El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, iba “solo” a “una reunión específica” a Petaquillas, la población vecina ubicada al sur de Chilpancingo, que se sabe es zona de influencia del grupo delictivo Los Ardillos.
Precisó que Arcos Catalán viajó sin escoltas y sin chofer, cuando se perdió comunicación con él y después se encontró su cuerpo.
Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal explicó:
“Obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación, pero el alcalde iba a acudir a Petaquillas, a una reunión, solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a Petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Sabemos que iba a una reunión específica, no iba acompañado. Se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo, horas más tarde se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde”.
El secretario precisó que Arcos Catalán no contaba con protección de elementos de la Guardia Nacional, debido a que no la solicitó.
–Se habla también que no iba con seguridad de la Guardia Nacional, ¿esto es cierto?-, le preguntaron.
–Él no contaba con protección de la Guardia Nacional, pero tampoco fue solicitada-, respondió.
Ante dicha situación le indicaron:
–Se dice que, justo el gobierno no se lo quiso proporcionar.
–No, no hay ninguna solicitud, las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes; a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional, a veces a otras instituciones. En este caso de la persona referida, no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad-, sostuvo
García Harfuch señaló que hay información al respecto de la reunión a la que se dirigía Alejandro Arcos, pero que se debe cuidar por el curso de la misma investigación.
El secretario añadió que hasta la mañana del martes, la Fiscalía estatal era la encargada de realizar las investigaciones de asesinato, pero que mantiene contacto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en caso de que necesiten ayuda por parte de la federación.
“Al momento las investigaciones las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero. Hemos estado en contacto permanente con la gobernadora, estamos apoyando en las investigaciones requeridas y vamos a continuar trabajando para esclarecer este caso y detener a los responsables, por supuesto”.
Señaló que tenían a pesar de que Arcos Catalán no solicitó protección, el lunes habían recibido cuatro solicitudes de presidentes municipales que están en proceso, dos provenientes de Guerrero y dos de Guanajuato.
Sheinbaum Pardo agregó que se hacen las investigaciones sobre el asesinato de Arcos Catalán y remarcó que en caso de que sea necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) se encargaría de conducir las investigaciones del caso.
“En el caso del alcalde de Chilpancingo, y esto es para los habitantes de Chilpancingo, de todo Guerrero y de todo el país, se están haciendo las investigaciones. Lo que nosotros nunca vamos a hacer es dar una información que no tenemos o que es parte de una investigación, pero de que se está trabajando en conjunto con en este momento, la Fiscalía del estado. Si es necesario atraer el caso a la Fiscalía General se hará, pero están colaborando las instituciones de seguridad para poder saber qué pasó y no quede impune este asesinato, entonces se está haciendo eso”.
La tarde de este martes, se difundió por redes sociales un tercer fragmento del video de la reunión de la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, en el cual se destaca que la morenista antes participó en el equipo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y que ingresó a su nuevo partido, Morena, con el ahora diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
En el mismo tono de conversación relajada, al final del material Ortega Jiménez subraya que fue “afortunada” al tener la preferencia para encabezar la alcaldía de Chilpancingo.
La parte difundida ayer dura apenas unos 40 segundos, es la misma toma de las partes anteriores grabadas en un restaurante de la carretera a Quechultenango y comienza a la mitad de un diálogo de la presidenta municipal.
La transcripción del video es la siguiente:
“–…tuvimos ahí la oportunidad de compartir. Pues pura grilla –concluye una frase Hernández Martínez.
–Ta’bien, ta’bien. Ahora quién… (risas de ambos) que son la misma gente de Ángel Aguirre, ¿que no? –agrega el que ha sido identificado como el cabecilla de Los Ardillos.
–Pues sí, de la misma gente, sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió. Tomamos decisiones. Es cuestión de que nosotros nos fuimos con Morena, con Pablo en específico. En el camino Pablo no es (candidato a gobernador), no se define. Viene por encuestas Acapulco, y Chilpancingo, y salgo yo.
–Qué afortunada.
Termina el corte.
El primer fragmento del video de esta controvertida reunión se compartió en redes sociales un día antes de la detención en Chilpancingo del líder transportista Jesús Echeverría Peñafiel y otro chofer, señalados como integrantes de Los Ardillos, el 5 de julio.
El segundo se conoció luego del bloqueo de la autopista, y la toma de los edificios del Congreso y del Poder Ejecutivo por pobladores de diferentes municipios de las regiones Centro y Montaña, que es la zona de influencia de Los Ardillos, el 10 de julio.
La primera versión sobre el motivo de la movilización, que paralizó las actividades de la capital por dos días, fue que los inconformes planteaban la liberación del líder transportista, que al final fue vinculado a proceso. Los manifestantes concluyeron la protesta luego de llegar a acuerdos con el gobierno estatal, para la construcción de obra pública en sus comunidades.
