Se rescindiría el contrato de los paristas en los laboratorios de Acapulco, informa la UAG

Karina Contreras

El coordinador de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Felipe de Jesús González Moso, informó que se ha iniciado un proceso para rescindir el contrato de los trabajadores de los Laboratorios de Análisis Clínicos.
González Moso señaló que diez veces han sido atenidos por funcionarios de la administración central, para buscar acuerdos, a los que no se ha podido llegar.
Añadió que también el lunes pasado iban a ser recibidos por el rector Javier Saldaña Almazán y los trabajadores no llegaron, cuando es algo que han estado pidiendo. Indicó el responsable jurídico que se “procedió a iniciar un juicio, dado que el paro no fue autorizado por el Centro Federal de Conciliación ni el STAUAG, por lo que el paro como tal es ilegal. Entonces, se procedió de manera legal y, obviamente, va hacia la rescisión del contrato de esos compañeros”.
En declaraciones telefónicas, se le preguntó al funcionario sobre qué va pasar con los trabajadores si se desaparece ese centro de trabajo, y respondió que debe haber un compromiso mayor, que a los trabajadores no se les va afectar en sus derechos laborales ni humanos. Indicó que va pasar como lo que pasó con los laboratorios de Ometepec y Taxco, donde los trabajadores se tendrán que reubicar.
Al abogado se le dijo que entonces cuál es el fondo de los paros de labores que hay en la UAG, como en los laboratorios y ahora en el comedor universitario, y dijo que tiene que ver con la presión a la administración, para la designación de los encargados.
Indicó que en el caso de los laboratorios, los que tienen el paro de labores han dirigido el área desde 2006, cuando llegó el rector Arturo Contreras, y siguieron con Ascencio Villegas y con Javier Saldaña, “hoy, casualmente se dan cuenta que les hace falta cosas, cuando en realidad se quitó lo del certificado médico como requisito a los estudiantes, por el pésimo servicio que le daban a los estudiantes”.
El funcionario del área jurídica dijo que otras presiones sobre la mesa, es que el rector Javier Saldaña les dé la coordinación de la Zona Sur a sus líderes, aunque el abogado no quiso especificar exactamente a qué grupo pertenecen los de los laboratorios, y que ese es el fondo del asunto y por eso tomaron las oficinas.
Sobre el apoyo de la delegación de la Preparatoria 17, que encabeza Guadalupe Saligán, el abogado dijo que es quien anda “alentando el paro” y tiene un juicio, iniciado por un joven de la diversidad sexual desde hace 10 años, en el Consejo Universitario y el “cual se va a revisar”. Recordó el funcionario que el joven había denunciado discriminación por su condición sexual, aunque no quería decir que fue por ello, el joven se suicidó.
El responsable jurídico dijo que la instrucción del rector Javier Saldaña es atender las demandas de los trabajadores, pero los “puestos en la administración no están a negociación a condición de los paros. Los puestos se ganan en campaña y con base en perfiles y compromisos”.
Dijo que en el caso de los laboratorios se va proceder en lo que determine la ley, pues se llevará a las instancias legales y que ya la coordinación de Asuntos Jurídicos está trabajando en ello, “se va proceder con lo que establece la ley”.
Indicó que, para que no desaparezca ese centro de trabajo, debe haber un compromiso real, pues el rector Javier Saldaña ha dicho que debe ser un área sostenible, como los laboratorios de Chilpancingo, que con sus propios recursos que le ingresen, con los precios más bajos, pueda ser sostenible y reiteró que ha habido muchas quejas de los estudiantes por el pésimo servicio que dan.
Sobre el paro de labores en el Comedor Universitario, el coordinador de Asuntos Jurídicos de la UAG, Felipe de Jesús González, dijo que la administración central no se va a dejar presionar y que se debe a que ellos quieren decidir quién sea el jefe y “ahí tampoco está en negociación”.

El funcionario dijo que el fondo de ese paro de labores es que el delegado sindical, Osman Torres, quieren que le contraten a uno de sus hermanos y recordó que el lunes el rector los iba a recibir y no quisieron.
Añadió que como área jurídica ellos van atender el tema, porque con ese cierre del comedor están afectando a los estudiantes y es un asunto muy delicado, que atenta contra los derechos humanos y universitarios de los jóvenes de la UAG, que acuden al comedor y no por la “ambición del delegado se va afectar a la comunidad universitaria”.

