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Llama el MPG a la CETEG, maestros y sociedad a luchar juntos contra la reforma educativa

 

El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) llamó a la dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), a los trabajadores de base del sector educativo y la sociedad a manifestarse unidos contra la reforma educativa.
En conferencia de prensa en la antigua cabina de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la Ciudad Universitaria Norte, frente a la alameda de Chilpancingo, los representantes del MPG de las organizaciones Educación Progresiva, Víctor Flores Flores; del Frente Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de la región Norte, Isaac Hernández Acosta; del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) en Acapulco, Patricia Mendoza Garibay, y del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Hermenegildo Castillo y Quintana se pronunciaron por una lucha unificada.
Flores Flores convocó a la sociedad, a la dirigencia de la CETEG y a los trabajadores de base del sector educativo a unirse a la lucha magisterial contra la reforma educativa, porque la ley, “nos pasa a perjudicar al pueblo en general, no solamente al magisterio”.
Señaló que el MPG llevará a cabo un congreso en el que se abordará el conflicto magisterial, en el que se espera que participen todos los maestros guerrerenses, aunque no se precisó la fecha del encuentro.
Hernández Acosta dijo que es necesaria la unidad de todas las organizaciones sociales y de la sociedad, “recapacitemos y veamos qué podemos hacer para transformar la situación, como MPG tratamos de aglomerar fuerzas para salir adelante”.
Por su lado, Castillo y Quintana expresó que la unidad de las organizaciones sociales “es indispensable”, debido a “la tendencia del gobierno de golpear a la sociedad con las reformas estructurales”; señaló que es necesario que la sociedad conozca el objetivo del Estado, que es afectar al pueblo.
Los representantes del MPG condenaron los desalojos violentos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio, durante los que asesinaron a nueve integrantes y simpatizantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Asimismo, los asistentes exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y el esclarecimiento de las muertes del maestro Claudio Castillo Peña y el activista Antonio Vivar Díaz, quienes fueron asesinados durante manifestaciones del 24 de febrero y el 7 de junio del año pasado.

Acuerda el MPG seguir exigiendo la presentación de los 43 y la libertad de los presos políticos

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) informaron que los acuerdos a los que llegó su asamblea son exigir la libertad de todos los presos políticos, y la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Al finalizar su asamblea, en conferencia de prensa en su plantón en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, la integrante de la Comisión de Convergencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) región Centro, Adriana Catarino Sánchez informó que el MPG exige la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, y que se declara en contra de las reformas estructurales.
Dijo que realizaran acciones de abril a mayo, entre ellas, acudirán a la conmemoración del aniversario de la Policía Comunitaria del Fortín, Tixtla, el 10 de abril; el 1 de mayo habrá una marcha estatal convocada por la CETEG; y conformarán brigadas para informar de las actividades en varias partes del estado.
En la asamblea, los integrantes del MPG exigieron la libertad de todos los policías comunitarios que están presos en Ayutla y Chilpancingo por las mismas causas de Nestora Salgado García, quien ya libre y absuelta de todos los cargos, “por ende exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos”.
En cuanto al encarcelamiento del ex comandante de la Policía Comunitaria de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, acordaron exigir su libertad inmediata, porque el gobierno, lejos de tener voluntad política para liberar a sus compañeros, encarcela a otros, ya que el mismo día que salió Nestora Salgado, Leobardo Galeana fue detenido, “el Estado nuevamente muestra la cara represiva en contra de los luchadores sociales, y en este caso a los policías comunitarios”, recriminó Catarino Sánchez.
En la asamblea estuvieron presentes 14 organizaciones, entre ellas la CETEG, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), el Bloque Democrático de Iguala y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).

