Un militar le toma una foto a una madre con su hijo en una Hummer del Ejército en la exhibición de vehículos en el centro de la capital como parte de la estrategia de proximidad social Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
El Ejército exhibió vehículos en el Zócalo de Chilpancingo como parte de su programa de aproximación con los ciudadanos, y mientras algunos vecinos aprovecharon, sonrientes, para tomarse fotos con los automóviles y los uniformados, otros criticaron que no estén en tareas de seguridad a pesar de la violencia en el estado.
La actividad empezó a las 9 de la mañana y terminó a la una de la tarde, acudieron también agentes de la Guardia Nacional con camiones blindados y de traslado de personal.
Se vio a madres y padres de familia acercarse para montar a sus hijos en los Humvee, un Rhino, patrullas, dormitorios y hasta cocinas ambulante en remolques que ocuparon una tercera parte de la explanada de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, frente al Palacio Municipal y el edificio que ocupa la Secretaría de Cultura del estado.
Niños, niñas, hombres y mujeres adultos saludaban al personal de ambas corporaciones armadas y posaban para tomarse fotografías.
En un sondeo a los transeúntes algunos se dijeron contentos de poder convivir con los integrantes de las fuerzas armadas, otros se quejaron de que ocuparan el espacio que es de los pocos que hay para la recreación familiar en la ciudad.
La mayoría de la gente consultada consideró que deberían de apoyar en las tareas de seguridad luego del incremento de la violencia en el estado y en la ciudad.
En las redes sociales los usuarios se volcaron en críticas, El Sur publicó a las 11 de la mañana la actividad con una galería fotográfica, y algunas opiniones fueron:
“Ni hablar, dicen que tenemos lo que merecemos y solo para exhibición alcanzamos, mientras la edil solo le interesa andar pagando publicidad en redes”, “Deberían de ir a combatir la delincuencia y no andar de muñecas”, “Sigan votando por M que solo se cruzan de manos y la estiran cuando les conviene…”.
“Creo qué hay cosas más importantes que deberían hacer esos en lugar de gastar el día sacando fotitos”, “Con tomarse fotos no resuelven ningún problema de tanto que hay en el país. Cómo la seguridad por ejemplo”.
En un boletín el Ejercito informó que las comandancias de la Novena Región Militar y la 35 Zona Militar, expusieron vehículos militares, “donde participó personal perteneciente al 50 Batallón de Infantería, Sexto Batallón de Ingenieros de Combate y Guardia Nacional, exhibiendo alrededor de tres vehículos militares, entre los que se encontraban un Humvee VTP, un Humvee V.E.R.E., así como vehículos que se utilizan en la aplicación del Plan DN-III-E, en donde se destacó un tractocamión Quinta Rueda y Tres Cajas Secas (Cocina Comunitaria, Dormitorio y Servicios Técnicos), siete vehículos de la Guardia Nacional, dos Patrullas CRP, dos vehículos Blindados, dos Camionetas Cheyenne y un Freithliner 6.5 Toneladas”.
Pasean vecinos de Chilpancingo; en el zócalo al medio día de ayer Foto: Jessica Torres Barrera
Lenin Ocampo Torres, Alejandro Guerrero
Chilpancingo / Iguala
Un joven motociclista perdió la vida y otro quedó herido al impactarse la noche del sábado en la parte trasera de un camión Torton en la lateral de la Autopista del Sol en Chilpancingo.
Los dos jóvenes circulaban cerca de la media noche en la lateral en el sentido de sur-norte frente a la 35 Zona Militar, cuando impactaron su motocicleta contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado.
Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil estatal que confirmaron la muerte del conductor y trasladaron al herido a un hospital cercano para que recibiera atención médica.
Los dos jóvenes no traían equipo de protección recomendado para viajar en moto.
En esta zona son constantes los accidentes automovilísticos luego de que camiones o tráiler, se estacionan sin poner señalamientos de precaución.
Por separado se informó que hubo tres personas heridas en un accidente automovilístico ocurrido la mañana del sábado entre una camioneta particular y una de transporte de carga, cerca de la comunidad de Palmillas, municipio de Buenavista de Cuéllar, en la autopista Iguala-Cuernavaca, la cual fue cerrada intermitentemente por más de una hora.
El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cerca del poblado de Palmillas, entre una camioneta cerrada Mazda negra y una Pick Up del mismo color con redilas en la que transportaban varias cajas con material de cristalería.
El choque fue de frente por lo que los dos tripulantes de la camioneta de carga quedaron prensados y fueron auxiliados por rescatistas de Caminos y Puentes Federales (Capufe) con el uso de equipo de extracción para poder sacarlos. En dos ambulancias las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital del estado de Morelos, informaron fuentes policiacas.
Uno de los carriles de ese tramo de la autopista Iguala-Cuernavaca fue cerrado a la circulación vehicular por más de una hora y sólo se habilitó un carril y parte del acotamiento para facilitar el paso intermitente de conductores en ambos sentidos de la carretera.
Familiares de desaparecidos en la guerra sucia marcharon al Sexto Batallón de Ingenieros en Chilpancingo, donde autoridades festejaban el aniversario del Ejército Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares de Desapariciones Forzadas, Torturas y Ejecuciones Sumarias cometidas en el periodo de exterminio conocido como guerra sucia protestaron ayer afuera del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, frente a la 35 Zona Militar, mientras adentro se festejaba el aniversario del Ejército con un desayuno encabezado por los mandos militares y los tres poderes del estado.
Los manifestantes exigieron justicia, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También exigieron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “por incompetente y omiso” y porque obstaculiza el acceso a los archivos para las investigaciones; señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Además, afirmaron que la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, Cometidas de 1965 a 1990, sólo simula y es omisa porque no ha tenido ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de nuestros familiares desaparecidos forzadamente.
La mañana de ayer unos cien familiares y sobrevivientes de la época llamada guerra sucia, marcharon del monumento a Las Banderas en la colonia Temixco, hacia el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado en la colonia del PRI.
