Intervendrá Nestora ante Gobernación por indulto a sobreviviente de Aguas Blancas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares del preso y sobreviviente de la masacre del vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Antonio Barragán Carrasco, y la dirigencia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), pidieron ayer al gobierno federal su libertad mediante el indulto.
El integrante de la OCSS fue visitado ayer en el penal de Atlacoloaya, Morelos, por la senadora por Morena, Nestora Salgado García, sus familiares, dirigentes de la OCSS, abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la activista Silvia Castillo.
La dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino, declaró por teléfono que después de la visita, la senadora Salgado García se comprometió a intervenir ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján para que tengan una reunión con ella y le exponga la petición del indulto para Barragán Carrasco.
El integrante de la OCSS, fue detenido en el 2001 en San Quintín, Baja California, donde se encontraba trabajando como jornalero agrícola, sin una orden de aprehensión y fue torturado para que se declarara culpable del delito de secuestro y homicidio, recordó Norma Mesino.
Informó que el objetivo de la visita de ayer fue para reanimarlo “y decirle que estamos pidiendo a los diputados y senadores que se sumen a la campaña por su libertad y soliciten una reunión con la secretaria de Gobernación y con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco para que autoricen el indulto.
“Nosotros pedimos el indulto como un acto de justicia, no como un perdón, sino como un acto de justicia para él, para su familia y para la organización de la OCSS”, aclaró la dirigente social.
Informó que Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena, éste también miembro de la OCSS y sobreviviente de la masacre del Vado de Aguas Blancas, están dentro de la lista de presos que serían beneficiados con su libertad por la Secretaría de Gobernación mediante el indulto.
Pero reprochó que hace falta voluntad política del actual Gobierno federal “porque en reiteradas ocasiones el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas son inocentes, que son presos políticos y que van a salir en libertad, pero los hechos son otros”.
Explicó que, por ejemplo, de los cuatro presos de la OCSS, ya fueron liberados dos; Gerónimo Hernández Refugio pero éste porque cumplió una condena de 20 años, en tanto que Gilberto Aguirre Bahena fue liberado porque alcanzó su preliberación.
Indicó que también está por salir Orlando Ávila Mesino, pero igual, porque alcanza su preliberación, sin embargo su caso se ha retrasado porque los jueces de Acapulco han puesto como pretexto que no están trabajando por la devastación del huracán Otis.
En tanto que de Antonio Barragán Carrasco, están pidiendo el indulto “porque es la única manera de que sea puesto en libertad para hacerle justicia”.
Norma Mesino informó que el compromiso de la senadora Salgado García fue seguir insistiendo en una reunión con la secretaria de Gobernación Alcalde Luján para exponerle el caso.
Agregó que también se comprometió a hacer una segunda visita al preso con una comisión de senadores para ir recabando testimonios y sensibilizarlos con el fin de que se sumen a la petición de su libertad.
La dirigente de la OCSS informó que hace un mes la Guardia Nacional le realizó a Antonio Barragán Carrasco la prueba de Estambul y resultó positivo en medicina, fotografía y en sicología.
En la visita al preso que inició a las 11 de la mañana, estuvieron también además de la dirigente de la OCSS, Norma Mesino, la madre de Antonio, Librada Carrasco Benítez y su hermana Nely Barragán Carrasco.

 

