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Operan en el estado 50 grupos de la delincuencia organizada, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que son, por lo menos, 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones de la entidad y que son responsables del problema de inseguridad y violencia que priva en Guerrero.
También dijo que solicitó a representantes de la embajada de Estados Unidos que ayuden al gobierno del estado a combatir el tráfico de drogas, luego de que el cónsul Hugo Rodríguez manifestó a las autoridades locales, el miércoles en Acapulco, su preocupación por el tráfico de heroína al país norteamericano.
Del secuestro de dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán, explicó que se trató de un autosecuestro, en el que los jóvenes obtuvieron, al parecer, cien mil pesos de sus familiares, por lo que se procederá a su detención.
El fiscal asistió este jueves al arranque oficial del programa Escuelas al Cien, que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores en las instalaciones del el Conalep de Chilapa, municipio donde más tarde se celebró la sesión del gabinete de seguridad nacional encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Consultado antes de que iniciara el programa, el fiscal insistió en que el problema de violencia e inseguridad que priva en Tierra Caliente es producto de la disputa entre los grupos criminales que encabezan El Tequilero y El Pez.
Indicó que, así como sucede en aquella región, pasa lo mismo en Chilapa, donde la inseguridad es producto de la pugna que existe entre Los Rojos y Los Ardillos.
Informó que por lo menos son 50 grupos delictivos los que operan en las diferentes regiones del estado, pero aclaró que la mayoría son “pequeñas células” conformadas por cinco o seis delincuentes.
“Son muchos, pero evidentemente no hay un grupo grande, entonces se pelean por el control de la droga en esta zona de la Montaña baja y en Tierra Caliente, principalmente por la heroína, la goma de opio que posteriormente se convierte en heroína”.
Olea Peláez indicó que en el Grupo de Coordinación Guerrero le apostará a las labores de inteligencia para combatir a los grupos criminales y lograr la aprehensión de todos sus líderes.
Explicó que en la reunión del gobernador Héctor Astudillo con el cónsul de Estados Unidos Hugo Rodríguez el miércoles en Acapulco, el embajador les externó su preocupación por el tráfico de heroína, droga que termina en territorio estadunidense.
“Están preocupados y nosotros les dijimos ‘pues ayúdennos’. Yo soy una gente muy cristalina y les dije ‘ayúdenme, para que ustedes nos ayuden en la investigación’”.
–¿Ayuda en qué materia se pidió al gobierno de Estados Unidos? –preguntó un reportero.
–Pues en materia económica, en materia de seguridad, en materia de inteligencia, etcétera, respondió.
Indicó que la Secretaría de Gobernación entregará herramientas sofisticadas la próxima semana al área antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la Comisión Especial para investigar las desapariciones en el municipio de Chilapa, explicó que el próximo lunes se emitirá el decreto correspondiente, es decir, ya no se presentará la iniciativa ante el Congreso local como se había planteado en un principio.
Anunció también que la próxima semana desayunará con empresarios de la capital para escuchar sus planteamientos en materia de seguridad pública.
Consultado por segunda ocasión, al concluir el acto en el Conalep, Xavier Olea dio a conocer que fue un autosecuestro el de los dos estudiantes del CBTA de Corral Falso, en Ajuchitlán del Progreso, “quisieron bajarle un dinero a su mamá”, señaló.
Explicó que los jóvenes solicitaron un rescate de 300 mil pesos, pero sólo obtuvieron cien mil pesos, por lo que se procederá a la detención de los estudiantes, y aseguró que los tres jóvenes detenidos el miércoles en una motoneta y que llevaban consigo más de 27 mil pesos eran sus cómplices.

 

Difunden padres de Ayotzinapa el mensaje de la tercera caravana en la radio de Oxchuc, Chiapas

 