Los manifestantes se formaron en cuatro columnas, y con pancartas en mano, caminaron por la avenida Lázaro Cárdenas, bajaron por la calle Trébol y se incorporaron hacia el bulevar Vicente Guerrero, para marchar en la Autopista del Sol hasta llegar a las instalaciones del Sexto Batallón frente a la 35 Zona Militar.
Los hombres y mujeres, en su mayoría adultos, portaron en las cartulinas los nombres de sus familiares desaparecidos, algunos son: Julio Mesino, Bartolo Rojas Nazareo, Isaías Castro Velázquez, Antonio Zamacona Radilla, Silverio Flores Silio, Gorgonio Santiago Alvarado, Gaudencio Martínez Barrientos, Francisco Arguello Villegas, Alejandro Urióstegui Velázquez Eusebio Fierro Nava, Fidel Serrano Barrientos, Roberto Castillo de Jesús, Eloy Morales Gervasio y Raúl Cabañas Tabares.
Antes de iniciar la marcha, la dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, sostuvo que el Ejército nunca agarró a ninguno de sus familiares desaparecidos en el monte sino los sacaron de sus casas.
Resaltó que fueron militares los que desaparecieron a sus familiares, “tenemos nombres y apellidos, qué esperan para llevarlos a juicio o son intocables ellos, que nada más a los civiles nos llevan cuando cometemos un delito y a ellos no los quieren tocar, por eso le decimos al mandatario Andrés Manuel López Obrador, que queremos justicia, en este periodo que é está gobernando, queremos llevarlos a juicio (a los militares) que viven, queremos que se lleven a juicio por tanta crueldad que hicieron”.
“Primero los torturaron y después los aventaron al mar, eso es algo que no se le permite, por qué lo hicieron, de dónde tenían el permiso para hacerle esa injusticia a nuestros familiares, no sabemos cuántos de ellos fueron a dar al mar, queremos los nombres y exigimos que los dé porque el Ejército los tiene”, aseguró.
Reprochó que el Ejército mexicano entregó bitácoras de los vuelos, pero sin nombres, y sólo tenían números para que no encuentren a sus familiares desaparecidos, “no es posible que este gobierno esté actuando de la misma manera que los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que nos masacraron, nos desaparecieron y torturaron a nuestro familiares y sobrevivientes”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, también antes de la marcha dijo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 “no está funcionando”, porque no se coordina con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expuso que ayer se manifestaron para expresar su descontento en el Día del Ejército, porque no hay nada que felicitarles, porque argumentaron que fueron militares mediante los vuelos de la muerte quienes arrojaron al mar a sus familiares, “hay declaraciones de algunos pilotos y esos pilotos tienen que ser citados a comparecer para que se esclarezcan los hechos de esta barbarie, de este exterminio terrible que sucedió puntualmente en nuestro municipio de Atoyac”, agregó.
Dijo que hoy en México y en Guerrero se vive una situación de inseguridad terrible, donde se puede desaparecer forzadamente a cualquier persona y nadie investiga nada, porque la impunidad se viene arrastrando desde este periodo de terrorismo de Estado o de la guerra sucia”.
Los manifestantes corearon consignas durante su trayecto como: “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y
¡gobierno asesino que matas campesinos, gobierno farsante que matas estudiantes!”. Una vez que llegaron al Sexto Batallón, los manifestantes pegaron en el portón de las instalaciones militares sus pancartas y arrojaron al aire cohetes artesanales para expresar su repudio al Ejército.
Los manifestantes afuera de las instalaciones reclamaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que estuviera adentro del Sexto Batallón celebrando con los mandos militares el 110 aniversario del Ejército. Consideraron que es una traición que les festejara cuando fueron los militares quienes los reprimieron.
Sedena y FGR obstaculizan investigaciones
Octaviano Gervasio fue el encargado de leer un posicionamiento en el que las tres asociaciones de familiares de desaparecidos que se manifestaron ayer exigieron acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad, mediante una investigación ministerial pronta y expedita, para esclarecer los hechos; que también se identifique, capture y castigue a los militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de sus familiares.
En el texto leído denunciaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Señalaron que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, redujo de ocho a dos ministerios públicos que atienden los casos de más de 600 desaparecidos, y exigieron su renuncia “por incompetente y omiso”, pidieron que en su lugar se designe a un profesionista del derecho que trabaje en pro de la justicia y erradique la impunidad sistemática de sus casos.
Señalaron que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, es una simulación y es omisa, porque argumentaron que no ha registrado ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de sus familiares desaparecidos, además de que conozcan los nombres de los militares responsables y se castigue a los que aún viven.
Manifestaron que recientemente la Comisión les informó que en la revisión de archivos del Ejército “no han encontrado indicios relevantes” y que la Sedena “no coadyuva para esclarecer los hechos”, por lo que advirtieron que hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la investigación.
Exigieron en el posicionamiento que los diferentes mecanismos de la Comisión trabaje adecuada y coordinadamente, porque no aceptarán “una falsa memoria construida por la mentira y la simulación, queremos justicia y una reparación integral del daño conforme a los terribles hechos vicitmizantes”.
Aseguraron que a pesar del cambio democrático “aún persiste una estrategia sistemática del Estado mexicano de solapar a elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de terrorismo de Estado identificado como guerra sucia”, lo que dijeron, no permitirán.
Denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “no ha dado con el paradero de ninguno de nuestros familiares desparecidos, debido a que de manera descarada sólo simula buscar”, por lo que solicitaron urgentemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, para que “emita los lineamientos para su funcionamiento y que por parte de la comisión cese el mal trato y discriminación hacia los familiares de las víctimas de Guerrero”.
De igual manera pidieron que se “otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas e indirectas”, a las víctimas que recientemente han acudido ante la comisión a cargo de Encinas Rodríguez “a denunciar por primera vez las violaciones graves a derechos humanos y aún no cuentan con su Registro de Víctimas y así puedan acceder a los diferentes tipos de medidas de ayuda y reparación integral que ordena la Ley General de Víctimas”.
