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No pertenece la UPOEG de Buenavista a la CRAC-PF, dicen dos casas de justicia

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Las casas se justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa y de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), se deslindaron del respaldo que dieron la casa de justicia de Alcozacán y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) a la policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de Buenavista, municipio de Chilpancingo.
La semana pasada, la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán, municipio de Chilapa y el Cipog-EZ, emitieron dos comunicados a los medios de comunicación en los que informan que los policías ciudadanos de la UPOEG de Buenavista se incorporaron a la casa de justicia de Alcozacán de la CRAC-PF.
A raíz del anuncio, los policías que antes eran de la UPOEG se pusieron la playera de la CRAC-PF y en conferencia de prensa la comandancia informó que en adelante se coordinarían con la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán.
En declaraciones por teléfono ayer, Antonino Toribio Gaspar, comandante de la policía comunitaria de la CRAC-PF de Ayahualtempa, y por separado, el recién nombrado comisario municipal de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna, informaron que la decisión de apoyar a la policía de Buenavista no fue consultada a los pueblos y que por tanto carecen de su respaldo.
Los representantes desconocieron el acuerdo que mediante comunicados la CRAC-PF de Alcozacán y la dirigencia del Cipog-EZ dieron a conocer la semana pasada, según el cual la policía ciudadana de la UPOEG de Buenavista pasó a ser de la CRAC-PF y a raíz de ello se puso la playera de la CRAC-PF la semana pasada.
Antonino Toribio Gaspar dijo que ellos se enteraron por los medios de comunicación y mediante las redes sociales, y que no fue un acuerdo de asamblea.
“Es una nota informativa de la que se responsabiliza Jesús Plácido (el dirigente del Cipog) pero no tiene el respaldo de las comunidades, no se aprobó en las asambleas de los pueblos”, dijo.
Declaró que las comunidades no respaldan ese acuerdo porque no fueron tomados en cuenta, sino que fue una decisión sólo de la dirigencia del Cipog-EZ y de los representantes de la casa de justicia de la CRAC-PF de Alcozacán, pero ellos no representan ni pueden hablar a nombre de todos los pueblos.
“Nosotros no estamos respaldando esa decisión y como representantes nos meten en problemas con nuestros pueblos”.
Por su parte, el recién nombrado comisario municipal de Rincón de Chautla, David Sánchez Luna, quien este miércoles tomará protesta, dijo que ni su pueblo ni Zacapexco, (una comunidad vecina), no fueron tomados en cuenta y que por tanto no respaldan la decisión.
Dijo que cuando menos los dos pueblos de Rincón de Chautla y Zacapexco, no apoyan el acuerdo.
Informó que convocaron a una reunión en la comunidad y acordamos desmentir “todo eso que se está informando porque no estamos de acuerdo y le hacemos saber a los tres niveles de gobierno que como CRAC-PF no hemos acordado apoyar a ese grupo”, dijo.
Explicó que no están en contra de la policía ciudadana de la UPOEG de Buenavista, sino en contra del procedimiento de que sin que haya habido un acuerdo de asamblea, los representantes del Cipog-EZ y de la CRAC-PF de Alcozacán hayan decidido el apoyo a la policía de Buenavista.

 

Tras la división, la Casa de Justicia de Alcozacán busca diálogo para la unidad de la CRAC-PF