El desconcierto se reflejó en algunas madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa al bajar del autobús en medio de la carretera que va de Oxchuc a Ocosingo, en Chiapas, cuando llegaron este domingo a donde visitarían una estación de radio comunitaria para difundir su mensaje de la tercera caravana por la presentación de sus hijos entre al pueblo tzeltal.
No había nada a la vista, salvo dos puestos de comida a un lado de la carretera. La sorpresa fue mayor cuando los guías señalaron del otro lado de la carretera, una vereda angosta en medio de la vegetación, con piedras acomodadas como escaleras para subir un cerro de unos 70 grados de inclinación. Algunas piedras se notaban sueltas.
Nicanora García, mamá del normalista desaparecido Saúl Bruno García, una mujer adulta de andar trabajoso, no pensó mucho antes de decir en voz alta “ni modo que no suba si me dicen que mi hijo está allá arriba”, y emprendió la cuesta arriba del accidentado camino.
La señora Macedonia Torres, mamá de José Luis Luna Torres, lo dudó al principio, pero no se quedó atrás.
El frío del municipio de Oxchuc aumentó en lo alto, y en la parte plana hallaron una cabina muy básica, en una pequeña casa de madera y techo de lámina calentada con un fogón prendido para el café. La radio cultural también dio voz al movimiento zapatista, mencionó una de las activistas, pero no precisó cuándo.
Adentro había tres jóvenes: operador, locutor y traductor esperando a los padres que antes estuvieron en un mitin masivo en el Zócalo de la cabecera municipal. Los acompañaba integrantes del Movimiento por la Paz y la Justicia para Oxchuc, que pugnan por la destitución de la alcaldesa y su esposo, luego de un conflicto poselectoral que viene desde octubre y que ha representado muchas acciones de fuerte protesta, como la quema del Ayuntamiento, oficinas y camionetas de gobierno. La última protesta, que pretendieron controlar con la fuerza pública, el 8 de enero, terminó en un agresión de policías federales contra el pueblo desarmado.
Son las 4:20 de la tarde, anunció el locutor durante la presentación de los invitados. Parecía más tarde por lo frío y lo nublado. Les preguntó a los visitantes sobre las versiones que han permeado en el estado, de los normalista de Ayotzinapa “vándalos” por quemar edificios, y que fueron atacados en Iguala por vínculos con un grupo de narcotraficantes.
De Ayutla, Guerrero, Nicanora García aclaró que ella llegó de muy lejos a Chiapas, “soy otra mamá que busca a su hijo. Dicen que son delincuentes, pero si fuera un narcotraficante no habría ido a esta escuela (dijo sobre Ayotzinapa, que privilegia el acceso de los más pobres). No es verdad, no son delincuentes. Siempre digo, me quitaron a mi hijo y busco a 43, y mi lucha es por los miles de desaparecidos que hay fosas y que tienen familia que llora por ellos”.
Sin prisa, añadió que “el único delito de ellos es de venir a estudiar, a prepararse para tener un futuro… mi hijo me dijo un día, ‘mami, yo me voy a estudiar para compartir mis estudios con los pobres, porque los maestros de familias ricas no suben a los pueblos más lejanos’”.
Insistió, “mi hijo nunca me llegó con algo de otra persona, por eso les pido que me ayuden a pedir que me lo regresen, nosotros los queremos con vida; con vida se los llevaron, vivos los queremos”.
También de hablar sencillo, Macedonia Torres aseguró que los policías federales y el Ejército saben dónde están sus hijos, “hay pruebas de que sí los agarró el Ejercito, la Policía Federal, los estatales, los municipales”, dijo sobre la coordinación que hubo de todos los cuerpos policíacos y del Ejército la noche de los ataques a estudiantes y civiles en Iguala.
Recordó que, “siempre dijeron que estaban quemados, muertos. Nunca jamás imaginé que a mi hijo lo iban a agarrar. Nos quieren callar, nos quieren comprar, mandan gente a nuestras casas, pero no nos vamos a cansar”, aseguró.
El señor Mario González, padre de César Manuel, también desaparecido, denunció que la Procuraduría General de la República siempre quiso incriminar a los normalistas desaparecidos con la banda de narcotraficantes Los Rojos, “pero nuestros niños tenían 15 días en la escuela, algunos ni siquiera son de Guerrero, ¡y (de repente) me lo vuelven un sicario!, por ahí se iba la justicia, pero lo revertimos y logramos que ya no se les relacione con criminales.
Precisó que el primer golpe emocional contra los padres fue el descubrimiento de fosas en Iguala; el segundo, cuando les informaron de la tesis de Cocula, de que todos estaban muertos e incinerados, “fue impresionante, insoportable”, pero cuando estuvieron en el basurero, donde presuntamente ocurrieron los hechos, no vieron indicios del incendio del que hablaban las autoridades. No lo creyeron.
Sin embargo, fue necesaria la intervención de extranjeros para desacredita esa versión.
Recriminó la crueldad con la que los ha tratado el Estado mexicano, la facilidad que ha tenido de mentir, de ofrecer y comprometerse a darles respuestas “y no hace nada”.
Aclaró que los pequeños avances son producto de la lucha de los padres, “por querer mandarlos a estudiar ahora estamos detrás de un micrófono pidiendo que los devuelvan con vida”.

