
En el segundo foro abierto intercomunitario, Mujeres indígenas movilizadas por la defensa de sus derechos individuales y colectivos, se pidió respeto a la voz de los pueblos plasmada en la iniciativa popular de Ley Indígena (Ley 701) y en la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos.
Activistas emplazaron al Congreso del Estado a que apruebe inmediatamente la legislación diseñada por los pueblos indígenas.
El foro este domingo, en la cabecera municipal de Iliatenco fue con la finalidad de promover la participación activa de las mujeres indígenas con perspectiva de género, y un debate para conocer sus demandas en la esfera comunitaria.
Participaron amas de casa, profesoras, estudiantes, académicas, ex regidoras, ex comisarias municipales, consejeras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) quienes coincidieron en que se debe erradicar la violencia, compartir los trabajos domésticos en los hogares para que las mujeres incrementen su participación en el ámbito público, ya que en lo privado tienen muchas tareas.
Invitaron a las mujeres a que si les ofrecen un cargo en la estructura comunitaria lo tomen y no digan que no saben, porque todo se aprende, y al negarse les dan la razón a los hombres, también pidieron que participen en el proceso electoral.
Demandaron la libertad de los presos políticos como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Arturo Campos y que se les dé respuesta a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista de Tlapa, Antonio Vivar.
Se habló de la importancia de la educación en las mujeres y de que esta sea emanada desde las comunidades, quienes siempre están en los movimientos sociales motivando y preparando los alimentos.
De la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos, Elsa Arista González dijo que la lucha no ha sido fácil, y que se vive dentro de una sociedad que limita a las mujeres en varios ámbitos.
Dijo que las mujeres hacen doble trabajo al estar en el hogar y en las asambleas, donde les dicen que deben estar en su casa padeciendo discriminación.
Dijo que son pocas las que salen a estudiar, que no hay apertura política representativa y quienes la tienen es debido a su condición económica privilegiada.
Agregó que se sigue promoviendo el papel de que son cuidadoras del hogar y no de generadoras capaces de organizar.
Expuso que se busca la equidad y conocer los derechos desde el ámbito local, nacional e internacional como indígenas, el derecho a conservar las instituciones, las tierras, sus recursos, a la salud, y a la medicina tradicional.
Agregó que si no se conocen los derechos colectivos, individuales y económicos, que ya están en el marco legal local, nacional e internacional, no pueden exigirse.
Del Frente Popular de Tlapa la ama de casa Rosamar García Tirado dijo que le hubiera gustado que los hombres llevaran a sus esposas, les pidió respeto y que no las violenten como a ella que sufrió violencia de su esposo, de quien se separó porque la hacía menos.
En la participación pidió que se compartan los trabajos en el hogar y el cuidado de los hijos, ya que las madres son las que los educan y llevan por todos lados, y los hombres sólo proveen el dinero.
Dijo que no deben obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales porque eso es una violación.
De la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), Benita de Jesús dijo que en su organización la mayoría son mujeres que luchan por sus derechos en sus comunidades, y lamentó que no se pueda participar en todos los espacios.
Comentó que las mujeres son el pilar de la familia por lo que se debe enseñar el respeto hacia ellas, y que los hombres no les dejen todo a las mujeres porque lavan la ropa, hacen la comida, los llevan a la escuela y terminan siendo las culpables si los hijos caen en malos pasos.
Las ex comisarias de la Unión de las Peras del municipio de Malinaltepec, Laurentina Bruno y Carmela Bruno Candia hablaron de su experiencia al frente del poblado donde la gestión es fundamental, sobre todo en afectaciones como las que dejó la tormenta tropical Manuel en el 2013, y que recibieron críticas y poca atención por ser mujeres.
De la CRAC-PC Felícitas Martínez mencionó que para exigir derechos deben de estar organizadas, y que esperaba que los resolutivos fueran difundidos y efectivos para que se hagan.
El Frente de Comunidades por la Defensa los Derechos Colectivos (Frecoddec), Claudia Basurto dijo que el gobierno les niega sus derechos a las mujeres, en la educación no hay becas y tienen que trabajar si buscan alcanzar alguna profesión, además de que son acosadas.
La asistente Yulma Lara García mencionó que las niñas y las mujeres indígenas son las más vulnerables y las que menos tienen acceso a la salud y educación, y son propensas a casarse a temprana edad y ser madres.
