El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González consideró grave que niños y adolescentes hayan sido presentados como parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), pero advirtió, “no les queda otra”.
“Esto no debe existir, por eso hay que rezar mucho para que el señor convierta los corazones (de los consejeros)”, dijo.
Consultado en la catedral de Chilapa, el prelado dijo que la situación de inseguridad y la presentación de los menores es de mucha pena.
Reprochó a quien haya aceptado que existan grupos armados en la región porque es como permitir que se peleen entre hermanos.
“Esto es una pena, de llorar. Pobrecitos, no les queda otra, esto es grave, esto no debe existir por eso hay que rezar mucho para que el señor pueda convertir los corazones”.
“Es un llamado a quienes desean odiar, sin ningún respeto, sin ningún amor a la vida”, agregó.
El obispo no se refirió al acoso criminal que ha padecido la comunidad de Ayahualtempa que ha contabilizado 17 personas asesinadas y 7 desaparecidas de 2018 a la fecha.
Además del aislamiento obligado de la población debido a que no puede salir de su comunidad, a pesar de ubicarse a unos metros de Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Al responsable de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa se le preguntó su opinión acerca de que el sábado, pobladores de Coacoyulillo impidieron el paso de soldados del Ejército a su comunidad, días después de que denunciaron la incursión de civiles armados.
“Pedimos que el Ejército y la Guardia Nacional no se corrompan, que no se corrompa el gobierno, que no se hagan de un grupo ni de otro, porque a ellos les toca garantizar la seguridad y los derechos humanos”, respondió.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció a los gobiernos federal y estatal de utilizar a las redes sociales para dividir a los pueblos y organizaciones, en vez de resolver sus problemas.
En un boletín de prensa, denunció que es lo que está pasando en las comunidades nahuas de Chilapa donde tiene presencia el Cipog-EZ y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
“El Cipog-EZ es objeto nuevamente de ataques y calumnias a través de medios de comunicación y en redes sociales que tergiversan la información ante la opinión pública.
Explicó que se trata de medios de comunicación “que se han destacado por ser serviles a los gobiernos en turno y son parte de la ofensiva mediática contra el avance de nuestra organización y de las comunidades que dicen basta a los malos gobiernos”.
El Cipog-EZ se refirió concretamente a una publicación del 26 de enero, en la plataforma Guerrero Red Noticias en la que se señala que la policía de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, dejó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para integrarse a la Cipog-EZ, “en cuya organización figuran dirigentes como David Sánchez Luna, Bernardino Sánchez Luna, Benjamín Sánchez Hernández, Nicolás Rodríguez Marcelo, Prisco Rodríguez Morelos, Antonio Rodríguez Morelos y Evaristo Bolaños de Jesús”.
En esta página se señala que “informes policiacos indican que algunos de ellos pertenecieron a grupos paramilitares como el Ejército Popular Revolucionario (EPR); Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”, y con grupos delictivos que operan en la región y que “hoy gozan del privilegio de tener medidas cautelares otorgadas por el gobierno, logrado por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH)”.
El citado comunicado motivó que los coordinadores de la CRAC-PF de la casa de Rincón de Chautla, David y Bernardino Sánchez Luna se deslindaran de la incorporación de la policía de Buenavista de la Salud y aclararon que ellos no pertenecen al Cipog-EZ y desmintieron que la CRAC-PF tenga su casa de justicia en Alcozacán, a la que supuestamente se incorporó la policía de Buenavista, sino en Rincón de Chautla.
La dirigencia del Cipog-EZ responsabilizó del comunicado en el que se vincula a la CRAC-PF con el EPR, ERPI, EZLN y con grupos delictivos, a medios de comunicación y páginas que reciben financiamiento del gobierno para dividir a los pueblos y a las organizaciones como lo están haciendo en el caso de Chilapa entre el Cipog-EZ y la CRAC-PF.
“Ante la tergiversación de dicha agencia de noticias, manifestamos que nuestros promotores no son, ni han pertenecido a organizaciones político-militares, tales como el Ejército Popular Revolucionario y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, y que las verdaderas organizaciones paramilitares, son los grupos de narcotráfico Los Ardillos y Los Rojos que cuenta con el cobijo del mal gobierno”.
