Etiqueta: sistema de seguridad pública del estado

Se cumple un año sin sanción a alteración a la Ley 179 aprobada por el Congreso

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

A un año de la alteración a un artículo transitorio de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, aprobada por el pleno del Congreso local, aún no se sabe quiénes son los responsables, y el dictamen que presentó la Comisión Especial creada para investigar lo ocurrido se mantiene congelado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a pesar de que de manera reiterada diputados de todas las fracciones han afirmado que no quedará impune la falta.
La noche del 12 de abril el pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la nueva Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la cual fue publicada el 14 de abril en una edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pero se le realizó una alteración al segundo artículo transitorio.
De esta modificación, el gobierno estatal se deslindó tras hacerse público el hecho. Incluso mostraron el documento de recibido por parte del Poder Legislativo, el cual fue publicado íntegro. Mientras que en el Congreso se generó un fuerte debate y señalamientos que sugerían que el entonces presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, fue el responsable de esa modificación. Diputados de todas las fracciones, en tribuna, demandaron que se esclareciera el tema.
La salida que le dieron en ese momento fue la creación de una Comisión Especial para investigar lo ocurrido. Sin embargo, además de los 45 días que el pleno le dio para realizar la investigación y presentar un dictamen, ese colegiado presidido por la perredista Elzy Camacho Peñaloza solicitó 15 días más.
Tras este tiempo, el dictamen no se entregó, incluso el dictamen estuvo presuntamente “retenido” por más de dos meses por una asesora de Alfredo Sánchez Esquivel, y finalmente el primero de septiembre pasado este documento fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez.
El dictamen no se enlistó en ningún orden del día de las sesiones del pleno en estos últimos cuatro meses de 2022, y fue hasta el 12 de enero cuando hubo apenas un intento de sesión “secreta” para discutir y votarlo, pero no se concretó supuestamente por “falta de quórum”.
Pero esta falta de quórum se dio por la oposición de un grupo de diputados, principalmente del PRI y PRD, pero también de Morena, quienes estaban en contra de votar el dictamen en el que no se señalaba a los responsables de la alteración y mucho menos había sanciones.
A un año de esta alteración, el Congreso de Guerrero sigue sin aclarar quién realizó y ordenó que se modificara un artículo transitorio a una ley que había aprobado el pleno del Poder Legislativo.

 

Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.