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre la reunión y ya ha solicitado a las autoriades electorales y al Congreso informes sobre la alcaldesa quien, por su parte, ha desoído los llamados a que solicite licencia al cargo mientras se lleva a cabo la indagatoria.
La reunión en Alcozacán, Chilapa, entre la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) del EZLN y vecinos nahuas que pertenecen al Cipog-EZ Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Integrantes de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) terminó el domingo una visita de tres días a las 24 comunidades nahuas de Chilapa que pertenecen al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), que han sido atacadas por el grupo delictivo Los Ardillos.
El Cipog-EZ informó ayer que la delegación visitó el viernes, sábado y domingo las 24 comunidades indígenas y durante los tres días sus integrantes se reunieron con autoridades municipales y agrarias, y con familiares de las víctimas de asesinatos y desapariciones.
En entrevista por teléfono el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo informó que los integrantes de la delegación se llevaron la información de las agresiones que han venido sufriendo desde hace siete años por grupos delictivos, primero por Los Rojos y ahora por Los Ardillos.
Informó que los testimonios de las agresiones que se llevaron servirán para que se haga del conocimiento, “otra vez”, a las autoridades federales y estatales, “y para que nosotros tengamos argumentos para seguir exigiendo justicia”.
Pidieron paz y justicia a López Obrador y la respuesta fue la muerte, dice la Misión
A parte, en un pronunciamiento público la MCO-S expuso que diversos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, “decidimos romper el cerco narcoparamilitar y visibilizar a las comunidades que sufren la violencia para construir un camino hacia la justicia y la paz, frente a la indiferencia de los gobiernos y de quienes deberían de brindar seguridad, desde las fiscalías hasta la Guardia Nacional, pasando por las policías municipales, estatales y militares”.
La Misión Civil de Observación visitó nuevamente las comunidades (en abril del año pasado también recorrió las mismas comunidades), después de que el 5 de noviembre fueron levantados y después asesinados los integrantes del Cipog-EZ Adán Linares, Guillermo Hilario Morales y Moisés Cuapipistenco.
Las dirigencias del Cipog-EZ y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CARC-PF), a las que pertenecían las víctimas, denunciaron en su momento que los tres activistas fueron detenidos y después entregados a Los Ardillos, quienes los habrían asesinado “brutalmente”.
“No podemos permanecer indiferentes frente a estos hechos, menos cuando Adán, Moisés y Guillermo, días antes habían pedido frente a frente a Andrés Manuel López Obrador, paz y justicia para sus comunidades: la respuesta fue la muerte”, refiere la misión en su pronunciamiento.
La agrupación agregó que el pasado 25 de noviembre sus integrantes se desplazaron en las comunidades nahuas, “para abrazar a las familias de quienes han sido asesinados, que ya suman más de 50, así como 20 desaparecidos pertenecientes al Cipog-EZ”.
La MCO-S hizo un llamado a las agrupaciones civiles “a mantenerse al tanto de lo que pasa en esas comunidades y a través de cartas, correos, llamadas, fax o como lo considere cada quien, llamen a los malos gobiernos a parar la muerte en las 24 comunidades del Cipog-EZ”.
Agregó: “Digámosle al mal gobierno que sabemos quiénes son, que ellos son cómplices y que en caso de que algo suceda a las comunidades del Cipog-EZ o a la MCO-S, los seguiremos señalando hasta que el dolor y la muerte se erradiquen de nuestro mundo, hasta que quede como una cicatriz en el nuevo mundo que naceremos, porque venceremos”.
El diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez afirmó que son “acusaciones sin sustento”, las que realizaron en su contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) ante el presidente de la República, de ser uno de los líderes del grupo criminal Los Ardillos.
Durante la última visita de Andrés Manuel López Obrador a Guerrero, éste fue interceptado por al menos 200 pobladores de Chilapa y José Joaquín Herrera. El líder del Cipog, Jesús Plácido, entregó un documento al mandatario, donde le expresó que “desde hace varios años, el grupo de Los Ardillos, que encabezan Celso Ortega y su hermano el diputado Bernardo Ortega, ha atacado a balazos sus pueblos en varias ocasiones, ha asesinado y desaparecido a mujeres y hombres, dejando huérfanos a los niños”.
Este domingo por la tarde, en un comunicado, el diputado Bernardo Ortega, hermano del líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega, de nuevo negó ser parte de la delincuencia organizada. En el escrito apunta su trayectoria en la política, desde 1996, cuando fue candidato por primera vez a presidente municipal de Quechultenango y hasta el actual cargo, como diputado local por el distrito 24, con cabecera en Tixtla.
