cooperación de las peticionarias, quienes aportaron la cantidad de doscientos treinta mil pesos cero centavos, de los gastos que hemos realizado en el litigio que ascienden a ochocientos veintitrés mil pesos cero centavos.
El documento concluye: “reiteramos nuestros mejores deseos a quienes han decidido no continuar y manifestamos nuestros parabienes a quienes han decidido continuar con este litigio hasta el final, entre quienes destacan los defensores de derechos humanos, Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez”.
Consultada vía telefónica, López Paulino informó que la Secretaría de Gobernación del gobierno federal ofreció proyectos productivos desde el mes de febrero a las viudas y sobrevivientes, a condición de que se desistieran de la demanda que presentaron ante la CIDH.
El 25 de mayo por medio del desplegado emitido por el gobierno del estado se conoció de una de las reuniones que se habían venido dando ya por separado el grupo que aceptó los recursos.
López Paulino consideró que es entendible la posición de las viudas y sobrevivientes que aceptaron los proyectos productivos pues destacó que viven en extrema pobreza y requieren de ingresos para su familia, pero aclaró que hay otros que lo único que buscan es justicia, como Zamora Pardo y Cortés Chávez.
La división del grupo de viudas y sobrevivientes de la masacre de El Charco se da cuando existe un fuerte endeudamiento del organismo con instituciones bancarias a quienes solicitó créditos para financiar el costo de la demanda que alcanzó los 823 mil pesos. Según datos de la Red enfrentan adeudos con los bancos Inbursa, Santander y Banamex.