El comisario de Tlayolapa, Mario Alberto Cortés, el abogado Daniel Rosas Martínez y el comisario de El Terrero, Antonio Sánchez Ávila, en conferencia en Tierra Colorada Foto:?El Sur
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Comisarios, delegados de colonias y transportistas del municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) advirtieron que no permitirán que policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) vuelvan a sus pueblos, tras el intento de incursión el viernes que se inhibió debido a un enfrentamiento.
En un pronunciamiento público en una página de redes sociales, Diario Amanecer de la Noticia, llamaron al gobierno del estado y al de la federación a tomar cartas en el asunto si este lunes regresan los comunitarios. Indicaron que están dispuestos a tomar las armas para defenderse.
Su asesor, Daniel Rosas Martínez dijo que el viernes quedó evidenciado ante la prensa que la Policía Ciudadana de la UPOEG usa armas de alto poder. Agregó que está vinculada con el grupo de la delincuencia organizada los Rusos, en específico con los Carrillo de Ayutla, enfatizó.
“El gobierno lo sabe perfectamente, y si esto me llegara a costar la vida no me importa. Lucharé siempre para beneficio de nuestros pueblos”, declaró.
Consideró que los líderes de la UPOEG, Lino Ponce González y Julio Carrillo Alarcón pretenden tomar el control de este municipio “para extorsionar, robar, matar inocentes”.
El comisario de El Terrero, Antonio Sánchez Ávila señaló que el viernes fueron acosados por la Policía Ciudadana que representa una amenaza para la zona, “iban a incursionar grupo de comunitarios armados, toda la población se puso en alerta porque como pueblos hay estabilidad en la zona. Vienen a alterar el orden”.
Mencionó que Lino Ponce es originario de El Terrero y fue comisario municipal, pero en su tiempo “dejó caos en el pueblo. Ya tenemos clases, se han retomado las ferias regionales, las fiestas patronales, hay tranquilidad, queremos seguir en esta dinámica de convivencia con todos los pueblos”.
El comisario de Tlayolapa, Mario Alberto Cortés coincidió en que la UPOEG alteró el orden de las comunidades, “llegaba con su gente a hacer desorden, la gente dejó de respetarlo y se retiraron. Volvió a salir otra vez y la gente está confundida, no vamos a dejar que se meta con el pueblo”.
Ambos llamaron al gobierno a garantizar la seguridad en esta zona donde toda la población se siente amenazada.
Cortés añadió que no necesitan el apoyo de las autodefensas y tampoco van a permitir que entren a sus pueblos, si es necesario también se van armar para detenerlos.
Relacionado a este movimiento, en Facebook se dijo que hoy habrá una protesta en la Autopista del Sol, en Tierra Colorada, a partir de las 7 de la mañana. Recuerda el bloqueo de siete horas del 5 de diciembre de 2025, de siete horas por comisarios, transportistas y comerciantes en demanda de seguridad y obras.
Anticiparse al bloqueo a la autopista, pide la Mesa de Coordinación
La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz confirmó que habrá un bloqueo a la Autopista del Sol, y recomendó a locales y turistas tomar previsiones ante el cierre de la carretera.
Para este lunes de descanso obligatorio para la burocracia y las escuelas por fin de semana largo, el primero del año por el día de la Constitución (5 de febrero), la Coordinación para la Construcción de la Paz informó en Facebook a la ciudadanía y a los visitantes de Guerrero que se tiene previsto un bloqueo este 2 de febrero de 7 a 10 de la mañana, en el entronque a Tierra Colorada.
Declaró que el cierre de la carretera “podría generar afectaciones a la circulación vehicular”, y exhortó a los automovilistas a tomar previsiones, anticipar sus salidas, y considerar tiempos adicionales de traslado.
Añadió que continuará informando de manera oportuna. “Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mantienen atención permanente y diálogo institucional con los representantes de las comunidades involucradas, con el objetivo de canalizar sus planteamientos por las vías legales y preservar el orden, la movilidad y la seguridad de la población”, concluyó.