Señala: “Soy humano. He tenido errores a lo largo de mi vida y me pueden señalar por ello, pero nunca de corrupto, criminal o que me dedique a actividades ilícitas. Yo soy responsable de mis actos y acciones”.
En ese sentido continuó su escrito, en el que se deslinda de las actividades de sus hermanos, “jamás seré responsable de lo que hagan con su vida terceras personas mayores de edad, así sean familiares o amigos”.
Lamentó que “por falta de información o por la razón que sea, se use mi nombre en acusaciones sin sustento”, en referencia a lo señalado por el líder Cipog ante el presidente de la República, Andrés Manuel López.
Bernardo Ortega insistió en que sólo es “responsable de mis actos y decisiones, no de las de otras personas. Y a las pruebas me remito”. En otros momentos, ante señalamientos similares, ha insistido en que se presenten las denuncias en su contra, para que sea investigado.
Para finalizar, señaló: “En México no es delito compartir un apellido. Cada quien construye el camino de su vida y la mía está dedicada a mi familia, a representar a la gente que más necesita. Así ha sido y así seguirá”.
El coordinador de la CRAC-PF-PC, Margarito Silva Hernández, durante un recorrido de vigilancia por el cerro de Tlakuescomatl cerca de la comunidad El Caracol, municipio de José Joaquín de Herrera, donde al menos 200 indígenas armados realizaron una operación en busca de grupos delictivos en su territorio Foto: Lenin Ocampo Torres
Lenin Ocampo Torres
Ayahualtempa
Al menos 200 indígenas armados de tres poblaciones del municipio de José Joaquín de Herrera, que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores–Policía Comunitaria (CRAC-PF-PC), se organizaron para recorrer los cerros de sus comunidades ante la amenaza de que incursione el grupo delictivo Los Ardillos.
“Tenemos que hacer esto, nosotros no tenemos seguridad como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay Guardia Nacional (GN), eso es mentira, ustedes vieron en su recorrido que no hay nada y si no lo hacemos el grupo delictivo ve que bajamos la guardia y nos mata”, comentó Margarito Silva Hernández coordinador de la CRAC-PF a un grupo de reporteros que fue invitado al operativo.
Los indígenas salieron a las 7 de la mañana de Olintepec cerca de la comunidad de Ayahualtempa, para iniciar un recorrido de 12 kilómetros por las montañas y linderos de sus comunidades.
Se dividieron en 10 grupos de 20 personas que caminaron en forma de abanico para rencontrarse en un mismo punto y dar un informe de lo que vieron.
“Nosotros no tenemos miedo, tenemos estas armas (escopetas) de bajo calibre, pero sabemos que sí los vamos a enfrentar, salimos a caminar pensando en nuestros hijos y nuestra gente, ya nos hemos enfrentado con el grupo delictivo y sí les hemos respondido”, platicó uno de los policías comunitarios mientras caminaba en medio de los pinos del cerro de Tlalkuascomatl.
En esta parte de la Montaña Baja de Guerrero, desde hace siete años los pobladores tuvieron que organizarse para defender su territorio de la inseguridad y la guerra entre los grupos de la delincuencia que pelean el control de la región.
“En estos siete años nos han matado a 14 compañeros y desaparecido a mucha gente, nosotros nos asomamos fuera de nuestros pueblos y nos matan, no podemos ir a Chilapa y mucho menos Hueycantenango”, explicó el coordinador a los reporteros mientas dirigía la caminata.
Hueycantenango es la cabecera municipal de José Joaquín Herrera y está a 20 minutos de sus localidades, desde hace varios años los indígenas de Ayahualtempa, El Caracol y colonia Los Pinos no pueden salir de sus territorios por el temor de no regresar a sus casas.
“Hacemos esto para que tengan la seguridad nuestros niños donde cuidan (los chivos), donde trabajan, ya vieron que hay milpa, por eso los compañeros que siembran les damos seguridad, no queremos que el grupo delictivo ande por ahí escondiéndose, es necesario hacer esto, a nosotros nos regañan (el gobierno) porque enseñamos a defenderse a nuestros niños, pero ellos no hacen nada para terminar la violencia”, justificó Margarito Silva.
Los policías comunitarios recorrieron durante 5 horas los caminos de Olintepec, Tlalkuescomatl, Punto Trino, Amatitlán, Hornito, Guayabitas, Mazatepec y llegaron todos al punto del Membrillo.
En ese lugar caminaron todos a Topilahuates donde los comisarios pasaron lista a los policías comunitarios y los encargados de cada grupo dieron un pequeño informe donde la mayoría señaló que no encontraron nada fuera de lo común en la zona.
