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Llegan 500 soldados a Chilapa; Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar candidatos: jefe militar

El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle informó que los grupos de narcotraficantes Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar a candidatos a cargos de elección popular en Chilapa, de cara a las próximas elecciones.
Consultado en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Terán Valle anunció el reforzamiento de la Operación Chilapa en la que participarán 500 soldados del 78 Batallón de Infantería provenientes de la Ciudad de México, junto a policías estatales y ministeriales que llegaron la tarde de ayer a Chilapa.
Reconoció que el incremento de violencia en ese lugar es por la disputa del control de la venta de droga y del territorio, lo que afecta directamente a la clase política en esa zona.
“La operación es para bajar los niveles de violencia, algunos actos de violencia entre dos grupos delictivos que es la pandilla de Los Ardillos y Los Rojos que se andan disputando el control de la venta de droga y el territorio, además están tratando de cooptar a los candidatos de los municipios y tratando de controlar a los comisarios de los pueblos, nos están pidiendo ayuda, por eso se lleva a cabo este operativo”, declaró.
Terán Valle dijo que hay poca cooperación de la población para denunciar, “necesitamos más denuncias de la gente para detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades”.
Aseguró que en noviembre y diciembre bajaron los incidentes delictivos en Chilapa debido a la operación de 300 soldados del 103 Batallón de Infantería de la Ciudad de México, junto a la Policía Estatal, quienes recorrieron escuelas y comunidades.
Informó que hace unos días detuvieron a una célula “que andaba asesinando a gente y la pusimos a disposición de de las autoridades”, y agregó que hay otra que se esconde por las noches en casas, “por eso se realizarán operativos en las casas para detener a los delincuentes”.
La llegada soldados

Ayer en la tarde llegaron a Chilapa 500 soldados del Ejército provenientes de la Ciudad de México, se vieron además patrullas de la Policía Estatal y 50 integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, según las autoridades, para “reducir” los niveles de violencia que ha alcanzado a la clase política, tras los asesinatos de dos dirigentes, una del PRI y otra del PRD.
Alrededor de las 5 de la tarde unas 40 patrullas del Ejército llegaron a esa ciudad, que es la entrada a la región La Montaña, para dirigirse a un campamento militar en esta ciudad y desplegarse a diferentes retenes que hay en la ciudad.
Ahí mandos militares consultados informaron que los 500 soldados provienen de dos batallones de Infantería de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes reemplazaron a los 300 militares que se encontraban en esa región.
Informó que el despliegue de tropas será en la zona urbana y rural de Chilapa así como en los municipios de Zitlala, Mártir de Cuilapan y Quechultenango.
Se integraron más tarde una decena de patrullas de la Policía Estatal y cincuenta integrantes del recién conformado Grupo de Reacción Inmediata Centauro, quienes hicieron recorridos de reconocimiento en la tarde y la noche de ayer por las principales avenidas y calles, así como por el bulevar Eucaria Apreza.
En los dos primeros meses de este 2018 en el municipio de Chilapa suman 32 homicidios, entre ellos los de las precandidatas a la diputación local del 25 distrito por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma y del PRI, Dulce Anayeli Rebaja Pedro de 28 años de edad, que fue raptada y posteriormente hallada sin vida, también asesinaron a un primo y a dos tíos.
De los 32 homicidios de 2018, siete casos han sido contra mujeres.
Con esta operación van seis desde 2016, que no han podido contener la violencia en el municipio y sus alrededores donde ha colapsado el transporte público, el sector educativo, el comercial y el político.

 

Crece el cultivo de amapola y cae el de mariguana, informa la Sedena

Crecen 26% los  cultivos de amapola y disminuyen los de mariguana: Sedena

Benito Jiménez / Agencia Reforma

Ciudad de México

En 2017, los cultivos de amapola en México ganaron terreno frente a los de mariguana.
El hallazgo de la flor precursora de la goma de opio, que a su vez se utiliza para producir heroína, creció 26 por ciento respecto de 2016, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En sus operaciones de erradicación de cultivos de enervantes, los militares reportaron en 2017 el hallazgo de 28 mil 221 hectáreas sembradas con amapola, contra las 22 mil 235 hectáreas de 2016.
Tras detectar el repunte anual, en abril de 2017 el Departamento de Estado reconoció que Estados Unidos buscaba financiar un esfuerzo más amplio de erradicación de amapola. En 2011 habían sido destruidas sólo 12 mil hectáreas de ese cultivo.
Además, las muertes por sobredosis de drogas están en los máximos niveles de los últimos 20 años en ese país, con 54 mil 404 casos en 2015, un promedio de 149 al día.
Sólo detrás de Afganistán y Myanmar, México es el tercer productor de heroína en el mundo, según el Informe Mundial sobre Drogas 2017 de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito.
“El que los soldados hallen más amapola que mariguana es una lógica de mercado; la legalización de la mariguana hizo que ya no fuera un negocio”, advirtió el académico de la UAM, Gui-llermo Garduño, experto en temas de narcotráfico y seguridad.
Los estados que lideran en los hallazgos son Guerrero, pero también Durango, Sinaloa y Chihuahua, estados que conforman el Triángulo Dorado, controlado por el Cártel de Sinaloa.
Por el contrario, la mariguana perdió terreno.
Los militares reportaron 24 por ciento menos cultivos de mariguana localizados, al pasar de 5 mil 395 en 2016 a 4 mil 86 hectáreas en 2017.
Del total de 32 mil 307 hectáreas con sembradíos de enervantes, sólo el 14 por ciento fueron de mariguana.
Fuentes militares atribuyeron el desbordamiento de amapola a las altas ganancias que le generan a los cárteles de la droga.
Datos de la PGR establecen que mientras un kilo de mariguana le genera al narcotráfico una ganancia estimada de 80 dólares, el de un kilo de heroína puede llegar a los 35 mil dólares.
“La droga sintética lidera ahora el mercado. En la zona de Durango y Chihuahua ahora hay hectáreas cubiertas de amapola”, indicó un mando de la Sedena que coordina tareas de erradicación.
Cuatro municipios encabezan la producción de amapola: Mez-quital y Tamazula, en Durango; Guadalupe y Calvo, en Chihua-hua, y Heliodoro Castillo, en Guerrero.
La milicia también considera a Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Jalisco y Sonora como focos rojos por el crecimiento de cultivos de amapola en los últimos tres años.

Levantan a nueve miembros de una familia en Ahuacuotzingo; liberan siete y dos no aparecen

Siete hombres armados vestidos de militares se llevaron al grupo la tarde del sábado, incluyendo a dos niños de 10 y 12 años en la camioneta en que viajaban, que fueron localizados el mismo día. Sigue la búsqueda de dos hombres entre ese municipio y Chilapa, informa el vocero de seguridad

Luis Blancas

Chilpancingo

La tarde del sábado siete hombres vestidos con ropa militar levantaron a nueve integrantes de una familia en las inmediaciones en la comunidad de Trapiche Viejo municipio de Ahuacotzingo; siete fueron liberados ese día, entre ellos dos menores de 10 y 12 años y dos hombres siguen desaparecidos.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, difundió la mañana de ayer en un comunicado, que a las 2:30 de la tarde del sábado la Policía Municipal encontró a una mujer en el lugar conocido como Barranca Honda que se dirigía caminando a Chilapa, y denunció que hombres armados se habían “llevado a varias personas” y la camioneta en que iban los 10 pasajeros.
En el parte de Policía Estatal se informó que la mujer contó que iba con su familia a bordo de una camioneta roja procedente de Estados Unidos y que en la comunidad Trapiche Viejo se les emparejó una camioneta blanca marca Toyota Hilux, de la que descendieron siete hombres armados vestidos de militar y se llevaron a sus familiares y después se robaron su camioneta.
Agrega que este hecho pudiera ser en contra de la familia, porque “ayer (viernes) tuvieron problemas por que fueron a jugar un torneo de gallos a Alpoyecancingo de Tlapa (en el) que ellos se llevaron el primer lugar”.
El vocero de seguridad señaló que después de la denuncia, la Policía del Estado y el Ejército con un helicóptero realizaron un intenso operativo en la zona entre Chilapa y Ahuacuotzingo, “ el sábado se localizó sanos y salvos a siete personas, y apareció la camioneta”.
El funcionario estatal dijo que las personas halladas son dos menores de 10 y 12 años, dos jóvenes de 18 y 19, una mujer de 48 años y dos hombres de 42 años, mientras que dos hombres continúan privados de su libertad y la operación de búsqueda se reanudó ayer.
Álvarez Heredia comentó que la tarde de ayer terminó el operativo de buscar a un hombre y un joven en la que no hubo resultados y agregó que hoy continuará los recorridos en Chilapa y Ahuacuotzingo para dar con el paradero de ellos.