En medio de la violencia que ha tocado las puertas de nuestras casas, “no hay nada que celebrar a 212 años de la promulgación de los Sentimientos de la Nación y a 215 años de la Independencia de México”, reprocha en un pronunciamiento, con motivo de las celebraciones patrias, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La organización indígena recrimina que los pueblos indígenas y afromexicanos que dieron libertad a México, ahora siguen siendo “despreciados, explotados y condenados a seguir viviendo bajo el mismo sistema capitalista y colonial, sin educación digna, salud, carreteras y seguridad”.
En protesta por las condiciones en que viven y por la falta de respuesta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los integrantes de la agrupación anuncian que se manifestarán este miércoles afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
Critican que la violencia ha tocado las puertas de sus casas y cuestionan: “¿Cuánta sangre más tenemos que poner para que la justicia llegue a nuestras comunidades y a nuestro estado? ¿Cuántos desaparecidos, asesinatos y feminicidios tiene que haber para que se escuche el reclamo de nuestras madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos que dicen ya basta de tanta violencia?”.
La agrupación reprocha que para las comunidades nunca hubo independencia verdadera, “sólo migajas disfrazadas de justicia”.
Señala que el Estado permanece servil a los intereses extranjeros y permite que las empresas canadienses, gringas y europeas sigan robando su oro, plata, agua, “destruyendo nuestra Madre Tierra, como siempre han hecho durante estos 532 años”.
Advierten que por las condiciones en que viven y por la falta de atención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, este 17 de septiembre se manifestarán indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica frente al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo.
“No pediremos favores, exigiremos justicia y cumplimiento a nuestras demandas históricas”, aclaran en su escrito.
Maestros y pagos justos
En cuestiones educativas, piden al secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña, que resuelva “de inmediato” la necesidad de maestros y garantice el pago justo a los docentes de las secundarias de Río Iguapa y Buenavista, así como del kínder de la segunda localidad. Ambas del municipio de San Luis Acatlán, región Costa Chica.
En tanto, al director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física y Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, le piden la construcción de aulas de la preparatoria popular y del kínder de Buenavista.
Al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Uriostegui García, reclaman respuesta “inmediata y definitiva” a la solicitud de creación del municipio de Buenavista.
Al titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, demandan la construcción del puente de Zoyatlán, “acordado y nunca cumplido”, se quejan. Así como la rehabilitación de las carreteras desde San Luis Acatlán a Yoloxochitl y de Cuanacaxtitlán hasta Azoyú.
Al titular de la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, le piden que cumpla con el estudio técnico para la pavimentación de 47 kilómetros de la carretera que abarca de Potrerillo del Rincón, Pueblo Hidalgo, Llano Silleta, Buenavista, Faisán y Hoja de Venado, municipio de San Luis Acatlán, como se comprometió.
Al mismo funcionario le piden la construcción de la Casa de la Niñez, que de acuerdo con un convenio firmado, debió iniciar a principios de este año.
Por otra parte, al director del IMSS-Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna, le exigen la entrega de una ambulancia que se comprometió con el Centro Ampliado de Buenavista.
Además, al delegado federal de los Programas para el Bienestar, Iván Hernández Díaz, le exigen la entrega “inmediata” de láminas para los damnificados del huracán Erick acordados con la presidenta Claudia Sheinbaum, “y que hasta la fecha no han sido entregados”.
Al Congreso local, le demandan que en el presupuesto de 2026 incluya recursos para salud, educación, carreteras, agricultura y desarrollo integral para los pueblos indígenas y afrodescendientes.
A la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, les exigen una mesa de diálogo “inmediata, para resolver las exigencias de nuestros pueblos”.
La agrupación advierte que si no reciben respuesta este miércoles “nos veremos obligados a regresar y convocar a todos los pueblos para tomar la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca”.
Concluyen: “Ya no aceptaremos más indiferencia, ni más discursos vacíos. Hoy, en este aniversario de la Independencia, gritamos fuerte y claro: ¡No hay independencia sin justicia para todos los pueblos indígenas y afromexicanos!”.
El integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Alberto Zoyateco Pérez y un transportista de Atzacoaloya, fueron asesinados el viernes cerca de la desviación al Jagüey, en la carretera Chilapa-Hueycantenango, denunció el sábado el dirigente de la agrupación, Jesús Plácido Galindo.