“Hasta ahorita no hay rastros, vamos a continuar más adelante, en caso de que hay algo o ven alguna persona desconocida inmediatamente nosotros nos reunimos para ver todo esto…”
Le exigimos al presidente que ponga la Guardia (Nacional) aquí en el crucero de Tlachimaltepec y salida los Postes Negros. Nosotros no podemos ni ir caminando a Hueycantenango, ni eso podemos hacer porque ahí están las personas (armadas), los que no más están viendo, nos tienen cercados”, exclamó el coordinador.
Ayahualtempa, El Caracol y la colonia Los Pinos quedan a una hora de distancia de Chilapa, para llegar ahí se tiene que pasar un retén del grupo rival Paz y Justicia que se encuentra en el crucero del Jaguey.
En el camino hay dos módulos de militares y policías estatales que según los pobladores “sólo funcionan cuando la gente protesta o llega algún mando”.
Los indígenas evitan salir de sus pueblos por temor a ser asesinados por los grupos de la delincuencia.
“Nuestros alimentos nosotros los trabajamos, les enseñamos a nuestros hijos a sembrar, a limpiar la milpa, a fumigar y triar, tenemos unos animalitos para rastro, hasta ahorita no podemos viajar a ningún lado, también (a los niños) les enseñamos a defenderse y eso le enoja el gobierno, pero nosotros lo seguiremos haciendo mientras sigamos viviendo en estas condiciones de olvido en que nos tienen”, finalizó diciendo el coordinador Margarito Silva mientras los 200 hombres armados regresaban a sus comunidades.
Uno de los muertos y al lado su arma, en el enfrentamiento en un camino de El Paraíso Tepila . Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) se enfrentaron este domingo contra integrantes del grupo delictivo Los Ardillos en un camino de El Paraíso de Tepila, Chilapa, con un saldo preliminar de 10 muertos de la banda criminal y varios policías comunitarios heridos, informó el coordinador de esa organización, Jesús Plácido.
En la noche el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez confirmó la muerte de 10 personas e informó de dos heridos, pero dijo que el enfrentamiento ocurrió entre dos grupos de policías comunitarios.
Jesús Plácido dijo vía telefónica que el enfrentamiento comenzó a las 2:45 de la tarde de ayer, cuando unos 180 integrantes de Los Ardillos intentaron entrar a las comunidades de Rincón de Chautla y Zacapexco, pero fueron repelidos por unos 600 comunitarios.
El enfrentamiento se amplió a los cerros cercanos en donde quedaron regados varios cuerpos y personas heridas, según describió Jesús Plácido, quien informó que el intercambio de metralla duró más de hora y media hasta que menguaron la fuerza de Los Ardillos, que terminaron por replegarse.
A las 5 de la tarde informó que los policías comunitarios habían recuperado el crucero de Rincón de Chautla con la carretera que comunica a Hueycantenango, la cabecera de José Joaquín de Herrera, en donde desde el 19 de diciembre se habían instalado miembros de ese grupo delictivo.
Jesús Plácido responsabilizó del enfrentamiento a los gobiernos federal y estatal, pues desde que los criminales llegaron a instalarse en el crucero de Rincón de Chautla pidieron la intervención del Ejército para que fuera a replegarlos, porque temían una incursión armada a esos pueblos.
También habían denunciado que el día de su irrupción en la zona desaparecieron 12 personas, nueve de ellas menores de edad, además de que por el temor unas 30 familias habían abandonado El Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla y Zacapexco.
Apenas el viernes un grupo de desplazados denunció en Chilpancingo????????????????????????????y complicidad de las autoridades estatales y federales con los integrantes de ese grupo, porque el 26 diciembre llegaron a El Paraíso de Tepila militares y policías estatales a bordo de unos ocho vehículos, “pero en vez de desalojarlos negociaron con ellos y les autorizaron hacer recorridos desde Hueycantenango hasta Atzacoaloya”, municipio de Chilapa.
Jesús Placido, informó que a las seis de la tarde no habían llegado las autoridades ministeriales para el levant Rosaria Ignacio Melchor de 60 años, Alberto Espiridión Ignacio de 40, Antonia Andraca Celedonio de 36, Ángel Espiridión Andraca de 17, Rosaria Espiridión Andraca de 15, Sergio Espiridión Ignacio de 12, Jorge Espiridión Andraca de 12, Emiliano Espiridión Andraca de 9, Juanita Espiridión Andraca de 7, Elena Espiridión Ignacio de 6, Zacarías Espiridión Andraca de 6 y Anita Espiridión Andraca de 3 años.
Jesús Plácido informó que ayer los aproximadamente 180 miembros de Los Ardillos pretendieron entrar a Rincón de Chautla y a Zacapexco para levantar a otros pobladores pero fueron enfrentados por los policías comunitarios.