Exigieron además que se instale una oficina de la Comisión en Atoyac, que atienda un profesionistas en víctimas de violaciones graves de derechos humanos, con afinidad a las víctimas para que las investigaciones y la atención avancen de manera estratégica, porque en su mayoría las víctimas son este municipio, y expresaron han recibido malos tratos de algunos servidores públicos.
“Solicitamos que se sustituya a la comisionada Aleida García Aguirre, quien recientemente renunció a la Comisión debido a que no le pareció cómo se está trabajando”, agregó.
Asimismo solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la FGR y a la Comisión de la Verdad; así como un encuentro Evelyn Salgado, de quien aseguró, desde el año pasado solicitaron audiencia con ella y aún no los ha recibido.
Los familiares exigieron públicamente la reparación integral del daño bajo los estándares nacionales e internacionales, y que los gobiernos federal y estatal no los persiga políticamente por su legítima derecho de exigir justicia, sostuvieron que en caso de que las instituciones involucradas en las investigaciones no los atiendan conforme a derecho, se movilizarán en el zócalo de la Ciudad de México.
Las peticiones fueron firmadas por integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria.
Minutos después de las 12 del día, luego de que militares y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal recibieron los documentos con sus solicitudes de reunión a las distintas autoridades, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Sexto Batallón militar.
Familiares de desaparecidos en la guerra sucia marcharon para exigir justicia hacia al Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado frente a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, donde se celebraba el acto oficial que encabezaron la gobernadora Evelyn Salgado y el comamdante de la Novena Región Militar Ricardo Flores. Ayer también el director de Tlachinollan e integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Abel Barrera, señaló que la FGR obstaculiza el acceso a expedientes sobre desaparecidos de esa época Foto: Jessica Torres Barrera Familiares de desaparecidos en la época de la guerra sucia de 1969 a 1979, marcharon del monumento a las Banderas hacia al Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado frente a la 35 Zona Militar en Chilpancingo, para exigir justicia. Foto: Jessica Torres Barrera
Protestan víctimas de la guerra sucia afuera del acto por el Día del Ejército; exigen justicia
Acusa el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados, Octaviano Gervasio Serrano, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval de impedir que avancen las investigaciones contra militares para que no sean juzgados los que aún viven. Afirma que la Comisión para el Acceso a la Verdad “no está funcionando” porque no se coordina con otros organismos para dar resultados
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Familiares de desaparecidos en la guerra sucia marcharon al Sexto Batallón de Ingenieros en Chilpancingo, donde autoridades festejaban el aniversario del Ejército Foto: Jessica Torres Barrera
Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares de Desapariciones Forzadas, Torturas y Ejecuciones Sumarias cometidas en el periodo de exterminio conocido como guerra sucia protestaron ayer afuera del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, frente a la 35 Zona Militar, mientras adentro se festejaba el aniversario del Ejército con un desayuno encabezado por los mandos militares y los tres poderes del estado.
Los manifestantes exigieron justicia, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También exigieron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “por incompetente y omiso” y porque obstaculiza el acceso a los archivos para las investigaciones; señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Además, afirmaron que la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, Cometidas de 1965 a 1990, sólo simula y es omisa porque no ha tenido ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de nuestros familiares desaparecidos forzadamente.
La mañana de ayer unos cien familiares y sobrevivientes de la época llamada guerra sucia, marcharon del monumento a Las Banderas en la colonia Temixco, hacia el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado en la colonia del PRI.
Los manifestantes se formaron en cuatro columnas, y con pancartas en mano, caminaron por la avenida Lázaro Cárdenas, bajaron por la calle Trébol y se incorporaron hacia el bulevar Vicente Guerrero, para marchar en la Autopista del Sol hasta llegar a las instalaciones del Sexto Batallón frente a la 35 Zona Militar.
Los hombres y mujeres, en su mayoría adultos, portaron en las cartulinas los nombres de sus familiares desaparecidos, algunos son: Julio Mesino, Bartolo Rojas Nazareo, Isaías Castro Velázquez, Antonio Zamacona Radilla, Silverio Flores Silio, Gorgonio Santiago Alvarado, Gaudencio Martínez Barrientos, Francisco Arguello Villegas, Alejandro Urióstegui Velázquez Eusebio Fierro Nava, Fidel Serrano Barrientos, Roberto Castillo de Jesús, Eloy Morales Gervasio y Raúl Cabañas Tabares.
Antes de iniciar la marcha, la dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, sostuvo que el Ejército nunca agarró a ninguno de sus familiares desaparecidos en el monte sino los sacaron de sus casas.
Resaltó que fueron militares los que desaparecieron a sus familiares, “tenemos nombres y apellidos, qué esperan para llevarlos a juicio o son intocables ellos, que nada más a los civiles nos llevan cuando cometemos un delito y a ellos no los quieren tocar, por eso le decimos al mandatario Andrés Manuel López Obrador, que queremos justicia, en este periodo que é está gobernando, queremos llevarlos a juicio (a los militares) que viven, queremos que se lleven a juicio por tanta crueldad que hicieron”.
“Primero los torturaron y después los aventaron al mar, eso es algo que no se le permite, por qué lo hicieron, de dónde tenían el permiso para hacerle esa injusticia a nuestros familiares, no sabemos cuántos de ellos fueron a dar al mar, queremos los nombres y exigimos que los dé porque el Ejército los tiene”, aseguró.
Reprochó que el Ejército mexicano entregó bitácoras de los vuelos, pero sin nombres, y sólo tenían números para que no encuentren a sus familiares desaparecidos, “no es posible que este gobierno esté actuando de la misma manera que los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que nos masacraron, nos desaparecieron y torturaron a nuestro familiares y sobrevivientes”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, también antes de la marcha dijo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 “no está funcionando”, porque no se coordina con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expuso que ayer se manifestaron para expresar su descontento en el Día del Ejército, porque no hay nada que felicitarles, porque argumentaron que fueron militares mediante los vuelos de la muerte quienes arrojaron al mar a sus familiares, “hay declaraciones de algunos pilotos y esos pilotos tienen que ser citados a comparecer para que se esclarezcan los hechos de esta barbarie, de este exterminio terrible que sucedió puntualmente en nuestro municipio de Atoyac”, agregó.