Informó que el indígena miembro del Cipog-EZ, de 30 años de edad y originario de Alcozacán, había sido privado de su libertad, junto con el transportista que lo llevaba a su pueblo la tarde del jueves, cerca de Atzacoaloya, a unos 500 metros de donde se encuentra un retén del Ejército.
Agregó que el indígena nahua viajaba en un vehículo que alquiló para llegar a Alcozacán, del que fue bajado con el chofer, de nombre Martiniano, y se los llevaron rumbo a Quechultenango en donde habrían sido torturados y asesinados.
Añadió que los cuerpos fueron regresados al lugar a donde los levantaron y con el vehículo arrojados en una barranca, donde fueron localizados la mañana del viernes.
El dirigente indígena desmintió las primeras versiones que indican que se trató de un accidente automovilístico.
“El compañero iba transbordando en transporte desde Chilapa hacia Alcozacán y fue interceptado adelante de la secundaria de Atzacoaloya, a unos 500 metros del retén del Ejército, donde está la entrada para El Jagüey y hacia Quechultenango”, insistió.
Reiteró que el integrante del Cipog-EZ y el chofer fueron levantados a 500 metros de un filtro de militares y de la Guardia Nacional y que está en la desviación.
“Ahí fueron interceptados por el grupo delictivo de Los Ardillos y se los llevaron a Quechultenango donde los torturaron y al día siguiente los dejaron en el mismo lugar de donde los levantaron”, denunció.
Declaró por teléfono que casos como el de Alberto Zoyateco indican que la estrategia de seguridad de los gobiernos federal y estatal, y las acciones de la Mesa de Coordinación para la Paz son un fracaso, y señaló como responsables a las autoridades de “la masacre” que padecen los pueblos indígenas.
“Es una cobardía de los grupos delincuenciales porque están matando a gente inocente, son gente que van al hospital de Chilapa, de Chilpancingo, al mercado o a trabajar, como fue el caso de Alberto”, dijo.
Plácido Galindo dijo que ya es “un genocidio” lo que están haciendo con los indígenas. “El Estado sabe y no hace nada, y con estos casos se demuestra que el Estado es cómplice por su relación con los grupos delictivos”, denunció.
Insistió en que los asesinatos se cometen cerca de los retenes de militares o de la Guardia Nacional, “y hasta ahora no han detenido a ninguno de los responsables”.
Informó que desde 2015 van 63 indígenas asesinados y 22 desaparecidos y que ninguno de los casos ha sido esclarecido, ni los responsables detenidos y llevados ante la ley.
La camioneta en la que viajaban una mujer y un hombre identificados como María de Jesús Pasado, de 43 años, y su ahijado Alberto Verales, de 29, quienes fueron atacados cuando se dirigían a la cabecera de Chilapa ayer por la mañana Foto: Corterís del Cipog-EZ
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ); una mujer y un hombre, fueron asesinados a las 9 de la mañana de ayer en la carretera Chilapa-Hueycantenango, cerca de la colonia Corral de Piedra, en la entrada de Chilapa.
Las víctimas son la indígena nahua, María de Jesús Pasado, de 43 años de edad y vecina de la comunidad de Alcozacán y su ahijado, Alberto Verales de 29 años, vecino de la comunidad de Buenavista. Ambas localidades son del municipio de Chilapa.
En la noche el Cipog-EZ responsabilizó del doble crimen al grupo delictivo Los Ardillos y resaltó que cerca de donde fueron atacados hay un retén de agentes de la Guardia Nacional, militares y policías municipales, por lo que denunció que estos crímenes en contra de los miembros de esa organización indígena se cometen con la complicidad de los tres órdenes de gobierno.
“Queremos dejar en claro que estamos solos y solas, que el Estado nos ha abandonado a nuestra suerte y en manos de la delincuencia organizada, tal como ocurre en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Colima, Oaxaca y Estado de México”, denuncia.