Asesinan a balazos a dos hombres, uno  en Tuncingo y otro en Renacimiento

Dos hombres fueron asesinados ayer, uno de ellos un chofer de una Urvan en el poblado de Tuncingo, en la zona rural, mientras que otro hombre en Ciudad Renacimiento.
El primer crimen se reportó a las 4:30 de la tarde, a un costado de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, se indica en el reporte ministerial.
Los policías encontraron a un hombre muerto a balazos y a unos 10 metros una Urvan de la ruta Vacacional-Aeropuerto, mal estacionada en la vía federal.
La versión policiaca es que dos hombres armados persiguieron a su víctima y éste al tratar de huir se salió del vehículo, pero los agresores le dispararon por la espalda.
El Ministerio Público de El Coloso abrió una carpeta de investigación por el crimen, mientras que la víctima, en calidad de desconocida, fue trasladada al Semefo.
En otro caso, un hombre fue asesinado a balazos en Ciudad Renacimiento.
El crimen se reportó a las 8 de la noche, en el bulevar Vicente Guerrero, frente a la estación de transferencia del Acabús, se indica en el reporte policaco.
Según testigos, dos hombres armados persiguieron a balazos a su víctima hasta matarla. El hombre tenía unos 30 años y vestía una camisa azul, pantalón de mezclilla y tenis blancos.
Los peritos localizaron al menos 10 casquillos percutidos de un arma calibre .9 milímetros dispersos en toda la vialidad.
En lo que va del mes van seis víctimas, y en el año suman ya 86 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
Minutos después, un camión urbano fue incendiado en la colonia Nopalitos, ubicada cerca del Retorno.
El siniestro se reportó a las 8:15 de la noche en calle Fundador, se indica en el reporte de Bomberos.
La versión policiaca es que hombres desconocidos rociaron gasolina al vehículo y después le prendieron fuego.
Los bomberos sofocaron el fuego del camión de la ruta Hospital-Vacacional; no se reportaron víctimas solamente daños materiales. (Redacción).

Matan a balazos a tres hombres en Iguala, Zihuatanejo y Taxco; uno tenía el tiro de gracia

Un hombre de unos 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza cerca del plantel 3 del Colegio de Bachilleres en la colonia Heberto Castillo en Iguala, otro de 19 años fue ejecutado en Agua de Correa en Zihuatanejo y uno más fue acribillado mientras caminaba con su pareja en la cabecera municipal de Taxco.
En lo que va del año en Iguala van 15 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según el recuento de El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos antes de las 8 de la mañana les reportaron un asesinato en la calle Ciudad Industrial en Iguala.
Policías municipales y estatales confirmaron que había un cuerpo boca abajo y con un disparo en la cabeza. El hombre vestía pantalón de mezclilla gris, playera azul y estaba descalzo.

Zihuatanejo

La tarde de ayer un joven asesinado a balazos fue hallado en una terracería cerca del panteón de Loros en Agua de Correa, Zihuatanejo.
Con este hecho en lo que va del año en este puerto suman siete homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, indica el recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 2:50 de la tarde les reportaron que había una persona asesinada a balazos en este asentamiento.
El cuerpo estaba boca arriba y vestía una playera blanca, short azul y estaba descalzo,
fue identificado como Daniel de 19 años vecino de Zihuatanejo.

Taxco

Un joven de 28 años fue ejecutado a balazos en el Barrio de los Tajos en Taxco de Alarcón.
Fuentes de la SSP estatal informaron que a las 7:26 de la noche de ayer recibieron el reporte sobre una persona herida de bala en la calle del Consuelo en este asentamiento.
Según testigos el hombre iba acompañado por su pareja y fue interceptado por un civil armado quien lo atacó a balazos, el cuerpo quedó boca arriba en medio de la calle y fue identificado como Martín. La mujer quedó ilesa.

Detienen a dos hombres con 250 kilos de mariguana entre Zumpango y la capital

Agentes de la Policía Federal (PF) sector Caminos detuvieron la noche del sábado a dos hombres a bordo de una camioneta de redilas  que transportaba mariguana en la Autopista del Sol entre Chilpancingo y Eduardo Neri (Zumpango).
Fuentes de la PF informaron que a las 7:30 de la noche del sábado en una operación en la autopista en los límites de Chilpancingo y Zumpango pararon a dos hombres y en del área de carga de una camioneta se hallaron unos paquetes con mariguana con un peso de más de 250 kilogramos. Los dos detenidos, la camioneta y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Luis Blancas / Chilpancingo).

Pese a cinco operaciones militares desde 2016, Chilapa es de las tres ciudades con más ejecutados en el estado

Terminó 2017 con 223 asesinatos atribuidos a los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos y en este año van 23 víctimas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.

 

Pese a cinco operaciones militares desde 2016, Chilapa es de las tres ciudades con más ejecutados en el estado

 

