Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares de Desapariciones Forzadas, Torturas y Ejecuciones Sumarias cometidas en el periodo de exterminio conocido como guerra sucia protestaron ayer afuera del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, frente a la 35 Zona Militar, mientras adentro se festejaba el aniversario del Ejército con un desayuno encabezado por los mandos militares y los tres poderes del estado.
Los manifestantes exigieron justicia, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También exigieron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “por incompetente y omiso” y porque obstaculiza el acceso a los archivos para las investigaciones; señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Además, afirmaron que la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, Cometidas de 1965 a 1990, sólo simula y es omisa porque no ha tenido ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de nuestros familiares desaparecidos forzadamente.
La mañana de ayer unos cien familiares y sobrevivientes de la época llamada guerra sucia, marcharon del monumento a Las Banderas en la colonia Temixco, hacia el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado en la colonia del PRI.
Los manifestantes se formaron en cuatro columnas, y con pancartas en mano, caminaron por la avenida Lázaro Cárdenas, bajaron por la calle Trébol y se incorporaron hacia el bulevar Vicente Guerrero, para marchar en la Autopista del Sol hasta llegar a las instalaciones del Sexto Batallón frente a la 35 Zona Militar.
Los hombres y mujeres, en su mayoría adultos, portaron en las cartulinas los nombres de sus familiares desaparecidos, algunos son: Julio Mesino, Bartolo Rojas Nazareo, Isaías Castro Velázquez, Antonio Zamacona Radilla, Silverio Flores Silio, Gorgonio Santiago Alvarado, Gaudencio Martínez Barrientos, Francisco Arguello Villegas, Alejandro Urióstegui Velázquez Eusebio Fierro Nava, Fidel Serrano Barrientos, Roberto Castillo de Jesús, Eloy Morales Gervasio y Raúl Cabañas Tabares.
Antes de iniciar la marcha, la dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, sostuvo que el Ejército nunca agarró a ninguno de sus familiares desaparecidos en el monte sino los sacaron de sus casas.
Resaltó que fueron militares los que desaparecieron a sus familiares, “tenemos nombres y apellidos, qué esperan para llevarlos a juicio o son intocables ellos, que nada más a los civiles nos llevan cuando cometemos un delito y a ellos no los quieren tocar, por eso le decimos al mandatario Andrés Manuel López Obrador, que queremos justicia, en este periodo que é está gobernando, queremos llevarlos a juicio (a los militares) que viven, queremos que se lleven a juicio por tanta crueldad que hicieron”.
“Primero los torturaron y después los aventaron al mar, eso es algo que no se le permite, por qué lo hicieron, de dónde tenían el permiso para hacerle esa injusticia a nuestros familiares, no sabemos cuántos de ellos fueron a dar al mar, queremos los nombres y exigimos que los dé porque el Ejército los tiene”, aseguró.
Reprochó que el Ejército mexicano entregó bitácoras de los vuelos, pero sin nombres, y sólo tenían números para que no encuentren a sus familiares desaparecidos, “no es posible que este gobierno esté actuando de la misma manera que los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que nos masacraron, nos desaparecieron y torturaron a nuestro familiares y sobrevivientes”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, también antes de la marcha dijo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 “no está funcionando”, porque no se coordina con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expuso que ayer se manifestaron para expresar su descontento en el Día del Ejército, porque no hay nada que felicitarles, porque argumentaron que fueron militares mediante los vuelos de la muerte quienes arrojaron al mar a sus familiares, “hay declaraciones de algunos pilotos y esos pilotos tienen que ser citados a comparecer para que se esclarezcan los hechos de esta barbarie, de este exterminio terrible que sucedió puntualmente en nuestro municipio de Atoyac”, agregó.
Dijo que hoy en México y en Guerrero se vive una situación de inseguridad terrible, donde se puede desaparecer forzadamente a cualquier persona y nadie investiga nada, porque la impunidad se viene arrastrando desde este periodo de terrorismo de Estado o de la guerra sucia”.