El promotor del Cipog-EZ, Sixto Mendoza Limpia, de la localidad de Alcozacán, informó por teléfono que María de Jesús y su ahijado Alberto iban de Alcozacán a Chilapa a comprar productos de la canasta básica.
Informó que viajaban en una camioneta estaquitas blanca, y al pasar por la colonia Corral de Piedra ubicada cerca del punto conocido como Los Ajos, en la entrada de Chilapa, fueron atacados a balazos.
El dirigente del Cipog-EZ responsabilizó del doble crimen a los tres órdenes de gobierno, porque dijo que no han atendido su demanda de frenar la violencia mediante el desarme y el repliegue de los integrantes del grupo delictivo que ha venido asesinando y desapareciendo a los indígenas que pertenecen al Cipog-EZ y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Apenas el martes pasado la dirigencia del Cipog-EZ denunció que dos de sus dirigentes, Jesús Plácido Galindo y Francisco Vázquez Mendoza recibieron amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas.
“Con mucha preocupación les compartimos que 15 de julio, nuestro hermano, delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Jesús Plácido Galindo y otro compañero del Cipog-EZ de nombre Francisco Vázquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que fueron amenazados con partirles la madre, les dijeron que los tienen ubicados y que ya le bajen de huevos”, refiere el escrito de ese día.
Agrega: “Es de todos sabido el panorama del estado de Guerrero, donde el crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado”, señaló en su comunicado que envió a organizaciones sociales y a organismos de derechos humanos locales y nacionales.
Víctimas de violencia de la comunidad nahua de Alcozacán, municipio de Chilapa, no han recibido desde hace tres meses sus apoyos de la canasta básica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), denunció el promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia.
La agrupación ha denunciado que desde el 2018 se contabilizan 40 indígenas asesinados y 18 desaparecidos por la violencia que genera el crimen organizado en esa comunidad, ante lo que han armado a niños para formar parte de su autodefensa.
Mendoza Limpia denunció que algunas familias de estas víctimas no han recibido sus apoyos de la canasta básica desde hace tres meses “y ya están muy preocupados”.
Indicó que estos apoyos son del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI).
“Son 40 víctimas de Alcozacán y del territorio comunitario que no han recibido sus depósitos desde hace tres meses, a pesar de que por ley les pertenece y tiene que recibir la ayuda cada mes”, informó.
Apenas el viernes pasado también protestaron integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez, afuera de la CEEAV en demanda de la entrega de las despensas a las familias de desaparecidos que pertenecen a ese colectivo. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
No entrega la CEEAV las despensas a víctimas de violencia en Alcozacán, Cipog-EZ, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Promotor del Cipog-EZ Sixto Mendoza Limpia
Tres jornaleros indígenas nahuas de la comunidad de Zocapexco, municipio de Chilapa, desaparecieron el jueves, cuando recién habían llegado de los campos agrícolas de Sinaloa a Chilapa, denunció el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Los indígenas son Ángel Villalba Salvador de 29 años, Nicolás Rodríguez Díaz de 22, y Marcelino Hernández Tecorral de 20.
Apenas el mismo jueves, familiares y vecinos de la comunidad vecina de Xichitempa, que también pertenece al Cipog-EZ y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) sepultaron a Esteban Xochitempa Tepexco y su hijo Juan Xochitempa Macario, dos indígenas que fueron asesinados el domingo pasado cuando cargaban gasolina en un establecimiento de Chilapa.
En un comunicado emitido este viernes la dirección de la organización denunció que con la desaparición de otros tres indígenas “siguen los ataques sistemáticos y generalizados a los pobladores de las comunidades de la montaña baja de Guerrero que conformamos el Cipog-EZ”.
Se informó que el último contacto que los familiares tuvieron con los jornaleros fue aproximadamente a las 7 de la mañana después de que llegaron a Chilpancingo y abordaron una Urvan en la base de la ruta a Chilapa. Aunque ya no tuvieron comunicación con ellos saben que sí llegaron a Chilapa y de ahí transbordarían otra Urvan de la ruta a Hueycantenango, municipio de José Joaquín de Herrera.
Esa ruta pasa por la desviación hacia Rincón de Chautla y Zacapexco, donde debieron bajarse para llegar a su pueblo.
