Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos a estudiar la despenalización del consumo y a enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, indica que en algunos países se utilizan cuerpos militares como respuesta a la problemática.
“Los enfoques punitivos sobre la fiscalización de las drogas, que en algunos países incluyen la militarización de las respuestas de las fuerzas del orden para luchar contra el problema, han dado lugar a una rápida escalada del uso de la fuerza letal y siguen facilitando la comisión de múltiples y graves violaciones de los derechos humanos, desde el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza hasta las ejecuciones extrajudiciales, con la correspondiente impunidad”, explica.
Y menciona que existen ejemplos en los cuales el uso de personal militar para la guerra contra las drogas, ha confundido diversas acciones como la rendición de cuentas por maltrato.
“En algunos casos, la militarización de las fuerzas del orden en en el contexto de la guerra contra las drogas, entre otras formas mediante el despliegue de personal militar, ha desdibujado la rendición de cuentas por maltrato y vulneraciones y repercutido negativamente en ella”.
De igual forma, el informe señala que el combate al narcotráfico se ha utilizado como una medida en contra del terrorismo, buscando afrontar los problemas de seguridad nacional que pueda tener un país.
“En otros casos, la militarización de la guerra contra las drogas se ha planteado como medida contra el terrorismo a fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional planteadas por la delincuencia organizada implicada en el tráfico de drogas”, externa el documento.
El Alto Comisionado señala que las estrategias de castigo usadas en la guerra contra las drogas, han sido infructuosas para contener la producción y el consumo de diversas sustancias.
“Las estrategias punitivas sobre la guerra contra las drogas utilizadas en décadas no habían conseguido evitar la producción y el consumo de sustancias cada vez más diversas y numerosa”.
Agregan que el combate contra las drogas resulta en detrimento de la salud pública y resalta que las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres, son los grupos más afectados de manera social.
“El enfoque de la guerra contra las drogas era perjudicial para la salud pública y perpetuaba las pautas existentes de discriminación, en particular contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las mujeres”, señalan.
Además indican que los afrodescendientes y los pueblos indígenas junto a los migrantes, son “objeto de discriminación” en todas las etapas que incluye el proceso de justicia penal, debido a que llegan a tener “penas severas”.
La ONU emite 22 recomendaciones para que los “Estados y los interesados pertinentes”, desarrollen políticas eficaces basadas en los derechos humanos, entre las que destacan tomar alternativas distintas a penalizar las drogas y en caso de que se mantenga su prohibición, definir de manera clara los delitos en la ley.
De igual forma sugieren abolir universalmente la pena de muerte no solo para delitos relacionados con drogas, sino en cualquier tipo de infracción. Sugieren que el uso de la fuerza militar no debe ser permanente y deberá ser utilizada solo cuando sea necesario.
“Recurrir al uso de la fuerza militar solo de manera extraordinaria, temporal y cuando sea estrictamente necesario en circunstancias específicas. En tales circunstancias excepcionales, la participación de las fuerzas armadas debe subordinarse y ser complementaria a la de las fuerzas civiles, estar regulada y supervisada por autoridades civiles, y estar sujera a las mismas normas y procedimientos establecidos para el personal civil encargado de hacer cumplir la ley”, recomienda.