Delincuentes piden listas de maestros a tres directores de escuelas en Costa Chica, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que en tres de las ocho escuelas de la institución que hay en la región Costa Chica, los directores recibieron mensajes de presuntos delincuentes de Guerreros Unidos y Los Rojos que les exigieron una lista de los nombres de los maestros, ya que a todos se les cobraría cuota.
Saldaña Almazán precisó que recibió el reporte el viernes, y que los mensajes de texto fueron enviados de un mismo número de celular, aunque en los tres casos los delincuentes cambiaron el nombre del grupo criminal al que representaban de Guerreros Unidos a Los Rojos.
Consultado durante el desayuno del Día del Policía, en la sala de la República en Casa Guerrero, respecto de los secuestros masivos y la inseguridad en la región Tierra Caliente, en donde la UAG tiene nueve escuelas, Javier Saldaña declaró que no hay reportes que indiquen situaciones de riesgo para los maestros y los estudiantes.
Sin embargo, dijo que en el caso de la región Costa Chica, en donde hay ocho escuelas de la UAG, tres directores reportaron que recibieron mensajes de textos vía celular, en los que delincuentes que dijeron pertenecer a Guerreros Unidos y Los Rojos, pidieron una lista con los nombres de los maestros, ya que se les pediría una cuota.
Javier Saldaña añadió que está en proceso la denuncia por las amenazas que recibieron los directores, y que los mensajes fueron enviados de un mismo número, por lo que pedirá que la Policía Federal lo asesore, “que es más efectiva para identificar de dónde vienen los mensajes”.

La presencia de militares en las escuelas de la UAG no viola la autonomía, señala

Por otra parte, dijo que el comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández atendió la petición de seguridad de la UAG, por lo que las escuelas de la institución en Acapulco cuenta con resguardo, pero la situación causó polémica en el Grupo Universidad, ya que un maestro se oponía a que hubiera militares o policías en las instalaciones.
Javier Saldaña precisó que la autonomía de la UAG se viola cuando militares o policías irrumpen en las instalaciones, pero en el caso de Acapulco los uniformados asistieron a las escuelas porque se solicitó el resguardo.

No aumentó el presupuesto de la Universidad, afirma

Con respecto al presupuesto de la UAG para este año, Javier Saldaña Almazán señaló que el gobierno federal no incrementó los recursos de la universidad porque no se ha firmado el convenio correspondiente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero “afortunadamente”, el gobernador Héctor Astudillo Flores apoyó a la institución con el gasto de operación.
Dijo que el gobierno estatal incrementó cerca de 50 millones de pesos al presupuesto de la UAG, por lo que, en total la universidad recibirá mil 400 millones de pesos, que serán destinados al pago de nómina, saneamiento financiero y otros rubros ya etiquetados que “no se pueden tocar, son como las novias de los demás, no las puedes ni ver”, bromeó.
Expresó que los universitarios no quieren detener su dinámica académica, y que la Cámara de Diputados hizo un exhorto al gobierno federal para que aumente los recursos que se le destinan a la UAG, “esperemos que con eso se resuelva (la situación financiera de la institución)”.
Añadió que la visita del presidente de la República Enrique Peña Nieto, el martes pasado, le da ánimo porque Guerrero es uno de los estados con menos cobertura académica en el país, de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años solo 20 estudian una licenciatura, 40 se van al extranjero, 20 tienen trabajo de servicios y 20 están en la delincuencia organizada, “20 de cada 100” puntualizó.
Criticó que el gobierno federal es poco sensible ante la situación en Guerrero, porque la UAG abrió 28 programas de estudios y es necesario que se aumente su presupuesto, pero cuando planteó la situación la respuesta que recibió fue, “no te pedimos que abrieras más programas”.
Javier Saldaña informó que la UAG cuenta con 48 preparatorias, incluyendo a la Universidad Virtual, 71 licenciaturas, 25 posgrados, aproximadamente 82 mil estudiantes inscritos y 6 mil trabajadores, entre académicos y administrativos, “somos la universidad que menos trabajadores tiene y que menos presupuesto por alumno recibe”.
Declaró que en el transcurso de la semana, funcionarios de la UAG entregaron unas 62 mil becas a los estudiantes de 16 programas distintos, “queremos que la universidad mantenga la calidad que se le reconoció el año pasado”.