“Los tres compañeros son indígenas jornaleros que regresaban de Sinaloa al haberse terminado la temporada de cosecha”.
La dirigencia de la organización responsabiliza a las autoridades municipales de Chilapa “por la permisibilidad de los asesinatos, desapariciones y crímenes de lesa humanidad que se perpetran en contra de los pobladores indígenas por parte de los grupos delictivos”.
El Cipog-EZ llamó a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, así como al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) “que gestionen la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. Nos están desapareciendo y asesinando y ningún Gobierno ya sea municipal, estatal o federal nos protege”, reprochó la agrupación.
El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que a raíz de los asesinatos de sus dos compañeros de Xochitempa y la desaparición de los tres de Zacapexco, esa agrupación y la CRAC-PF acordaron bloquear a partir de las 9 de la mañana de este sábado la carretera Chilapa-Hueycantenango en Alcozacán y la federal Chilpancingo-Tlapa, adelante de Chilapa en el crucero conocido como de Papaxtla.
Dijo que la protesta es para exigir un diálogo directo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y funcionarios federales para pedirles la investigación de todos los asesinatos y las desapariciones que han venido sufriendo en los últimos días en los pueblos donde tiene presencia el Cipog-EZ y la CRAC-PF.
Informó que han recibido la solidaridad de organismos nacionales e internacionales y que esta vez no van a levantar su protesta hasta que vayan a reunirse con ellos la gobernadora y los funcionarios federales.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció a los gobiernos federal y estatal de utilizar a las redes sociales para dividir a los pueblos y organizaciones, en vez de resolver sus problemas.
En un boletín de prensa, denunció que es lo que está pasando en las comunidades nahuas de Chilapa donde tiene presencia el Cipog-EZ y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
“El Cipog-EZ es objeto nuevamente de ataques y calumnias a través de medios de comunicación y en redes sociales que tergiversan la información ante la opinión pública.
Explicó que se trata de medios de comunicación “que se han destacado por ser serviles a los gobiernos en turno y son parte de la ofensiva mediática contra el avance de nuestra organización y de las comunidades que dicen basta a los malos gobiernos”.
El Cipog-EZ se refirió concretamente a una publicación del 26 de enero, en la plataforma Guerrero Red Noticias en la que se señala que la policía de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, dejó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para integrarse a la Cipog-EZ, “en cuya organización figuran dirigentes como David Sánchez Luna, Bernardino Sánchez Luna, Benjamín Sánchez Hernández, Nicolás Rodríguez Marcelo, Prisco Rodríguez Morelos, Antonio Rodríguez Morelos y Evaristo Bolaños de Jesús”.
En esta página se señala que “informes policiacos indican que algunos de ellos pertenecieron a grupos paramilitares como el Ejército Popular Revolucionario (EPR); Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”, y con grupos delictivos que operan en la región y que “hoy gozan del privilegio de tener medidas cautelares otorgadas por el gobierno, logrado por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH)”.
El citado comunicado motivó que los coordinadores de la CRAC-PF de la casa de Rincón de Chautla, David y Bernardino Sánchez Luna se deslindaran de la incorporación de la policía de Buenavista de la Salud y aclararon que ellos no pertenecen al Cipog-EZ y desmintieron que la CRAC-PF tenga su casa de justicia en Alcozacán, a la que supuestamente se incorporó la policía de Buenavista, sino en Rincón de Chautla.
La dirigencia del Cipog-EZ responsabilizó del comunicado en el que se vincula a la CRAC-PF con el EPR, ERPI, EZLN y con grupos delictivos, a medios de comunicación y páginas que reciben financiamiento del gobierno para dividir a los pueblos y a las organizaciones como lo están haciendo en el caso de Chilapa entre el Cipog-EZ y la CRAC-PF.
“Ante la tergiversación de dicha agencia de noticias, manifestamos que nuestros promotores no son, ni han pertenecido a organizaciones político-militares, tales como el Ejército Popular Revolucionario y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, y que las verdaderas organizaciones paramilitares, son los grupos de narcotráfico Los Ardillos y Los Rojos que cuenta con el cobijo del mal gobierno”.
