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Terminar con las obras que no acabó el concejo anterior, piden 25 comisarios de Ayutla

Comisarios de 25 comunidades de la zona me’ phaa del municipio de Ayutla protestan dentro de la Casa de los Pueblos para exigir obras Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Comisarios de 25 comunidades de la zona me’ phaa del municipio de Ayutla, exigieron a los coordinadores del Concejo Municipal Comunitario que terminen las obras que quedaron pendientes en la administración anterior y denunciaron que éstos pretenden imponerles a las constructoras que las harán.
Acompañados por comisiones de pobladores de sus respectico pueblos, las autoridades municipales llegaron este miércoles a las 10 de la mañana a la Casa de los Pueblos, con la intención de reunirse con la coordinadora mestiza que cumple la función de presidenta municipal, Elizabeth Calixto Leyva, pero no la encontraron.
Uno de los comisarios informó por teléfono que esperarían que llegara, para buscar un acuerdo con ella, y en caso contrario volverían a sus comunidades por más gente, para cerrar la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, en la entrada y en la salida de la cabecera municipal de Ayutla.
Contó que los 25 comisarios bajaron el domingo y se reunieron con los consejeros comunitarios, pero no llegaron a acuerdos, y el lunes regresaron para reunirse con los encargados del área de Obras Públicas, pero les dijeron que ahí desconocen la situación, “porque no hubo entrega-recepción” de la anterior administración.
El vocero de los comisarios dijo que la acción que les provocó más inconformidad fue que ahí mismo, en Obras Públicas, les dijeron que las 10 obras, que quedaron pendientes en la administración pasada, serán realizadas por constructoras que contratará la Casa de los Pueblos.
Lo que indica, agregó, que les van a imponer las constructoras, pero “esa fue nuestra inconformidad, porque año con año es la localidad la que pone y elige a la empresa de su confianza”.
El argumento que les dieron es que hay empresas que cuentan con “malos antecedentes”, pero según el comisario no hay un solo ejemplo o prueba, “que nos muestren que en verdad estas empresas, que ponen las comunidades, tienen malos antecedentes”.
Indicó que los comisarios están pidiendo que la zona decida qué empresa va a trabajar en las obras, “porque en el sistema de usos y costumbres así se ha trabajado”.
También piden respuesta a su petición de que les autoricen dos empresas, que las comunidades propusieron, para el rastreo de los caminos de su zona, pero igual les dijeron los coordinadores que ellos van a decidir qué empresa va a trabajar.
Además, les adelantaron que en 2025 se va a continuar con el mismo sistema y van a depurar a las 150 empresas que han trabajado con las comunidades.
Informó que quienes no están de acuerdo con ellos son los consejeros mestizos, así como los encargados del área de Obras Públicas.
Dijo que las obras que están pendientes son aulas en las escuelas y pavimentación de calles.
Advirtió que si no les resuelven, van a regresar con más pobladores para bloquear la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande.
Este miércoles bajaron a la cabecera municipal unas 100 personas, acompañando a los comisarios municipales, pero el vocero advirtió que van a bajar más indígenas en caso de que no reciban respuesta.

 

Resolverá un juzgado civil la violación de soldados a Valentina, informa Tlachinollan

A 16 años de la violación de la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú y a ocho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano, el juzgado Séptimo de Distrito del estado resolverá el primer caso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos anunció que en los próximos días la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales emitirá una sentencia de primera instancia sobre la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú.
Antes del fallo de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, en noviembre de 2009, los casos en donde estaban involucrados militares los resolvía el Consejo de Justicia Militar (CJM), el Ejército juzgaba a sus elementos y las resoluciones no se hacían públicas o no se sabía si se cumplían.
El ataque a Valentina Rosendo Cantú ocurrió el 16 de febrero de 2002 en la localidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec en la Montaña alta de Guerrero y la Coidh dictó la sentencia del caso el 21 de agosto de 2010.
Tlachinollan mencionó que por la omisión de los tribunales nacionales la Corte fue la primera en dictar sentencia en el caso, así como en el de Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes lugares y circunstancias fueron torturadas sexualmente por militares el mismo año.
Subrayó que dado que la agresiones ocurrieron en un contexto de pobreza y discriminación, la Corte Interamericana creó la denominación “violencia institucional castrense.”
Destacó los casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional porque sentaron precedentes para el desarrollo del término “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual.
Asimismo indicó que tribunales de otros países toman como referente el caso de Valentina para exigir garantía a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a la protección judicial para todas las mujeres.
En el escrito Tlachinollan confió en que la sentencia del la jueza federal permita materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, que ha enfrentado bajo amenazas, hostigamiento y agresiones que impactaron su vida personal, familiar y comunitaria.
Destacó la oportunidad histórica del caso, porque se está a punto de resolver en el fuero civil el primer proceso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, y de aplicar los estándares emitidos por la propia Coidh sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente nacional.
Consideró que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo, “llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”.
Mencionó que la Ley de Seguridad Interior es cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y contradice el sentido de la sentencia de la Corte que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.
Como representante legal de Valentina Rosendo Cantú, Tlachinollan aclaró que hasta que no cuenten con sentencias firmes, con reparación en materia de justicia, la sentencia de la Corte no se considerará cumplida.