No los ayudan a hallar a sus familiares desaparecidos en dos embarcaciones

Familiares de personas desaparecidas en un yate durante el huracán Otis, esperan noticias de su paradero en un campamento improvisado en la Rotonda de los Hombres Ilustres junto al Paseo del Pescador Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Familiares de la señora María Delgado, su hijo Luis Herrera, su nieto Luis Alberto y otro de hijo de su esposo, Marcelino Herrera, desaparecidos de dos embarcaciones hundidas por el huracán Otis, denunciaron que las autoridades no los han ayudado con la búsqueda en el mar.
Los capitanes de yates de recreo “tienen la consigna de estar pendientes de las embarcaciones”, y por eso el capitán y su familia estaban dentro de los navíos anclados cerca de la rotonda de los Hombres Ilustres durante el paso del huracán, indicó una hija de María, Reina Sarabia.
El Sur publicó en su edición de este lunes la historia del matrimonio de Vicente Herrera y María Hilaria Delgado Valdovinos, quienes se volcaron en el yate del que era capitán Vicente, junto con sus hijos Luis Sebastián Herrera Delgado y Marcelino Herrera, y su nieto Luis Alberto. El único que sobrevivió fue Vicente, capitán de una de las embarcaciones.
Este martes, una hija de María Hilaria, Reina Sarabia, precisó en declaraciones a El Sur en la rotonda de los Hombres Ilustres que eran dos embarcaciones, en una iba toda la familia de Vicente y su mamá, y en la otra iba Marcelino Herrera.
Vicente Herrera se llama realmente Inocente, pero también lo conocen por el primer nombre, expuso Reina.
Dijo que a sus cuatro familiares no los han podido encontrar “en ninguna dependencia, no han flotado. Entonces, la petición es que nos apoyen con buzos especializados que pudieran bajar a la profundidad del mar para revisar si nuestros familiares, a lo mejor estén dentro de los yates”.
“Hasta el momento no hemos tenido pues el apoyo realmente de la presidenta (Abelina López Rodríguez), hemos estado ya siete días en este lugar, específicamente, ha sido nuestro punto de reunión”, agregó.
Contó que “los únicos que se han acercado son de la Marina, pero pues han hecho búsquedas en el trayecto del mar, pero no los han podido encontrar. Han venido buzos, uno o dos, pero realmente no han encontrado nada”.
Los marinos les han comentado “que el agua está muy turbia y a ellos se les dificulta bajar y ver porque, al final, nos comentan, es algo peligroso para ellos”.
Pidió que los resultados de las pruebas de ADN que les hicieron en el Servicio Médico Forense (Semefo) no tarden 15 días como les anunciaron, para ver si deben de acudir a otros lugares a reconocer los cuerpos.
Yadira Nava Romero, esposa de Marcelino Herrera, pidió que buzos y más embarcaciones salgan a buscar a sus familiares abajo del mar “o entre las piedras”.
Indicó que los yates en los que estaban ese día estaban cerca del Acarrey y el Bonanza, “aquí derecho, ahí tenían sus bollas”, indicó con su brazo hacia el mar.
Contó que su suegro Inocente Herrera “se le soltó el cabo un poquito antes de que empezara lo feo y él se tuvo que meter mar adentro, para irse a refugiar a La Marina, pero pues no alcanzó llegar allá y desgraciadamente naufragó mero ahí, en medio pues. O sea, es cuando sus embarcaciones se les hundieron”.
Dijo que Inocente “está un poco delicado, porque tuvo muchos golpes, o sea, ya le hicieron radiografías”. Su nuera se quejó que las autoridades no le han preguntado si necesita medicinas, “ya ve, todo está en desabasto”.
Denunció que las “autoridades no se han venido a parar aquí, la verdad, el gobierno, nada. Yo sé que somos muchos los necesitados, porque en las colonias dicen que también hay mucha gente desaparecida, enterrada y todo, pero también necesitamos el apoyo y ni han venido”.
Comentó que otros familiares de Marcelino fueron a buscarlos a Iguala, porque les dijeron que allá fueron trasladados algunos heridos. Y si no los encuentran ahí, entonces irán a la Ciudad de México a hallarlos.
María Delgado tiene 55 años, su hijo Luis Sebastián Herrera Delgado tiene 8 años, su nieto Luis Alberto López Sarabia tiene 4 años, y Alejandro Marcelino Herrera Ramírez, hijo de Inocente, tiene 31 años.

 