Cinco escuelas han sido robadas en el actual ciclo escolar, informa la SEG

El director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Abraham Godínez Maldonado, dijo que en el ciclo escolar 2016-2017 hubo cinco robos a escuelas de nivel básico en el estado, incluido el caso de la secundaria Bicentenario de la Independencia 2010, ubicada en el poblado San Agustín, en Acapulco.
El miércoles, padres de familia de la secundaria Bicentenario de la Independencia 2010 denunciaron que las instalaciones fueron robadas por desconocidos que sustrajeron computadoras, equipo de cómputo, aires acondicionados e impresoras.
El hecho pudo haber ocurrido el sábado pasado y los padres aseguraron que fue consecuencia de que las autoridades obviaron su petición de construir una barda.
Consultado vía telefónica, al respecto del robo en la secundaria, Godínez Maldonado dijo que se encontraba fuera del estado y desconocía el caso, sin embargo, el director de la escuela debe interponer una denuncia ante el Ministerio Público, además de que debe ser acompañado por personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos, área que también registrará los hechos.
Señaló que el mobiliario en las escuelas, como computadoras, proyectores, impresoras y otros es propiedad de la SEG, por lo que se registrarán las pérdidas en la secundaria para determinar si los equipos fueron proporcionados por algún programa de la dependencia, con el fin de que se repongan y para no afectar el aprendizaje de los alumnos.
Informó que en el ciclo escolar pasado se registraron cinco robos, incluido el de la secundaria Bicentenario de la Independencia 2010, y que estos ocurrieron en escuelas ubicadas en zonas suburbanas, principalmente en Acapulco. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

La Policía del Estado y el Ejército están a cargo de la seguridad en Zihuatanejo

 

Ayer policías municipales instalaron un plantón en el Ayuntamiento de Zihuatanejo para exigir que el gobierno municipal envíe a Acapulco los expedientes para comprobar que los 60 policías municipales detenidos trabajan en la corporación.
Los agentes se retiraron a las 2 de la tarde luego de que vieron que el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca salió al puerto de Acapulco con la documentación de sus compañeros.
Desde el martes en la tarde la Policía del Estado tomó el control absoluto de la Dirección municipal de Seguridad Pública y junto a los soldados son los encargados de la seguridad en el puerto y en el resto del municipio. Se han visto patrullajes continuos.
Ayer antes de las 11 de la mañana unos 30 policías uniformados llegaron al Ayuntamiento para buscar al presidente municipal perredista, Gustavo García Bello, para pedirle que se dé prisa en la integración de los expedientes de sus compañeros detenidos el martes por policías estatales y militares del 75 Batallón de Infantería, pues aseguraron que tenían pocas horas para presentar las pruebas de que son agentes municipales en activo.
Los policías aseguraron que no se retirarían del Ayuntamiento hasta que los expedientes de sus compañeros fueran enviados a la Procuraduría General de la República (PGR), y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el puerto de Acapulco.
Se quejaron de que sus compañeros detenidos están en “condiciones inhumanas”, pues a los que ya se encontraban en el interior de las dependencias como los que todavía estaban arriba del autobús en el que fueron trasladados, “no les han dado de comer ni les arriman agua, no se han bañado. El martes sólo les dieron un bolillo y un vaso de agua, fue todo, no les permiten ni ir al baño, eso va en contra de nuestros derechos humanos”.
Aseguraron que el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia miente porque sus compañeros no son delincuentes y pretenden incriminarlos con algún grupo delincuencial, pues afirmaron que ellos los conocen porque tienen años trabajando como policías.
Antes del mediodía una comisión se reunió con el secretario particular del alcalde, Arturo Arzeta Serna, a quien le exigieron que el gobierno se dé prisa en la integración de los expedientes y que no se retirarían hasta que fueran enviados al puerto de Acapulco. El servidor público les aseguró que estaban trabajando en ello y que el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca, acudiría a dejar la documentación de 31 policías que estaban declarando en la Fiscalía.