Bloquean transportistas los cinco accesos de Tlapa; demandan la destitución del director de Tránsito

Integrantes de la organización Transportistas Unidos por La Montaña bloquearon todos los accesos a la ciudad desde las 7 de la mañana para exigir la destitución del director de Tránsito municipal, Rolando Morales Prieto y la designación del delegado regional de Transporte. Hasta el cierre de esta edición, los bloqueos continuaban.
Tlapa amaneció sitiada con taxis, Urvan y camionetas de organizaciones de transportistas que dan servicio a diferentes comunidades de La Montaña.
Los trasportistas cerraron los cinco accesos que se usan para llegar a la ciudad, de Puebla, Cualac, Metlatónoc, Marquelia y Chilapa.
Atravesaron sus vehículos en todas las calles estratégicas, dejando un paso libre de aproximadamente un metro, por donde los únicos que podían circular eran los motociclistas, ciclistas y carretillas; varios motociclistas ofrecieron servicio de trasporte público.
Para llegar a sus destinos, los transeúntes tuvieron que transbordar varias veces, ya que cada 100 metros había carros bloqueando las vialidades.
Uno de los dirigentes de la organización, César Cano informó que tuvieron avances con el gobierno estatal, y acordaron una reunión para el miércoles 16 de marzo, para hablar de la designación del delegado regional de Trasporte.
Asimismo, se reunieron con los regidores y con el secretario general, Julio César Naranjo Jiménez, para exigir la destitución de Rolando Morales Prieto; en la reunión les pidieron terminar el bloqueo, a lo que no accedieron y abandonaron la mesa de trabajo.
Explicó que no desbloquearan hasta que destituyan al director de Tránsito municipal, y quedaron a la espera de la llegada del alcalde priista, Jesús Noé Abundiz García, que estaba en Chilpancingo en una actividad con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, según se supo.
Como a las 9.30 de la noche, César Cano afirmó que el grupo de transportistas de Rolando Morales Prieto generó conflictos al tratar de mover por la fuerza sus vehículos y alentar a la gente a usar la fuerza para quitarlos, lo que provocó disturbios en las colonias Aviación, Caltitlán y Constitución, a donde llegaron militares y ambulancias.
También comentó que la negociación continúa y que por cuestiones de seguridad abrieron las calles dentro la ciudad, aunque mantuvieron bloqueados los accesos.
Este grupo de trasportistas es cercano al ex delegado regional de Transporte, Diego Méndez, a quien destituyeron hace poco más de un mes tras la presión de algunos taxistas de Tlapa, de sitios como el del Señor del Nicho, Benito Juárez y Aviación, entre otros, que mediante bloqueos lograron la dentición de Diego Méndez.
El actual director de Tránsito municipal, Morales Prieto, es hermano del extinto Javier Morales Prieto, preside el sitio de taxis del Señor del Nicho, que junto con el Juárez conformó el grupo de choque que el 1 de junio de 2015 desalojó violentamente al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) que tenían tomada el Ayuntamiento en apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En las redes sociales, los ciudadanos mostraron su enojo con comentarios, algunos de los cuales hacían alusión a los trasportistas que participaron en el grupo de choque que golpeó a los maestros en junio.

Marchan y protestan en la FGE la CETEG opositora y el MPG; exigen la libertad de Nestora Salgado

 