Agregó que “las innumerables violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que han sufrido nuestras comunidades se debe a estos últimos grupos narco paramilitares, que realizan ese tipo de publicaciones y son cómplices de estos delitos”.
La agrupación responsabilizó al Estado, “por sus falsas acusaciones que publica en sus medios de comunicación y agencias”, agregó que con ello deja en evidencia “que son ellos quienes protegen a los grupos de narcotráfico que utilizan tácticas paramilitares contra los pueblos y comunidades, que tratan de desprestigiarnos porque nuestra lucha no cabe en sus urnas”.
En cuanto al señalamiento de las medidas cautelares otorgadas por el gobierno, el Cipog-EZ aclaró que promotores de esa organización son beneficiarios como defensores de derechos humanos de medidas de protección emitidas por el Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio de una evaluación de riesgo con parámetros internacionales, pero que no son usadas para beneficios personales, sino para su actividad como promotores de derechos humanos.
“Sabemos que la única manera de desprestigiar el movimiento del Cipog-EZ es de esa manera como lo está haciendo el Estado, y como lo ha hecho con las demás movimientos en Guerrero que han desmantelado y desarticulado”.
Denunció que el gobierno pretende dividir la unidad de las comunidades “utilizando paleros financiados por el gobierno, ante ello aclaramos que las siguientes personas (David y Bernardino Sánchez) no son parte de nuestra organización y que en su momento ya nos hemos deslindado de ellos”.
“Sabemos que seudo agencias de noticias publican lo que les dicta el Estado, queriendo confundir y engañar a la sociedad”.
El dirigente indígena ejecutado en Chilapa junto a dos de sus compañeros del Cipog-EZ, Adán Linares Silverio saluda a funcionarios que acompañaron en su gira al presidente López Obrador el pasado 21 de octubre en el crucero de Colotepec, Chilapa Foto: Lenin Ocampo Torres
Luis Blancas
Chilpancingo
Tres integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), uno de los cuales habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la violencia del crimen organizado, Adán Linares Silverio, así como Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron asesinados a balazos la tarde del sábado en la comunidad Xochimilco, municipio de Chilapa.
En conferencia de prensa afuera del Servicio Médico Forense en Chilpancingo, el promotor de esa organización, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román, del homicidio de sus tres compañeros.
Mientras que la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) lamentó y condenó el crimen en contra de los tres activistas indígenas.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que minutos antes de las 4 de la tarde del sábado recibieron el reporte de tres personas asesinadas en la carretera Chilapa-Tixtla.
Policías estatales y ministeriales encontraron un vehículo Tsuru blanco en el crucero de la localidad Xochimilco. Adentro estaban los cuerpos de dos hombres asesinados a balazos y otro más afuera. Las tres víctimas tenían impactos de bala en el cuerpo.
En el lugar había casquillos percutidos calibre 9 milímetros y 38 súper. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de ley y los cuerpos fueron trasladados al Semefo de la capital.
La FGE difundió un comunicado la tarde del sábado en el que dice que inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de tres hombres, por los hechos ocurridos en un crucero en la población de Xochimilco en Chilapa de Álvarez.
Responsabiliza al presidente López Obrador y a la gobernadora
El Cipog-EZ difundió un boletín de prensa en el que dice “responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos”.
“Actuaremos nosotros y nosotras, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestros pueblos”, agrega.
“Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que tres de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narcoparamilitares han impuesto en nuestro territorio”, expone el Cipog-EZ.
Añade que sus compañeros acudieron a Chilapa, fueron detenidos por agentes de Tránsito municipal a las 2:40 de la tarde del sábado, “posterior a eso una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que a las 9:30 de la noche de ese día se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco”.
“Si no nos defendemos quién nos va a defender”, fueron las palabras que los pueblos de la Montaña baja de Guerrero le dijeron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el 21 de octubre.
Pese a que el Cipog-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la República, la tarde del 5 de noviembre “nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados”, se lee en el boletín.
“Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la República, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados”, concluye el comunicado.