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la Casa de Justicia de Alcozacán, municipio de Chilapa, Adán Linares Silverio, informó por teléfono que buscará el diálogo con los coordinadores de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Heycantenango) para lograr la unidad de la CRAC-PF.
Y en un comunicado enviado ayer mismo, la CRA-PF de Alcozacán acusó a los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna de estar fomentando la división de la agrupación, luego de que el miércoles, la Casa de Justicia de Ayahualtempa informó el cambio de los sellos y desautorizó a los de Alcozacán de usar el nombre de la CRAC-PF y de la Policía Comunitaria.
Desde el 27 de marzo pasado la agrupación se dividió; un grupo que tiene como coordinadores a Margarito Silva Hernández, Eufemio Hernández Martínez y a Avertano Domingo Alonso opera con la Casa de Justicia en Ayahualtempa. El otro, que tiene como coordinadores a Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y a Petra Tolentino Ibarra tiene Casa de Justicia en Alcozacán.
“Lamentamos esta posición ajena y mezquina de los hermanos Sánchez Luna, quienes se han encargado de chantajear política y socialmente a nuestros pueblos para cobijarse en ella y así seguir manteniéndose en el poder. Para lograr esta mezquindad usurpan funciones para desacreditar y descalificar a nuestras autoridades que mantienen la vida en nuestro territorio comunitario”, dice el escrito de los de Alcozacán dirigido a los pueblos del territorio comunitario.
La Casa de Justicia de Alcozacán, informa que “a Bernardino y a David Sánchez Luna, los señalamos directamente de ser los culpables de una infinidad de atrocidades, de violencia y del crimen que atenta contra nuestros pueblos, además de descalificar a los coordinadores, por este motivo los llamamos a que no se dejen engañar por estos hermanos ya que buscan negar sus malos manejos desde adentro”.
Los acusan, asimismo, de armar a los niños y utilizarlos “para llamar la atención pública a cambio de obtener beneficios personales, esto está prohibido de acuerdo a nuestros usos y costumbres”. Pidieron a los organismos de derechos humanos que revisen esta situación.
Señalan a los hermanos Sánchez Luna de tomar decisiones de manera “vertical y no horizontal” y aseguran que, en cambio, en la Casa de Justicia de Alcozacán lo que plantean es promover la educación, “una buena salud, deporte para nuestros niños, y no promover violencia como lo han hecho los hermanos Sánchez Luna”.
Piden a la presidenta municipal de José Joaquín de Herrera, Orquidia Hernández Mendoza, del PRI, que vaya a la comunidad de Ayahualtempa, para supervisar las necesidades de la comunidad, “ya que hemos observado que hay un abandono municipal para solucionar el asunto de educación, salud, obras de interés colectivos que beneficie a la comunidad, y que ponga atención a los intereses comunales”.
El miércoles, la Casa de Justicia de Ayahualtempa, acusó a los coordinadores de Alcozacán, de “prestarse al chantaje” del dirigente del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata ( Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, “violando el reglamento interno de nuestra institución y las actas de acuerdo de nuestras asambleas”.
En respuesta, los de Alcozacán, aclaran que: “Nosotros como pueblos fundadores no vamos a caer en la provocación de los hermanos Sánchez Luna, nosotros le apostamos al diálogo, ejercido como práctica de la dignidad, el respeto, primero los intereses colectivos por encima de los intereses individuales, aquí es promover la conciencia por la autonomía no vendar los ojos de nuestros pueblos como lo han hechos los hermanos Sánchez Luna”.
“Aquí le apostamos a un gobierno desde abajo, donde el pueblo manda y la autoridad obedece, de acuerdo el contexto que sea, nosotros no le apostamos la ocurrencia, sino queremos que nuestros pueblos despierten de la ignorancia, y estos personajes se han encargado de chantajear a sus pueblos”.
Agregan que “aquí tratamos de trabajar en la reconciliación pacífica, tomando en cuenta los pensamientos de nuestros principales para caminar juntos como pueblos”.
Concluyen: “Nuestra Policía Comunitaria nació para combatir el robo, el abigeato, el secuestro, el asalto, la violencia contra la mujer, no nació para promover más violencia o utilizar niños como lo han hecho los hermanos Sánchez Luna. La policía comunitaria trae un proyecto de vida y promueve la paz y reconciliación”.
Y en entrevista por teléfono, el coordinador Linares Silverio de la Casa de Justicia de Alcozacán, informó que buscará el diálogo con los coordinadores de Ayahualtempa para lograr la unidad. Explicó que la división surgió por “envidias” que hay de los hermanos Sánchez Luna con el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
Dijo que no les afecta que les hayan cancelado los sellos, porque los que utilizan para realizar sus gestiones son los del Cipog-EZ, pero aclaró que siguen perteneciendo a la CRAC-PF porque fueron electos en asamblea por los pueblos.
Rechazó que hayan sido presionados por el dirigente del Cipog-EZ , Plácido Galindo para pertenecer a su organización. Aseguró que los pueblos voluntariamente decidieron pertenecer a esa agrupación para fortalecerse y tener resultados en sus gestiones.
Por ejemplo, informó que en siete meses que vienen trabajando juntos ya están construyendo su Casa de Justicia en Alcozacán con recursos que gestionaron ante el Ayuntamiento de Chilapa.
Agregó que también ya cuentan con radios de comunicación, y con la dotación de gasolina para movilizarse, lo que no habían logrado con los hermanos Sánchez Luna.
Aseguró que de las 16 comunidades donde opera la CRAC-PF y su Policía Comunitaria, 13 respaldan a los coordinadores de Alcozacán; Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacan, Buena Vista, Nuevo Amanecer, Xochitempa, Xolotepec, Zacapezco, Amatitlán, Papaxtla, Tepozonalco y Paraíso de Tepila. Todas del municipio de Chilapa.
Agregó que mientras que a los coordinadores que tienen su casa en Ayahualtempa, los apoyan tres pueblos; Ayahualtempa y Los Pinos de José Joaquín de Herrera, así como Rincón de Chautla, de Chilapa, pero aseguró que en esta comunidad de 30 familias, 23 apoyan a la Casa de Justicia de Alcozacán y siete a los de Ayahualtempa.