Unos 200 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora y del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) marcharon en la ciudad y protestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE), para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García.
En la FGE, un grupo encabezado por la integrante de la Comisión Política de la CETEG opositora, Antonia Morales Vélez, fue recibida por representantes del fiscal, Xavier Olea Peláez, con quienes se pactó una reunión que se llevará a cabo el 16 de marzo, en ella se abordarán asuntos como la liberación de los presos políticas y las órdenes de aprehensión contra integrantes del magisterio disidente.
Casi a las 11:30 de la mañana, los manifestantes marcharon desde el plantón popular magisterial, de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, hasta la FGE; en el recorrido corearon consignas como “Vivan las mártires del 8 de marzo”, “No más feminicidios”, “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir” y otras.
Durante la marcha, el secretario de Organización de la región Centro de la CETEG, Arturo Moctezuma Gatica declaró que el magisterio disidente y las organizaciones sociales del estado repudian la violencia contra las mujeres, y señaló que los feminicidios son graves y deben castigarse.
También dijo que es triste que en el Día Internacional de la Mujer, las madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, no puedan celebrar nada, “siguen sin tener noticias de sus hijos”.
En la FGE, los manifestantes se reunieron en las escalinatas de uno de los edificios, mientras que los trabajadores de la Fiscalía cerraron con candado el acceso al edificio principal, en donde se encuentra la oficina de Olea Peláez, para evitar la irrupción de los activistas.
Por su parte, Antonia Morales expresó que las autoridades han sido injustas con Nestora Salgado, pidió su liberación y que se deje de criminalizar a las mujeres que alzan la voz contra la corrupción, la violencia y para exigir igualdad de género.
En la FGE, Antonia Morales, acompañada de otros cetegistas, ingresó a las oficinas y fue recibida por representantes de Xavier Olea, a quienes les planteó la demanda de la liberación de Nestora Salgado, de los presos políticos y del fin de las órdenes de aprehensión contra los maestros.
Según se informó al concluir la reunión, el 16 de marzo el sub fiscal de Asuntos Penales atenderá las demandas de la CETEG y el MPG, ya que Xavier Olea Peláez no estuvo presente para recibir a la comisión; tras el acuerdo los manifestantes volvieron al plantón en el Zócalo capitalino.

Muere el fundador de la OCSS y ex preso político Benigno Guzmán; trasladan su cuerpo hoy a Tepetixtla