Agregó que “las innumerables violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que han sufrido nuestras comunidades se debe a estos últimos grupos narco paramilitares, que realizan ese tipo de publicaciones y son cómplices de estos delitos”.
La agrupación responsabilizó al Estado, “por sus falsas acusaciones que publica en sus medios de comunicación y agencias”, agregó que con ello deja en evidencia “que son ellos quienes protegen a los grupos de narcotráfico que utilizan tácticas paramilitares contra los pueblos y comunidades, que tratan de desprestigiarnos porque nuestra lucha no cabe en sus urnas”.
En cuanto al señalamiento de las medidas cautelares otorgadas por el gobierno, el Cipog-EZ aclaró que promotores de esa organización son beneficiarios como defensores de derechos humanos de medidas de protección emitidas por el Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio de una evaluación de riesgo con parámetros internacionales, pero que no son usadas para beneficios personales, sino para su actividad como promotores de derechos humanos.
“Sabemos que la única manera de desprestigiar el movimiento del Cipog-EZ es de esa manera como lo está haciendo el Estado, y como lo ha hecho con las demás movimientos en Guerrero que han desmantelado y desarticulado”.
Denunció que el gobierno pretende dividir la unidad de las comunidades “utilizando paleros financiados por el gobierno, ante ello aclaramos que las siguientes personas (David y Bernardino Sánchez) no son parte de nuestra organización y que en su momento ya nos hemos deslindado de ellos”.
“Sabemos que seudo agencias de noticias publican lo que les dicta el Estado, queriendo confundir y engañar a la sociedad”.
Integrantes de la CRAC-PF montan una guardia en la ofrenda a los caídos el 26 de enero del 2022 donde murió en un enfrentamiento el dirigente y maestro de la CETEG, Mario Zamora Maldonado en Buenavista de la Salud, Chilpancingo Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Buenavista / Chilpancingo
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), rindieron este jueves un homenaje al ex dirigente de la CETEG y comandante de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Mario Zamora Maldonado, y exigieron justicia y castigo para los responsables de su asesinato.
La ceremonia luctuosa, se realizó en la base de la ahora policía comunitaria de la CRAC-PF, de la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, misma que hasta la semana pasada era de la UPOEG.
Aquí, Zamora Maldonado fue asesinado el 26 de enero del año pasado, durante un ataque de los integrantes del grupo delictivo Los Ardillos. Con el comandante Mario Zamora, murieron otros tres policías de la UPOEG.
En la base, que ahora es de la policía comunitaria de la CRAC-PF, ayer se levantó un altar en la que se colocó una ofrenda adornada con flores, veladoras, una pieza de pan y la fotografía del luchador social asesinado.
También se colocaron las fotografías de los otros tres comunitarios que fueron asesinados ese mismo día; la de Víctor Maldonado Gómez, Demetrio y Marciano. Asimismo, se colocaron los retratos del profesor Joaquín Hernández Epifanio, asesinado en el 2020 cuando se dirigía a bordo de una motocicleta a su centro de trabajo, y hombres armados le dispararon desde una camioneta en movimiento.
También se colocó la fotografía de Norberto González Valente, un vecino de esta localidad que desapareció el 9 de agosto del 2021.
“Es verdaderamente triste que pasen estas cosas, sin que haya justicia, sin que ninguna autoridad investigue y esclarezca los hechos para que se haga justicia y se castigue a los responsables”, reprochó una mujer que a la una de la tarde de ayer acomodaba las flores y la veladora en el altar.
Al pie de la ofrenda en honor a los caídos de la policía que resguardaban la localidad, los policías comunitarios montaron el mediodía de ayer una guardia de honor acompañados por los integrantes de la comisión política de la CETEG.
Durante el homenaje los representantes de la policía de la CRAC-PF, exigieron justicia y pidieron que se aclare el asesinato del profesor Zamora Maldonado y de los otros tres de sus compañeros que fueron asesinados la tarde del 26 de enero del 2022.
“Nosotros seguimos con la zozobra, y aún no hay resultados de las investigaciones por parte de las autoridades”, dijo uno de los representantes de la agrupación, con respecto al ataque en el que perdieron la vida sus cuatro compañeros hace un año.
Después, Mario Alberto Urióstegui Alemán, miembro de la comisión política de la Región Centro de la CETEG, también reprochó que a un año del ataque en el que murió el ex integrante de la CETEG, el gobierno no ha esclarecido su asesinato.