 

Se divide la CRAC-PF; quedan dos Casas de Justicia, la de Ayahualtempa y la de Alcozacán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que tienen la Casa de Justicia en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), cambiaron sus sellos y desautorizaron al grupo que tiene la Casa de Justicia en Alcozacán, municipio de Chilapa, que siga utilizando el nombre de la CRAC-PF y el de la Policía Comunitaria.
En un comunicado enviado ayer, los coordinadores de Ayahualtempa, Margarito Silva Hernández, Eufemio Hernández Martínez y Avertano Domingo Alonso, reiteraron que los que se dicen coordinadores de la CRAC-PF de Alcozacán, Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y Petra Tolentino Ibarra, fueron desconocidos en una asamblea el 27 de marzo pasado en Ayahualtempa.
Los acusan de “prestarse a los chantajes” del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Valerio.
“Por autorización de la asamblea extraordinaria del 27 de marzo, fue cancelado el sello de la CRAC-PF y del Comité Ejecutivo, porque están siendo utilizados por la organización del Cipog-EZ, que encabeza Jesús Plácido Galindo y los coordinadores Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y Petra Tolentino Ibarra”, dice el escrito.
Añade que los tres consejeros que dicen tener su casa en Alcozacán quedaron destituidos de la CRAC-PF por la asamblea, “por prestarse al chantaje de la organización del Cipog-EZ, violando el reglamento interno de nuestra institución y las actas de acuerdo de nuestras asambleas”.
Además, los acusan de “intimidar y someter a nuestros pueblos a la organización del Cipog-EZ”, y por ello les prohíben hablar a nombre de la CRAC-PF, “o hacer gestiones ante los tres niveles de gobierno en nombre de la organización.
Aclaran que a partir del 27 de marzo, la CRAC-PF y su Comité Ejecutivo tienen nuevos sellos.
Con el desconocimiento de los tres coordinadores de la CRAC-PF, que tienen su Casa de Justicia en Alcozacán y que se han venido coordinando con el Cipog-EZ, se acentúo la división de la agrupación, que ahora funciona con dos Casas de Justicia, una en Ayahualtempa, y la otra en Alcozacán.
Hasta agosto pasado, la CRAC-PF y su Policía Comunitaria, fundada el 27 de agosto del 2014, y que opera en 16 comunidades, 14 de Chilapa y dos de Hueycantenango, era un solo grupo y su Casa de Justicia estaba en Rincón de Chautla, municipio de Chilapa. De esa localidad son originarios los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna, fundadores de la agrupación, junto con el finado Cirino Plácido Valerio.
Pero en asamblea del 27 de agosto pasado, en Rincón de Chautla, un grupo de autoridades de las comunidades donde opera el Cipog-EZ que dirige Plácido Galindo, fueron desconocidos David y Bernardino Sánchez Luna, el primero coordinador y el segundo consejero.
En esa asamblea, fueron electos como coordinadores Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y Petra Tolentino Ibarra. Asimismo acordaron el cambio de la sede de la casa de justicia de Rincón de Chautla a Alcozacán.
Esos acuerdos se dieron a conocer en un comunicado enviado por el Cipog-EZ el 24 de febrero pasado, seis meses después de que se tomaron.
El 25 de febrero, otro de los coordinadores Margarito Silva Hernández, denunció en un escrito que fueron presionados por el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, para que se incorporan a su organización.
Margarito Silva, aseguró que en la asamblea del 27 de agosto no fue desconocido el fundador de la CRAC-PF, Bernardino Sánchez Luna, quien, por el contrario, dijo que fue nombrado tesorero del comité de gestión y de la CRAC-PF. Pero no mencionó en qué situación quedó David Sánchez.
En otro comunicado del 27 de marzo pasado, Margarito Silva, informó que en una “asamblea regional extraordinaria”, realizada ese día en Ayahualtempa, destituyeron a los coordinadores Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y a Petra Tolentino Ibarra, porque no se habían presentado a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla desde que fueron elegidos, el 27 de agosto.
De acuerdo con el comunicado, los tres coordinadores fueron sustituidos por Eufemio Martínez Díaz, Santos Avertano Domingo Alonso y el propio Margarito Silva Hernández.
Informó, también, que acordonaron el cambio de la sede de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla a Ayahualtempa, en donde ahora operan desde ese 27 de marzo.
A raíz de esa división, ahora hay dos grupos de la CRAC-PF, con dos Casas de Justicia; la de Ayahualtempa que antes estaba en Rincón de Chautla y que sigue con el respaldado de los hermanos Sánchez Luna, y la de Alcozacán, cuyos coordinadores pertenecen al Cipog-EZ) que dirige Plácido Galindo.
En su comunicado del 27 de marzo, los coordinadores de Ayahualtempa, denunciaron que los tres coordinadores desconocidos que operan en la Casa de Alcozacán, “se la pasan haciendo bloqueos en la carretera Chilapa-Hueycantenango, y que al ver el “descontrol”, las comunidades “nos vimos obligados a convocar a una asamblea extraordinaria para la revocación de mandato de los coordinadores que formaron parte del Cipog-EZ”.
De acuerdo con los coordinadores de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, ellos siguen trabajando en las 16 comunidades, 14 de Chilapa y dos de José Joaquín de Herrera. Una de ellas es Ayahualtempa donde ahora está la Casa de Justicia, además de El Limón.
En tanto que el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, ha asegurado que ellos tienen presencia en 24 comunidades, entre las que menciona a las 16 localidades en las que dice operar la CRAC-PF de Ayahualtempa.