Con cinco operaciones militares, que mantienen prácticamente sitiada a Chilapa desde 2016, esa ciudad sigue siendo una de las más violentas en el estado, como consecuencia de la disputa por el cultivo, el trasiego y la distribución de la droga que mantienen los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos.
La violencia atribuida por las autoridades estatales y federales a la confrontación entre esos grupos dejó el año pasado, según un recuento de El Sur, 223 asesinatos, y en lo que va de este año se han contabilizado 23.
Sólo la semana pasada sucedieron dos de los episodios de violencia más cruentos; el hallazgo de siete cuerpos desmembrados distribuidos en 15 bolsas de plástico, que habían sido reportados como desaparecidos. Mientras que la semana anterior se dio el caso de otras cuatro personas asesinadas en la misma cabecera municipal y sus alrededores, que también habían sido reportadas como desaparecidas: una de ellas decapitada, dos calcinadas y una mujer degollada.
Como consecuencia de la violencia, entre septiembre y octubre, también se suspendió el servicio de transporte en la ruta Chilpancingo-Chilapa, así como en las de varias comunidades de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo. Asimismo, entre septiembre, octubre y noviembre, los maestros cerraron las escuelas de cinco municipios de la región educativa Montaña Baja ante las amenazas del crimen organizado.
La violencia continúa, a pesar de que desde 2016 se han desplegado al menos cinco operaciones militares en Chilapa y en los municipios vecinos.
En enero de ese año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, anunció una operación de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales para frenar la violencia en Chilapa y municipios vecinos. También se anunció entonces la detención de los líderes de las agrupaciones criminales que operan en la zona y responsables de las ejecuciones, levantones y enfrentamientos.
A partir de entonces se han anunciado otras cuatro operaciones para detener la violencia, pero ésta sigue incontrolable.
El 18 de marzo del 2017, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que más de 600 soldados y policías del estado garantizarían la seguridad de pobladores y visitantes en Chilapa, durante el puente vacacional de Semana Santa.
El 4 de octubre del 2017, el gobernador Astudillo Flores y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron en un boletín que la Policía del Estado “intensificará” sus patrullajes en la ruta Chilpancingo, Tixtla y Chilapa, a raíz de la suspensión del servicio de transporte ante los asesinatos de los choferes.
El 12 de octubre, nuevamente el vocero informó en un boletín de prensa que policías estatales, ministeriales y militares harían una operación conjunta para encontrar vehículos robados, y personas armadas y con ello garantizar la seguridad y disuadir el delito en Chilapa.
El 13 de noviembre, el gobernador Héctor Astudillo anunció una nueva operación militar para reforzar la seguridad en las escuelas de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, para garantizar la seguridad de alumnos y maestros que habían suspendido sus labores por las amenazas del crimen organizado.
Desde el 2016, los militares mantienen retenes en todos los accesos a la cabecera municipal; uno se encuentra en el entronque de la carretera hacia Ayahualulco y que comunica con el municipio de Quechultenango; otro en el punto conocido como Los Ajos, en el entronque de la carretera que comunica con el municipio de Quechultenango, y otro a la salida hacia el municipio de Zitlala.
Sin embargo, a partir de ese año, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con base en registros periodísticos, contabilizó 146 asesinatos: 23 de las víctimas fueron decapitadas, 68 simplemente ejecutadas, seis fueron halladas, 16 desmembradas y 33 murieron en enfrentamientos y 26 resultaron heridas.
Además, el organismo registró 42 personas desaparecidas y el hallazgo de 56 restos humanos en cuatro fosas clandestinas.
Mientras tanto, en el 2017 el Centro Morelos registró los homicidios solamente de enero a septiembre, pues en octubre entregó su informe al Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert. F. Kennedy.
En esos nueve meses registró 175 asesinatos y ejecuciones; en enero fueron 17; 15 ejecutados y dos desmembrados; en febrero fueron 15, 14 ejecutados y un desmembrado; en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 30 víctimas, 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado; en abril registró 17 víctimas, 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados.
En mayo fueron 27 homicidios, cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados y 15 decapitados; en junio registró un total de 26 muertes violentas, 24 ejecutados, un decapitado, y un lapidado; en julio fueron 23, 15 ejecutados, cinco desmembrados y tres decapitados; en agosto fueron 12 víctimas, seis de ellas ejecutadas, tres desmembradas, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza humana; en septiembre fueron ocho asesinatos.
Mientras tanto, en el recuento de El Sur se registró un total de 223 homicidios durante ese 2017.
El Centro Morelos expuso en su diagnóstico (que cerró antes de que terminara el 2017) que las cifras de asesinatos superaban en mucho a las del 2016 y que a las ejecuciones se sumaron los desplazamientos masivos de familias de comunidades como Ahuiyuco, Tepozcoahutla y Tetitlán de la Lima.
“Desde los primeros meses del 2017 pudimos notar cómo el índice de criminalidad respecto a los años anteriores fue en aumento, sobre todo en el mes de marzo que fue uno de los más violentos”, destacó en su informe el organismo.
También destacó que muchos de los hechos de violencia ocurridos en ese año, fueron cerca de instalaciones militares. El Centro Morelos documentó, por ejemplo, que 18 de las víctimas cayeron (en distintas fechas) cerca del retén que está en la entrada de la carretera que llega de Chilpancingo, otros 11 cerca del retén ubicado rumbo a Tlapa, mientras que cerca de la salida rumbo a Zitlala ocurrieron tres asesinatos.
Precisó que el 12 de septiembre de ese año, aproximadamente a las 19 horas a sólo 150 metros del arco de la salida hacia la capital, donde se encuentra el retén militar, un taxi fue incendiado y dentro de él fueron hallados cuatro cuerpos, “este hecho sucedió un día después de que llegaron 500 militares y 100 policías estatales a reforzar la seguridad”, según registró el organismo en su documento denominado Contexto Violento de Chilapa y Zitlala.
Asimismo, relató que los episodios violentos se ampliaron a partir del 2016 a comunidades cercanas a la cabecera municipal como Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa.
En lo que va del año, nuevamente Chilapa repunta en el número de asesinatos después de Acapulco y Chilpancingo, que son ciudades con mucha más población. De acuerdo con el recuento de El Sur, en Acapulco van 79, Chilpancingo 29 y en Chilapa iban 23 hasta este sábado cuando se encontró una joven de 18 años con huellas de haber sido violada, torturada y estrangulada, en el barrio de El Calvario de esa cabecera municipal.
El caso de la joven está relacionado con el de los siete cadáveres que fueron encontrados desmembrados en 15 bolsas negras de plástico el 30 de enero. Dos de ellos correspondían al de sus padres que habían desaparecido junto con la joven una semana antes.
Los otros cinco de los siete cuerpos fueron de los indígenas artesanos del estado de Veracruz que llegaron a vender muebles al mercado de esa ciudad el 23 de enero y que también habían sido reportados como desaparecidos.
El vocero en materia de Seguridad del Gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, declaró mediante un boletín que las siete víctimas (ahora 8 con la hija de la pareja) están vinculadas con el crimen organizado y que fueron ejecutadas en el contexto de la disputa de la plaza entre los llamados Ardillos y Rojos.
Asimismo, el 25 de enero fueron encontrados en distintos puntos de esa ciudad, cuatro personas asesinadas; un decapitado, dos calcinados y una mujer degollada dentro de una camioneta, cerca del cuerpo de ésta estaba dentro de una hielera su bebé de una semana de nacida.
Azucena Abarca, una mujer de 17 años, había sido levantada un día antes con su esposo Luis Gustavo Rodríguez y su bebé de una semana por presuntos policías estatales. El cadáver de Luis Gustavo fue uno de los dos hallados calcinados en el barrio de San José de esa cabecera municipal.
El 1º de febrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que a ese municipio “se le tiene que dar un seguimiento muy especial” y que se debe reforzar la seguridad porque “ya se ha convertido en una situación de un foco no de amarillo sino de muy rojo derivado de los asesinatos, de los crímenes que se están dando en forma más que salvaje”.
El presidente del Colectivo de Familiares de Desaparecidos de Chilapa, José Díaz Navarro, quien ha venido dando seguimiento a los casos de violencia en ese municipio, declaró el 31 de enero que mientras no se detenga a los líderes de los dos grupos que se disputan la plaza no se va a terminar la violencia en ese municipio y sus alrededores.

 

En patrullas clonadas desaparecieron a un joven de Chilpancingo, difunde un grupo criminal