Dijo que las acciones sociales pueden modificarse porque la misma sociedad las construye y las puede cambiar, y así se puede cambiar el pensamiento de que las mujeres son para obedecer y los hombres para mandar.
Se propuso que el siguiente encuentro sea en San Luis Acatlán para que participen afromexicanos, con na savi, y ñomndaa de la Costa Chica.
Lamentaron que no estuviera la presidenta municipal perredista de Iliatenco, Eugenia Cantú Galvez.
Estuvo el me’phaa Saúl Moran Oropeza y su hija con canciones de resistencia en su lengua.
Convocaron el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Frecoddec, El colectivo El Grito, El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Frente Popular de Tlapa (FPT) y la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), y la hermana de Antonio Vivar, Veneralda.
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Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión

Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.
Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH
El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.
Siguen emigrando indígenas al norte; ayer salieron jornaleros que se accidentaron hace un mes
La migración de los jornaleros agrícolas de La Montaña continúa aunque con menor
afluencia hacia los campos de Sinaloa. Ayer salió una cuadrilla de 43 indígenas de la
comunidad de Cacahuatepec, del municipio de Copanatoyac, varios de ellos se
accidentaron hace más de un mes y ahora se van “para ganar dinero y pagar las deudas”,
dijeron.
José Dolores Gregorio, indígena nahua de 55 años de edad, que salió lesionado y perdió a
su esposa en el accidente automovilístico, el pasado 25 de noviembre, al volcarse la
camioneta mixta del servicio público que los transportaba a Tlapa, se fue con su familia al
campo Estación Famoa, en Guasave, Sinaloa para pagar los gastos que realizó para
sepultar a su esposa y sus medicamentos.
Dolores Gregorio denunció la indiferencia de las instituciones gubernamentales como la
Sedesol, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría
de Asuntos Indígenas que no le brindaron apoyo y ahora tiene una deuda de 19 mil pesos
que no puede pagar quedándose en su comunidad porque no hay trabajo.
Carmen, Julia y Eli, de 13, 12 y 11 años de edad, que quedaron huérfanas al morir su
mamá esperaban pacientes que su papá las registrara como jornaleras porque miden
más de un metro treinta, otra manera de calificarlas aptas para el trabajo, porque con esa
estatura ya pueden trabajar en el corte de las verduras, donde se acepta a los niños como
trabajadores de 9 años.
Cinco horas más tarde de arribar a Tlapa abordaron el autobús al corte de tomate, chile y
pepino en Sinaloa donde estarán cinco meses. Les pagarán 100 pesos diarios por las
ocho horas diarias. La cuadrilla o el grupo se formó de 30 grandes y de 13 niños.
Dolores Gregorio dijo que salen para pagar la deuda que trajo consigo el accidente donde
murió su esposa y que sus hijas lo acompañen y puedan trabajar facilitará reunir con más
rapidez la cantidad que deben.
Además comentó que con eso espera terminar su casa “lo que les quiero dejar a ellas
para que ahí estén” comentó con añoranza.
Agregó que él es cumplido, pero ahora le falló al empresario “no pude irme antes, mis ojos
no veían la luz, estaban abiertos, pero no podía ver por el golpe, ahora ya veo y ya me voy”,
dijo.
Se le preguntó si se sentía bien para salir a trabajar y respondió que no estaba tan bien,
pero necesitaba seguir comprando sus medicamentos y si se quedaba en su pueblo no
había trabajo y reiteró que quiere acabar su casa que dejó inconclusa por los gastos que
generó su tratamiento y el funeral de su mujer.
En el accidente también murió Alex Milton Anagua Rodríguez, investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) y de origen boliviano que acudió a Cacahuatepec a recabar
información para elaborar un diagnóstico sobre la situación de los jornaleros agrícolas en
La Montaña como parte de un convenio de la UAM y la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) del estado.
El resultado de la investigación permitiría, según Sedesol, la implementación de
estrategias adecuadas para atender a la población jornalera.
Dolores Gregorio formaba parte del grupo que proporcionó información para elaborar el
diagnóstico de la Sedesol, pero después del accidente no les prestaron atención para
conocer su estado de salud por lo que lamentó que no le brindaran ayuda, más porque se
pasó siete días en el hospital mientras sus familiares se hacían cargo de sus familia.
Dolores Gregorio se va con problemas porque las cosas que le dicen y hace se le olvidan
con facilidad, pero con la ilusión de juntar dinero para terminar su casa.