Heredar plazas es monopolizar la UAG, declara

Sobre las propuestas y acuerdos del 38 Congreso General Ordinario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), dentro de las cuales los maestros incluyeron que se incorpore al contrato colectivo que sus hijos se queden con el 100 por ciento de su carga laboral, el rector explicó que las peticiones se pueden cumplir en un 80 por ciento.
Precisó que el 80 por ciento de las peticiones que sí se podrán cumplir, “están relacionadas a dinero, el incremento, rezonificación, prestaciones, espero que mi gober (Héctor Astudillo) no me deje solo”.
Sin embargo, declaró que la reforma constitucional no permite que se hereden las plazas, “hoy vamos más por indicadores de calidad”.
Informó que el jueves se reunió con los representantes del STAUAG y el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), para analizar sus peticiones dentro de los emplazamientos a huelga, “ya les dije que un trabajador que tenga un hijo con maestría, doctorado y que cuente con el perfil, que concurse como todos, tendrá mejores posibilidades (de obtener una plaza), no vamos a monopolizar la universidad”.
Se le señaló que en otros años sí se monopolizó la universidad, ya que se permitió que los hijos de los trabajadores heredan su carga laboral, pero dijo tajantemente que esto ya no se permite y las plazas deben ser para aquellos que tengan mayor competitividad.
Por último, expresó que los universitarios tienen que ser “autónomos y democráticos”.

No investigan las autoridades las desapariciones de vecinos del sur de Chilapa, dice su abogado

Los gobiernos federal y estatal tampoco han investigado las desapariciones de personas que denunciaron los pueblos del sur del municipio de Chilapa, que irrumpieron en la cabecera municipal el 9 y la abandonaron el 14 de mayo del año pasado.
El asesor de la agrupación civil Comunitarios por la Paz y la Justicia, que irrumpió armada en mayo del año pasado en Chilapa y durante su estancia en la ciudad desapareció al menos a 30 ciudadanos, Jesús Escobedo González informó que a pesar de que presentaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay avances en las investigaciones de los desaparecidos del sur de Chilapa.
Ahora la organización aglutina 76 pueblos de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
De los desaparecidos afirmó que son víctimas del crimen organizado cuando viajan de sus comunidades a Chilapa.
Los familiares de desaparecidos de Chilapa que encabeza José Díaz Navarro, y que acusan a los vecinos del sur de Chilapa de las desapariciones de mayo, denunciaron anteriormente que a siete meses de la irrupción de civiles armados no se ha esclarecido la desaparición de 57 vecinos, de los cuales 38 denunciaron ante el Ministerio Público.
Ayer, Escobedo González asesor de la agrupación Comunitarios por la Paz y Justicia que irrumpieron en Chilapa, denunció que los gobiernos federal y estatal incumplieron el compromiso de investigar el paradero de sus familiares y de garantizarles seguridad.
El abogado informó que han documentado 15 casos de desaparecidos de las comunidades de El Jagüey, San Ángel y Santa Catarina, pero reconoció que de éstos sólo cinco presentaron denuncias ante el Ministerio Público, y hay otros casos que no han sido denunciados públicamente por temor.
Escobedo González agregó que los comisarios mantenían comunicación con funcionarios del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, pero no han recibido respuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores ni del secretario de Gobierno, a pesar de que los primeros cinco días de la administración solicitaron audiencia.
Precisó que los pueblos están documentando todos los casos para tener la información correspondiente si deciden regresar a la cabecera municipal a presionar.
El abogado recordó que los comisarios y los civiles armados dejaron la cabecera municipal el 14 de mayo, después de que la Policía Federal se comprometió a garantizar seguridad en sus pueblos y a detener a los cabecillas de la banda criminal Los Rojos que controla Chilapa, a los que responsabilizaron de la desaparición de vecinos y ejecuciones en sus comunidades y en los caminos.
Insistió que a siete meses no se han cumplido sus demandas pues los integrantes del grupo criminal siguen operando y sus desaparecidos no han sido localizados.
También se quejó de que los campesinos del sur de Chilapa, que colindan con el municipio de Quechultenango, son víctimas del crimen organizado cuando viajan a Chilapa.
Detalló que a mediados de diciembre fue ejecutada una familia (una pareja y su hija), en la comunidad de San Ángel, en la carretera de Atzacoaloya a Chilapa, después de vender artesanías en la cabecera.
Dijo que no se integró una averiguación previa ni se publicó en los medios de comunicación. “En esos pueblos se siguen dando enfrentamientos que no se publican en la prensa”, aseguró el abogado.
Dijo que los pueblos se siguen integrando a la agrupación Comunitarios por la Paz y la Justicia, y ya son 76, 36 del municipio de José Joaquín de Herrera y 40 del de Chilapa.
Informó que suman más de mil civiles armados, pues tienen de 8 a 25 integrantes.
Aseguró que por la presencia de los civiles armados se ha logrado la paz en la zona, pero los vecinos son víctimas cuando se trasladan a Chilapa, por lo que transitan la ruta de Quechultenango para llegar a Chilpancingo.
Rechazó los señalamientos de que los civiles armados pertenecen a la banda criminal Los Ardillos, se quejó que el señalamiento los pone en estado de vulnerabilidad ante el otro grupo criminal que opera en Chilapa (Los Rojos), y ante las autoridades porque deslegitima su demanda de seguridad y la búsqueda de sus desaparecidos.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.

