Luis Blancas

Chilpancingo

La presidenta municipal capitalina, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que las observaciones que realizó al municipio la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por irregularidades en la cuenta pública, corresponden a la anterior administración, aunque su gobierno atenderá el requerimiento.
La semana pasada la ASF informó que hubo observaciones a 15 municipios por el mal manejo de recursos públicos, entre ellos está Chilpancingo, que deberá aclarar 7 millones de pesos 936 mil 790 pesos ejecutados como “servicios generales e inversión pública”.
En conferencia de prensa matutina en el Palacio municipal, Hernández Martínez precisó que estas observaciones corresponden al ejercicio fiscal 2021, del periodo enero y septiembre de la anterior administración, y que la ASF auditará en marzo su primera cuenta pública del 2022.
Recordó que hace un año la ASF notificó al municipio una observación de unos 8 millones de pesos, del ejercicio fiscal 2021 que corresponde a la anterior administración, “por lo que seremos responsables para dar seguimiento a lo que corresponde”.
Dijo que a nivel nacional Acapulco y Chilpancingo son los municipios más auditados, y lo más observado es la infraestructura, “a nosotros no van hacer la primera auditoría de la cuenta pública del 2022, por eso estamos apurados para comprobar los requerimientos que nos solicitan”.

No le ha informado la FGE del caso de los incendios provocados

Por otra parte, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha pronunciado sobre los incendios provocados en el restaurante El Marino, donde murieron calcinados el velador y su hijo, ni de los 12 locales del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla el 20 de febrero pasado, e insistió que le informe de los avances de las investigaciones.
Hernández Martínez comentó que atender el problema de inseguridad depende de los tres órdenes de gobierno y de los ciudadanos, que el municipio está haciendo lo propio en la prevención del delito, y agregó que la Fiscalía y la Mesa de Coordinación para la Paz deben de informar sobre las investigaciones de algún hecho y proceso penal de un presunto delincuente.
“La Fiscalía no ha dado ningún pronunciamiento de los hechos que ocurrieron el 20 de febrero, me encantaría que nos pudieran informar de los avances, por ejemplo los policías que agarran a los delincuentes no sabemos qué trato les están dando, si los ponen en libertad o en proceso”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Se-guridad Pública y Protección Ciu-dadana, Martha Isela Velázquez Adame informó que continúan los recorridos de militares, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales en el corredor del Valle del Ocotito, en donde se instaló una base de operación tras la petición de los comisarios que solicitaron seguridad en esta zona.
El 18 de febrero ocho integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC-PF, que antes pertenecían a la UPOEG, fueron detenidos y su base desmantelada en la comunidad Buenavista de la Salud, tras una irrupción por policías estatales, militares y efectivos de la GN.
Velázquez Adame informó que a traves de los operativos de los tres órdenes de gobierno, de enero la fecha han detenido 17 personas por los delitos de violencia familiar, robo dentro de un vehículo, casa habitación, violación, por portación de arma de fuego y cartuchos, robo de motocicleta, negocio y acoso sexual.
Además, han detenido 98 personas por faltas administrativas, por alteración de orden público, inhalar sustancias tóxicas, realizar necesidades fisiológicas en vía pública, agresión, graffiti y faltas a la moral.