Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que tienen la Casa de Justicia en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), cambiaron sus sellos y desautorizaron al grupo que tiene la Casa de Justicia en Alcozacán, municipio de Chilapa, que siga utilizando el nombre de la CRAC-PF y el de la Policía Comunitaria.
En un comunicado enviado ayer, los coordinadores de Ayahualtempa, Margarito Silva Hernández, Eufemio Hernández Martínez y Avertano Domingo Alonso, reiteraron que los que se dicen coordinadores de la CRAC-PF de Alcozacán, Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y Petra Tolentino Ibarra, fueron desconocidos en una asamblea el 27 de marzo pasado en Ayahualtempa.
Los acusan de “prestarse a los chantajes” del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Valerio.
“Por autorización de la asamblea extraordinaria del 27 de marzo, fue cancelado el sello de la CRAC-PF y del Comité Ejecutivo, porque están siendo utilizados por la organización del Cipog-EZ, que encabeza Jesús Plácido Galindo y los coordinadores Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y Petra Tolentino Ibarra”, dice el escrito.
Añade que los tres consejeros que dicen tener su casa en Alcozacán quedaron destituidos de la CRAC-PF por la asamblea, “por prestarse al chantaje de la organización del Cipog-EZ, violando el reglamento interno de nuestra institución y las actas de acuerdo de nuestras asambleas”.
Además, los acusan de “intimidar y someter a nuestros pueblos a la organización del Cipog-EZ”, y por ello les prohíben hablar a nombre de la CRAC-PF, “o hacer gestiones ante los tres niveles de gobierno en nombre de la organización.
Aclaran que a partir del 27 de marzo, la CRAC-PF y su Comité Ejecutivo tienen nuevos sellos.
Con el desconocimiento de los tres coordinadores de la CRAC-PF, que tienen su Casa de Justicia en Alcozacán y que se han venido coordinando con el Cipog-EZ, se acentúo la división de la agrupación, que ahora funciona con dos Casas de Justicia, una en Ayahualtempa, y la otra en Alcozacán.
Hasta agosto pasado, la CRAC-PF y su Policía Comunitaria, fundada el 27 de agosto del 2014, y que opera en 16 comunidades, 14 de Chilapa y dos de Hueycantenango, era un solo grupo y su Casa de Justicia estaba en Rincón de Chautla, municipio de Chilapa. De esa localidad son originarios los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna, fundadores de la agrupación, junto con el finado Cirino Plácido Valerio.
Pero en asamblea del 27 de agosto pasado, en Rincón de Chautla, un grupo de autoridades de las comunidades donde opera el Cipog-EZ que dirige Plácido Galindo, fueron desconocidos David y Bernardino Sánchez Luna, el primero coordinador y el segundo consejero.
En esa asamblea, fueron electos como coordinadores Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y Petra Tolentino Ibarra. Asimismo acordaron el cambio de la sede de la casa de justicia de Rincón de Chautla a Alcozacán.
Esos acuerdos se dieron a conocer en un comunicado enviado por el Cipog-EZ el 24 de febrero pasado, seis meses después de que se tomaron.
El 25 de febrero, otro de los coordinadores Margarito Silva Hernández, denunció en un escrito que fueron presionados por el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, para que se incorporan a su organización.
Margarito Silva, aseguró que en la asamblea del 27 de agosto no fue desconocido el fundador de la CRAC-PF, Bernardino Sánchez Luna, quien, por el contrario, dijo que fue nombrado tesorero del comité de gestión y de la CRAC-PF. Pero no mencionó en qué situación quedó David Sánchez.
En otro comunicado del 27 de marzo pasado, Margarito Silva, informó que en una “asamblea regional extraordinaria”, realizada ese día en Ayahualtempa, destituyeron a los coordinadores Isaías Pozotempa Silverio, Adán Linares Silverio y a Petra Tolentino Ibarra, porque no se habían presentado a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla desde que fueron elegidos, el 27 de agosto.
De acuerdo con el comunicado, los tres coordinadores fueron sustituidos por Eufemio Martínez Díaz, Santos Avertano Domingo Alonso y el propio Margarito Silva Hernández.
Informó, también, que acordonaron el cambio de la sede de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla a Ayahualtempa, en donde ahora operan desde ese 27 de marzo.
A raíz de esa división, ahora hay dos grupos de la CRAC-PF, con dos Casas de Justicia; la de Ayahualtempa que antes estaba en Rincón de Chautla y que sigue con el respaldado de los hermanos Sánchez Luna, y la de Alcozacán, cuyos coordinadores pertenecen al Cipog-EZ) que dirige Plácido Galindo.
En su comunicado del 27 de marzo, los coordinadores de Ayahualtempa, denunciaron que los tres coordinadores desconocidos que operan en la Casa de Alcozacán, “se la pasan haciendo bloqueos en la carretera Chilapa-Hueycantenango, y que al ver el “descontrol”, las comunidades “nos vimos obligados a convocar a una asamblea extraordinaria para la revocación de mandato de los coordinadores que formaron parte del Cipog-EZ”.
De acuerdo con los coordinadores de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, ellos siguen trabajando en las 16 comunidades, 14 de Chilapa y dos de José Joaquín de Herrera. Una de ellas es Ayahualtempa donde ahora está la Casa de Justicia, además de El Limón.
En tanto que el dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, ha asegurado que ellos tienen presencia en 24 comunidades, entre las que menciona a las 16 localidades en las que dice operar la CRAC-PF de Ayahualtempa.