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La Ssa dio de baja a los dos médicos desaparecidos desde junio del año pasado, denuncia un familiar

 

Un tío de uno de los médicos desaparecidos el 19 de junio del 2015 informó que la Secretaría de Salud (Ssa) dio de baja en la segunda quincena enero a los médicos desaparecidos del Hospital Básico Comunitario de Petatlán, Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, quienes aún no han sido localizados y denunció que el anterior fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz “paró” las investigaciones de búsqueda.
El tío de Marvin Hernández, Romualdo Hernández Alvinez, denunció que con dicha medida la dependencia estatal incumplió un acuerdo de los familiares con el entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez en el sentido de que mientras no se esclareciera la situación, los familiares seguirían cobrando los salarios de los médicos desaparecidos.
Hernández Alvinez reveló que los familiares habían acordado con el gobierno estatal que mientras no hubiera solución al caso de la desaparición, los padres de quienes son trabajadores de la Secretaria de Salud seguirían cobrando su salario.
Sin embargo, informó que desde la quincena pasada (la segunda de enero) “nos encontramos que fueron dados de baja los médicos Raymundo Tepeque Cuevas y mi sobrino Marvin Hernández Ortega”.
Declaró que el argumento que les dieron es que no tienen conocimiento del caso, “pero nosotros les dijimos que tan tienen conocimiento que los tenían en nómina”.
Agregó que pidieron una entrevista con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y les dijo que le entregaran un documento con el que justificaran el acuerdo del pago de los salarios.
“Le dijimos que sí, que con mucho gusto se lo entregaríamos en esta semana, pero nos dijo que además requería de un acuerdo del gobernador Héctor Astudillo y en ese sentido vamos a solicitar una entrevista personal con el gobernador para que nos atienda como familiares de los médicos desaparecidos desde el 19 de junio del 2015”, anunció Hernández Alvinez.
Dijo que los familiares pedirán al gobernador Héctor Astudillo una entrevista para plantearle el caso de la baja, y que continúe la búsqueda de los desaparecidos.
Adelantó que pedirán al gobernador Héctor Astudillo que intervengan los tres niveles de gobierno y que se sigan tres líneas de investigación que los familiares propusieron; de la Policía Estatal, la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y agregó que tampoco descartan la de delincuencia organizada.
Explicó que la postura de los familiares de los cuatro jóvenes desaparecidos es que se agoten todas las líneas de investigación y que se detenga a los responsables.
Hernández informó que esas tres líneas las plantearon en una reunión en la Cámara de Diputados local y también al anterior fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, pero éste únicamente “paró” la investigación. Los familiares reclamaron a ambas instancias que no se habían agotado estas tres líneas de investigación “y que nunca habían hecho nada absolutamente para resolver el problema de injusticia, y es la misma situación que estamos viviendo ahorita”.
El también ex dirigente universitario, denunció que en el ámbito local “siempre hicieron como que hacían la investigación, pero no la hacían, entonces no hubo ninguna responsabilidad de la Fiscalía y, hay que decirlo, tampoco del gobierno del estado, en caso concreto del gobernador Rogelio Ortega”.
Agregó que el fiscal, Xavier Olea Peláez, ha convocado a los familiares directos de los dos médicos, así como del licenciado en turismo y del trabajador de la jurisdicción 07 de la Secretaría de Salud, quienes desaparecieron en junio del año pasado, a que comparezcan ante la Fiscalía.
“Entiendo que por que es un asunto que le heredaron de la administración anterior y que está pendiente por resolver, por eso la preocupación del actual fiscal de querer atender el asunto”.
Recordó que debido a las inconsistencias en la investigación plantearon el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando representantes vinieron a Chilpancingo en septiembre del año pasado.
Además dijo que el caso trascendió más allá de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso informó que con el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomas Cerón, acordaron una reunión de trabajo, “en la que como familiares ejerceríamos el derecho de contar con una investigación independiente y ese es el proceso en el que estamos”.
El 19 de junio del 2015 los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas del Hospital Básico Comunitario de Petatlán, desaparecieron junto a el trabajador de la jurisdicción 07 de la Secretaría de Salud, José Osvaldo Ortega Sucedo y el licenciado en turismo, Julio César Mejía Salgado, quienes hasta el momento siguen sin ser encontrados.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Ejecutan en Chilapa al padre de tres jóvenes desparecidos en mayo y familiar de otros dos

El padre de tres jóvenes desaparecidos que desde mayo exigía públicamente su presentación, Bernardo Carreto González, de 49 años, así como la de otros dos familiares, fue asesinado en un camino de terracería en el municipio de Chilapa.