En Chilpancingo operaban desde hace dos meses tres patrullas clonadas, una de ellas es la que fue baleada la noche del lunes en la carretera a Chichihualco, en la salida de la ciudad donde fueron asesinados dos “falsos” policías, según un video subido a las redes sociales en el que integrantes del Cártel del Sur interrogan a un supuesto policía que declara que fueron Los Rojos o Los Jefes, los que levantaron a Efraín Patrón Ramos, desaparecido desde el 29 de diciembre.
El video fue subido junto con una nota de El Sur relacionada con la denuncia de Natividad Patrón, hermana de Efraín Patrón, en la que se queja de la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar a Efraín, quien el 29 de enero cumplió un mes desaparecido, sin que la Fiscalía haya informado a los familiares avances de la investigación.
El video fue subido a un día de que una patrulla de la Policía Municipal clonada fue tiroteada a la salida de la capital, rumbo a Chichihualco, en donde murieron dos “falsos” policías.
En la imagen aparece un hombre vestido con uniforme de policía, sometido supuestamente por integrantes del Cártel del Sur, y en la parte superior a manera de título: “Cartel difunde video donde hace confesar a uno de los policías pirata en Chilpancingo”.
El interrogatorio es el siguiente:
-¿Cómo te llamas?
-(Inaudible)
-¿De dónde eres originario?
-De Chilapa.
-¿Para quién trabajas?
-Pal Japo.
-¿Qué hacían con la patrulla de la Policía Municipal?
-Patrullamos a muerte, la muerte.
-De los jóvenes que se llevaron, ¿quién se los levantó?
-Nosotros.
-¿Pa donde se los llevaron?
-(Inaudible)
-¿Qué hicieron con ellos?
-Los matamos.
-¿Cuando vieron que estaba caliente, que hicieron con ellos?
-Los fuimos a cazar.
-¿El chavo referido Patrón, en dónde se lo levantaron?
-La alameda.
-¿A qué horas?
-Como 3 de la mañana
-¿Cuando patrullan (inaudible) patrullan en la noche?
-Sí, en la madrugada.
-¿Cuantas patrullas existen clonadas en la capital?
-Tres patrullamos.
-¿Cuando se les puso el pedo caliente, qué hicieron con la patrulla (en la) que hicieron su desmadre?.
-Fuimos a dejarla a la colonia (inaudible).
-¿De los chavos levantados para donde se los llevaron, los enterraron o qué hicieron con ellos?.
-Nos los dieron en látigo.
-Cuando hicieron su desmadre ¿a dónde fueron a encontrar la patrulla de la Policía Municipal?.
-En la colonia (inaudible).
-Qué color es el portón?
-Negro
-Qué color es la casa?
-Blanca
-¿Desde cuándo están operando en Chilpancingo con policías falsos?
-Como dos meses.
-¿Tú perteneces al grupo de Los Rojos junto con El Japo?.
-Con El Japo trabajo
-Unas lonas que aparecieron para aparentar en la capital, ¿quién las puso y quién les dio la orden?
-El Japo, y yo las puse
Al video se anexa un texto que refiere que los “falsos” policías municipales que circulan en tres patrullas clonadas trabajan para Los Rojos o Los Jefes.
Del 23 al 31 de diciembre desaparecieron en la capital siete jóvenes, algunos de ellos fueron levantados por policías municipales según videos que entregó el empresario Pioquinto Damián Huato a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
De los siete, dos de ellos, Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán, Cabrera fueron ejecutados y hallados casi a la medianoche del 3 de enero, tres más fueron encontrados torturados pero con vida la mañana de ese mismo día en un terreno baldío a un costado del Palacio de Gobierno, y dos más, Efraín Patrón y Abel Aguilar siguen desaparecidos.
A más de un mes sólo un policía municipal ha sido vinculado a proceso por homicidio de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán.

 

 

Detienen al encargado del trasiego de heroína de Los Beltrán de Guerrero a Estados Unidos

 

Luis Blancas, Agencia Proceso y Agencia Reforma

Chilpancingo y Ciudad de México

Agentes de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) capturaron ayer en la Ciudad de México a Jorge Higashi Chávez, señalado como uno de los ex operadores más relevantes del cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero.
Identificado como Jorge “N” en el comunicado oficial de la PGR, Higashi Chávez fue detenido por cohecho, uso de documento falso a nombre de Jorge Alejandro Díaz de la Madrid, y violación a la Ley de Instituciones de Crédito.
La PGR aclaró que Jorge –a quien fuentes extraoficiales mencionan como uno de los excabecillas de la banda criminal Los Rojos y quien supuestamente estaba sólo debajo de Leonor Nava Romero, El Tigre, capturado en 2014-, también era buscado por una orden de aprehensión girada en Guerrero, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada.
Después de su paso por Guerrero, supuestamente se había trasladado a la Ciudad de México donde encabezaba una banda de secuestradores, además operaba en Puebla.
El comunicado de la PGR precisa que era buscado al contar con una orden de aprehensión girada por el juzgado Décimo de Distrito del estado de Guerrero, por la probable “comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
Un despacho noticioso de la agencia Apro mencionó que Higashi Chávez era integrante del cártel de los Beltrán Leyva, y se encargaba del trasiego de heroína hacia Estados Unidos, y mantenía vínculos con grupos criminales dedicados a la siembra de amapola y la producción de heroína.
Se le acusa de estar relacionado con otros grupos delictivos en Sinaloa y lideraba una banda de secuestradores que operaba en los estados de Guerrero, Puebla y la Ciudad de México, cuyas principales víctimas eran empresarios y comerciantes a quienes asesinaba si no accedían a sus exigencias económicas.
Según la PGR, fue detenido por autoridades federales en mayo de 2014, pero no proporcionó datos sobre su liberación.
Señala que derivado de las investigaciones se sabe que es responsable de ordenar el homicidio de dos policías federales en El Ocotito, municipio de Chilpancingo, en agosto de 2013.
Según los Agencia Reforma, era el encargado del trasiego de heroína y de China White a Estados Unidos desde Guerrero, donde mantenía vínculos con grupos criminales encargados de la siembra y producción de amapola.
Según las autoridades tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en 2009, El Higashi se unió a la banda de Los Rojos, grupo que se desprendió de Los Beltrán.
Con Los Rojos en 2012 se convirtió en el segundo al mando. Fue señalado del secuestro del entonces diputado local del PRI, Olaguer Hernández Flores.

 

Detengan los crímenes en Chilapa, exige el obispo a gobierno y narcos

Detengan los crímenes en Chilapa, vuelve a exigir el obispo Rangel a gobierno y crimen organizado

El representante católico pide a las fuerzas de seguridad custodiar las escuelas para que se reanuden las clases, a más de un mes de estar suspendidas, y que la gente pierda el miedo y no se deje llevar por rumores

Luis Daniel Nava

Chilapa

El obispo Salvador Rangel Mendoza volvió a exigir a todas las autoridades y al crimen organizado detener los asesinatos en Chilapa.
Pidió a las fuerzas de seguridad custodiar las escuelas para que se reanuden las clases, a más de un mes de estar suspendidas, y que la gente pierda el miedo y no se deje llevar por rumores.
Recriminó a los políticos “chapulines” que ya quieren saltar de un cargo a otro o de partido, y pidió a la ciudadanía buscar a políticos que realmente la apoyen, que no sólo velen para engordar su patrimonio.
Consultado al término de su misa dominical en la catedral de esta ciudad, el obispo Salvador Rangel, de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, lamentó que se sigan cometiendo homicidios en el municipio e insistió en pedir una tregua y diálogo.
“Una vez más la exhortación a todas las autoridades y a las personas que están cometiendo los asesinatos, a que ya hagan un alto, debemos de respetar la vida, valorarla. Es penoso que sucedan estas cosas, ciertamente tendrán un origen, pero valdría la pena a que nos sentáramos a platicar, a dialogar, a ver la forma de cómo parar estos asesinatos”.
Acerca del cierre de escuelas de todos los niveles educativos, en al menos siete municipios que conforman la región educativa Montaña baja, el prelado respondió:
“No estoy de acuerdo para nada en que estén cerrando las escuelas, es un derecho constitucional el que tenemos de instruir a los hijos, niños, jóvenes. Realmente es una pena que estén cerradas las escuelas”.
“Es una vergüenza para toda esta gente de Chilapa, incluso para las autoridades, permitir que las escuelas estén cerradas, yo que sepa en ningún municipio de México están cerradas las escuelas, no sé si sea una orden estatal, una orden nacional. Dios quiera que se abran las escuelas este lunes”.
Invitó a las fuerzas de seguridad a cuidar las escuelas para que pudieran reanudar labores y que la gente no se deje llevar por rumores.
“Tenemos tanta gente custodiando Chilapa, desde el Ejército, Policía Federal, estatal y municipal, se pueden poner todos de acuerdo en cuidar las escuelas y así hacer un acto valiente para abrirlas, porque muchas veces son rumores, puros rumores que van atacar las escuelas y la gente se deja llevar por los rumores”.
“Aquí es donde debemos perder el miedo y que se empodere la ciudadanía. Es un derecho constitucional, la educación, y nadie no lo puede quitar”.
Sobre el enfrentamiento la tarde del sábado entre civiles armados y la Policía Estatal cerca del campo de aviación de la capital del estado, el obispo dijo que la seguridad pública está fallando en todo la entidad.
“Como ya he dicho, debemos ver porqué se originan estos enfrentamientos. Uniéndonos, toda la ciudadanía, podemos dar cierta solución a estos problemas”.
Sobre la actividad y el proselitismo de funcionarios, políticos y partidos con miras a la elección de 2018, el obispo Salvador Rangel opinó:
“Los famosos chapulines que brincan de un puesto a otro. Yo no estoy de acuerdo con los chapulines, sobre todo los que cambian de partido, de camiseta. Pero lo que yo le diría a la ciudadanía es que elijamos a esas personas que nos puedan apoyar. Nos estamos quejando de la inseguridad, de la falta de oportunidades y es cosa de buscar esos políticos que realmente nos apoyen, que no sólo velen por sus propios intereses o engorden su patrimonio”, finalizó.