Los manifestantes corearon consignas durante su trayecto como: “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y
¡gobierno asesino que matas campesinos, gobierno farsante que matas estudiantes!”. Una vez que llegaron al Sexto Batallón, los manifestantes pegaron en el portón de las instalaciones militares sus pancartas y arrojaron al aire cohetes artesanales para expresar su repudio al Ejército.
Los manifestantes afuera de las instalaciones reclamaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que estuviera adentro del Sexto Batallón celebrando con los mandos militares el 110 aniversario del Ejército. Consideraron que es una traición que les festejara cuando fueron los militares quienes los reprimieron.

Sedena y FGR obstaculizan investigaciones

Octaviano Gervasio fue el encargado de leer un posicionamiento en el que las tres asociaciones de familiares de desaparecidos que se manifestaron ayer exigieron acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad, mediante una investigación ministerial pronta y expedita, para esclarecer los hechos; que también se identifique, capture y castigue a los militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de sus familiares.
En el texto leído denunciaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Señalaron que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, redujo de ocho a dos ministerios públicos que atienden los casos de más de 600 desaparecidos, y exigieron su renuncia “por incompetente y omiso”, pidieron que en su lugar se designe a un profesionista del derecho que trabaje en pro de la justicia y erradique la impunidad sistemática de sus casos.
Señalaron que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, es una simulación y es omisa, porque argumentaron que no ha registrado ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de sus familiares desaparecidos, además de que conozcan los nombres de los militares responsables y se castigue a los que aún viven.
Manifestaron que recientemente la Comisión les informó que en la revisión de archivos del Ejército “no han encontrado indicios relevantes” y que la Sedena “no coadyuva para esclarecer los hechos”, por lo que advirtieron que hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la investigación.
Exigieron en el posicionamiento que los diferentes mecanismos de la Comisión trabaje adecuada y coordinadamente, porque no aceptarán “una falsa memoria construida por la mentira y la simulación, queremos justicia y una reparación integral del daño conforme a los terribles hechos vicitmizantes”.
Aseguraron que a pesar del cambio democrático “aún persiste una estrategia sistemática del Estado mexicano de solapar a elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de terrorismo de Estado identificado como guerra sucia”, lo que dijeron, no permitirán.
Denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “no ha dado con el paradero de ninguno de nuestros familiares desparecidos, debido a que de manera descarada sólo simula buscar”, por lo que solicitaron urgentemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, para que “emita los lineamientos para su funcionamiento y que por parte de la comisión cese el mal trato y discriminación hacia los familiares de las víctimas de Guerrero”.
De igual manera pidieron que se “otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas e indirectas”, a las víctimas que recientemente han acudido ante la comisión a cargo de Encinas Rodríguez “a denunciar por primera vez las violaciones graves a derechos humanos y aún no cuentan con su Registro de Víctimas y así puedan acceder a los diferentes tipos de medidas de ayuda y reparación integral que ordena la Ley General de Víctimas”.
Exigieron además que se instale una oficina de la Comisión en Atoyac, que atienda un profesionistas en víctimas de violaciones graves de derechos humanos, con afinidad a las víctimas para que las investigaciones y la atención avancen de manera estratégica, porque en su mayoría las víctimas son este municipio, y expresaron han recibido malos tratos de algunos servidores públicos.
“Solicitamos que se sustituya a la comisionada Aleida García Aguirre, quien recientemente renunció a la Comisión debido a que no le pareció cómo se está trabajando”, agregó.
Asimismo solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la FGR y a la Comisión de la Verdad; así como un encuentro Evelyn Salgado, de quien aseguró, desde el año pasado solicitaron audiencia con ella y aún no los ha recibido.
Los familiares exigieron públicamente la reparación integral del daño bajo los estándares nacionales e internacionales, y que los gobiernos federal y estatal no los persiga políticamente por su legítima derecho de exigir justicia, sostuvieron que en caso de que las instituciones involucradas en las investigaciones no los atiendan conforme a derecho, se movilizarán en el zócalo de la Ciudad de México.
Las peticiones fueron firmadas por integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria.
Minutos después de las 12 del día, luego de que militares y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal recibieron los documentos con sus solicitudes de reunión a las distintas autoridades, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Sexto Batallón militar.