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Bloquean policías capitalinos despedidos la autopista; exigen su finiquito completo

Unos 22 de los 24 policías municipales despedidos y sus familiares bloquearon más de 20 minutos los carriles sur-norte de la Autopista del Sol y el entronque de la carretera federal con dirección hacia Acapulco, para exigir al presidente municipal de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena, que los liquide conforme a los años laborados, porque el Ayuntamiento pretende rasurar el monto de la liquidación que les corresponde.
A las 11 de la mañana, los policías y sus familiares atravesaron tres camionetas para impedir el paso a los automovilistas y desplegaron pancartas en las que se leía, “MAL no me ofrezcas tus migajas”, “Nunca comprobaste el motivo de nuestras bajas”, “Te comprobamos que Efraín Zúñiga es una rata”, “Esposas e hijos apoyando”, “Somos 24 policías municipales cesados injustamente”, “Basta ni un día más”.
El ex policía municipal Francisco Limón Tomás dijo que después de su protesta de la semana pasada en el Palacio municipal, se reunieron con el secretario general del Ayuntamiento, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, quien les presentó la planilla de liquidación, donde se especifica cuánto le corresponde a cada policía despedido de acuerdo a los años laborados, así como el pago de un bono de vivienda de 11 mil pesos que se les adeuda desde 2015.
Comentó que a una compañera que laboró siete años en la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el Ayuntamiento le está ofreciendo la liquidación de 78 mil pesos, sin embargo, de acuerdo a la planilla de liquidación que elaboró el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la policía despedida le corresponden 138 mil pesos, “nos están rasurando la liquidación… por eso es nuestra inconformidad”, manifestó.
“En esa reunión que tuvimos con Morlet Berdejo nos entregó el documento… pero nos están robando a cada uno unos 50 mil y 60 mil pesos, por eso exigimos que nos page lo que nos merecemos, nada más”, declaró.
Limón Tomás señaló que él aceptó la cantidad que le ofreció el Ayuntamiento, sin embargo, “yo he buscado al señor Morlet Berdejo para que me liquide, me cita que el lunes, pasado mañana y la otra semana, así me lleva, pero nunca me atiende para pagarme”.
Otro policía despedido, quien se reservó su nombre, comentó que le informaron compañeros de la SSP del municipio, que a los 24 policías que fueron dados de baja les siguen pagando su salario de enero y febrero, y exigió al alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena que investigue esta irregularidad y que les paguen las cuatro quincenas que les adeudan en los dos meses.

Bloquean padres de un kínder en la capital un puente tras enfermarse por beber agua de pipas

Padres de familia del jardín de niños Nicolás S. Naime, bloquearon más de dos horas el puente El Capricho, de la colonia del PRI en la capital, para denunciar que 10 niños y una maestra se enfermaron tras beber agua de pipas, luego de que se instaló un filtro y se dejaron de comprar garrafones.
Unos 30 manifestantes afirmaron que, hace 15 días se instaló un filtro en la escuela para dejar de gastar en garrafones, pero los niños comenzaron a enfermarse, algunos se intoxicaron y otros tuvieron enfermedades gastrointestinales, y creen que esto se debe a que el agua está contaminada y el filtro es insuficiente.
La protesta en el puente, que pasa por encima de la Autopista del Sol, comenzó a las 9:40 de la mañana y terminó al mediodía.
Los padres portaban pancartas en las que se leía, “Mi hijo está alimentado y tomando agua de pipas”, “Solución al problema de salud del jardín de niños” y “Jefa de sector Rosaura Paredes Sánchez pedimos venga a desayunar con los niños”.
La presidenta del Comité de Participación Social de padres de familia, Celsa Soriano Jiménez denunció que los padres de familia y maestros no fueron tomados en cuenta para que se instalara el filtro.
Explicó que la orden la dio la jefa de sector, Rosaura Paredes Sánchez, y que desde que tienen el filtro comenzaron los problemas de salud, y que se debieron hacer pruebas para ver si el agua que se tiene es apta para tomar.
El jardín de niños se encuentra ubicado en la colonia del PRI, al que acuden por lo menos 180 niños, y es una escuela de tiempo completo.
Además Soriano Jiménez dijo que desde hace seis meses que no cuentan con directora en la institución, “al no tener directora estuvieron a punto de perder el presupuesto para la escuela que es de tiempo completo, el monto era de 67 mil pesos”.
”Los padres exigimos un director para que se tenga la comunicación directa y solucione los problemas de la institución, también queremos que venga regulación sanitaria para que verifique la calidad del agua, para que nos digan qué es lo que pasa, porque desde que se instaló el filtro comenzaron los problemas”, resaltó.
Al lugar acudió el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas, y funcionarios de educación, quienes entablaron una mesa de diálogo con los padres de familia. A las 12 del mediodía los manifestantes se retiraron del lugar.