Uno de los fundadores de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán Martínez murió este martes en Acapulco a los 66 años de cáncer de pulmón.
El luchador social falleció en su casa, según informaron sus familiares; su cuerpo fue velado en la funeraria Siglo XXI, ubicada en la avenida Ruiz Cortines y hoy será trasladado a Tepetixtla, donde lo sepultarán.
Benigno Guzmán fue uno de los campesinos que se reunieron el 14 de enero de 1994 para conformar la OCSS, para que las autoridades atendieran sus demandas de fertilizante para producir maíz, despensas, materiales para vivienda, respeto a los derechos humanos de los campesinos que constantemente violaban las policías y el Ejército y la presentación de los desaparecidos durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas.
Benigno Guzmán falleció de cáncer de pulmón en su casa, luego de que su familia lo sacó del hospital general, donde fue internado días antes, y donde les dieron el pase para que lo trasladaran al Hospital de Cancerología, al que ya no ingresó.
Sus familiares informaron que hace tres años le detectaron cáncer de estómago, el cual controló, sin embargo hizo metástasis en el pulmón, el último año se fue debilitando, y desde noviembre del año pasado su condición empeoró.
El luchador social originario de Otatlán, municipio de San Miguel Totolapan, fue perseguido en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer porque denunció desde el primer momento la masacre de Aguas Blancas, que ocurrió el 28 de junio de 1995, cuando fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos, hecho por el que Figueroa Alcocer fue obligado a separarse del cargo al año siguiente.
Guzmán Martínez fue preso político acusado de diversos delitos que el gobierno le fabricó, con motivo de las movilizaciones de la OCSS, principalmente en Coyuca de Benítez. Fue detenido en enero de 1997 en la ciudad de México, donde se había refugiado para evitar la persecución de Figueroa, y encarcelado por los delitos de sedición, motín y daños al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, por los que fue sentenciado a 13 años de prisión y enviado en 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, de donde salió libre el 8 de marzo del 2001.
El luchador social fue acusado bloquear el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez en 1995 para exigir fertilizante y obras para las comunidades de la sierra de Coyuca de Benítez. También fue señalado por la Secretaría de Gobernación como uno de los principales integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR).
A un mes de salir del penal, Benigno Guzmán denunció la existencia de un grupo paramilitar en la sierra de Coyuca de Benítez, que se hacía pasar por una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que lo amenazó; hecho del cual responsabilizó al entonces alcalde perredista, Rafael Ariza Bibiano.
En diciembre del 2010, nuevamente, Benigno Guzmán fue detenido por policías ministeriales, acusado de ataque a las vías de comunicación, según la denuncia presentada por el entonces alcalde, Merced Valdovinos Diego. Fue puesto en libertad el mismo día porque la orden ya había sido cumplida.
Entre sus últimas actividades, participó en reuniones de la Asamblea Nacional Popular en Ayotzinapa tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014; integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) recordaron que llegó a visitarlos en algunas ocasiones al plantón que mantuvieron cuatro meses en el Ayuntamiento de Acapulco.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, compañero de lucha y preso a la par que Benigno Guzmán, lo calificó como alguien muy serio, respetuoso, duro con el Estado, y consideró su muerte como una gran pérdida para la lucha social.
Martínez Cruz recordó que entre los objetivos de la fundación de la OCSS estuvo la búsqueda de insumos para los campesinos y detener la tala de árboles. Con la masacre de Aguas Blancas, Benigno Guzmán Martínez fue uno de los que principalmente denunciaron el hecho, lo que generó una persecución en su contra.
Martínez Cruz recordó a otros compañeros de lucha que también fueron presos en esa época, entre ellos, Pedro Nava Rodríguez, que recientemente falleció.
En su fundación la OCSS estuvo encabezada por Benigno Guzmán y Marino Sánchez Flores, de Tepetixtla, en la sierra de Coyuca de Benítez, y por Hilario Mesino en Atoyac. La organización estaba integrada por campesinos pobres de los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión, Coahuayutla, Zihuatanejo, Petatlán y Benito Juárez (San Jerónimo).
Desde su creación, los miembros de la OCSS, así como sus familiares, han sido víctimas de graves violaciones del gobierno a sus derechos humanos, porque se caracterizó por dar una lucha frontal contra la impunidad y la represión, lo que llevó a Benigno Guzmán a desconfiar de toda institución, incluso las de salud, y a vivir con el constante temor de ser asesinado por el Estado.
El cuerpo de Benigno Guzmán fue velado anoche en una de las capillas de la funeraria Siglo XXI en Acapulco, sus familiares determinaron que a las 7 de la mañana de hoy sería trasladado a Tepetixtla, en Coyuca de Benítez.
A las 9 de la noche sus familiares estaban a la espera de saber si los integrantes de la organización, familiares y conocidos querían velarlo un día más allá o lo sepultarían hoy. De ser así, el sepelio está programado para las 11 del día, luego de despedir el cuerpo en su casa.
Por la noche, al funeral asistieron Bertoldo Martínez; Raymundo Sánchez Taboada del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) e integrantes del MPG.

Marchan vendedores en Tlapa para que no los desalojen; se plantan en el Ayuntamiento