Hubo ayer cinco ejecutados en Chilapa, entre éstos una mujer; es pelea por el territorio, dice Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que el asesinato de cinco personas cerca en Chilapa, encontradas la mañana de este viernes, fue debido a una confrontación por “los controles del territorio”.
En declaraciones, dijo que es principalmente porque “son regiones en donde hay una gran confrontación por los controles del territorio, son territorios en donde se compite por el control y el trasiego de la amapola y esto ocasiona este tipo de crímenes colectivos”.
Sobre las expectativas de las vacaciones de diciembre, el gobernador Astudillo reiteró que espera que vaya bien y ha tenido reuniones para revisar punto por punto de todos los pendientes para que la operación del gobierno, fundamentalmente la de fin de año, camine.
“Entonces creo que estamos llegando a un momento normal en lo administrativo, ojalá que la violencia también nos deje llegar sin mayores problemas”, comentó.
En el lugar se le preguntó sobre los trabajadores de la mina Media Luna en paro, y respondió que espera que regresen a laborar, “ayer tuvieron una especie como de reunión en donde preguntaron, y bueno, ya hubo ahí alguna comunicación… Nosotros participamos en la reunión la semana pasada, fue uno lo puntos que se acordaron que se iban a hacer, esperamos que sigan las cosas caminando bien, para que pronto esa minera vuelva a trabajar.
Tres hombres y una mujer asesinados a balazos, maniatados por la espalda, fueron encontrados en Las Antenas, en la carretera federal Chilapa-Tlapa, a unos 20 minutos de la primera cabecera municipal, mientras que un cráneo humano fue hallado en la colonia Progreso, en esa misma ciudad.
En lo que va del año, suman 219 homicidios en el municipio de Chilapa, según un recuento de la información publicada en El Sur.
En un primer momento autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que eran cuatro hombres y una mujer asesinados a balazos, pero por la tarde las autoridades confirmaron que eran tres hombres y una mujer los ejecutados, uno más estaba herido de bala.
Luego fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 11:40 de la mañana recibieron el reporte de que había cinco personas asesinadas en ese lugar, a donde llegaron policías municipales, estatales y militares, quienes hallaron los cuerpos en la orilla de la carretera.
Todos estaban boca abajo, la mujer vestía una blusa rosa, pantalón negro y zapatos negros, uno de los hombres vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y botas negras, otro traía una camisa negra, pantalón de mezclilla azul y botas negras, uno más tenía una camisa blanca y pantalón de mezclilla azul y el último portaba una sudadera café, pantalón de mezclilla azul y guaraches. Uno aún estaba vivo y fue trasladado al hospital general de Chilapa.
La zona fue acordonada por policías municipales y estatales, y peritos de la FGE hicieron las diligencias de ley.
Los cuatro cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó la tarde de ayer en un comunicado que agentes de la Policía del Estado hicieron un recorrido, y que en La Herradura hallaron los cinco cuerpos que tenían amarrados los pies y manos, “de las cuales tres hombres y una mujer no tenían signos vitales, y el de otro hombre que estaba con vida”.
Álvarez Heredia explicó que el herido fue trasladado a un hospital de Chilapa donde su estado de salud se reportó como grave.
Agregó que la Fiscalía y el Ministerio Público iniciaron la carpeta de investigación 12040190100529151217 por el delito de homicidio contra quien resulte responsable.
En otro hecho un cráneo fue encontrado en la Calle 10 poniente en la colonia Progreso en Chilapa.
Fuentes de la SSP informaron que a las 4:30 de la tarde recibieron un reporte de que había un cráneo humano en este asentamiento.
El cráneo fue trasladado al Semefo de Chilpancingo para las pruebas de ADN para su identificación.

Los gobiernos federal y estatal son omisos con las víctimas de la masacre de El Charco, dice el relator de la CIDH

 

El relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, señaló que los gobiernos de México y de Guerrero son omisos e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas contra las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla.
Ayer en un diálogo con representantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, durante las audiencias del organismo en Panamá, la organización civil que solicitó la apertura del caso ante el organismo internacional, informó del acercamiento con el comisionado en el 159 periodo de sesiones públicas de la CIDH, mediante un breve comunicado.
En este diálogo la sobreviviente de la masacre, Ericka Zamora Pardo habló de la tortura a la que fue sometida por el Ejército, luego del ataque de militares a una escuela en donde ejecutaron a 10 indígenas na savi y al estudiante Ricardo Zavala, el 7 de junio de 1988.
Recordó que hay una petición de justicia ante la CIDH que interpusieron los sobrevivientes, y el señor Gil Botero reconoció la importancia de que el caso “tenga un informe de fondo, ya que han pasado más de 16 años de los hechos y los sobrevivientes de la masacre se encuentran en total desprotección y con las secuelas de la tortura que sufrieron”.
Agregó que “tanto el gobierno del estado de Guerrero como el gobierno federal son omisos a esta masacre, e invisibilizan la injusticia, las ejecuciones extrajudiciales y torturas de las que fueron víctimas la y los sobrevivientes de esta masacre”.
Los abogados de los sobrevivientes, Ernesto Rodríguez y Magdalena López, denunciaron que la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos, el acoso a las y los activistas y las ejecuciones son continuas.
Aseguraron que la admisibilidad de este caso en la CIDH será un precedente que frenará la violencia que se vive día a día, porque es necesario frenar ya las ejecuciones.
Antes, la Red informó que había vencido el plazo para que el gobierno mexicano respondiera ante la CIDH sobre lo ocurrido el 7 de junio de 1988 en El Charco, Ayutla.
En otras comunicaciones reveló algunos aspectos de la respuesta de los militares, que no reconocen los 11 asesinatos, a pesar de que las víctimas tenían tres y hasta 10 tiros de bala, y justifica la matanza porque al final de la agresión encontraron cuatro armas largas, cartuchos de diferentes calibres, cobertores, vestimentas verdes y libros insurgentes.