 

Protestan defraudados por una constructora en la capital; piden que intervenga el gobernador

Unos 30 vecinos del fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce protestaron en Casa Guerrero y en Palacio de Gobierno, para exigir que el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores intervenga ante el fraude a 200 familias que compraron ahí sus casas en 2010.
Los vecinos, en su mayoría mujeres, se reunieron con pancartas en la puerta 2 de Casa Guerrero para exigir una audiencia con el gobernados en la que plantearían el problema que enfrentan desde 2010.
Ante la llegada de los manifestantes, que permanecieron afuera de Casa Guerrero 30 minutos, policías antimotines se plantaron en la entrada principal de la residencia.
En el lugar, una de las vecinas defraudadas, Gabriela Benítez Rodríguez explicó que los contratos establecían que les entregarían las casas 18 meses después de la firma, pero al llegar la fecha, la empresa Bode Constructora no había construido todas las casas y abandonó la obra.
En octubre de 2012, los vecinos ocuparon las pocas viviendas que estaban construidas, mientras que otros se apoderaron de los terrenos, y demandaron por la vía civil a la empresa Bode Constructora. Por su parte, la empresa también demandó a seis vecinos, para ponerlos como “incumplidos”, denunciaron. “Ahora, para que resulte más grave esta situación nos esta demandando por despojo a quienes estamos en posesión de nuestras casas”, agregó.
Indicó que los vecinos que están ocupando sus casas pagaron puntualmente sus mensualidades como las estableció la empresa, e incluso algunos que pagaron de contado su casa.
“Parece que la Fiscalía (General del Estado) se está prestando al juego de la empresa, aun cuando se trata de una situación civil; a grandes rasgos, esto es por lo que pedimos la intervención del gobernador”, explicó.
La propuesta de los vecinos es que la empresa se desista del ataque directo y que cumpla la construcción completa de las casas para las 200 familias afectadas.
El fraccionamiento Club Residencial Palo Dulce se ubica en la parte sur de la ciudad, en un predio detrás del Palacio de Gobierno, y en el viven médicos, abogados, maestros, enfermeras y burócratas, entre otros sectores de profesionistas.
Tras protestar en Casa Guerrero, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, luego de que los policías antimotines les indicaron que ahí no serían atendidos.
En Palacio de Gobierno iniciaron su protesta a las 5:30 de la tarde, que duró más de 25 minutos, ya que los recibió en la puerta principal el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, con quien se estableció una mesa de diálogo para darle seguimiento al caso.

Incumple la Sedatu su compromiso de liberar bonos para construir casas de integrantes del FDP

