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No entrega el Ayuntamiento de Chilapa la planeación para reubicar a vecinos de San Marcos Majada de Toro, señalan

 

El gestor de la comunidad de San Marcos Majada de Toro, municipio de Chilapa, Carlos de Jesús Alejandro, denunció que el Ayuntamiento no ha entregado la planeación estratégica para la ubicación de las 267 casas que serían construidas en la comunidad de Tzicaixtlahuac, para vecinos de comunidades como San Marcos Majada de Toro y Tierra Blanca, además de la colonia 3 de Mayo, en Chilapa.
Detalló que el dictamen debió contar con la aprobación de Protección Civil estatal, para ser entregado a finales de febrero y empezar a llevar la maquinaria al terreno para retomar los trabajos a partir del 1 de abril.
Consultado vía telefónica, Carlos de Jesús recordó que el 18 de febrero, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el delegado, José Manuel Armenta Tello estableció la construcción de 217 casas, mientras que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) construiría otras 50, que serían entregadas este año.
Sin embargo, el gestor lamentó que la construcción de las casas ha avanzado “muy lentamente”, ya que el Ayuntamiento de Chilapa no agilizó la planeación, que serían divididas en plataformas donde se determinaría su distribución de acuerdo al espacio asignado.
Remarcó que, una semana después de la reunión con Armenta Tello, una comisión municipal se comprometió a hacer un plano estratégico, donde determinaría el número de casas divididas a partir de la inclusión de plataformas, “es decir: ‘en esta plataforma caben 30 casas, en esta 40 o 50, y así en todo el espacio’”, explicó.
Remarcó que, de las 317 casas programadas para el plan Nuevo Guerrero, únicamente han sido construidas 50, de las cuales 17 presentan deficiencias por cuarteaduras o filtraciones de agua.
El represente insistió en que hasta el momento el Ayuntamiento no ha entregado el plano estratégico a la dependencia federal, “dicen que ya lo tienen, pero la gente de Sedatu no ha sabido cómo quedarán ubicadas las 267 casas pendientes”, dijo.
Recordó que a principios de enero, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó las primeras 50 casas construidas por la empresa Grupo de Oro, aunque indicó que al menos 80 familias más que resultaron afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel de 2013, permanecen en Majada del Toro, pese a que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Subsecretaría de Protección Civil dictaminaron esa zona como de alto riesgo.
Detalló que debido a la desconfianza de los pobladores, el Ayuntamiento de Chilapa solicitará nuevamente a Protección Civil y Cenapred hacer el estudio geológico en la comunidad, “ya que la gente sigue incrédula y desconfían que estén habitando una zona de alto riesgo”, dijo.
Detalló que el próximo lunes visitará junto con el comisariado de San Marcos Majada de Toro y de las colonias 3 de Mayo y Tierra Blanca, las oficinas de Sedatu para cuestionar el avance de la construcción de las 217 casas prometidas por Armenta Tello.

Investiga la PGR el retraso en la entrega de las casas para damnificados, dice la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) José Manuel Armenta Tello informó que hay denuncias e investigaciones ante el retraso en la entrega de las viviendas a damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, e insistió en que son 2 mil viviendas pendientes, más la invasión de 130 casas en El Mirador y el saqueo de 34 viviendas en Tixtla.
En declaraciones a reporteros antes de la firma del convenio entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) el delegado precisó que hay dos denuncias contra los líderes que invadieron las casas de El Mirador, una ante la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Fiscalía General del Estado.
Además, hay procesos legales y administrativos contra empresas que abandonaron las obras y no cumplieron con la entrega de las viviendas en el plazo previsto de un año. Agregó que tiene asesoría legal para establecer sanciones para las empresas que incumplieron.
En Tixtla, el saqueo de 34 viviendas, explicó Armenta Tello, se debió a que hubo vacíos legales y administrativos, “no había suficiencia presupuestal para hacer el pago de unas estimaciones y la empresa no podía seguir con la carga que representaba mantener su gente ahí”, además faltaban obras de mitigación.
El delegado dijo que la empresa es la responsable de esas viviendas porque no las ha entregado a la Secretaría, y de acuerdo con el contrato, la empresa debe entregar las viviendas con todos lo equipos, “la gente va a recibir su vivienda a satisfacción”.
De las 598 casas de El Mirador, 130 están invadidas por líderes que creyeron que podían ocupar las casas. Añadió que, uno de los líderes que promovió la invasión de las viviendas fue detenido, pero fue liberado a los tres días porque el juez determinó que no había sustento en las acusaciones.
En la Costa Grande están pendientes de construir más de 300 viviendas que resultaron afectadas por los sismos del 18 de abril y del 9 de mayo de 2014; el delegado de Sedatu indicó que el retraso en la entrega de esas viviendas se debe a que se dio prioridad a las obras de reconstrucción comprometidas luego de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
También están pendientes de construir 98 casas en El Paraíso, Atoyac, “porque no hay certeza en la tenencia de la tierra”. Consideró que son unas 2 mil viviendas las que están pendientes de entregar a los damnificados de las lluvias de 2013.

Denuncian grupos de La Montaña despidos en la radio el desmantelamiento de la Cdi

Organizaciones sociales de la Montaña se declararon contra lo que llamaron la política de desmantelamiento, regresiva, asistencialista y clientelar de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
El planteamiento está dirigido al presidente de la República, a la titular de la Cdi, a los diputados federales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y al Consejo nacional para Prevenir la Discriminación.
Las organizaciones Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas de Guerrero (Remjina), la Red Macuilxóchitl de La Montaña, que forma parte del Consejo Asesor Consultivo de ONU-Mujeres México, Mujeres de Tlapa y la Mujer y la Esperanza, entre otras organizaciones que son parte de redes regionales y nacionales, mostraron preocupación por el papel que la Cdi ha tomado hacia los pueblos indígenas y, en particular, hacia las mujeres indígenas.
Denunciaron que hay desinterés y falta de compromiso para impulsar el desarrollo, y que la dependencia federal sigue limitada presupuestal y programáticamente, reproduciendo el trato discriminador, excluyente y racista, porque no hay políticas ni presupuestos destinados estratégicamente al empoderamiento de las mujeres indígenas para que dejen de ser víctimas de violencia y discriminación.
Les preocupa que con el plan de austeridad del gobierno federal se reduzca el presupuesto destinado a indígenas, que afecta a las mujeres, así como los avances en materia de género, limitando con ello el ejercicio de los derechos políticos, económicos sociales y culturales.
Demandaron un alto al desmantelamiento de los medios indígenas, comunitarios y los que forman parte del Sistema Nacional de Radiodifusoras Indigenistas, de los que en los últimos días hay despido injustificado a trabajadores eventuales y de confianza de la Cdi, con el argumento de que son instrucciones de las oficinas centrales, y a quienes presionaron para firmar su renuncia con la amenaza de devolver sus liquidaciones a la Secretaría de Hacienda.