Dijo que hoy en México y en Guerrero se vive una situación de inseguridad terrible, donde se puede desaparecer forzadamente a cualquier persona y nadie investiga nada, porque la impunidad se viene arrastrando desde este periodo de terrorismo de Estado o de la guerra sucia”.
Los manifestantes corearon consignas durante su trayecto como: “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y
¡gobierno asesino que matas campesinos, gobierno farsante que matas estudiantes!”. Una vez que llegaron al Sexto Batallón, los manifestantes pegaron en el portón de las instalaciones militares sus pancartas y arrojaron al aire cohetes artesanales para expresar su repudio al Ejército.
Los manifestantes afuera de las instalaciones reclamaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que estuviera adentro del Sexto Batallón celebrando con los mandos militares el 110 aniversario del Ejército. Consideraron que es una traición que les festejara cuando fueron los militares quienes los reprimieron.
Sedena y FGR obstaculizan investigaciones
Octaviano Gervasio fue el encargado de leer un posicionamiento en el que las tres asociaciones de familiares de desaparecidos que se manifestaron ayer exigieron acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad, mediante una investigación ministerial pronta y expedita, para esclarecer los hechos; que también se identifique, capture y castigue a los militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de sus familiares.
En el texto leído denunciaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Señalaron que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, redujo de ocho a dos ministerios públicos que atienden los casos de más de 600 desaparecidos, y exigieron su renuncia “por incompetente y omiso”, pidieron que en su lugar se designe a un profesionista del derecho que trabaje en pro de la justicia y erradique la impunidad sistemática de sus casos.
Señalaron que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, es una simulación y es omisa, porque argumentaron que no ha registrado ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de sus familiares desaparecidos, además de que conozcan los nombres de los militares responsables y se castigue a los que aún viven.
Manifestaron que recientemente la Comisión les informó que en la revisión de archivos del Ejército “no han encontrado indicios relevantes” y que la Sedena “no coadyuva para esclarecer los hechos”, por lo que advirtieron que hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la investigación.
Exigieron en el posicionamiento que los diferentes mecanismos de la Comisión trabaje adecuada y coordinadamente, porque no aceptarán “una falsa memoria construida por la mentira y la simulación, queremos justicia y una reparación integral del daño conforme a los terribles hechos vicitmizantes”.
Aseguraron que a pesar del cambio democrático “aún persiste una estrategia sistemática del Estado mexicano de solapar a elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de terrorismo de Estado identificado como guerra sucia”, lo que dijeron, no permitirán.
Denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “no ha dado con el paradero de ninguno de nuestros familiares desparecidos, debido a que de manera descarada sólo simula buscar”, por lo que solicitaron urgentemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, para que “emita los lineamientos para su funcionamiento y que por parte de la comisión cese el mal trato y discriminación hacia los familiares de las víctimas de Guerrero”.
De igual manera pidieron que se “otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas e indirectas”, a las víctimas que recientemente han acudido ante la comisión a cargo de Encinas Rodríguez “a denunciar por primera vez las violaciones graves a derechos humanos y aún no cuentan con su Registro de Víctimas y así puedan acceder a los diferentes tipos de medidas de ayuda y reparación integral que ordena la Ley General de Víctimas”.
Exigieron además que se instale una oficina de la Comisión en Atoyac, que atienda un profesionistas en víctimas de violaciones graves de derechos humanos, con afinidad a las víctimas para que las investigaciones y la atención avancen de manera estratégica, porque en su mayoría las víctimas son este municipio, y expresaron han recibido malos tratos de algunos servidores públicos.
“Solicitamos que se sustituya a la comisionada Aleida García Aguirre, quien recientemente renunció a la Comisión debido a que no le pareció cómo se está trabajando”, agregó.
Asimismo solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la FGR y a la Comisión de la Verdad; así como un encuentro Evelyn Salgado, de quien aseguró, desde el año pasado solicitaron audiencia con ella y aún no los ha recibido.
Los familiares exigieron públicamente la reparación integral del daño bajo los estándares nacionales e internacionales, y que los gobiernos federal y estatal no los persiga políticamente por su legítima derecho de exigir justicia, sostuvieron que en caso de que las instituciones involucradas en las investigaciones no los atiendan conforme a derecho, se movilizarán en el zócalo de la Ciudad de México.
Las peticiones fueron firmadas por integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria.
Minutos después de las 12 del día, luego de que militares y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal recibieron los documentos con sus solicitudes de reunión a las distintas autoridades, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Sexto Batallón militar.
Padres y madres de los 43 desaparecidos, frente a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el mitin político en la explanada de la 35 Zona Militar en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Padres de los 43 desparecidos y alumnos de Ayotzinapa insistieron en que el Ejército sea investigado y se detenga a los militares implicados en la desaparición de los estudiantes; normalistas arrojaron un camión de Coca-Cola al portón de la 35 Zona Militar, arrojaron cohetones y pintaron consignas en los mur.
En su segundo día de jornada de movilización y a unos días de cumplirse el octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, padres y alumnos a las 12 del día se manifestaron en Chilpancingo.
Los manifestantes a bordo de autobuses descendieron afuera del cuartel de la 35 Zona Militar, ubicada en la lateral de la Autopista del Sol, en el sentido sur-norte, el cual fue cerrado durante su actividad, que duró una hora y media.
Al llegar, los padres y algunos alumnos con sus resorteras lanzaron piedras a las cámaras de seguridad, arrancaron unas banderas que adornaban la fachada del lugar y colocaron pegatinas en el portón con la frase “nos faltan 43”; posteriormente iniciaron su mitin.
