Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), denunció a los gobiernos federal y estatal de utilizar a las redes sociales para dividir a los pueblos y organizaciones, en vez de resolver sus problemas.
En un boletín de prensa, denunció que es lo que está pasando en las comunidades nahuas de Chilapa donde tiene presencia el Cipog-EZ y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
“El Cipog-EZ es objeto nuevamente de ataques y calumnias a través de medios de comunicación y en redes sociales que tergiversan la información ante la opinión pública.
Explicó que se trata de medios de comunicación “que se han destacado por ser serviles a los gobiernos en turno y son parte de la ofensiva mediática contra el avance de nuestra organización y de las comunidades que dicen basta a los malos gobiernos”.
El Cipog-EZ se refirió concretamente a una publicación del 26 de enero, en la plataforma Guerrero Red Noticias en la que se señala que la policía de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, dejó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para integrarse a la Cipog-EZ, “en cuya organización figuran dirigentes como David Sánchez Luna, Bernardino Sánchez Luna, Benjamín Sánchez Hernández, Nicolás Rodríguez Marcelo, Prisco Rodríguez Morelos, Antonio Rodríguez Morelos y Evaristo Bolaños de Jesús”.
En esta página se señala que “informes policiacos indican que algunos de ellos pertenecieron a grupos paramilitares como el Ejército Popular Revolucionario (EPR); Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”, y con grupos delictivos que operan en la región y que “hoy gozan del privilegio de tener medidas cautelares otorgadas por el gobierno, logrado por la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH)”.
El citado comunicado motivó que los coordinadores de la CRAC-PF de la casa de Rincón de Chautla, David y Bernardino Sánchez Luna se deslindaran de la incorporación de la policía de Buenavista de la Salud y aclararon que ellos no pertenecen al Cipog-EZ y desmintieron que la CRAC-PF tenga su casa de justicia en Alcozacán, a la que supuestamente se incorporó la policía de Buenavista, sino en Rincón de Chautla.
La dirigencia del Cipog-EZ responsabilizó del comunicado en el que se vincula a la CRAC-PF con el EPR, ERPI, EZLN y con grupos delictivos, a medios de comunicación y páginas que reciben financiamiento del gobierno para dividir a los pueblos y a las organizaciones como lo están haciendo en el caso de Chilapa entre el Cipog-EZ y la CRAC-PF.
“Ante la tergiversación de dicha agencia de noticias, manifestamos que nuestros promotores no son, ni han pertenecido a organizaciones político-militares, tales como el Ejército Popular Revolucionario y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, y que las verdaderas organizaciones paramilitares, son los grupos de narcotráfico Los Ardillos y Los Rojos que cuenta con el cobijo del mal gobierno”.
Agregó que “las innumerables violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que han sufrido nuestras comunidades se debe a estos últimos grupos narco paramilitares, que realizan ese tipo de publicaciones y son cómplices de estos delitos”.
La agrupación responsabilizó al Estado, “por sus falsas acusaciones que publica en sus medios de comunicación y agencias”, agregó que con ello deja en evidencia “que son ellos quienes protegen a los grupos de narcotráfico que utilizan tácticas paramilitares contra los pueblos y comunidades, que tratan de desprestigiarnos porque nuestra lucha no cabe en sus urnas”.
En cuanto al señalamiento de las medidas cautelares otorgadas por el gobierno, el Cipog-EZ aclaró que promotores de esa organización son beneficiarios como defensores de derechos humanos de medidas de protección emitidas por el Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio de una evaluación de riesgo con parámetros internacionales, pero que no son usadas para beneficios personales, sino para su actividad como promotores de derechos humanos.
“Sabemos que la única manera de desprestigiar el movimiento del Cipog-EZ es de esa manera como lo está haciendo el Estado, y como lo ha hecho con las demás movimientos en Guerrero que han desmantelado y desarticulado”.
Denunció que el gobierno pretende dividir la unidad de las comunidades “utilizando paleros financiados por el gobierno, ante ello aclaramos que las siguientes personas (David y Bernardino Sánchez) no son parte de nuestra organización y que en su momento ya nos hemos deslindado de ellos”.
“Sabemos que seudo agencias de noticias publican lo que les dicta el Estado, queriendo confundir y engañar a la sociedad”.