Iba a señalar a criminales de Los Rojos el civil retenido en Carrizalillo, dicen sus familiares desplazados en Iguala

Desplazados por la violencia de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), reclamaron ayer justicia y la liberación de su familiar Modesto Peña Celso, retenido este miércoles por pobladores junto a agentes de la Policía Federal y trasladados a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, acusados de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos.
Según los familiares del civil señalado por autoridades de Carrizalillo de ser un halcón, iba en apoyo de los agentes federales a señalar a presuntos integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos al presidente del Comisariado Ejidal, Ricardo López García.
En la tarde después de protestar en la sala San Luis en el centro de esta ciudad, en la que el gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, el delegado federal en Guerrero de la Segob, Erik Castro Ibarra y el alcalde Esteban Albarrán daban una conferencia de prensa, unos 100 desplazados de Carrizalillo se inconformaron para pedir una audiencia con el gobernador, y fueron atendidos por Castro Ibarra en el auditorio del Palacio Municipal.
En la mañana integrantes de la familia Peña Celso, en su mayoría mujeres, ofrecieron una entrevista exclusiva en su casa al norte de la ciudad, donde el 21 de octubre dos de sus integrantes, Antonio y Onofre Peña –padre e hijo- fueron ejecutados por hombres armados, hecho en el que otras dos personas fueron asesinadas y una más herida.

Los Rojos infiltraron la comunidad y cobran piso a trabajadores de la mina de Gold Corp y a los ejidatarios, denuncian