La víctima es también hermano del ex director de Seguridad Pública de Chilapa, Silvestre Carreto, cesado en julio de 2014 por el Grupo de Coordinación Guerrero, por no “resultar confiable”, y del que hasta el momento no se sabe nada.
Con Bernardo Carreto suman siete familiares asesinados del ex jefe de la policía de Chilapa, entre ellos dos menores de edad.
Reportes policiacos precisaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 y media de la tarde del martes, en un camino de terracería entre las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco.
Conducía una camioneta Nissan blanca, placas 74-44FMC de la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por tres pasajeros, que eran su esposa y sus dos nueras, cuando hombres armados le dispararon; el conductor perdió el control y volcó a unos metros del camino, muriendo en ese momento.
Las autoridades policiacas y ministeriales confirmaron que Bernardo Carreto recibió un balazo en la cara y que los pasajeros que viajaban con él resultaron ilesos.
Bernardo Carreto, junto con familiares de 14 desaparecidos en mayo, durante la incursión de hombres armados del sur del municipio, reclamaba públicamente la presentación de sus tres hijos: Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 21 y 25 años de edad.
Según la denuncia ante autoridades ministeriales, los hermanos fueron vistos por última vez el 10 de mayo en un retén que  civiles armados instalaron en la entrada a Chilapa.
Además de a sus tres hijos, también buscaba a Crispín Carreto González de 39 años, y a su hijo Samuel Carreto Vázquez, de 15.
Los familiares de los desaparecidos ya se habían constituido en la asociación civil Siempre Vivos, a la que pertenecía Bernardo Carreto.
Este grupo se reunió en su momento con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con otros funcionarios, así como con peritos de la Procuraduría General de la República, que tomaron su denuncia ministerial y muestras de ADN.
Hasta ayer, ninguno de los familiares tenía información sobre el paradero de sus parientes.
Bernardo Carreto se reunió en dos ocasiones con Héctor Astudillo Flores: en su calidad de gobernador electo, el 14 de octubre, y como gobernador constitucional apenas el 16 de diciembre, en esta cabecera municipal, donde fue acompañado por el recién nombrado fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El mandatario estatal, en su última reunión ofreció enviar en enero de 2016 una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de una Comisión Especial para  investigar las desapariciones ocurridas en mayo pasado durante la irrupción de los pobladores armados del sur del municipio.
Como publicó El Sur, el 3 de noviembre, el hijo de Silvestre Carreto, Alejo Carreto Cuevas de 27 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su casa en la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa. El 9 de noviembre en la comunidad de Tetitlán de las Limas, en una persecución armada seis personas fueron asesinadas, entre ellas cinco familiares de Silvestre Carreto, dos menores de edad.

Investigará la intrusión de hombres armados en tres escuelas de Acapulco, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, dijo desconocer la situación en Polixtepec, comunidad del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), 21 horas después de la emboscada en la que resultaran tres hombres muertos y siete policías ciudadanos de la UPOEG heridos.
De la balacera contra la fachada de la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, la noche del viernes, el fiscal dijo que la agresión no fue dirigida contra el nosocomio.
Al finalizar la plática que tuvo con integrantes del Colegio de Abogados de Acapulco, se le preguntó por la irrupción de personas armadas a escuelas de Acapulco que asaltaron a maestros, exigieron el pago de piso y amenazaron con regresar para cobrar el aguinaldo, y Godínez Muñoz dijo que se investigará a fondo pero todavía no tenía la certeza de lo ocurrido y que se investigará.
Godínez Muñoz dijo desconocer si había muertos por la emboscada del viernes a las dos de la tarde en la comunidad de Polixtepec, del municipio de Leonardo Bravo.
Casi veintiún horas después el fiscal no sabía el número de muertos, “tenemos conocimiento de la situación como tal, pero de que hay muertos, no tenemos hasta ahorita noticias de que hoy haya muertos”.
El fiscal aseguró que hay presencia de la policía ministerial en la zona y que hay “labores de investigación” de delitos como secuestro y robo de vehículos.
Evitó decir el número de agentes ministeriales y recordó que “en alguna ocasión subieron (trabajadores) de la Fiscalía, los golpearon hasta matarlos. Ahora que está el movimiento, nosotros aprovechamos para hacer las investigaciones”.