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no liberó, en la primera semana de enero como prometió, los bonos para construir 317 casas de integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP), luego de que la delegación no entregó a tiempo la documentación en las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México en octubre.
El 19 de diciembre, integrantes de la organización se manifestaron afuera de las instalaciones de la delegación y bloquearon el bulevar del río Huacapa porque la delegación de la Sedatu no entregó a tiempo la documentación para solicitar bonos para viviendas, cuando en otros estados ya incluso los habían liberado.
Ese día se reunieron con representantes de la Sedatu que les dijeron que enviarían nuevamente la documentación de uno de los cuatro grupos que se formaron para entregar los documentos, y que para el martes enviarían el resto para que, a más tardar en 15 días liberaran los bonos, y en enero compraran los materiales de construcción. Se cumplió el plazo y no sucedió.
Consultada telefónicamente la dirigente de la organización, Clemencia Guevara Tejedor informó que no les liberaron los bonos, y por ellos, sus representantes nacionales acudirían a una reunión en la Ciudad de México al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), donde preguntarán qué pasó con los apoyos para el FDP en Guerrero.
Agregó que temen que no les den los bonos pretextando las reformas estructurales y el alza de los precios de la gasolina.
“Con todo lo que está sucediendo en el país nos queda claro que la intención no es resolver los problemas de la ciudadanía sino agravarlos, y eso ya lo veníamos anunciando desde antes, que las reformas estructurales no nada más perjudicaban a los maestros, perjudicaba a todos; el terrorismo de estado que están sembrando… están sembrando psicosis y tratan de involucrarnos (diciendo) que somos las organizaciones que andamos saqueando, cuando no es así”, acusó.
Guevara Tejedor también asegura que no los han citado para hablar sobre la persecución de hombres armados en una camioneta que los siguieron en Tierra Colorado, luego de que el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas les prometió que este mes se reunirían con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Informa el FDP que la Sedatu liberará en este mes sólo el 50% de los bonos para casas que piden

Al Frente de Defensa Popular (FDP) Francisco Villa, sólo le liberarán el 50 por ciento de los bonos de vivienda que gestionó y que debieron ser aprobados ya en su totalidad, luego de que la delegación de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, no envió a la Ciudad de México los documentos que les solicitaba la dependencia federal para hacer el trámite.
El lunes, integrantes del FDP protestaron afuera de las instalaciones de la Sedatu para reclamar que, pese a que desde octubre entregaron la documentación de 317 compañeros para que se tramitara en la Ciudad de México su petición de vivienda, les avisaron que los bonos para comprar los materiales ya habían sido liberados en todos los estados que los solicitaron, menos en Guerrero porque la delegación en el estado no envió la documentación a tiempo.
Consultada telefónicamente, la dirigente del FDP, Clemencia Guevara Tejedor recordó que en una caravana nacional, gestionaron las casas que aún no tienen. Señaló que los peticionarios nuevamente enviaron la documentación para continuar el trámite, que incluso ayudaron a capturar la información, cuando eso ya no tenía que hacerse, pues sólo correspondería entregar los  documentos.
Luego de reenviar la documentación, en la delegación les informaron que este mes les liberarán el 50 por ciento de los bonos, y que el resto deberán esperar hasta enero, refirió.
“Se tenía que haber hecho todo junto, pero el recurso no se gestionó a tiempo, eso fue lo que complicó (el proceso), y todo porque no mandaron en tiempo y forma nuestros planes de trabajo a México”, reprochó Guevara Tejedor.

En enero los recibirá el gobernador para hablar del acoso que han sufrido, dicen

El lunes. Guevara Tejedor también denunció que el domingo,  cuando venía de Atoyac, en Tierra Colorado hombres armados en una camioneta los siguieron, pero pudieron perderlos al pasar la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.
Dijo que se acercó a ellos el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas y les dijo que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, los recibirá para hablar del asunto en enero. “Entonces mientras andamos desamparados”, lamentó.

Protesta el MPG en Palacio de Gobierno; les cancelaron las reuniones con el gobierno, dicen