Nuevas amenazas del crimen organizado a maestros de la Montaña Baja impiden el regreso a las escuelas

En redes sociales les dicen que no se presenten a laborar y advierten, “no queremos lastimarlos y no nos están dejando alternativas”. Los maestros proponen por Whatsapp no regresar a clases. En Chilapa y otros seis municipios  663 escuelas con 62 mil 300 alumnos y 3 mil 400 maestros y personal de apoyo están cerradas desde el 19 de septiembre

Zacarías Cervantes y Luis Daniel Nava

Chilpancingo y Chilapa

Mientras que la Secretaría de Educación (SEG), envió un oficio a los maestros de la región Montaña Baja para que se presenten a trabajar a partir de hoy lunes, ayer circularon nuevas amenazas del crimen organizado en contra de los maestros a través de las redes sociales, para que no se presenten a laborar, “no queremos lastimarlos y no nos están dejando alternativas”, dice la advertencia.
Los maestros circularon un aviso en grupos de Whatsapp, en el que proponen no ir a sus labores, “estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables), no los maestros”, dicen.
La Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió el 28 de octubre el oficio 1.0.1/2017/2808, al sector educativo de la región Montaña Baja en el que notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas, tras el sismo del 19 de septiembre, se termina el próximo 6 de noviembre, que es mañana.
El oficio firmado por el director general de la Unidad, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas ubicadas en dicha región “lleva un avance significativo y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
El funcionario notificó a los maestros que “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días (del 28 de octubre al 6 de noviembre) quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Sin embargo, a unas horas del retorno a clases, un grupo de la delincuencia organizada lanzó este domingo una nueva amenaza en contra de los maestros, que intimidó a los maestros de esa región.
La amenaza, transcrita textual y con las faltas de ortografía es la siguiente: “Aver maestritos pendejos como van a entender que nada de claces en chilapa no sean pendejos no queremos lastimarlos y no estan dejando alternativas. Bola de pendejos entenderan hasta que la mera reata les de una violada a las maestritas sabrosas del quinderr. I a ustedes maestros pendejos igos de su puta madre esten en su funeral no clases em todo chilapa y zus aleededores entiendan”
Algunos de estos mensajes se difundieron junto con fotografías de los cuerpos encontrados la mañana de este domingo en Chilapa en bolsas negras, con el siguiente pie de foto: “Los restos descuartizados de un número aún no determinado de personas, fueron hallados dentro de 8 bolsas de plástico, a las que también les prendieron fuego a un costado de la carretera Chilapa-Acatzacatla, a la altura del punto conocido como Las Pilas.
Luego de la nueva amenaza, algunos maestros de la región, mediante mensajes a través de sus grupos de Whatsapp, analizaron la posibilidad de no regresar a sus centros de trabajo este lunes.
El aviso de los profesores, establece: “Ante la situación que vivimos, es necesario esperar la notificación oficial por la SEG (sobre la reanudación de labores); no es un asunto que depende de nosotros, es un asunto estatal y federal. La notificación debe llegar por la vía debida, por el delegado regional, inspectores y supervisores escolares”.
Sigue: “Varios quieren regresar a las escuelas y es correcto, pero debe ser oficialmente y todos, no de manera aislada e individualizada. Así mismo, estamos conscientes que los padres de familia y los niños quieren que haya clases, pero no depende de nosotros, depende del gobierno estatal y federal (son los responsables) no los maestros”.
El texto concluye: “El rezago académico, el atraso de las estadísticas y evaluaciones es responsabilidad de las autoridades educativas superiores y del gobierno estatal y federal”.
Organismos como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, han aclarado que la SEG sigue utilizando la justificación de que las clases se encuentran suspendidas para revisar las escuelas por los daños ocasionados por el sismo, pero que en realidad los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre por el temor a la violencia y a las amenazas del crimen organizado en esa región que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.
En las escuelas de todos los niveles de la región Montaña Baja continúa la incertidumbre sobre el regreso a clases mañana martes 7.
Maestros y representantes sindicales consultados dijeron que aún hay miedo e incertidumbre de viajar hacia Chilapa, en el caso de los profesores originarios de los municipios de Acapulco, Chilpancingo o Tixtla.
Las mismas fuentes informaron que han manifestado esta preocupación al delegado de Servicios Educativos de La Montaña Baja, Jerónimo Maurilio Morales, quien les habría contestado que no deberían de arriesgar su integridad física y que en caso de que algún supervisor, jefe de sector, director o docente quiera laborar, la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se deslinda de lo que pudiera suceder.
En la ciudad de Chilapa, hasta el viernes pasado los colegios privados Carrillo Cárdenas y el Plancartino Morelos tomaron el acuerdo de reanudar clases este martes 7 de noviembre, en una postura similar se encuentra la preparatoria por cooperación José Vasconcelos y el plantel de la Universidad Tecnológica.
Las escuelas restantes de todos los niveles en la ciudad y la mayoría de las de la región, integrada de siete municipios, no han informado de su regreso a clases y su último informe a los padres de familia es reanudar “hasta nuevo aviso”.
Sólo en la ciudad de Chilapa hay  50 planteles con 10 mil 100 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria; mientras que en toda la región en el mismo nivel básico hay un total 663 escuelas con más de 62 mil 300 alumnos atendidos por 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
En la región sólo laboran con normalidad los planteles del Colegio de Bachilleres ubicados en Zitlala y Atlixtac.

Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido

Los maestros se niegan a reanudar labores ante la inseguridad y amenazas, y los padres no quieren enviar a sus hijos a estudiar, afirma el presidente del Colectivo Siempre Vivos, José Díaz. El líder de Los Ardillos, Celso Ortega tiene bajo su total dominio el municipio, y su hermano el político perredista Bernardo protege a su familia, señala. Hay más de 600 planteles educativos cerrados en la región, dice el Centro Morelos. El servicio de camionetas de pasajeros a Chilpancingo se suspendió totalmente en septiembre y octubre, tras el asesinato de choferes, y no se ha regularizado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica  para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir  este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Dejan siete cuerpos desmembrados en ocho bolsas quemadas en la periferia de Chilapa

En la Costa Grande, ejecutan a dos hombres maniatados en Atoyac y en La Unión
Luis Blancas y Francisco Magaña