Siguen las protestas de promotores por la creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena
Promotores culturales que impulsan la creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena continúan con un plantón indefinido frente al zócalo capitalino en protesta a la nula respuesta de las autoridades.
Este miércoles, se dieron cta frente a la sede del Palacio de la Cultura del gobierno del estado que alberga las oficinas del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC) para exigir a las autoridades que definan su participación en este proyecto.
Desde temprana hora, los manifestantes instalaron un temazcal en la plaza cívica, comenzaron una huelga de hambre y decenas de ciudadanos y miembros del grupo cultural Calpulli Tecoanichan se extrajeron sangre que utilizaron para escribir en una manta la leyenda: “Alto al exterminio de nuestra cultura”.
Encabezados por el promotor cultural, Gelacio Gática Sánchez los inconformes afirmaron que se quedarán en plantón frente a la sede del IGC en protesta porque hasta el momento el secretario general de gobierno, Armando Chavarría Barrera, la titular de la secretaría de Desarrollo Social, Gloria Sierra López y la encargada del sector cultural, Laura Lopezvictoria “sólo se están echando la bolita y no definen si le van a entrar para la creación del instituto”, expresó molesto el promotor.
Esto porque que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), autorizó 5 millones de pesos para este proyecto. Aseguró que diversas organizaciones no gubernamentales están dispuestas a otorgar 2 millones de pesos y el grupo cultural Calpulli Tecoanichan dispone de medio millón de pesos para la construcción del instituto en la sede del Casino del Estudiante.
Ante la mirada de curiosos y agentes de gobernación municipal que solicitaron que no bloquearan el paso peatonal en la plaza cívica primer Congreso de Anáhuac, el promotor cultural, Catuza, elaboró frente al edificio gubernamental un temazcal con estructura de bambú y cubierto de petate.
Forman la comisaría indígena en la Unidos por Guerrero; no llegó Kuri
Buscan pavimentar calles e introducir servicios para la colonia
Magdalena Cisneros Aún sin la validez oficial, integrantes del Comité Ciudadano de la colonia Unidos por Guerrero –en la parte alta de la colonia Sinaí– formaron una comisaría municipal indígena.
Los vecinos esperaron al subsecretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Kuri Sánchez, quien según lo que informó uno de los integrantes del comité, Santiago García Reyes, luego de recibir la invitación a la toma de protesta se comprometió a asistir.
Los integrantes de la comisaría municipal indígena –que se regirá por usos y costumbres, donde tendrán una amplia responsabilidad los principales, que son las personas adultas mayores–, reconocieron que les falta presentar al gobierno municipal el proyecto de trabajo, pero dijeron que “lo único” que desean del gobierno municipal es su reconocimiento.
Los colonos informaron que el sábado pasado, cerca de las siete de la noche, el secretario de organización del PRD municipal, Miguel Flores Leonardo acudió al lugar, y de forma simbólica tomó protesta al comisario, José García Galdez y a sus acompañantes.
El campesino García Galdez, de 68 años, originario de la comunidad de San Miguel La Victoria, en el municipio de Xalpatlahuac, en la región de la Montaña, dijo que en la colonia “hay mucho por hacer, tenemos que arreglar la calle, el drenaje, tener un módulo de policías, apenas estamos empezando, pero creo que se van a hacer las cosas”.
Dijo que ser comisario será “igual, lo mismo que un delegado, nada más que esos están en colonias”.
La comisaría indígena de la colonia Unidos por Guerrero, sería la primera en el puerto de Acapulco, aunque existe una más en el poblado de San Martín El Jubero, donde hablan el tlapaneco.
También tomaron protesta el comisario suplente Emiliano Candia Vivar, la secretaria municipal Patricia Hernández Gutiérrez, además de dos mensajeros, 2 comandantes y cuatro policías para ayudar al comisario.
El presidente del Comité Ciudadano, Jacinto Hernández Martínez precisó que no pertenecen a ningún partido político: “aquí no hay partido, el propósito es no afectar al ayuntamiento sino conseguir recursos del gobierno federal, estatal y del Instituto Nacional Indigenista (INI) para destinarlo a la pavimentación, agua potable, centro de salud indígena y otros beneficios”.
Por último pidió al gobierno municipal el reconocimiento de la comisaría municipal indígena, porque “es todo lo queremos”, indicó.