No hay militares detenidos pese a que hay órdenes de aprehensión
El vocero de los padres, Melitón Ortega, dijo que el reciente informe que dio el gobierno federal tiene elementos importantes que deben de ser investigados, ya que por primera vez reconoce que fue un crimen de Estado.
Indicó que al decir que fue un crimen de estado “significa que los funcionarios, las fuerzas armadas y policías participaron para desaparecer a los 43 alumnos y asesinar a tres de ellos: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes”.
Melitón Ortega consideró que es importante para la lucha de los padres esclarecer lo que pasó el 26 y 27 de septiembre y que el gobierno profundice esas líneas que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa dio a conocer el pasado 17 de agosto, por lo que debe de seguir deteniendo a los culpables.
“Pero para calmar los ánimos de los padres, de los estudiantes y del pueblo fue la detención de Jesús Murillo Karam (ex procurador general de la República), para decir que están haciendo mucho, pero hasta la fecha no tenemos más detenidos”, dijo.
El vocero recriminó que Murillo Karam pidió un amparo para no ser procesado, y sostuvo que los padres y madres no lo van a permitir, “en el informe que presentó, Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) señala que participó el Ejército del 27 batallón de Iguala, el 48 batallón y el 35 sede en este lugar”.
Destacó que hay unas 80 órdenes de aprehensión dentro de las cuales están los agentes y los altos mandos del Ejército, “que hasta la fecha no se sabe nada si van a actuar en contra de ellos, de la Marina y las fuerzas armadas que hasta hoy está impune”.
Dijo que por eso, este martes, acudieron a la explanada en el exterior de la 35 Zona Militar para decirle al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “no vamos a descansar y que señalarán a los militares”.
Además, recriminó que el gobierno federal dice que las fuerzas armadas son las que van a generar las condiciones de paz en Guerrero y en el país, “cuando son ellos los responsables de desaparecer y asesinar a campesinos, alumnos y defensores de los derechos humanos. Se tienen que encarcelar a los miliares”.
Melitón Ortega destacó que acudían a la Zona Militar para decir a las autoridades que no pueden permitir que los militares anden en las calles como si nada, y haciendo creer que son ellos los que van a controlar todas las bandas criminales, “cuando son ellos parte de esta banda criminal”.
Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, portó una lona de plástico con el rostro de su hijo, y dijo: “nosotras como madres no vamos a parar hasta saber el paradero de nuestros hijos”.
Destacó que el gobierno federal reconoce que fue un crimen de Estado “cuando nosotros desde un principio ya lo sabíamos. También exigimos la ejecución de las órdenes de aprehensión, porque nada más detuvieron a Murillo Karam y ya no hay más detenciones”.
La señora Blanca manifestó que como madres exigen que se castigue a los responsables que se llevaron a sus hijos, porque ya están por cumplir ocho años y no los encuentran.
“Exigimos la verdad, no nos vamos a ir a casa con una respuesta de que están muertos, nos iremos cuando nos den pruebas científicas de que nuestros hijos están vivos o muertos, porque así como dicen las autoridades que no hay indicios de vivos tampoco lo hay de muertos”.
Aseveró que los padres y madres seguirán en las calles hasta encontrar con vida a sus hijos y que se castigue a todos los responsables. La madre de Jorge Álvarez consideró que el Ejército está para defender a la sociedad, no para que desaparezcan y maten, “aquí vamos a seguir en pie de lucha”.
Pintas, piedras, cohetones y dejan ir un camión de Cocacola para abrir la puerta
Al finalizar el mitin los padres se retiraron del lugar, en tanto los alumnos realizaron pintas con las frases: “Nos faltan 43”, “Fue el Estado”, “26 y 27 de septiembre no se olvida” y “Gobierno asesino”.
Los jóvenes con el rostro cubierto lanzaron piedras al interior de la Zona Militar, la cual estaba totalmente cerrada, arrojaron más de 10 cohetones y lanzaron un camión de la empresa Coca-Cola sin chofer al portón, que se abrió.
El camión, que llevaba costales blancos rellenos de taparroscas, quedó parado en la entrada, y en tres ocasiones los alumnos lanzaron al interior del camión cohetones, uno de ellos ocasionó que el vidrio saliera volando por los aires.
Al finalizar subieron a los autobuses, se retiraron de la vialidad y se dirigieron al municipio de Tixtla donde se encuentra la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De acuerdo con la agenda de actividades de los padres este miércoles estarán en Iguala.
A la zona llegaron Bomberos para verificar que no hubiera artefactos, después salieron los militares para ver los daños causados; posteriormente retiraron del lugar el vehículo.
Llegan 500 soldados a Chilapa; Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar candidatos: jefe militar
Los uniformados son dos batallones de Infantería de la Ciudad de México y del Estado de México, y reemplazaron a los 300 que operaban en la región, informa el comandante de la 35 Zona, José Francisco Terán Valle. El despliegue de tropas será en la zona urbana y rural del municipio y en Zitlala, Mártir de Cuilapan y Quechultenango, indica
Luis Blancas y Redacción
Chilpancingo
El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle informó que los grupos de narcotraficantes Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar a candidatos a cargos de elección popular en Chilapa, de cara a las próximas elecciones.
Consultado en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Terán Valle anunció el reforzamiento de la Operación Chilapa en la que participarán 500 soldados del 78 Batallón de Infantería provenientes de la Ciudad de México, junto a policías estatales y ministeriales que llegaron la tarde de ayer a Chilapa.
Reconoció que el incremento de violencia en ese lugar es por la disputa del control de la venta de droga y del territorio, lo que afecta directamente a la clase política en esa zona.
“La operación es para bajar los niveles de violencia, algunos actos de violencia entre dos grupos delictivos que es la pandilla de Los Ardillos y Los Rojos que se andan disputando el control de la venta de droga y el territorio, además están tratando de cooptar a los candidatos de los municipios y tratando de controlar a los comisarios de los pueblos, nos están pidiendo ayuda, por eso se lleva a cabo este operativo”, declaró.
Terán Valle dijo que hay poca cooperación de la población para denunciar, “necesitamos más denuncias de la gente para detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades”.