Solicitaron la detención de Los Ardillos el 21 de octubre, reprocha
El promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo responsabilizó al líder de grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez del crimen, y por estar “coludidos” a los diputados locales Bernardo Ortega, Jesús Parra García y al alcalde de Chilapa, Aldy Esteban Román.
En conferencia de prensa en el Servicio Médico Forense (Semefo) en la capital, Plácido Galindo se quejó de que a pesar que Adán Linares y miembros de la organización abordaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en la gira de trabajo el 21 de octubre pasado, donde le solicitaron la detención de los integrantes del grupo delictivo que opera en Chilapa y el cese a la agresión contra el Consejo no han tenido respuesta, y siguen las agresiones en contra de sus integrantes.
Dijo que en ese acercamiento acordaron que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda iban a acudir a la comunidad de Alcozacán para atender el problema, pero no les han dicho cuándo.
Informó que desde el 2015 a la fecha 43 miembros han sido asesinados y 20 más se encuentran desaparecidos por el grupo paramilitar, que pretende desaparecer a la organización e invadir el territorio.
“Hacemos responsables de estos hechos al líder de Los Ardillos Celso Ortega, a su familiar (hermano) Bernardo Ortega, al alcalde de Chilapa Aldy Esteban Román, porque sus trabajadores trabajan con los malos, y al diputado local Jesus Parra García, que cuando fue alcalde permitió la presencia de estos amigos en el munipio”, insistió.
Indicó que esta agresión en su contra pudiera ser una reacción a los señalamientos contra Los Ardillos y al diputado Bernardo Ortega, que hicieron frente al presidente de México cuando visitó La Montaña de Guerrero.
“No están muertos nuestros compañeros, la lucha sigue, la resistencia del crimen operando en la montaña no nos va a afectar, vamos a seguir denunciando, nos duele ver que cada día los compañeros que bajan a comprar a Chilapa ya no regresan, de este asunto es responsable el Estado”, declaró.
Mencionó que Adán Linares hace dos años contaba con medidas cautelares, cargaba un botón de pánico y un teléfono satelital, lo cual no fue suficiente para garantizar su seguridad, “ahora él dejó dos niñas y sus restos serán sepultados en Alcozacán al igual que Moisés que dejó dos niños, mientras que Guillermo será sepultado en Tula y dejó en la orfandad a tres hijos”.
Plácido Galindo dijo que sus tres compañeros asesinados salieron a las 2 de la tarde del sábado de la comunidad Alcozacán en Chilapa, se dirigían a Chilpancingo para comprar refacciones de un vehículo, cerca de los arcos fueron retenidos por agentes de Tránsito municipal, los siguió un motociclista y después al pasar por el crucero de Xochimilco fueron asesinados a balazos.
Dijo que en asambleas de las comunidades en las que tiene presencia el Cipog-EZ analizarán qué acciones realizarán ante las agresiones del grupo criminal Los Ardillos.
Exigió al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado justicia para los miembros de la organización y que no quede impune.
Minutos después de la 1 de la tarde los familiares de Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, resguardados por policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional acudieron al Semefo en la capital para recoger los cuerpos de los tres miembros de la Cipog-EZ y realizar las denuncias correspondientes ante la Agencia del Ministerio Público.
La Codehum condena el triple asesinato
La Codehum lamentó y condenó el suceso en el que fueran privados de la vida el sábado Adán Linares Silverio, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
La Codehum difundió un comunicado en el que señaló que dará seguimiento al caso, a fin de que se garantice a favor de los deudos el derecho al acceso a la justicia.
El organismo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que se realice de manera diligente y apegada a la legalidad, “y que las acciones que se tomen sean con estricto respeto a los derechos humanos”.
Pobladores de comunidades de Chilapa, integradas al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), recibieron a la segunda Misión de Observación de la Sexta Nacional e Internacional, en Alcozacán, para lanzar ahí la campaña de recaudación de recursos y materiales que les permita instalar la Radio Organizando la Lucha por la Autonomía (ROLA) en la región.
En consulta telefónica, el dirigente, Jesús Plácido Galindo indicó que el sábado llegaron a integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de Radio Zapote de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), y ayer, con unas 800 personas marcharon a la Casa de la Cultura, donde se ubicará la Radio Comunitaria por autodeterminación de los pueblos.
