En 20 años se ha agravado drásticamente la situación de los indígenas: Centro Morelos

 

A 20 años de su fundación, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), destacó que la situación en que viven los pueblos indígenas con los que trabaja se ha agravado de manera drástica, debido a que además de la pobreza y la miseria que padecían en ese tiempo, ahora, además viven inmersos en un contexto de violencia y de violación a los derechos humanos.
En un comunicado, el Centro Morelos reconoce que, a pesar de su trabajo, el contexto se ha agravado de manera “drástica”, ahora las comunidades viven no sólo en un ambiente de inseguridad alimentaria, sino de inseguridad social, y denuncia que se les sigue negando los más elementales derechos.
“Hoy las comunidades enfrentan otros retos que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles”, denuncia el Centro Morelos, en el documento.
Menciona que en ese contexto, 20 años después, dos temas son los que ocupan su agenda, el desplazamiento forzado de las familias víctimas de la violencia y la desaparición forzada de personas por esa misma causa.
El Centro Morelos comenzó sus actividades en 1997, después de varios meses de pláticas informales con vecinos de diferentes comunidades, con quienes los promotores comenzaron a hablar del quehacer de cada uno en la lucha social en el contexto nacional y regional, “de las inquietudes que despertaban las injusticias, la pobreza y marginación que se vivía en los pueblos indígenas”, detalla el organismo en su documento.

La militarización ante el surgimiento del EZLN y del EPR motivaron el interés en crear el organismo, recuerdan

Antes, en 1994 había salido a la luz pública el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en 1996 en Guerrero surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los dos hechos motivaron el incremento de la militarización y la violación a los derechos humanos que se traducían en torturas, extorsiones y detenciones extrajudiciales, y fue lo que motivó el interés de crear un organismo de esta naturaleza.
Cuando los promotores lograron consolidar un grupo con un interés común, donde participaban sacerdotes, docentes, trabajadores de la salud, campesinos y estudiantes, pasaron a la siguiente etapa, en la que el párroco de La Villa de Chilapa, Bernardo Sánchez Cruz tuvo un papel fundamental. “Él, con el conocimiento de las injusticias que sufrían en las comunidades, abrazó la propuesta con mucho optimismo y así, después de varios meses de reuniones, decidimos constituirnos en un organismo de promoción y defensa de los derechos humanos, haciendo su presentación pública el 25 de enero de 1997, y posteriormente hicimos los trámites legales”, recuerdan en el comunicado.
El organismo destaca que, a 20 años, el Centro Morelos “es un organismo de la sociedad civil que llegó para quedarse”.
En los primeros casos que atendió comprobó que no había equivocación en el análisis de la violencia que los militares ejercían hacia la población que sitiaba comunidades indígenas, deteniendo, torturando, desapareciendo temporalmente a varios campesinos y violando a mujeres indígenas.
“Entonces, nos dimos cuenta de que no bastaban los buenos deseos ni las buenas intenciones, sino que, para poder cumplir con nuestra misión, teníamos que buscar incorporar licenciados en derecho con vocación, mística, convicción y, desde luego, buscar recursos económicos para cubrir los gastos”.
Las actividades del organismo durante los primeros 12 años giraron en torno a la promoción de los derechos humanos, organizando alrededor de 20 talleres, reuniones y recorridos permanentes en comunidades de los municipios de Ahuacuotzingo, Atlixtac, Zitlala y Chilapa.
En 2001, el Centro Morelos comenzó a acompañar a víctimas de desaparición forzada, como Faustino Jiménez Álvarez, caso que llegó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2007 realizó una campaña para promover la formación de la Policía Comunitaria en la región, organizando reuniones en varias comunidades, “pero no se tuvo eco porque la gente lo primero que preguntaba: ¿Cuánto van a pagar? y ¿las armas las va a dar el gobierno?”. El Centro Morelos menciona que por eso extraña que en la actualidad surjan tantos supuestos policías comunitarios.
Para 2010, el organismo publicó el diagnóstico, La situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas y la violencia contra ellas en la región de la Montaña baja del estado de Guerrero, en el que se habla de la doble violencia ejercida sobre las mujeres indígenas.
Actualmente las comunidades enfrentan otros retos, “que tienen que ver con la inseguridad provocada por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada que han roto el tejido social hasta en los lugares más apartados contando con la complicidad de las autoridades de todos los niveles, sufriendo una mayor vulnerabilidad cientos de jóvenes que, impulsados por la miseria, se involucran en los grupos delincuenciales”.
En estas condiciones, menciona que dos temas ocupan su agenda, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas.
Desde 2011, el Centro Morelos acompañó a 32 familias de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, víctimas de desplazamiento forzado ante la delincuencia organizada.
En enero del 2016, comenzó a dar acompañamiento a 34 familias desplazadas de la comunidad indígena de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, víctimas de hombres armados que irrumpieron en sus casas, dejando a seis vecinos muertos.
También ha acompañado a las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Asimismo, después de la irrupción de civiles armados en Chilapa, en mayo del 2015, que dejó por lo menos 16 desaparecidos, “hemos caminado de la mano con el colectivo Siempre Vivos, conformado hasta ahora por familiares de más de 100 personas desaparecidos en el que se encuentran personas de comunidades de Chilapa y Zitlala”.
“Ppese a este panorama” el organismo se encuentra consolidado, “con una mayor experiencia” y se ha convertido en un “referente” en los temas de desplazamiento y desaparición, menciona.

 

Muere el fundador de la OCSS y ex preso político Benigno Guzmán; trasladan su cuerpo hoy a Tepetixtla

Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.