Aseguró que en noviembre y diciembre bajaron los incidentes delictivos en Chilapa debido a la operación de 300 soldados del 103 Batallón de Infantería de la Ciudad de México, junto a la Policía Estatal, quienes recorrieron escuelas y comunidades.
Informó que hace unos días detuvieron a una célula “que andaba asesinando a gente y la pusimos a disposición de de las autoridades”, y agregó que hay otra que se esconde por las noches en casas, “por eso se realizarán operativos en las casas para detener a los delincuentes”.
La llegada soldados
Ayer en la tarde llegaron a Chilapa 500 soldados del Ejército provenientes de la Ciudad de México, se vieron además patrullas de la Policía Estatal y 50 integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, según las autoridades, para “reducir” los niveles de violencia que ha alcanzado a la clase política, tras los asesinatos de dos dirigentes, una del PRI y otra del PRD.
Alrededor de las 5 de la tarde unas 40 patrullas del Ejército llegaron a esa ciudad, que es la entrada a la región La Montaña, para dirigirse a un campamento militar en esta ciudad y desplegarse a diferentes retenes que hay en la ciudad.
Ahí mandos militares consultados informaron que los 500 soldados provienen de dos batallones de Infantería de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes reemplazaron a los 300 militares que se encontraban en esa región.
Informó que el despliegue de tropas será en la zona urbana y rural de Chilapa así como en los municipios de Zitlala, Mártir de Cuilapan y Quechultenango.
Se integraron más tarde una decena de patrullas de la Policía Estatal y cincuenta integrantes del recién conformado Grupo de Reacción Inmediata Centauro, quienes hicieron recorridos de reconocimiento en la tarde y la noche de ayer por las principales avenidas y calles, así como por el bulevar Eucaria Apreza.
En los dos primeros meses de este 2018 en el municipio de Chilapa suman 32 homicidios, entre ellos los de las precandidatas a la diputación local del 25 distrito por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma y del PRI, Dulce Anayeli Rebaja Pedro de 28 años de edad, que fue raptada y posteriormente hallada sin vida, también asesinaron a un primo y a dos tíos.
De los 32 homicidios de 2018, siete casos han sido contra mujeres.
Con esta operación van seis desde 2016, que no han podido contener la violencia en el municipio y sus alrededores donde ha colapsado el transporte público, el sector educativo, el comercial y el político.
El comandante de la 35 Zona Militar, José Francisco Terán Valle informó que los grupos de narcotraficantes Los Rojos y Los Ardillos buscan cooptar a candidatos a cargos de elección popular en Chilapa, de cara a las próximas elecciones.
Consultado en las instalaciones de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, Terán Valle anunció el reforzamiento de la Operación Chilapa en la que participarán 500 soldados del 78 Batallón de Infantería provenientes de la Ciudad de México, junto a policías estatales y ministeriales que llegaron la tarde de ayer a Chilapa.
Reconoció que el incremento de violencia en ese lugar es por la disputa del control de la venta de droga y del territorio, lo que afecta directamente a la clase política en esa zona.
“La operación es para bajar los niveles de violencia, algunos actos de violencia entre dos grupos delictivos que es la pandilla de Los Ardillos y Los Rojos que se andan disputando el control de la venta de droga y el territorio, además están tratando de cooptar a los candidatos de los municipios y tratando de controlar a los comisarios de los pueblos, nos están pidiendo ayuda, por eso se lleva a cabo este operativo”, declaró.
Terán Valle dijo que hay poca cooperación de la población para denunciar, “necesitamos más denuncias de la gente para detener a los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades”.
Aseguró que en noviembre y diciembre bajaron los incidentes delictivos en Chilapa debido a la operación de 300 soldados del 103 Batallón de Infantería de la Ciudad de México, junto a la Policía Estatal, quienes recorrieron escuelas y comunidades.
Informó que hace unos días detuvieron a una célula “que andaba asesinando a gente y la pusimos a disposición de de las autoridades”, y agregó que hay otra que se esconde por las noches en casas, “por eso se realizarán operativos en las casas para detener a los delincuentes”.
La llegada soldados
Ayer en la tarde llegaron a Chilapa 500 soldados del Ejército provenientes de la Ciudad de México, se vieron además patrullas de la Policía Estatal y 50 integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro, según las autoridades, para “reducir” los niveles de violencia que ha alcanzado a la clase política, tras los asesinatos de dos dirigentes, una del PRI y otra del PRD.
Alrededor de las 5 de la tarde unas 40 patrullas del Ejército llegaron a esa ciudad, que es la entrada a la región La Montaña, para dirigirse a un campamento militar en esta ciudad y desplegarse a diferentes retenes que hay en la ciudad.
Ahí mandos militares consultados informaron que los 500 soldados provienen de dos batallones de Infantería de la Ciudad de México y del Estado de México, quienes reemplazaron a los 300 militares que se encontraban en esa región.
Informó que el despliegue de tropas será en la zona urbana y rural de Chilapa así como en los municipios de Zitlala, Mártir de Cuilapan y Quechultenango.
Se integraron más tarde una decena de patrullas de la Policía Estatal y cincuenta integrantes del recién conformado Grupo de Reacción Inmediata Centauro, quienes hicieron recorridos de reconocimiento en la tarde y la noche de ayer por las principales avenidas y calles, así como por el bulevar Eucaria Apreza.
En los dos primeros meses de este 2018 en el municipio de Chilapa suman 32 homicidios, entre ellos los de las precandidatas a la diputación local del 25 distrito por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma y del PRI, Dulce Anayeli Rebaja Pedro de 28 años de edad, que fue raptada y posteriormente hallada sin vida, también asesinaron a un primo y a dos tíos.
De los 32 homicidios de 2018, siete casos han sido contra mujeres.
Con esta operación van seis desde 2016, que no han podido contener la violencia en el municipio y sus alrededores donde ha colapsado el transporte público, el sector educativo, el comercial y el político.