Aseguró que “de vista” creen que el enfrentamiento dejó por lo menos 10 muertos del bando de Los Ardillos. En una primera declaración informó que por parte de la Policía Comunitaria hubo dos muertos y varios heridos, pero posteriormente en una segunda llamada informó que de su bando solamente tenían heridos no cuantificados.
Informó que a las 5 de la tarde había llegado el Ejército y que había acordonado la zona para evitar nuevos enfrentamientos.
Agregó que tenían información de que otro grupo más numeroso de Los Ardillos pretendía entrar a la zona, “pero nosotros estamos organizados, los estamos esperando, ya no los vamos a dejar llegar a nuestros pueblos y hemos recuperado el lugar en donde se encontraban”.
El viernes desplazados se quejaron de que los gobiernos federal y estatal no habían respondido a su llamado para que se busque a los 12 desaparecidos, y se retire a los civiles armados que mantienen bajo temor a los habitantes.
Esa vez contaron que habían pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional apoyo para buscar a los desaparecidos y para que retiren a los miembros del grupo criminal, pero las autoridades habían sido omisas.
El 11 de enero autoridades de la CRAC-PF pidieron en un escrito la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento se lo entregaron durante su visita a Tlapa.
En el documento pidieron el retiro de los integrantes de ese grupo criminal que llegó a instalarse el 19 de diciembre en el crucero de Rincón de Chautla y El Paraíso de Tepila.
El viernes denunciaron que tenían miedo de salir a trabajar a sus parcelas o ir de compras a Chilapa porque podían ser levantados.
Aseguraron que muchas familias, unas 30 de las tres localidades, abandonaron sus casas y se han ido a refugiar a la cabecera municipal o a otros lugares debido a que se sienten inseguros en sus pueblos.
Denunciaron que al parecer hay complicidad de las autoridades estatales y federales con los integrantes de ese grupo, porque el 26 diciembre llegaron a El Paraíso de Tepila militares y policías estatales a bordo de unos ocho vehículos, “pero en vez de desalojarlos negociaron con ellos y les autorizaron hacer recorridos desde Hueycantenango hasta Atzacoaloya”, municipio de Chilapa.
Jesús Placido informó que a las 6de la tarde no habían llegado las autoridades ministeriales para el levantaamiento de los cuerpos y confirmar el número de decesos, dijo que por la noche se dificultaría su búsqueda en los cerros.
También que a esa hora se habían reanudado los enfrentamientos cerca de las tres comunidades, aún con la presencia del Ejército que no hacía nada por frenar a los agresores.
Son 10 muertos y dos heridos, informa el vocero
En la noche el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez confirmó la muerte de 10 personas y dos heridos, pero dijo que el enfrentamiento ocurrió entre dos grupos de policías comunitarios.
“Integrantes de dos grupos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarios se enfrentaron a balazos este domingo, en el camino que conduce a la comunidad de El Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, con un saldo de 10 personas privadas de la vida y 2 lesionados”, dice el comunicado.
Dice que los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde de este domingo, sobre el camino que también va a Hueycantenango.
Informó que la Policía del Estado recibió el reporte y sus elementos acudieron de inmediato al sitio donde ocurrieron los hechos con el apoyo del personal militar, “encontrando dos camionetas que presentaban múltiples disparos de armas de fuego y en su interior los cuerpos sin vida de 10 personas”.
Dijo que allí se localizaron a un costado de los cuerpos varios rifles calibre 22 y tipo escopeta.
Álvarez Heredia dijo que de acuerdo con algunos testimonios de personas que viven en esa zona, hubo otras dos personas heridas que fueron trasladadas por sus propios medios a que recibieran atención médica, “por lo que se desconoce su estado de salud en estos momentos”.
Diez muertos en enfrentamiento de la CRAC-PF y civiles armados en Chilapa
El vocero del gobierno del estado dijo que la balacera fue entre policías comunitarios. Unos 180 integrantes del grupo criminal Los Ardillos intentaron entrar a Rincón de Chautla y Zacapexco, pero fueron repelidos por unos 600 de la Comunitaria, informa el coordinador Jesús Plácido
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Uno de los muertos y al lado su arma, en el enfrentamiento en un camino de El Paraíso Tepila . Foto: El Sur
Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) se enfrentaron este domingo contra integrantes del grupo delictivo Los Ardillos en un camino de El Paraíso de Tepila, Chilapa, con un saldo preliminar de 10 muertos de la banda criminal y varios policías comunitarios heridos, informó el coordinador de esa organización, Jesús Plácido.
En la noche el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez confirmó la muerte de 10 personas e informó de dos heridos, pero dijo que el enfrentamiento ocurrió entre dos grupos de policías comunitarios.