Unos 50 integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se manifestaron en la puerta principal del Palacio de Gobierno en esta ciudad para exigir la libertad de los presos políticos, y respeto a los derechos laborales de los maestros.
A las 11:30 de la mañana los manifestantes colocaron lonas en las escalinatas del Palacio de Gobierno en las que se observaron las fotografías de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, las siglas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), las del MPG y otras organizaciones sociales.
Consultada durante la manifestación, la integrante de la comisión de Convergencia de la CETEG, Adriana Catalina Sánchez informó que el gobierno estatal canceló las mesas de trabajo acordadas con el MPG hace tres meses cuando se debía atender al magisterio disidente, por lo que “están estancadas” las demandas y su solución.
Señaló que las demandas principales del MPG es que se reincorpore a los 951 maestros que fueron cesados por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por no evaluarse y faltar a sus centros de trabajo más de tres días, así como que se respeten los derechos laborales de los maestros y su estabilidad laboral.
Por otra parte, dijo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ), Robespierre Robles Hurtado suspendió en dos ocasiones las mesas de diálogo del MPG en las que se pediría que los seis policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, fueron liberados bajo fianza de la cárcel de ese municipio el 12 de mayo de este año ya no tengan que firmar en Tlapa sino en Ayutla.
Los policías comunitarios son los indígenas na savi Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, quienes fueron detenidos el 21 de agosto de 2013 en una aparatosa operación de la Marina, el Ejército y policías federales durante el periodo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Dijo que las mesas de trabajo se suspendieron cuando era el turno de la CETEG opositora de exponer sus demandas ante las autoridades y reprobó la actitud del gobierno estatal que a la fecha no se ha reunido con los maestros que mantienen el plantón en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Una comisión del MPG se reunió con el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, y el director de Gobernación, Jesús Vargas Vargas, y se les informó de las demandas de las organizaciones sociales. En la reunión se acordó que los representantes del gobierno estatal recibirán nuevamente a la comisión este miércoles a las 11 de la mañana para concretar la fecha en que el gobernador Héctor Astudillo Flores atenderá a los dirigentes. La manifestación concluyó cerca de las 4 de la tarde.

Rompen tres regidores y el síndico de Apango con la alcaldesa ante la opacidad y el desabasto de agua

 

Tres regidores y el sindico del municipio de Mártir de Cuilapan, con cabecera en Apango, rompieron con la presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez, del Movimiento Ciudadano, ante la falta de transparencia en el uso de los recursos y el desabasto de agua a la cabecera municipal.
El conflicto en el cabildo ocurrió en una reunión la tarde del miércoles, a la que acudió la coordinadora de Fortalecimiento Municipal, Gisela Ortega Moreno.
La reunión había sido convocada para dar seguimiento al asunto de la escasez del agua en la cabecera municipal, a raíz de que los pobladores de la comunidad de Zotoltitlán cerraron las válvulas y dejaron sin el servicio a unos 8 mil vecinos de Apango, en febrero.
De entrada, el síndico municipal, Benito Sánchez Ayala, y los regidores Edelmira del Moral Miranda, María del Rosario García y Humberto Palacios, propusieron que informara y presentara la documentación de su cuenta pública, porque ellos no conocen en qué términos se gastó el dinero del presupuesto del primer semestre de la actual administración.
Asimismo, le exigieron responder a un documento que entregaron en la reunión anterior, en la que además de la coordinadora de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado, Ortega Moreno, estuvo el director de Gobernación estatal, Jesús Vargas Vargas.
En el escrito que presentaron en la reunión anterior, recordaron que pidieron una reestructuración de la administración municipal, que consiste en el cambio del apoderado legal del Ayuntamiento; un informe del aforo y análisis del pozo de agua; información de 20 millones de pesos que no comprueba, retiro de sus familiares de la nómina, información del proyecto de inversión 2014 y transparentar el padrón del fertilizante.
La petición del síndico y los tres regidores, que plantearon al inicio de la reunión, provocó el enojo de la alcaldesa y, según el síndico, la edil pretendió suspender la asamblea, con el argumento de que no había condiciones para continuarla.
Según los regidores, la reunión no sólo era para resolver el problema de la escasez del agua, sino también para que la presidenta aclarara “irregularidades financieras y administrativas de las que estaba señalada para lograr un pacto social” entre los integrantes de la comuna.
Antes de entrar en la discusión del tema central, pidieron a Muñiz Gómez que informara sobre el oficio que le hicieron llegar las comisiones el sábado 5 de marzo, en donde le piden que compruebe más de 20 millones que ejerció en su primer periodo para la unidad deportiva, el corral de toros y el pozo profundo, gastos que todavía, según le reprocharon, no ha comprobado.
El resto de los vecinos protestaron ante la opacidad con que maneja los recursos Muñiz Gómez, lo que provocó que la alcaldesa diera por terminada la reunión, sin que se agotara la orden del día; uno de los puntos pendientes, que era el motivo de la reunión, fue el de la escasez de agua en la cabecera municipal.