La mañana de ayer los cuerpos de dos hombres desmembrados depositados en seis bolsas negras de plástico fueron encontrados en una calle atrás del panteón central, en la colonia Progreso, a unos 500 metros de la 35 Zona Militar de esta ciudad.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 7:40 de la mañana, recibieron el reporte de que en la calle cerrada Nicolás Bravo había restos humanos en bolsas de plástico.
Al lugar llegaron policías municipales y estatales quienes confirmaron el hallazgo de seis bolsas de plástico negras.
La operación policiaca causó asombro entre los vecinos que salieron de sus casas para saber qué es lo que pasaba en el lugar.
Soldados, policías municipales y estatales acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias de ley a los restos humanos, que fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) para las pruebas de ADN y su identificación.
A las 11 de la mañana la institución informó que los restos humanos correspondían a dos hombres desmembrados de entre 35 y 40 años.
Cerca del panteón central a unos 500 metros de la 35 Zona Militar y a una cuadra del bulevar Vicente Guerrero, han dejado varios cuerpos de hombres desmembrados y depositados en bolsas de plástico negras.
El 2 de mayo el cuerpo del comandante de la Policía Municipal de Tixtla, Daniel Vázquez Gutiérrez fue encontrado dentro de cuatro bolsas de plástico, detrás el panteón central.
Ese día civiles armados los levantaron, después de que se enfrentaron a balazos con agentes de esa corporación en la colonia La Villita cerca del cuartel policiaco en Tixtla.
El 3 de abril hubo otro hallazgo similar en esa calle. El 16 de enero fue hallada a una cuadra de ahí una camioneta Ford Eco Sport roja, adentro estaban los cuerpos de seis hombres decapitados y desmembrados.
En la capital continúa la violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada. La tarde del martes un chofer del transporte público fue ejecutado a balazos en una brecha atrás de la tienda Bodega Aurrerá Norte, en la colonia San Juan, luego de que hombres armados lo levantaron en su Urvan en la colonia Sección Séptima de esta ciudad.
La noche del lunes un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Lomas del Bosque y la noche del domingo dos hombres resultaron heridos en distinto hechos en las colonia Omiltemi y Zapata de esta ciudad.
El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que se reunió con el comandante de la 35 Zona Militar José Francisco Terán Valle, con quien acordó la creación de un Consejo de Seguridad Pública Municipal integrado por mandos federales estatales y municipales.
En declaraciones después de la inauguración de un aula multigrado en la colonia popular Diana Laura, el alcalde capitalino dijo que ayer desayunó con el general Terán Valle, y que con el gobernador Héctor Astudillo Flores también ha hablado de la creación de ese consejo.
Dijo que integrará a todas las instancias públicas federales y municipales de seguridad, que podrían participar sectores organizados como empresarios.
Comentó que también habló con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para que Chilpancingo reciba apoyos federales para la seguridad, “sea parte de los fondos de economías que se generan por los programas de seguridad pública”.
De la inseguridad en el municipio y la percepción de inseguridad en la población, el alcalde priista reiteró que es un problema que rebasa al municipio, porque cada año en Estados Unidos se incrementa en un 20 por ciento y que Chilpancingo está a una hora de las “zonas productivas” de estupefacientes.
Y que “las organizaciones criminales se disputan estas partes”, por lo que el gobierno municipal ha bajado la incidencia delictiva “aunque no en el homicidio doloso, que es lo que impacta en la percepción”.
De la denuncia de vecinos de la colonia Vista Hermosa que habitan en el margen de la barranca Alpuyeca, en Chilpancingo, en el sentido de que el Ayuntamiento capitalino quiere entregar una obra de encauce incompleto y que temen un percance como el ocurrido cuando fue la tormenta Manuel en 2013, el alcalde dijo que la obra se entregará concluida.
Reconoció que hay un retraso “normal” en la entrega de la obra, pero precisó que se va a terminar.
Recordó que está prohibido tener viviendas en las barrancas, y que a partir del peligro en el que están las familias el gobierno municipal lo tiene que atender aunque está en una zona federal.
A pesar de que es una zona prohibida, dijo que van a concluir la obra y que el retraso no significa que la van a dejar inconclusa. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).
En calma aparente se encuentra la cabecera municipal de Chilapa tras una semana intensa de homicidios y balaceras. Los locales comerciales se mantienen abiertos y las escuelas con clases, junto al despliegue de 500 soldados a cargo del comandante de la 35 Zona Militar, José Terán Valle.
Para explicar la última oleada de ataques el mando castrense reveló la posible existencia de un tercer grupo del narcotráfico disputando el control de Chilapa, donde están enfrentados Los Rojos y Los Ardillos desde hace más de dos años. Sin precisar cuál de los tres grupos delictivos está actuando contra la población, indicó que los agresores entran y salen por colonias de la periferia para amenazar principalmente a choferes del transporte público que creían tener bajo su control.
Por separado el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que un grupo denominado Gente Nueva podría estar irrumpiendo en el municipio desde las últimas semanas, “tal vez meses”, estimó.
Del martes de la semana hasta ayer hubo 28 asesinatos, comenzando con el hallazgo de seis personas desmembradas, y el domingo hubo diez homicidios en Chilapa, de los cuales cinco fueron hallados en un taxi del transporte público incendiado y se preparaba su identificación mediante pruebas de genética.
La presencia militar y el reforzamiento con cien policías estatales no inhibió el delito.
Conflicto entre criminales: Terán
Consultado en el retén en el arco de entrada a Chilapa, el comandante Terán Valle informó que a través de las colonias de la periferia sigue llegando gente a amenazar a los pobladores, particularmente a los choferes de taxis y de combis, “contra los que creen que son de su gremio o de quienes tuvieron el control alguna vez”.
Agregó que los militares buscan en las colonias a los agresores que entran a pie o en motocicleta, que son conocidos de los vecinos “porque la misma población platica con ellos, al final salen en desacuerdo y surgen las disputas entre ellos”.