Jesús Plácido dijo vía telefónica que el enfrentamiento comenzó a las 2:45 de la tarde de ayer, cuando unos 180 integrantes de Los Ardillos intentaron entrar a las comunidades de Rincón de Chautla y Zacapexco, pero fueron repelidos por unos 600 comunitarios.
El enfrentamiento se amplió a los cerros cercanos en donde quedaron regados varios cuerpos y personas heridas, según describió Jesús Plácido, quien informó que el intercambio de metralla duró más de hora y media hasta que menguaron la fuerza de Los Ardillos, que terminaron por replegarse.
A las 5 de la tarde informó que los policías comunitarios habían recuperado el crucero de Rincón de Chautla con la carretera que comunica a Hueycantenango, la cabecera de José Joaquín de Herrera, en donde desde el 19 de diciembre se habían instalado miembros de ese grupo delictivo.
Jesús Plácido responsabilizó del enfrentamiento a los gobiernos federal y estatal, pues desde que los criminales llegaron a instalarse en el crucero de Rincón de Chautla pidieron la intervención del Ejército para que fuera a replegarlos, porque temían una incursión armada a esos pueblos.
También habían denunciado que el día de su irrupción en la zona desaparecieron 12 personas, nueve de ellas menores de edad, además de que por el temor unas 30 familias habían abandonado El Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla y Zacapexco.
Apenas el viernes un grupo de desplazados denunció en Chilpancingo que los 12 miembros de dos familias seguían desaparecidos y complicidad de las autoridades estatales y federales con los integrantes de ese grupo, porque el 26 diciembre llegaron a El Paraíso de Tepila militares y policías estatales a bordo de unos ocho vehículos, “pero en vez de desalojarlos negociaron con ellos y les autorizaron hacer recorridos desde Hueycantenango hasta Atzacoaloya”, municipio de Chilapa.
Jesús Placido, informó que a las seis de la tarde no habían llegado las autoridades ministeriales para el levant Rosaria Ignacio Melchor de 60 años, Alberto Espiridión Ignacio de 40, Antonia Andraca Celedonio de 36, Ángel Espiridión Andraca de 17, Rosaria Espiridión Andraca de 15, Sergio Espiridión Ignacio de 12, Jorge Espiridión Andraca de 12, Emiliano Espiridión Andraca de 9, Juanita Espiridión Andraca de 7, Elena Espiridión Ignacio de 6, Zacarías Espiridión Andraca de 6 y Anita Espiridión Andraca de 3 años.
Jesús Plácido informó que ayer los aproximadamente 180 miembros de Los Ardillos pretendieron entrar a Rincón de Chautla y a Zacapexco para levantar a otros pobladores pero fueron enfrentados por los policías comunitarios.
Aseguró que “de vista” creen que el enfrentamiento dejó por lo menos 10 muertos del bando de Los Ardillos. En una primera declaración informó que por parte de la Policía Comunitaria hubo dos muertos y varios heridos, pero posteriormente en una segunda llamada informó que de su bando solamente tenían heridos no cuantificados.
Informó que a las 5 de la tarde había llegado el Ejército y que había acordonado la zona para evitar nuevos enfrentamientos.
Agregó que tenían información de que otro grupo más numeroso de Los Ardillos pretendía entrar a la zona, “pero nosotros estamos organizados, los estamos esperando, ya no los vamos a dejar llegar a nuestros pueblos y hemos recuperado el lugar en donde se encontraban”.
El viernes desplazados se quejaron de que los gobiernos federal y estatal no habían respondido a su llamado para que se busque a los 12 desaparecidos, y se retire a los civiles armados que mantienen bajo temor a los habitantes.
Esa vez contaron que habían pedido a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y a la Secretaría de la Defensa Nacional apoyo para buscar a los desaparecidos y para que retiren a los miembros del grupo criminal, pero las autoridades habían sido omisas.
El 11 de enero autoridades de la CRAC-PF pidieron en un escrito la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento se lo entregaron durante su visita a Tlapa.
En el documento pidieron el retiro de los integrantes de ese grupo criminal que llegó a instalarse el 19 de diciembre en el crucero de Rincón de Chautla y El Paraíso de Tepila.
El viernes denunciaron que tenían miedo de salir a trabajar a sus parcelas o ir de compras a Chilapa porque podían ser levantados.
Aseguraron que muchas familias, unas 30 de las tres localidades, abandonaron sus casas y se han ido a refugiar a la cabecera municipal o a otros lugares debido a que se sienten inseguros en sus pueblos.
Denunciaron que al parecer hay complicidad de las autoridades estatales y federales con los integrantes de ese grupo, porque el 26 diciembre llegaron a El Paraíso de Tepila militares y policías estatales a bordo de unos ocho vehículos, “pero en vez de desalojarlos negociaron con ellos y les autorizaron hacer recorridos desde Hueycantenango hasta Atzacoaloya”, municipio de Chilapa.