Chilpancingo y Atoyac

Los cuerpos de siete hombres desmembrados fueron hallados la mañana de ayer en ocho bolsas de plástico negras quemadas en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la cabecera municipal de Chilapa. Por otra parte, en la Costa Grande, un hombre de 55 años fue ejecutado a balazos en La Unión y un joven de 28 en los límites del municipio de Atoyac y San Jerónimo.
En el caso de Chilapa, en un primer momento fuentes de la Fiscalía General del Estado  (FGE) informaron que probablemente fueran cinco los cuerpos en las ocho bolsas pero no habían confirmado esta información. Después, a las 3:15 de la tarde las fuentes dijeron que los restos humanos hallados en las bolsas de plástico eran de ocho hombres. Finalmente, minutos antes de las  5 de la tarde rectificaron y aclararon que se trataba de siete personas.
En lo que va del año en Chilapa suman 205 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:18 de la mañana recibieron un reporte sobre el hallazgo de restos humanos en bolsas negras en la carretera Chilapa-Acazacatla.
Al lugar acudieron policías que hallaron en la calle 11 Oriente de la colonia Las Margaritas, ubicada en la salida hacia Acazacatla, restos humanos desmembrados en ocho bolsas de plástico, a las que los agresores les prendieron fuego.
En la orilla de la carretera de terracería se observaron ocho bolsas de plástico negras con restos humanos que se estaban quemando, en algunas bolsas que estaba rotas se veían las piernas y brazos de la víctimas.
Policías municipales, estatales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.
Los restos de los siete hombres desmembrados sin identificar fueron trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para realizar las pruebas de ADN para su identificación.
A pesar de los planes operativos de seguridad anunciados por el gobierno del estado para bajar los índices de violencia en Chilapa, éstos continúan debido a la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada.
El viernes, un comerciante de 19 años fue ejecutado a balazos frente a una vulcanizadora en el bulevar Eucaria Apreza, en la colonia La Joya de Chilapa.
El miércoles una taxista y un hombre fueron ejecutados a balazos en distintos hechos de violencia en este municipio.
Hace nueve días, los cuerpos de dos hombres calcinadas fueron encontrados en la cajuela de un vehículo incendiado en el camino de terracería cerca de la comunidad de Acazacatla en Chilapa.
El 20 de octubre, un hombre murió al recibir atención médica en el hospital general de Chilapa, luego de ser atacado a balazos en la colonia Centro en Chilapa.
El 19 de ese mes el cuerpo de un hombre calcinado fue encontrado adentro de un vehículo incendiado en el camino que conduce a Acazacatla, a unos 15 minutos de Chilapa.
El 14 de octubre fue torturado y ejecutado el dirigente social y ex presidente estatal del PRD, y miembro del Movimiento Pro AMLO, Ranferi Hernández Acevedo, y fue hallado dentro de su camioneta quemada junto a su esposa, su suegra y su chofer.
El 6 de octubre, un estudiante de la preparatoria 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero  (UAG), decapitado fue encontrado en la calle 10 Poniente en la colonia Progreso en Chilapa.

Un cuerpo tirado en una carretera  en La Unión

El cuerpo de un hombre de unos 55 años de edad, ejecutado a balazos, atado de manos y vendado de los ojos, fue encontrado en la carretera que se dirige a la comunidad de Feliciano, en el municipio de La Unión.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 9:30 de la mañana recibieron el reporte de que había una persona asesinada cerca de esta comunidad.
El cuerpo de la víctima estaba tendido boca arriba y en la orilla de la carretera, vestía pantalón de mezclilla azul, playera gris y tenis negros. Las fuentes informaron que tenía dos impactos de bala en la tetilla izquierda y en la cabeza.
Cerca de la comunidad Feliciano llegaron policías municipales, estatales y militares quienes acordonaron la zona  y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
El hombre fue trasladado a una funeraria habilitada como Servicio Médico Forense en Zihuatanejo, para su posible identificación.

Asesinan a un joven maniatado, en los límites de Atoyac y San Jerónimo.

?Un joven de unos 28 años de edad fue hallado asesinado a balazos y con las manos atadas con cuerda de plástico en la zona baja del municipio de Atoyac, cerca de los límites con Benito Juárez (San Jerónimo).
Fuentes de seguridad pública informaron que huerteros y vecinos reportaron a las autoridades el hallazgo a las 8 de la mañana de este domingo.
La víctima fue encontrada en un basurero en la carretera que comunica la comunidad de Corral Falso con San Jerónimo.
Vestía pantalón azul marino, playera gris y tenis azul con gris.
Tenía disparos de arma de fuego en espalda, cuello y cabeza. Se desconoce calibre pues no se encontraron casquillos en el lugar de los hechos.
Se localizó una credencial emitida por el Consejo Estatal del Mango como productor a nombre de Jesús Ortiz N originario de Papanoa municipio de Tecpan.
El cuerpo fue llevado a la funeraria Sarabia en Atoyac para la necropsia de ley y para que sea reclamado por sus parientes.

Daña a toda la población la disputa criminal en Chilapa, con escuelas cerradas y el transporte interrumpido


La imparable violencia por la disputa del territorio entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos afecta directamente ya a toda la población de Chilapa, donde no hay actividades escolares y se ha interrumpido el servicio de transporte público.
Ante la inseguridad y amenazas del crimen organizado a maestros, se mantienen cerradas las escuelas desde hace seis semanas en los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, mientras que el servicio de camionetas en la ruta Chilapa-Chilpancingo se interrumpió en septiembre y octubre tras una ola de asesinatos de choferes, y no se ha normalizado.
En este contexto de violencia la Dirección General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) envió un enésimo oficio, el 1.0.1/2017/2808, de fecha 28 de octubre, a los maestros de la región Montaña Baja en el que les notifica que la “suspensión temporal de clases” que se autorizó para la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas se termina el próximo lunes 6 de noviembre.
Sin embargo, el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, aseguró que la suspensión de clases que lleva ya seis semanas no es por la “revisión de las condiciones estructurales” de las escuelas, sino porque los maestros se niegan a ir a sus centros de trabajo ante el riesgo de violencia, e igual los padres de familia no quieren enviar a sus hijos.
Díaz Navarro, quien es maestro jubilado, dijo que debido a la violencia no hay condiciones para que los maestros regresen a sus centros de trabajo el próximo lunes.

Por su parte, el vocero de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, en declaraciones publicadas ayer en este diario dijo que no existe una operación de seguridad específica  para atender la demanda de profesores que suspendieron clases en Chilapa. Sin embargo, consideró posible que este lunes se reanuden las labores en los planteles educativos.
“Estoy convencido de que existen acciones por pare de la SEG que buscan generar las condiciones de seguridad para que las escuelas puedan abrir  este próximo lunes”, indicó.
El oficio dirigido al “sector educativo de la región Montaña Baja”, firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, establece que los trabajos de revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas de esa región “lleva un avance significativo, y que en fechas próximas estaremos en posibilidades de concluir”.
Con fecha del 28 de octubre el funcionario notificó a los maestros de esa región que, “con la finalidad de continuar garantizando la seguridad e integridad de quienes conforman nuestro sector en las instituciones y centros de trabajo que aún no han sido visitados, se hace de su conocimiento que se extiende la suspensión temporal de clases hasta el 6 de noviembre, por lo que durante estos días quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas en el supuesto ya mencionado”.
Antes de este documento la autoridad de la SEG había enviado otros tres oficios en los que ha prorrogado la normalización de las clases en esos tres municipios. En ellos se ha esgrimido la misma causa: la revisión de las “condiciones estructurales” de las escuelas.
Pero Díaz Navarro dijo que el problema por el que las escuelas están cerradas desde hace seis semanas no es el sismo, “definitivamente el problema es por la inseguridad pero están agarrando como excusa que es por el sismo”, afirmó el maestro jubilado.
Aseguró que las escuelas de esta zona de la Montaña Baja quedaron “totalmente a salvo” de los daños del sismo, y denunció que “aquí lo que está presente es la mano de la delincuencia, son las amenazas a los maestros, a la sociedad, a todo Chilapa”.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos señaló concretamente que quien “está metiendo la mano es (el líder del grupo criminal Los Ardillos) Celso Ortega Jiménez, quien está amenazando y ya tiene bajo su total dominio a todo el municipio de Chilapa, es él el que está metiendo las manos para adueñarse del transporte y ahora se está adueñando hasta de las vidas de los habitantes del municipio de Chilapa, de las escuelas, y no hay quien lo pare, y aquí hay complicidad de (su hermano el político perredista) Bernardo Ortega Jiménez quien está protegiendo a su familia”.
Los municipios de la Montaña Baja se vieron afectados por la violencia desde el 15 de septiembre cuando los sitios de transporte público de las empresas Morelos y Transportes de la Montaña, que cubren la ruta Chilapa-Chilpancingo, suspendieron temporalmente su servicio debido a la violencia que azota al municipio.
Los choferes de las Urvan se negaron a prestar el servicio luego de que la tarde del día anterior cerca de la comunidad del Ahuejote, municipio de Tixtla, un chofer del sitio Morelos fue asesinado por hombres armados. Antes, el 1º de septiembre, tres choferes de ambas empresas fueron ejecutados en la comunidad de Zoquiapa, municipio de Tixtla. Desde entonces continúan las ejecuciones de los transportistas y el servicio no se ha regularizado.
Mientras tanto, las escuelas comenzaron a cerrar a partir de los primeros días de octubre, cuando varias camionetas con hombres armados comenzaron a recorrer las calles de Chilapa y de comunidades vecinas. La situación se agravó el 12 de octubre. Desde la mañana los vecinos de las áreas del centro de la cabecera municipal reportaron a hombres armados, encapuchados y a bordo de camionetas que circulaban por varias calles, lo que provocó el pánico que vació la plaza cívica y obligó a la suspensión de clases.
En la tarde el gobierno estatal por medio de su vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia aclaró que recorrió la cabecera municipal personal de seguridad.
Sin embargo las amenazas de un grupo del crimen organizado a los maestros para que suspendieran clases continuaron y entonces la SEG, a través del director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, José Abraham Godínez Maldonado, comenzó a enviar oficios al personal de las escuelas de la Montaña Baja autorizando la “suspensión temporal” y anunciando que “quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas”. Las prórrogas a esta suspensión se han dado en tres ocasiones y la última fue mediante oficio del 28 de octubre ampliando la suspensión de clases hasta este próximo 6 de noviembre.
La zozobra de los maestros, choferes y vecinos de estos tres municipios es justificada. En los últimos dos años han estado sometidos a una violencia que no cesa, como consecuencia de la guerra entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. Los tres niveles de gobierno han reconocido que estos grupos son Los Ardillos y Los Rojos.