Un mando del Ejército autorizó que se armaran, dicen los policías

Los policías comentaron a Arzeta Serna que luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en el módulo de Ixtapa, tomaron las armas con la autorización verbal de un alto mando del 75 Batallón de Infantería, “nos dijo que no había problema, que nos armáramos porque le dijimos que queríamos organizarnos para buscar y dar con los que mataron a nuestros compañeros, por eso agarramos las armas, porque además no teníamos con qué defendernos”.
Mientras esperaban a un costado del estacionamiento del Palacio Municipal, los policías dijeron a los reporteros que la última vez que supieron del director municipal de Seguridad Pública, David Nogueda Salmerón, fue cuando éste se reunió con los familiares de sus compañeros detenidos, “no nos ha dado la cara, así como tampoco nos ha dado la cara el encargado del Fortaseg (Fortalecimiento para la Seguridad en los Municipios), Armando Castro Taboada, que son los responsables directos de no tener a nuestros compañeros registrados en la licencia colectiva 110 (que permite el uso de armamento)”, por lo que exigieron la destitución de ambos servidores públicos.
A pregunta expresa los policías dijeron que desde el martes en la tarde la Policía del Estado tomó el control total de la Dirección municipal de Seguridad Pública y con militares del 75 Batallón de Infantería recorren este puerto y el resto del municipio, “nosotros permanecemos en las instalaciones pero no estamos trabajando, no salimos a recorridos porque no tenemos armas y ellos son los que están encargándose de la seguridad. Sí podemos entrar y salir de las instalaciones, pero no estamos trabajando”.

Ya entregó el Ayuntamiento la documentación de los policías

Vía telefónica, el director de Asuntos Jurídicos, José Luis Amador Abarca dijo que a las 8 de la mañana de ayer, la Fiscalía solicitó con un plazo de 5 horas a la presidencia municipal de Zihuatanejo los documentos que demuestren que los 31 detenidos sí son policías preventivos municipales, y agregó que esos documentos fueron entregados ayer a las 2 de la tarde, “entendemos que estos policías, con esa información que se dio, van a salir libres”.
Amador Abarca se refirió a 31 policías porque dijo, esa fue la cantidad de personas de las que la Fiscalía solicitó a la presidencia municipal que presentaran documentación que pruebe que son agentes municipales.
“No tenemos otros datos de las otras personas (detenidas), no sabemos inclusive en estos mismos (31) si se les atribuye algún delito o si solamente fueron presentados, no sabemos porque el oficio nada más nos requería documentación”, dijo.
Indicó que hay certeza de que con las pruebas que presenten a la Fiscalía queden en libertad “porque lo que decían era que no eran policías y con esto se está acreditando que sí son policías y no son policías que fueron contratados en esta administración, hay algunos que tienen hasta 15 años de antigüedad”.
Agregó que sólo llevaba las pruebas “porque por parte de la PGR no nos han solicitado ninguna documentación, sabemos que en esa dependencia hay otra cantidad de policías, pero no nos han requerido todavía nada”.

 

En 2006 aumentó el ingreso por multas en el Ayuntamiento, dice Villalpando




El director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Carlos Villalpando Milian, informó que los ingresos por multas que imponen los jueces calificadores aumentaron debido a que se eliminaron vicios como el tráfico de influencias para excentar del pago a los infractores.
En entrevista, Villalpando Milian explicó que por el rubro de multas en enero de 2005 se recaudaron 32 mil 490 pesos, mientras que en 2006 ingresaron 99 mil 730 pesos.
Mencionó que el éxito en la recaudación es porque los jueces tienen la instrucción de que sólo el alcalde Félix Salgado puede cancelar una multa, mientras que los regidores, secretarios o directores no pueden, por lo que las influencias no son válidas cuando se comete una falta administrativa.
Informó que en enero de este año los ingresos por faltas administrativas fueron superiores a los reportados en el mismo mes en 2005. “En enero de 2005 se recaudaron 32 mil 490 pesos y en 2006 ingresaron 99 mil 730 pesos”.
Detalló que en un comparativo mes por mes entre 2005 y 2006, en los primeros cuatro meses del año, en febrero los ingresos aumentaron 28 por ciento, igual en marzo, mientras que en abril aumentaron 68 por ciento.
Las sanciones que aplican los jueces calificadores las establece el Bando de Policía y Buen Gobierno, la cuales son escandalizar en la vía pública, manejar en estado de ebriedad, riñas en la calle o ingerir bebidas alcohólicas en la calle.
Otras son las multas para peones y albañiles cuando se les sorprende trabajando en obras clausuradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
En total el municipio cuenta con 11 jueces calificadores, cuatro en el Kilómetro 30, tres en Renacimiento, tres en el Sector Central y uno que se encarga de cubrir turnos. Todos dependen de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
De acuerdo con los reportes mensuales que se entregan el juez calificador del Sector Central, Ricardo de la Rosa Morales, es que ha conseguido la mayor recaudación.