En su mensaje, el Cipog-EZ llamó a resistir en la lucha para construir un mundo mejor, frente a los narcotraficantes y paramilitares, “que se han dedicado desde hace varios años ya a aplastar cualquier intento de organización”, como esta iniciativa.
La primera Misión Civil de Observación de la Sexta en Chilapa, este año, documentó el asedio a los pueblos nahuas de este municipio, donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), y el Cipog-EZ, los crímenes y violaciones a los derechos humanos que han padecido.
Este domingo, en un mitin, fijaron postura sobre un nuevo medio de comunicación para buscar justicia, verdad, democracia, libertad, desarrollo y respeto para los pueblos, su identidad y cultura.
“Sabemos que el sistema mundial pretende crear un pensamiento unidireccional, así como la imposición de su idea del mundo, donde todos y todas estemos sometidos. Sin alternativas, la única opción es rebelarse para crear un nuevo mundo en el que verdaderamente podamos existir como decidamos, no como alguien más nos diga”.
Señalaron que pueden construir lo que necesitan y destruir “aquello que nos mata”, en el entendido de no ser como los poderosos esperan.
“No queremos ser parte de la farsa electoral, de la falsa democracia, no queremos ser explotados por patrones, caciques o grupos delincuenciales. No queremos ser presas de los partidos, ni queremos la muerte en nuestras comunidades por enfermedades curables”.
Es decir, que las alternativas de sus hijos no sean ir a las filas del narcotráfico, ni del Ejército para reprimir al pueblo.
Defendieron la idea de la autodefensa de la vida, “porque el Sistema disfruta de ver muerte y destrucción, pues con ello se lucra, se ganan elecciones, se exterminan y desplazan comunidades, hasta que se impone un nuevo orden, el del vencedor: el sistema capitalista”.
Llamaron a construir colectivamente como los zapatistas en Chiapas, otro sistema de justicia, de educación, salud, de relacionarse con otras personas, y a resistir ante a las dificultades, porque mientras los pueblos del CNI gestan luchas a la izquierda, denunciaron que grupos narcotraficantes y paramilitares, “se han dedicado desde hace varios años ya, a aplastar cualquier intento de organización”.
Lametaron que la resistencia del Cipog-EZ ha costado vidas, pero destacaron coincidencias con las demandas de los pueblos del CNI para tener una Red y construir algo más grande y organizado.
“No sabemos aún cuál es la forma en la que puede funcionar algo más
grande, lo que sí sabemos es que este esfuerzo que inicia hoy, no será sólo nuestro, sino de colectivos y organizaciones de distintas partes del mundo”.
En esta iniciativa, la ROLA, voz de los pueblos, la voz de los sin voz, señalaron que será trascendental para fortalecer los lazos comunitarios, la autonomía y la cultura en lenguas indígenas, ñamnkué, me phaa, náhuatl y afromexicano, y en la lucha contra los grupos delincuenciales, que se reproducen a lo largo y ancho del país, contra la minería, contra el desprecio, el despojo y la explotación”.
Presentaron los nombres de las organizaciones que recibirán los fondos, en México, la asociación Raúl Romero Gallardo; en Estados Unidos el Colectivo Grietas, y en Europa, La Otra Europa, del 28 de agosto de 2022, al 31 de enero de 2023.
Reconocieron la solidaridad del CNI, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S), de la Red Universitaria Anticapitalista, del colectivo Grietas Norte, de Global Majority Vs Campaign, y Radio Zapote, en la planeación de esta campaña solidaria.
Reconocieron también a quienes acudieron en 2018 a la Caravana Por la Vida y por el Agua, y quienes se manifiestan contra la violencia en nuestras comunidades, “esperamos seguir contando con ustedes en este nuevo proceso, con las Redes de Resistencia y Rebeldía Solidarias, con otras radios comunitarias de quienes necesitaremos su consejo, con los colectivos y demás organizaciones, con la Sexta Nacional e Internacional y con todos y todas cuyo corazón late abajo y a la izquierda”, finalizó.