Ejecutados por la narcoviolencia

La guerra entre estos dos grupos, según un recuento del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, dejó desde 2016 a septiembre de 2017, 282 víctimas sólo en Chilapa, de las cuales 22 fueron mujeres.
El registro de hechos violentos en este año son, en enero 15 ejecutados y dos desmembrados, en febrero 14 ejecutados y un desmembrado. Mientras tanto en marzo la criminalidad aumentó considerablemente y el organismo registró 15 ejecutados, dos desmembrados, 12 calcinados y un decapitado. En abril 13 ejecutados, dos desmembrados y dos decapitados, en mayo cinco ejecutados, cuatro desmembrados, tres calcinados, 15 decapitados y un herido.
En junio se contabilizaron 24 ejecutados, un decapitado, un lapidado y dos heridos, en julio 15 ejecutados, cinco desmembrados, tres decapitados y ocho heridos. En agosto seis ejecutados, tres desmembrados, un ahorcado, un decapitado y se halló una cabeza, en septiembre ocho ejecutados, un herido y el hallazgo de bolsas con restos humanos y no se confirmó a cuantos cadáveres correspondieron estos restos.
Mientras tanto el recuento desde el 2016 es de ocho secuestrados, 26 heridos, 41 desaparecidos y 205 asesinados, de los cuales 23 fueron decapitados, 68 ejecutados con arma de fuego, seis calcinados, 16 desmembrados, y 33 murieron en enfrentamientos.
Asimismo se hallaron cuatro osamentas y 56 restos de cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas.
Además de la cabecera municipal, las acciones violentas se han presentado en Acalco, Acatlán, Acazacatla, Ahuihuiyuco, Ajacayán, Atzacoaloya, Ayahualco, Corral de Piedra, El Limón, El Paraíso, Lodo Grande, Los Magueyes, Nejapa, Tepehuizco, Tetitlán de la Lima, Tlalxingan, Xochimilco y Zizicazapa,
Mientras tanto un recuento de El Sur publicado en la edición del 2 de noviembre, destaca que de las 194 personas asesinadas en Guerrero en el mes de octubre ocurrieron en Chilapa 25 de ellas, cifra solamente superada por Acapulco en donde ocurrieron 71 asesinatos y en Zitlala fueron cinco.
Para el Centro Morelos las estrategias de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, en esta zona son rezagadas, “y sólo abonan a la simulación, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales, y militares, la criminalidad se incrementa. Todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense asesinados”, dijo en un diagnóstico de la violencia en la zona.
“Chilapa se distingue por ser uno de los municipios más militarizados y con el mayor número de policías, pero también con el mayor índice de criminalidad, actualmente, a nueve meses del presente año hay alrededor de 220 asesinados y más de 100 desaparecidos que no se explican si no se toma en cuenta la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”, dijo en su escrito el organismo.
Destacó que para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de diversas unidades, han suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio, ocasionando graves daños económicos para las familias de los usuarios como de los choferes”.
Añadió que algo más grave aún, es que el accionar de los grupos de la delincuencia organizada “han provocado por medio de amenazas que más de 600 planteles educativos de la Montaña Baja se encuentran cerrados desde el 20 de septiembre (un día después del sismo) y que alrededor de 60 mil estudiantes no hayan tenido clases”.
El organismo subrayó que la SEG sigue manejando la “justificación ya absurda” del sismo del 19 de septiembre “insultando con ello la inteligencia de la ciudadanía”.

Advierte el crimen organizado a comerciantes de la capital que les cobrará piso, informa la Canaco