“No podemos seguir permitiendo estas situaciones, cuando se dice que tenemos un gobierno de izquierda, pero que se siguen dando estas persecuciones y crímenes en contra de nuestros compañeros y luchadores sociales”, agregó.
El dirigente magisterial dijo que acudieron a la ceremonia luctuosa “de nuestro camarada Mario Zamora”, porque lo sentimos como hermano, y egresamos con él de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Uriostegui Alemán, contó que Mario Zamora, estuvo en dos periodos en el Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la CETEG y dijo que dentro del magisterio “fue un personaje emblemático” y que se significó en su lucha, sobre todo, en contra de la reforma educativa que promovió el ex presidente de la República Enrique Peña Nieto.
El dirigente magisterial recalcó que para la dirigencia de la CETEG “es un gran orgullo” que integrantes de la organización como Mario Zamora sean nombrados en su pueblo como policías comunitarios, porque ello indica su calidad moral y la confianza que le tienen los ciudadanos de sus pueblos.
“Para nosotros es un gran orgullo tener a compañeros que salen de la Normal de Ayotzinapa y se incorporan a la Coordinadora y después se convierten en luchadores sociales y en policías comunitarios como fue el caso del compañero Mario”.
El dirigente cetegista exigió a las autoridades estatales y federales que se aclaren los hechos de su asesinato y que haya castigo a los culpables, tanto a los materiales como a los intelectuales.
También anunció que en adelante la CETEG “va a caminar junto con la policía comunitaria de la CRAC-PF”, en las acciones que realice.
Otro de los integrantes de la Comisión Política de la CETEG, Celso Ávila León, de la región Costa Grande, quien dijo que fue compañero de Mario Zamora, hizo una reseña del dirigente asesinado.
Recordó que recién egresado de la Normal de Ayotzinapa, Mario Zamora fue enviado al municipio de Coahuayutla, uno de los municipios más alejados de la Costa Grande, “donde como todo buen luchador consolidó su zona escolar 104 y se sumó a la organización Coordinadoras Municipales”.
Dijo que ahí lo conoció y que con él se integraron a un comité integrado por las ocho regiones en donde Zamora representaba a Coahuayutla, y él al municipio de Atoyac.
Recordó que después que terminaron su periodo, en el 2004, Zamora Maldonado se regresó a su centro de trabajo en Coahuayutla de donde después fue cambiado a la sierra de la zona Centro.
Recordó que en el 2007 y en el 2008, cuando comenzó a promoverse la reforma educativa, Mario Zamora se incorporó de lleno al movimiento en contra de esa reforma educativa y que derivado de ello fue nombrado secretario de organización de la CETEG, “donde dio su mayor esfuerzo en su región y en el estado en contra de la reforma del presidente Enrique Peña Nieto”.
“El compañero Mario, fue un gran luchador social, y ahora, recordar parte de su vida es seguir manteniéndolo vivo”, dijo al pie del altar en honor del luchador asesinado.
El dirigente magisterial explicó que por eso ayer, los integrantes de la Comisión Política de la CETEG, acudieron de manera personal “para recordar a este gran camarada que conocimos, y que vale la pena seguir su ideología”.
Zamora Maldonado es originario de esta comunidad de Buenavista de la Salud, pero sus padres y casi todos sus familiares cercanos, salieron desplazados “voluntariamente” de la población de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), cuando en la década de los setentas comenzó a cultivarse la mariguana y la amapola, “porque no quisimos tener problemas”, narró ayer uno de sus tíos, en un receso de la ceremonia luctuosa.
Pide Cipog-Ez que no que
impune la muerte Mario
Por su parte, el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) -organización a la que se incorporó recientemente Buenavista de la Salud-, denunció la violencia e inseguridad “que seguimos sufriendo en la comunidad de Buenavista de la Salud, misma que ninguna autoridad de los tres niveles de Gobierno ha querido resolver”.
Advirtió que la agrupación seguirá “en resistencia” en esa comunidad del municipio de Chilpancingo, “conjuntamente con las comunidades de los pueblos indígenas” e hizo un llamado a las autoridades nacionales e internacionales, para que exijan que se cumplan con las ordenes de aprensión giradas en contra de los integrantes del grupo delictivo generador de la violencia.
Reprochó que a un año del asesinato del profesor Mario Zamora Maldonado el caso sigue impune “a pesar de saber que se sabe quiénes planearon y participaron en la ejecución.
“Pedimos al gobierno del estado que respete a los compañeros que se encuentran en vigilancia en Buenavista de la Salud, evitando enviar a policías estatales a amedrentar y robar a los compañeros, ya que el día de ayer sufrimos amenazas por parte de estos seudo policías”.
Invitó a los pueblos vecinos, “que se encuentran bajo el yugo de la delincuencia organizada a que se sumen y se coordinen con las comunidades que pertenecen a la CRAC-PF y al Cipog-EZ “para la defensa del territorio y la vida”.
Familiares de Alan Alberto Ocampo Cruz en la protesta ayer afuera del Palacio de Justicia de Iguala, mientras se realizaba una audiencia de desahogo de pruebas por el proceso que se sigue al muchacho por su presunta implicación en el secuestro de un niño en la comunidad de Acatempan, Teloloapan Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías estatales allanaron la noche del miércoles una casa de la comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, robaron y golpearon a dos vecinos, en un operativo en el que, supuestamente, buscaban armas, denunció ayer la comandancia de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Durante la ceremonia luctuosa en honor al comandante de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Mario Zamora Maldonado, la comandancia de la ahora policía comunitaria de la CRAC-PF, que se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció que derivado de la acción policiaca, así como de los rumores de violencia que esparcieron instancias del mismo gobierno estatal, ayer cerraron las dos escuelas de preescolar, la escuela primaria, la secundaria y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta).
Los pobladores, en efecto, ayer vivieron un día tenso; desde las ocho de la noche del miércoles les “tumbaron” la señal de la telefonía celular, y estuvieron incomunicados hasta la tarde de ayer.
Asimismo, militares, elementos de la Guardia Nacional y Policía del Estado patrullaron la población con armas largas montadas en las estructuras de las cajas de las camionetas durante todo el día. En el convoy se vieron dos patrullas del Ejército y dos de la Guardia Nacional en donde iban combinados con policías estatales.
Otro grupo de militares se apostó a unos 20 metros de la base de la policía comunitaria de la CRAC-PF.
La comandancia de la autodefensa del pueblo, informó que en el allanamiento a la casa de los dos policías de su agrupación participaron policías estatales que llegaron a las ocho de la noche del miércoles a bordo de las patrullas 572 y 676, quienes actuaron sin una orden de cateo, según la denuncia.
Los familiares de los policías comunitarios agredidos, quienes pidieron la omisión de sus nombres por temor a las represalias, denunciaron que los policías se llevaron de una casa de la colonia Manantiales teléfonos celulares y 10 mil pesos en efectivo, y posteriormente golpearon, patearon y encañonaron a los dos comunitarios, a quienes exigían que les entregaran las armas.
Sin embargo, la comandancia de la agrupación aseguró que en el cateo los policías estatales no encontraron ningún arma.
El comandante de la policía comunitaria que fungió como vocero, denunció que un mando militar fue a la base de la ahora CRAC-PF en la entrada del pueblo y les dijo que el operativo que mantienen en el pueblo es porque tienen información de que va a ingresar la policía comunitaria de Tlacotepec y que incluso instalaron un retén en la carretera que viene de la sierra en la entrada del pueblo.
“Lo raro es que, según ellos el operativo es en contra de la policía comunitaria de Tlacotepec y están allanando las casas de nosotros para desarmarnos”, reprochó.
Dijo que derivado del allanamiento a la casa de los dos comunitarios, la excesiva presencia militar y de la Guardia Nacional en el pueblo, los pobladores se mantienen encerrados en sus casas y ayer cerraron las dos escuelas de preescolar, la primaria, la telesecundaria y el Cbta.
Dijo que las mismas autoridades estatales y federales esparcieron la versión de que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, maestros de la CETEG y la CRAC-PF realizarían una marcha ayer y que se preveían acciones de violencia.
No descartó que las propias autoridades federales y estatales estén “enrareciendo el ambiente” en este pueblo para justificar una represión y desarme de la policía comunitaria.
El vocero de la CRAC-PF, exigió respeto a los derechos humanos de los miembros de esa organización y de los pobladores.