Jesús Placido informó que a las 6de la tarde no habían llegado las autoridades ministeriales para el levantaamiento de los cuerpos y confirmar el número de decesos, dijo que por la noche se dificultaría su búsqueda en los cerros.
También que a esa hora se habían reanudado los enfrentamientos cerca de las tres comunidades, aún con la presencia del Ejército que no hacía nada por frenar a los agresores.
Son 10 muertos y dos heridos, informa el vocero
En la noche el vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez confirmó la muerte de 10 personas y dos heridos, pero dijo que el enfrentamiento ocurrió entre dos grupos de policías comunitarios.
“Integrantes de dos grupos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarios se enfrentaron a balazos este domingo, en el camino que conduce a la comunidad de El Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, con un saldo de 10 personas privadas de la vida y 2 lesionados”, dice el comunicado.
Dice que los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde de este domingo, sobre el camino que también va a Hueycantenango.
Informó que la Policía del Estado recibió el reporte y sus elementos acudieron de inmediato al sitio donde ocurrieron los hechos con el apoyo del personal militar, “encontrando dos camionetas que presentaban múltiples disparos de armas de fuego y en su interior los cuerpos sin vida de 10 personas”.
Dijo que allí se localizaron a un costado de los cuerpos varios rifles calibre 22 y tipo escopeta.
Álvarez Heredia dijo que de acuerdo con algunos testimonios de personas que viven en esa zona, hubo otras dos personas heridas que fueron trasladadas por sus propios medios a que recibieran atención médica, “por lo que se desconoce su estado de salud en estos momentos”.
Rechazan desplazados de Tlaltempanapa el regreso y piden su reubicación en Copalillo
Consideran que es una trampa el acuerdo que firmaron el subsecretario de Gobierno y autoridades del pueblo que son parte del grupo armado que mantiene el control, para que vuelvan a su comunidad y los maten o desaparezcan
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Desplazados de Tlaltempanapa, refugiados en Copalillo María Hernández, Julia Sánchez, Joaquina Cantor, Clemente Tepetitlan y Víctor Ojeda. Foto: Jessica Torres Barrera
Desplazados de Tlaltepanapa, municipio de Zitlala, exigieron ayer su reubicación dentro del municipio de Copalillo, donde ahora se encuentran, porque reiteraron que no van a regresar a su pueblo como les propuso el gobierno estatal, porque están seguros de que volverían sólo para que los mate o los desaparezca el grupo armado que los mantuvo sometidos durante los últimos cinco años.
Los 62 desplazados, entre ellos 32 niños en edad escolar, salieron de Tlaltempanapa el 3 de diciembre, y durante dos noches y tres días caminaron por cerros y barrancas hasta que el 5 de diciembre llegaron a Copalillo, en donde se encuentran refugiados en una cancha techada.
En conferencia de prensa, ayer, en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Rerdgro), integrantes de una comisión de las familias desplazadas, declararon que no hay condiciones para que regresen a Tlaltempanapa, como les propuso el secretario y el subsecretario de Gobierno Florencio Salazar Adame y Martín Maldonado del Moral, el 8 y el 17 de enero pasado.
Las familias salieron huyendo de la violencia en su pueblo controlado por civiles armados vinculados con el grupo delincuencial Los Ardillos, y que públicamente ha sido señalado como el responsable de varios asesinatos y desapariciones en esa zona.
Uno de los integrantes de la comisión, Víctor Ojeda Hernández, recordó que el 3 de diciembre salieron de su pueblo después de que los hombres armados entraron a las casas de su padre Pedro Ojeda y de su hermano Javier Ojeda Hernández, así como de su tío Victoriano Hernández Tomatzin, “los sacaron a fuerzas, después los golpearon, los ataron de pies y manos y se los llevaron, todavía no sabemos si están vivos o muertos. Siguen desaparecidos”, denunció.
Aun cuando esos civiles armados que mantienen retenes en la entrada y salida de Tlaltempanapa siguen ocasionando violencia y controlando ese pueblo, el gobierno estatal, por medio de la Secretaría de Gobierno, les propuso a los desplazados el regreso a su comunidad.
El 8 de enero, los visitó el secretario de Gobierno, Salazar Adame, a quien le dijeron que no quieren regresar a Tlaltempanapa por el temor a ser asesinados o desaparecidos.
A pesar de su negativa, el 17 de enero los visitó el subsecretario Maldonado del Moral, quien les insistió en el regreso a su pueblo y les entregó una minuta firmada por él, así como por el presidente municipal de Zitlala Rogelio Ramos Tecorral; el comisario municipal en funciones de Tlaltempanapa Magdaleno Amatitlán Nava; el comisario entrante Artemio Tepetitlán Huela, y el comisariado ejidal Ernestino Hernández Trinidad. En este documento las autoridades del pueblo aceptan que regresen los desplazados a sus casas y tierras.