Estimó que el conflicto en Chilapa es “entre delincuentes queriendo hacer presión sobre la gente, sobre ciertas personas (taxistas y choferes), fuera de ahí está tranquilo, la gente sigue viniendo, hay comercio”.
De los hechos estimó que ocurren en la tarde y en la noche, aunque el lunes hubo una balacera a mediodía a poca distancia del punto de control militar, “alcanzamos a llegar rápidamente, alcanzamos a respaldar a dos personas, se les proporcionaron primeros auxilios, se les estableció y evacuó con personal de Protección Civil al hospital”.
Insistió en que los sicarios no se han metido con la población en general ni en la zona del mercado, tan es así que el domingo llegó la gente al tianguis regional, “ha sido como muy ubicado entre delincuentes, unos y otros pegándole a los que son taxistas, asociaciones de taxis”.
De los grupos que disputan el territorio declaró: “aquí tenemos Rojos y Ardillos alrededor, al parecer hay otro grupo ahí que no está bien ubicado, parece que hay uno ahí que quiere… ya ve que son de los mismos y se siguen fraccionando entre ellos”.
Aseguró que el Ejército trabaja de manera muy coordinada con la Policía Estatal, e incluso con la municipal para estar “al tanto de cualquier cosa rara y alerta”.
Añadió que el Ejército se retirará cuando se haya restablecido la tranquilidad en el municipio, lo que será posible cuando se detenga a las cabecillas de las bandas delictivas.
Dijo que la Fiscalía tiene que girar órdenes de aprehensión, con las que los militares pueden ir a las casas y a los lugares en donde se esconden los inculpados, “después de eso también es un trabajo de las fiscalías salir a investigar”.
Se le recordó que en la región también hay producción de drogas, y respondió que en lo que toca a los militares en la Montaña de Guerrero se han destruido 3 mil plantíos de droga en lo que va del año, y otros 3 mil en la sierra de Filo de Caballos.
El nuevo grupo, en la mayoría de los casos de últimos días: vocero
En consulta telefónica sobre el tercer grupo delictivo en Chilapa el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia confirmó que en los últimos días o tal vez semanas, ha habido una serie de homicidios en Chilapa, y en la mayoría de los casos se acompañan los cuerpos con mensajes de un grupo que se autodenomina Gente Nueva.
Agregó que según la Secretaría General del Estado podría tratarse de la introducción de un grupo que también estaría disputándose el municipio de Chilapa, y esta circunstancia atrajo la atención y preocupación del Grupo de Coordinación Guerrero que desplegó a 100 policías estatales.
Precisó que sólo puede hablar de la posibilidad de que exista “la inducción del tercer grupo” que disputa el territorio, y que aún no hay elementos para establecer su origen.
Según registros periodísticos, el grupo delincuencial Gente Nueva fue mencionado en tres narcomantas en Iguala el 24 de marzo 2016, pero se desconocía su actividad en Chilapa.
En un recorrido por la ciudad se observó al alcalde priista Jesús Parra García caminando en el pasillo frontal del Palacio Municipal, y al abordarlo reconoció que son “tiempos difíciles”, pero que el lunes llegaron a Chilapa el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y el comandante de la 35 Zona Militar a reforzar la seguridad, como ya se informó en distintos medios.
Del Ayuntamiento dijo que le está apostando a la atención humanitaria para restablecer el tejido social, llevando obras, actividades culturales, deportivas y educativas a 148 comunidades, 90 colonias y barrios populares, porque la inseguridad le corresponde al gobierno federal y estatal que “ya lo está atendiendo”.
De la prevención del delito declaró que “la ciudadanía debe tomar sus propias prevenciones, medidas de seguridad, cuidarse mucho, debe de formar a sus hijos desde muy pequeños con principios y valores”.
Cuando se le preguntó sobre el ambiente en las noches pidió que los reporteros se quedarán a verificar la situación, que él daría garantías para hacer un recorrido con él, porque desde su perspectiva la población continuaba desarrollando su vida con normalidad, “obvio a las 10 de la noche siempre la gente aquí empieza ya a guardarse, a descansar por el trabajo intenso, como en todas partes, hay gente que todavía sale a cenar”.
Temor en escuelas y estudiantes
Testimonios de estudiantes de la preparatoria 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijeron que desde las 7 de la noche, o cuando comienza a oscurecer, sus familias ya no les permiten salir a las calles.
De la presencia militar aseguraron que no sirve de nada, porque aún con ellos continuaron los asesinatos, y recordaron el caso de la mujer embarazada asesinada el domingo y un joven de 14 años, estudiante de secundaria llevado por la fuerza que fue encontrado en Chilpancingo gravemente herido, junto al cadáver de un joven, quien después murió en el hospital.
Aseguraron que el turno vespertino de la preparatoria modificó sus horarios para salir más temprano de clases, que termina entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche.
La directora del jardín de Niños Amado Nervo en el centro, Alberta Flores Jaimes aclaró que aún con temor la instrucción de la Supervisión Escolar es continuar las labores, y en el centro escolar los trabajadores tomaron algunas medidas para evitar más exposición en situación de riesgo.
Por ejemplo, la escuela se mantiene cerrada con candado y no se permite la entrada a extraños, en caso un hecho delictivo en los alrededores nadie saldrá hasta que se haya restablecido la tranquilidad.
Aclaró que los niños de preescolar comentan los eventos de violencia, que mataron a fulano y a zutano, sin embargo procuran que en el jardín los niños no se ocupen de estos temas, “ellos tienen que vivir su mundo, aquí no vamos a hacerles el ambiente pesado”.
El comandante de la 35 Zona Militar opinó que la población está contenta con la presencia del Ejército, que las balaceras y asesinatos han ocurrido en las afueras de la ciudad, y señaló la colonia Los Pinos, donde tenía su casa el líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, la colonia Primavera, los Lavaderos, Jamoncillos y atrás del hospital donde se han encontrado muertos.
Aunque los hechos causan temor, declaró que hacen todo lo posible para que la gente esté tranquila y desarrolle sus labores regularmente.
