Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), defenderá su sistema de justicia comunitario de gobiernos e instituciones con modelos occidentales, advirtieron coordinadores de cuatro Casas de Justicia y sus asesores jurídicos, y condenaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ahaya avalado una consulta del Congreso sobre los derechos indígenas que fue “un simulacro” y “una simulación”.
En conferencia de prensa en la que fijaron su postura con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijeron que ésta avaló .
En esta resolución que aprobó por unanimidad el martes la SCJN, se avaló la consulta organizada por el Congreso local y las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas que esté aprobó en mayo del 2022, y en las que se desconoce el Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC que se había reconocido en la citada ley aprobada en el 2011.
“No serán esos gobiernos e instituciones quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”, expusieron los coordinadores de la CRAC en una postura por escrito.
En su fallo, la Suprema Corte avaló que el Congreso del Estado de Guerrero cumplió con las fases preconsultiva, informativa, de diálogo, deliberación y decisiva que se deben cumplir en las consultas a los pueblos indígenas.
Además, avaló que la consulta fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, lo que fue rechazado ayer por las autoridades comunitarias y sus asesores jurídicos.
“Los pueblos indígenas y afromexicanos condenamos la resolución de la SCJN ya que es un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, reprocharon en su escrito.
La respuesta de la CRAC fue respaldada por los coordinadores de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Las Juntas Caxitepec, así como por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), y los asesores jurídicos de la institución comunitaria Uriel Leal Ramírez, Rubén Cayetano García y Fernando Xochihua San Martín.
En su opinión planteada en el escrito “los ministros no tomaron en cuenta las cientos de actas levantadas en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que daban cuenta que el Congreso nunca informó de la reforma indígena ni realizó diálogo alguno con los pueblos, y reprocharon que “tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”.
Criticaron que no fue analizada de oficio por la SCJN, la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales, la Constitución Política y el principio de progresividad que obliga a las autoridades a no abrogar derechos ya reconocidos como es el caso de la Ley 701.
Señalaron que la SCJN “pisoteó” a los pueblos indígenas y afromexicanos desconociendo sus derechos, “cual fiel capataz de las élites económicas y políticas, da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera, sobreviviendo en la pobreza extrema y exclusión social”.
Expusieron: “A los diputados de Guerrero, a los ministros y a los gobiernos neocoloniales les decimos: los pueblos indígenas hemos resistido por más de 500 años, somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la conformación y consolidación del estado democrático, por lo tanto, no son los gobiernos e instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos, no les vamos a pedir permiso para ejercer nuestros derechos”.
Advirtieron: “Seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de las empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad y justicia en nuestros pueblos sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre nuestros territorios, nuestras asambleas seguirán nombrando nuestros gobiernos comunitarios y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígena y Afromexicano”.

La Corte no veló por los derechos indígenas: Vidulfo

El abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra condenó la resolución de la SCJN. Dijo que pensaron que podría ser un ente judicial que podría acotar los abusos que cometió el Congreso del estado, al desmantelar los derechos de los indígenas que ya habían ganado a nivel nacional con la ley 701.
Explicó que después de que el PRI “dilapidó” los derechos con su reforma en el 2018 pensaron que
Morena con mayoría en el Congreso recogería la demanda histórica de los pueblos indígenas, “pero, al contrario, la vino a desmantelar totalmente”.
Añadió que es lamentable que la SCJN no haya verificado si en verdad cumplieron los diputados con los requisitos que ella misma fijó en su invalidación de las reformas aprobadas por la anterior legislatura, pues “solamente recibió los documentos y en base a ellos emitió su fallo”.
El abogado opinó que la SCJN comete un gran error al darle la espalda a los pueblos indígenas, pues dijo que no analizó el principio de progresividad que indica que si hay un reconocimiento de derechos ya no se puede retrotraer en éstos, es decir, no se pueden desconocer derechos ya reconocidos.
“En este caso ya teníamos la ley 701 que el propio Congreso local aprobó en el 2011 y en la que se reconoce a la CRAC como un ente facultado para administrar, procurar justicia y realizar tareas de reeducación de las personas detenidas y bajo el principio de progresividad el Congreso ya no podía ir hacia atrás”.
El abogado señaló que “hoy se acuerpan el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial federal en contra de los indígenas porque éstos no forman parte de las elites políticas del país. Como somos indígenas y campesinos no somos contrapeso a sus intereses”.
El coordinador de la Casa de Justicia de Las Juntas de Caxitepec, Jesús Cesáreo Sánchez, dijo que la Suprema Corte avaló una consulta que fue falsa y “un simulacro”, porque no fue una consulta real. La SCJN sólo aprobó lo que el Congreso le envió, pero lo hicieron desde sus escritorios”, cuestionó.
El abogado Uriel Leal Ramírez, insistió que la consulta avalada por la SCJN no reunió los parámetros mínimos que establece la Constitución Política en su artículo segundo, ni los tratados internacionales, entre ellos el convenio 169.
Otro de los asesores de las CRAC, Rubén Cayetano García, argumentó que la SCJN hace mucho que dejó de ser un Tribunal de Control Constitucional en México, “ahora es una instancia de resolución por consigna política y tendenciosa hacia intereses de poderes locales y poderes fácticos, alejándose de los más altos principios de la justicia”.
Añadió que el alto tribunal “sigue haciendo de las suyas y que ahora avala en esta resolución flagrantes violaciones cometidas por el Congreso de Guerrero, instancia legislativa que simuló una consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que incumplieron las fases preconsultiva, informativa, de deliberación interna, de diálogo y de decisión”.
Reclamó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada morenista Yoloczin Do-mínguez Serna celebre la resolución, “pero antes de celebrar debiera preguntarse a quién le favorece esta resolución: ¿al Poder Legislativo local o al pueblo? Porque un representante popular no debe congraciarse con actos que traicionan a sus representados, a menos que por ser plurinominal diga que no la eligió el pueblo y no le debe nada al pueblo”.
El abogado criticó: “Esta resolución es una traición a nuestros hermanos indígenas y afromexicanos guerrerenses, especialmente de la Costa-Montaña, de parte de la SCJN y la actual LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero, cuyos procedimientos afectan sus usos y costumbres y les impone un retroceso a sus derechos consuetudinarios que ya habían conquistado”.