Aseveró que ya tiene un mapa criminal de toda el área de la Sierra donde están los enfrentamientos, pero no podía informar qué grupos del crimen organizado tienen presencia porque estaban en proceso de investigación.
Expuso que en la zona Norte y Tierra Caliente ya están reforzando la presencia de seguridad.
Desde el miércoles hay hechos de violencia en la comunidad de Polixtepec; ese dia el comisario Joaquín Romero Ríos y su secretario Víctor González Luna fueron asesinados en una emboscada por hombres armados en el camino Puentecillas-Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, del municipio de Leonardo Bravo.
Como reacción a lo ocurrido, pobladores de la zona bloquearon el jueves durante seis horas la carretera a Filo Mayor, del poblado de Campo de Aviación que está a una hora de Chilpancingo.
Los habitantes de Polixtepec señalaron que los autores de la emboscada a sus autoridades comunitarias son los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano, de la misma comunidad.
El conflicto entre las autoridades comunitarias de Polixtepec deviene de la disputa de comunidades que venden la goma de amapola a dos grupos de narcotraficantes en la misma zona, de acuerdo con testimonios de los vecinos.
El viernes hubo un enfrentamiento entre policías ciudadanos y presuntos integrantes de un grupo delictivo en Polixtepec; se enfrentaron a balazos en la comunidad y resultaron tres hombres muertos y siete policias ciudadanos de la UPOEG heridos, quienes fueron internados en el hospital general de Chilpancingo donde el viernes por la noche hombres armados dispararon a la fachada del nosocomio.
Godinez Muñoz descartó que los disparos del viernes por la noche fuera un ataque directo a los heridos en Polixtepec, Chichihualco, “como lo de ayer (viernes), el hospital que se soltó una… y no fue cierto, fue a lo lejos, ni siquiera fue en el hospital”.
Al preguntarle de la irrupción de hombres armados a tres escuelas de Acapulco, Godínez Muñoz se negó hablar sobre el rebrote de inseguridad, y refirió que el vocero del Grupo Coordinación Guerrero sería la persona que daría la información, pero al preguntarle quién es, no respondió.
Se le insistió por los reportes de las escuelas de la zona conurbana en las que asaltaron a maestros, y pidieron cuotas por el pago de piso a los directores, ademas de pedir parte del aguinaldo, “tenemos el dato pero lo estamos corroborando, que en verdad haya sido cierta, porque necesitamos hacer presencia de la investigación ministerial y las declaraciones de los testigos”.
De la reunión con el Grupo Coordinación Guerrero (GCG) el viernes, afirmó que “el tema más importante” fue Carrizalillo, y que derivado de las investigaciones que hace la Subprocurad?uría Especializada en Investigación para la Delincuencia Organizada (SEIDO), se acordó el envío de una Base de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por policías ministeriales, estatales, policía federal y el Ejército.
De lo declarado en redes sociales por el hermano del ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, Alfredo López Rosas, quien se quejó de la policía ministerial por negarse a detener a un hombre presuntamente responsable de abuso sexual y pederastia, Miguel Ángel Godínez Muñoz dijo que se han tergiversado las declaraciones del padre de la menor de edad, porque ha leído las publicaciones en la red social, “en ningún momento habla contra la Fiscalía”.
Expuso que desde el momento que solicitó la intervención de la Fiscalía “se le atendió desde primera hora, profesionalmente, día y noche, se le ha asesorado, hemos estado al pendiente de su caso como de todos los casos”.
Apuntó que la fiscalía continúa la investigación y que se dará con el presunto responsable.
El fiscal, que presentó la ponencia “Policía criminal en el estado de Guerrero” ante los integrantes de la barra de abogados, reclamó que las ONG’s emitan información que causa confusión mediática para el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Vienen organismos de derechos humanos y emiten opiniones, la ONU está vertiendo opiniones, otros organismos no gubernamentales internacionales están emitiendo opiniones, hemos hecho propuestas que el gobierno federal se haga cargo y filtre las investigaciones para que no se haga un desorden en los medios de comunicación”, dijo.
Dijo que en la reunión que tuvo con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, y la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Angeles Fromow, se les hizo saber que la Fiscalía necesita un aumento presupuestal porque “el cambio donde se va a notar, el nuevo sistema va a ser en el Ministerio Público”.
En la reunión que tuvo con los barristas, el funcionario llegó a las nueve y media de la mañana, y duró casi una hora y media en presentar el diagnóstico de la Fiscalía y la importancia del nuevo sistema penal.