Informaron que desde marzo de este año, 300 integrantes de estas familia fueron desplazados por la ola de violencia, de inseguridad, amenazas y extorsiones de delincuentes a los que relacional con la banda de Los Rojos, a los que también responsabilizan del asesinato de 11 integrantes de esta familia y la desaparición de cuatro más desde el 15 de abril de 2013, quienes levantaron y desaparecieron a Sergio Peña, Mario Gómez Pereyra y Pedro Celso Solís.
Denunciaron que la banda delincuencial logró penetrar e “infiltrar” puestos estratégicos en Carrizalillo, como la comisaría ejidal, el comisariado, la Secretaría General del sindicato de Gold Corp, a empleados de la mina y a la policía comunitaria, quienes cobran “derecho de piso” en abril de cada año, cuando reciben las utilidades de la mina, por cantidades de 10 mil a los cerca de 800 mineros y 40 mil a los 159 ejidatarios.
Uno de los integrantes de la familia, Valeriano Celso Solís dijo que al no entregar ellos la cuota que les pedían, el 3 de marzo fueron levantados y asesinados Mauro Galicia Peña, Juan Carlos Peña Celso y José Elí Merino González, y fueron hallados semienterrados en una fosa clandestina en la comunidad de Mazapa.
En abril, dijo, también fue levantado y desaparecido su hermano, Pedro Celso Solís, caso del que culpa al comisariado Ricardo López y a Silvestre López Peña, El Cebo, a quien también señalan de los asesinatos de Antonio Peña Montiel y Onofre Peña Celso, ocurridos el 21 de octubre en esta ciudad.
Los integrantes de la familia pidieron al gobierno estatal y federal justicia y la liberación inmediata de Modesto Peña Celso, hijo de Antonio Peña y hermano de Onofre Peña, quien aseguran iba como “testigo protegido” para colaborar con la Policía Federal, con la intención de señalar a quienes presuntamente tienen vínculos con la banda de Los Rojos, “sólo buscaba justicia por la muerte de su padre y de su hermano”.
Dijo que la Policía Federal le confiscó armamento al comisariado Ricardo López, y que cuando iban a hacer un cateo en su casa sonaron las campanas del pueblo, la gente se reunió y retuvieron a los agentes federales y a Modesto Peña, quien vestía una camisola de la corporación para que no fuera identificado.
Agregó que por presión del grupo delincuencial y el comisariado, 35 integrantes de esta familia que trabajaban para la mina de Gold Corp fueron despedidos y liquidados, y ahora se les impide entrar al pueblo de donde son originarios o trabajar para la mina, lo que ha dejado a las familias sin empleo y sin casas.
Negaron operar para el grupo Guerreros Unidos como ha sido señalado por el comisariado y que Modesto Peña sea halcón de ese grupo criminal.
Al mostrar fotografías periodísticas publicadas en los diferentes medios informativos sobre la detención de Modesto Peña, señalaron a varias de las personas que pedían su linchamiento, a quienes ubican como gente que no es de Carrizalillo, sino de las comunidades de Tenantla, como Nahúm Villalba y otros de Amatitlán, que presuntamente operan para la banda de Los Rojos, “queremos gritar al gobierno federal y estatal que si no ven la maldad en esta pinche mina, tienen que ver quiénes son los verdaderos delincuentes”.
Mostraron mensajes de texto en los que han recibido amenazas de la gente que los orilló a abandonar su pueblo, “vamos a acabar con todos, vayan comprando las cajas” y “qué hay perros ya faltan pocos y ahora le tocó a tu familiar perros”, uno de esos mensajes fue enviado al teléfono de Onofre Peña, un día antes de que fue ejecutado.
Pidieron la liberación de Modesto Peña, una investigación a fondo al comisariado Ricardo López y a la mesa directiva de las autoridades ejidales, quienes reciben el dinero de la minera por el uso del suelo ejidal, así como cateos a las casas de esas personas.

Les ofrecen seguridad

Cerca de las 4 de la tarde unos 100 integrantes de la familia Peña Celso, entre mujeres, niños y hombres, fue atendida en el auditorio del Palacio Municipal por el delegado de Gobernación Erik Castro, el inspector jefe de la Gendarmería con base en Iguala, Salvador Santos Reyes y el representante de la oficina del gobernador Héctor Astudillo, Alejandro Bravo Abarca, entre otras autoridades locales de gobernación.
Los inconformes mostraron mantas y cartulinas en las que exigían a las autoridades justicia y la liberación de su familiar Modesto Peña, así como la investigación del comisariado ejidal Ricardo López y de Silvestre López Peña.
Después de escuchar sus planteamientos, el delegado ofreció seguridad a partir de la tarde de ayer a los cerca de 300 integrantes de la familia, que fueron desplazados y que se asentaron en cuatro colonias al norte de Iguala: Nuevo Horizonte, Luis Donaldo Colosio, Franja de Santiaguito y Hábitat.
Se comprometieron a abrir carpetas de investigación por los 11 asesinados y los cuatro desaparecidos, así como la investigación de los crímenes y recibir atención a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para tener derecho al trabajo, a la vivienda y seguridad.
Alejandro Bravo ofreció el apoyo del gobierno del estado para brindarles la seguridad “que sea necesaria a quienes han sido desplazados”.
Dijo que retomarían la investigación para la presentación de quienes fueron desaparecidos, entre ellos Pedro Celso Solís.
Se anunció que el 4 de noviembre se reunirán nuevamente con éstas y más autoridades como la PGR, y agentes del Ministerio Público para darle seguimiento a sus peticiones.