Sin embargo, los desplazados denunciaron que los representantes de su pueblo que firman la minuta son los que encabezan el grupo armado que está provocando la violencia y que los obligó a salir de Tlatempanapa y sospechan que se trata de una trampa porque el comisariado ejidal que firma, Ernestino Hernández Trinidad, está desaparecido, “no sabemos cómo es que firmó si no aparece”, dijo Víctor Ojeda.
El documento dice: “Las personas que salieron de Tlaltempanapa hacia Copalillo pueden regresar a su comunidad y habitar sus viviendas, haciendo uso de sus tierras cuando así lo decidan, o bien pueden venir por sus pertenencias, a levantar sus cosechas y sus animales que se encuentran en sus potreros”.
En un siguiente punto agrega: “las personas firmantes en la minuta se comprometen a que no existirá agresión verbal o física en contra de las personas desplazadas y a cuidar y garantizar su seguridad con los tres órdenes de Gobierno”.
Pero les piden que en caso de que decidan regresar a sus viviendas y tierras de labor, se comprometan a trabajar en equipo y a participar en los trabajos comunitarios y aportar sus cooperaciones comunitarias “que son en beneficio de la comunidad”.
Las autoridades municipales de Zitlala y de la comunidad de Tlaltempanapa también dicen que los desplazados “en ningún momento les dieron a conocer que se irían a vivir a otro lugar, “lo hicieron a escondidas y por la noche. Este tipo de eventos se registran constantemente desde hace aproximadamente cuatro años”.
Ayer, en la conferencia de prensa, la comisión de desplazados informó que en los últimos cinco años, cuando la mayoría de los pobladores comenzaron a sufrir violencia, represión y robos de parte del grupo armado, han venido abandonando la localidad y que de mil 800 habitantes, aproximadamente, actualmente sólo se quedaron unos 30, la pura gente que porta armas y que controla la zona.
En la minuta se dice que el Gobierno del estado se compromete a apoyar a las familias desplazadas con despensas, medicamentos, brigadas médicas, aparatos funcionales para personas discapacitadas y de edad avanzada, estufas ecológicas, colchonetas y sarapes”.
Pero los desplazados informaron ayer que el 17 de enero, cuando Maldonado del Moral les entregó la minuta de acuerdos, volvieron a rechazar su regreso a Tlaltempanapa y el funcionario se comprometió a que el 22 de enero regresaría el secretario de Gobierno Salazar Adame, pero ya no acudió.
Suponen que el funcionario se molestó por la postura que mantienen de no regresar a su pueblo porque todavía no existen garantías de seguridad y piden que mejor los reubiquen dentro del municipio de Copalillo.
Los integrantes de la comisión informaron que no regresarán a su pueblo hasta que las autoridades detengan a los miembros del grupo armado, y presenten a los tres desaparecidos el 3 de diciembre pasado.
Víctor Ojeda Hernández declaró que cómo van a volver a Tlaltempanapa, si se salieron por las amenazas del mismo grupo que ahora pide que regresen, “y eran los que nos quitaban la mitad de nuestras cosechas, nos obligaban a que cuidáramos la carretera para que no entraran los soldados, mientras ellos se salían del pueblo o se escondían”.
Denunció que cuando se negaban a cooperar, les cobraban mil 500 pesos, los “tableaban” o los desaparecían como ocurrió con su padre, su hermano y su tío.
Contó que el 3 de diciembre también iban contra su hermano Severo, pero que éste se escapó por la ventaba de su casa, y por la noche las 62 personas abandonaron el pueblo, “estamos vivos de milagro”, dijo.
Los desplazados culparon de omisión a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Joaquina Cantor Gasparillo, denunció que antes de que los pistoleros detuvieran y desaparecieran a Pedro Ojeda a Javier Ojeda y a Victoriano Hernández, ella solicitó el apoyo del Ejército y al Ayuntamiento para que les dieran seguridad durante su salida del pueblo, pero dijo que se la negaron y más tarde los hombres armados entraron a las casas y sacaron a los tres ahora desaparecidos, “y por eso nosotros nos salimos por la noche”.
Los desplazados no creen que las autoridades les den seguridad permanentemente si regresan a Tlaltempanapa; “El gobierno nomás quiere que nos vayamos, pero no va a estar el Ejército o la policía todo el tiempo con nosotros. No creo que nos vaya a cuidar cuando vayamos a cortar leña o palma con la que tejemos nuestras cintas, o que nos cuide toda la noche en nuestras casas. Bien sabemos que si regresamos nos van a matar, no vamos a tardar más de tres o cuatro días”, dijo otro de los que asistió a la conferencia.