El Frente de Comerciantes Movilizados (FCM) marchó para exigir que los dejen vender en las calles del primer cuadro de la cabecera municipal de Tlapa, ante las amenazas de desalojo de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento, el pasado 18 de diciembre.
Unos 100 comerciantes, profesores, colonos, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y colectivos diversos recorrieron la avenida Colegio Militar con pancartas para que se respete su derecho al trabajo, y recalcaron su exigencia de justicia en el asesinato del activista del MPG, Antonio Vivar, y su apoyo a la lucha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos.
Los comerciantes, al llegar al Ayuntamiento pidieron hablar con el presidente, Jesús Noé Abundiz García, que no se encontraba, por lo que salió el secretario general, Sergio Parra, quien dijo que él y una comisión de regidores dialogarían con los inconformes.
Los comerciantes pidieron respeto y acusaron de prepotente al director de Reglamentos, Abel Román, al subdirector y a los inspectores. Dijeron que no se van de la calle en la que cerraron el paso a los carros si no eran atendidos por el presidente municipal. Después de un intercambio de palabras acordaron dialogar en el auditorio.
Durante el plantón frente al Ayuntamiento, los comerciantes entregaron una copia del oficio de primera notificación dirigido a comerciantes ambulantes, fijos y semifijos, en el que se les decía que, de manera personal, cordial y pacífica se les concedía el término de tres días a partir de la fecha para que desocuparán y retiraran sus productos que obstruyan las banquetas y la vía pública del primer cuadro de la ciudad.
La notificación fue sustentada en un acta de Cabildo del 10 de diciembre de 2004, en que supuestamente declararon patrimonio histórico cultural de la humanidad el cuadro que comprende las calles Matamoros, Mina, Guerrero y Añorve. En esa fechar, era regidor el actual secretario general, se dijo en la reunión.
El documento firmado por el director de Reglamentos, el de Tránsito y Vialidad, Rolando Morales prieto, de Seguridad Ofelio Navarro González y el regidor de Comercio, Román Reyes, establece que los comerciantes que no cumplan la orden recibirían “una medida de apremio”, según el Bando de Policía y Buen Gobierno y la ley orgánica del municipio libre.
Por su parte, los comerciantes exigieron sus derechos bajo la ley de Hacienda municipal 677, en su apartado de comercio ambulante, y cuestionaron el desconocimiento de ella a los tres regidores presentes, a los dos directores, y al secretario general y asesor del presidente, el ex presidente municipal perredista Martimiano Benítez.
Una de las comerciantes afectadas, Rutilia Abarca Sabino, de la comunidad de Ahuatepec Ejido, dijo que diariamente acude a vender verduras y paga 10 a los inspectores, aunque también hay otras vendedoras de Ahuatepec Pueblo, Tlaquilzinapa, y dijo que acudió por las amenazas de ser desalojada, “yo pagó todos los días por unos 100 o 150 pesos que gano cuando hay buena venta”, dijo.
En la reunión, que tardó dos horas y media, los comerciantes acusaron al director de prepotente y exigieron su destitución; acordaron con las autoridades que llevarían sus planteamientos al presidente municipal y que no serán desalojados, sino reubicados, porque hay un incremento del 100 por ciento del padrón de comerciantes. Los inconformes respondieron que si no querían ambulantaje, el Ayuntamiento debe generar fuentes de empleo, que es su responsabilidad, “no llegamos al comercio por gusto sino por necesidad”, reclamaron.
El secretario general dijo que el Ayuntamiento no busca criminalizar la lucha social, dado que los comerciantes son parte del MPG y de que el día antes de la movilización los inspectores los amenazaron con que si participaban, sabían quiénes eran.
Otro de los acuerdos fue que los inspectores señalados serán puestos a disposición para que se determine su situación ante los señalamientos de que presionaron y falsificaron las firmas de quienes no podían firmar, para comprobar que habían recibido los oficios, y que les dijeron que si querían denunciarlos, lo hicieran.
Los inconformes les dijeron a los regidores que defendieran al pueblo, y al ex presidente le dijeron que si era asesor lo hiciera bien porque él había sido comerciante y presidente.
El regidor de Comercio, Román Reyes dijo que él era comerciante y que cumplía con los pagos correspondientes al SAT y al ISSSTE porque daba trabajo a otras personas, y lo que se intentaba era regular el comercio.
Finalmente, los comerciantes le entregaron un pliego petitorio y exigieron que, si se pretendía desalojarlos, se hicieran parejas la cosas y retiraran la caseta del sitio Juárez y Comonfort que está en la vía pública, que se retire a los comerciantes del portal Morelos, y que los voceadores de los periódicos no se estacionen, igual que los vehículos del Ayuntamiento, en las calles.
Asimismo, exigieron que los comerciantes establecidos retiren sus productos de las banquetas, que se destituya al director de Reglamentos, que dejen de amenazar a los comerciantes movilizados, que no haya represalias y que se respeten sus derechos. Firmaron los acuerdos todos los presentes y acordaron una reunión de seguimiento.