El terror generalizado que viven los comerciantes de Chilpancingo ante la violencia se agravó el viernes 9 de junio, luego de que integrantes de una de las bandas del crimen organizado que se diputan la plaza visitaron armados a varios vendedores en sus locales para decirles que ahora ellos se harán cargo del cobro de piso.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona informó que ante esa advertencia de los delincuentes los comerciantes del centro de la ciudad acordaron medidas de seguridad, como tener un arma en sus locales, cerrar antes de las 8 de la noche cuando comienza a oscurecer y colocar cámaras de seguridad afuera de sus locales.
Además, dijo que pedirán posiblemente hoy una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les indique cómo proceder e insistirán en que el gobierno federal se haga cargo de la seguridad en la capital.
Consultado vía telefónica, el presidente de la Canaco en Chilpancingo, Ortega Corona declaró que el terror generalizado que se ha apoderado del sector económico en la capital inhibe y desalienta la inversión.
Lamentó que el terror que viven los comerciantes no sea contrarrestado por los gobiernos municipal, estatal y federal, “hay una verdadera preocupación por toda esta ola de violencia que se ha desatado en Chilpancingo”.
El sábado 10 de junio, varios comerciantes de la zona centro que omitieron su nombre por miedo manifestaron su preocupación ante las cinco ejecuciones que ocurrieron ese día, resultado de la guerra entre dos grupos del crimen organizado (Los Rojos o Los Jefes y el Cártel del Sur), y denunciaron que integrantes de una de estas dos bandas recorrieron armados la noche del viernes 9 de junio varios negocios y les advirtieron que a partir de ese día ellos cobrarán la cuota.
El líder de la Canaco confirmó este domingo que 10 de sus agremiados le informaron personalmente de la amenaza de la gente armada y que muchos más lo hicieron mediante una conversación grupal en WhatsApp.
“Recibimos el reporte de nuestros compañeros de Chilpancingo muy aterrados, hay preocupación por la situación que esto genera”, dijo Ortega Corona.
En un recorrido en el centro de la capital, algunos de los comerciantes quienes omitieron su nombre por miedo afirmaron que han consultado con su agrupación si es mejor cerrar sus negocios, “mientras haya más adelante mejores condiciones, porque la vida vale más que nuestra actividad”, dijo uno de ellos.
Otros comerciantes aseguraron que se están organizando en grupos de cinco o 10 para que armados impidan las extorsiones.
En tanto, Víctor Manuel Ortega declaró que sólo están planteando la posibilidad de tener armas en sus negocios, “un arma reglamentaria, autorizada por el Ejército”.
Aclaró que a partir del viernes 9 de junio asumieron medidas de protección como cerrar temprano, “antes de las 8 de la noche”; así como instalar cámaras adentro y afuera de sus negocios.
Comentó que posiblemente hoy solicitarán una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que les informe cuáles serán los mecanismos que aplicarán y cómo actuar ante las amenazas, y añadió que insistirán en que la federación asuma la seguridad en el municipio.
Además, denunció que los últimos días los comerciantes han sido visitados por supuestos funcionarios de Migración o de Protección Civil, pero por las características que le han proporcionado los comerciantes, “creemos que son personas que no representan a alguna institución”.
Detalló que los presuntos funcionarios piden a los comerciantes datos personales y de sus negocios, pero insistió que quienes los visitaron el viernes fueron personas armadas, quienes recorrieron los locales de varias calles del centro informando que ellos cobrarán piso.
Aseguró que tras la advertencia la mayoría de los comerciantes cerraron de inmediato sus negocios.
De la ola de ejecuciones ocurrida en los últimos días en la capital, el presidente de la Canaco en Chilpancingo respondió que no se justifica que los gobiernos municipal, estatal y federal argumenten que es una guerra entre cárteles del crimen organizado y que el resto de los ciudadanos están a salvo.
“Para nosotros la muerte de cualquier ser humano es lamentable. Para las autoridades es un argumento fácil y rápido decir que se trata de crímenes entre bandas, pero atrás de esos delincuentes, si así lo fueran, hay seres humanos, padres, hijos, hermanos”, manifestó.
Afirmó que todos los ciudadanos tienen garantías que marca la Constitución, “y lo que necesitamos (es) que el gobierno asuma con responsabilidad esas garantías, porque todos como ciudadanos pagamos impuestos y nosotros como comerciantes también pagamos impuestos”.
Agregó que espera que el gobernador los reciba en una audiencia esta semana porque quieren decirle lo que viven los comerciantes en la capital, “y que de manera irresponsable nos desdeña el presidente municipal (el priista, Marco Antonio Leyva Mena)”.
Ortega Corona declaró que últimamente no se han reunido con el gobernador y que el encuentro más reciente fue hace cinco meses, aunque reconoció que los comerciantes siempre han tenido su apoyo y sensibilidad, por eso “queremos acudir con él, porque en las autoridades municipales hay una apatía muy marcada. No confiamos en la seguridad que ofrece el municipio”.
Denunció que algunos comerciantes han sido hostigados por el director de Gobernación municipal, Juan Manuel Valenzuela, quien es primo del alcalde Marco Antonio Leyva Mena.

Presuntos integrantes de Los Rojos intentaron asesinar a un vecino de San Jerónimo Palantla, denuncian

Vecinos nahuas de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, denunciaron que Constantino Calvario Merino, quien se jacta de pertenecer al grupo criminal Los Rojos, junto a dos hombres intentaron asesinar al campesino Jacinto Ayulteco Calvario el viernes 5 de mayo cuando regresaba de juntar leña.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, unos 30 pobladores denunciaron que el más reciente ataque de Calvario Merino y su gente ocurrió el viernes a las 5 de la tarde.
Ayulteco Calvario explicó que ese día cuando regresaba de trabajar, Calvario Merino a bordo de una camioneta junto con otros dos hombres que iban armados, lo detuvieron, se bajaron del vehículo y le dijeron que “estaba haciendo su desmadre”.
Dijo que intentó dialogar con sus agresores, pero corrió en sentido contrario a la camioneta cuando mostraron sus armas y le dispararon, pero no fue herido.
Los pobladores leyeron un comunicado sobre la inseguridad dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, éstos formaban parte de la Coordinara Regional de Autoridades (CRAC) de los Pueblos Fundadores, que pertenecía a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, pero consideran que ya no pertenecen desde que fueron desarmados y ahora, aunque no han roto oficialmente con el movimiento, ya no brindan justicia.
“Nos han asesinado 11 hermanos nahuas de esta región; fabricaron 45 órdenes de aprehensión y 15 órdenes por liberarse todas son dolosas; detuvieron (a) 14 compañeros de manera ilegal el 11 de junio de 2016, en las órdenes de aprensión acusan (a) tres mujeres indígenas de usar armas AK-47 y AR-15, esta ola de violencia e ingobernabilidad (se) desataron de 2015 a 2016, seguimos viendo caminar en nuestro pueblo a los delincuentes”, declararon.
Afirmaron que el grupo liderado por Constantino Calvario Merino es protegido por el gobierno.
Detallaron que los principales responsables de los asesinatos y de la inseguridad en San Jerónimo Palantla son: Constantino Calvario Merino, Domingo Orgín Calvario, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa, Facundo Bolaños Reyes, Florencio Calvario Tlatempa, Evodio Calvario Merino, Justiniano Tolentino Atempa, Alfonso Orgín Castro, Eladio Orgín Trinidad, Eladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Los pobladores reprocharon que a pesar de que en esta comunidad está un destacamento de la Policía Estatal no hacen nada para frenar a los delincuentes.
“El grupo delictivo encabezado por Constantino Calvario Merino, de sus propias palabras afirma que ellos pagan a la Fiscalía para que no sean recluidos en la cárcel, porque además, dicen que pertenecen a Los Rojos”, afirmaron.
Los pobladores advirtieron que si las autoridades no intervienen tendrán que hacer justicia por su propia mano ante las constantes amenazas de muerte hacia los pobladores.
El 16 de junio de 2016, el gobernador informó que los dos grupos de policías comunitarias que operaban en Rincón de Chautla y en San Jerónimo Palantla, fueron desarmados, pero señalaron que el grupo contrario encabezado por Calvario Merino retomó las armas.
Los inconformes reprocharon al gobernador que en vez de cuidar a quienes sufren por la violencia, dejan que los criminales actúen con libertad.
También denunciaron que el 3 de mayo, a las 3:30 de la tarde acudieron con el comisario, José Miguel Orgín, para solicitarle constancias para el programa Procampo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pero Calvario Merino no permitió que el comisario autorizara las constancias.
Los 30 pobladores hicieron responsable a Constantino Calvario de lo que les pueda ocurrir o si son asesinados.
Exigieron al gobernador que frene la violencia, que no les inventen delitos, que investiguen a los verdaderos culpables y no detengan a gente inocente, “¿Hasta cuándo señor gobernador?”, expresaron.
Además, denunciaron que el mismo grupo cobra 2 mil 500 pesos a los pobladores para que tengan agua en sus viviendas.

Rumor de tres ejecutados en Apango y de que uno podría ser El Chaparro; lo desmiente el vocero

La noche del miércoles y la madrugada del jueves entre las diversas dependencias de seguridad corrió el rumor de que se hallaron tres cuerpos ejecutados en la comunidad La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), en la zona que limita con el municipio de Zitlala.
Trascendió que uno de los muertos es el líder del grupo criminal Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que no hay pruebas concretas de que El Chaparro fue asesinado.
La mañana de este jueves Álvarez Heredia fue consultado minutos antes de que iniciara el acto protocolario de izamiento de la bandera en el Palacio de Gobierno. Precisó que no se tenían pruebas de que el líder criminal había sido ejecutado la madrugada de este jueves.
Pero a partir de ese reporte trascendió que uno de los cuerpos encontrados pertenecía al líder criminal Zenén Nava, lo que provocó que diversas corporaciones policiacas se movilizaran.
La mañana de este jueves Álvarez Heredia no tenía detalles de los hechos ocurridos en aquella comunidad, y dijo que desconocía la veracidad de la información.
Para las 7 de la noche en un comunicado de prensa se detalló que el Servicio Médico Forense (Semefo) no encontró ningún cuerpo en La Esperanza.
Añadió que, “no existen evidencias para confirmar la veracidad de un rumor que corrió en redes sociales en las últimas horas”, en referencia a la muerte del líder criminal. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo ).