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Acuerda el gobierno con comisarios que tolerará a la nueva autodefensa si ya no bloquea carreteras

Los comisarios de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco se reunieron con el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, con quien acordaron buscar mecanismos para que la autodefensa que crearon el domingo opere sin violar la ley.
La reunión fue a puerta cerrada en una oficina de la Secretaría General de Gobierno, comenzó a las 11 de la mañana y terminó casi a las 2 de la tarde.
Estuvieron además mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.
Los comisarios encabezados por el de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, presentaron un diagnóstico de la inseguridad en esas comunidades que son entrada a las minas Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y que explota la minera Leagold, que en enero pasado la compró a Gold Corp, aunque ésta sigue teniendo activos pues el 30 por ciento de la venta total lo pagó Leagold en acciones.
También se encuentra en la zona la mina Los Guajes/El Limón, municipio de Cocula, cerca de Nuevo Balsas que explota la minera Media Luna, filial de la también canadiense Torex Gold.
A cambio de la “tolerancia” del gobierno a la policía comunitaria que se conformó en esos pueblos, los comisarios se comprometieron a no hacer más bloqueos a la carretera federal, como el del domingo pasado durante casi una hora en el entronque a Mezcala.
El lunes los comisarios informaron que la reunión la tendrían con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sin embargo ayer fueron atendidos por el subsecretario Maldonado del Moral.
Al salir de la reunión el comisario Ávalos Ferrer, quien fue el único que declaró el domingo durante la marcha y el bloqueo a la carretera federal, fue evasivo con los reporteros.
–¿Cuáles fueron los acuerdos de la reunión?
–Todo está bien–, respondió.
–¿Seguirá funcionando su policía comunitaria?
–Sí, por supuesto.
–¿Que les dijo el subsecretario?
–Vamos a esperar hasta el próximo martes.
–¿Se van a volver a reunir?
–Sí.
El comisario fue consultado cuando salía de la explanada del Palacio de Gobierno, iba acompañado de otros comisarios de comunidades de la zona, quienes siguieron caminando a prisa sin esperarlo.

La violencia se agravó en la zona en los últimos tres años

Otro de los comisarios que pidió el anonimato informó que en la reunión presentaron un diagnóstico de la situación de violencia que viven las comunidades de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri, así como la colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco.
Dijo que justificaron la formación de la policía comunitaria porque a pesar de la presencia de militares y policías estatales han ocurrido hechos de violencia, y el problema se agravó en los últimos tres años.
Aseguró que el subsecretario de Gobierno les ofreció buscar juntos los mecanismos para que los civiles armados no actúen fuera de la ley, y por lo pronto se comprometió a que los gobiernos federal y estatal no los desarmarán pero que eviten actuar fuera de sus comunidades.
“La reunión fue de carácter informativo, explicamos el por qué se crea la policía comunitaria, le dijimos que fue por la ola de violencia que ha prevalecido en Carrizalillo y Mezcala”, informó.
Relató que otros comisarios denunciaron que en sus comunidades se han incrementado las extorsiones, el robo de autos, que también hay homicidios, y que la violencia en esa zona se está convirtiendo en una “crisis social”.
Agregó que por ello las nueve comunidades “apoyaron” a Mezcala en la formación de la policía comunitaria, pero que ayer les dijeron a las autoridades estatales y federales que “siempre van a actuar coordinados con las instituciones de gobierno, tanto federal y como del estado”.
Dijo que aceptaron que se van a regir bajo una normatividad de la Secretaría de Gobierno, aunque no definieron si se incorporarán a la Policía Rural u operarán bajo otra figura.

Se reúne seis horas la minera Media Luna con el alcalde de Cocula; ofrece una enfermera y máquinas de coser

Representantes de la minera Media Luna se reunieron en privado con el alcalde de Cocula, Érik Ulises Ramírez Crespo y con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, para continuar la mesa de negociaciones instalada tras los bloqueos de pobladores de Real de Limón y La Fundición.
El encuentro fue privado en la Secretaría General de Gobierno, duró 6 horas y el gobierno del estado fungió como únicamente mediador para dar solución a las peticiones de los vecinos.
El 12 de febrero, pobladores de Real de Limón y La Fundición retiraron el bloqueo que mantenían en la entrada de la empresa Media Luna, a dos meses de que comenzara la protesta en demanda de indemnización por daños al río ocasionado por la minera. Entonces acordaron una mesa de diálogo con autoridades estatales y los representantes de la minera canadiense para terminar el bloqueo.
En el encuentro de ayer se acordó que una de las salas de usos múltiples de las comunidades será adecuada para que una enfermera revise a los vecinos, que pudieran tener alguna enfermedad.
También se planteó mejorar el camino a las comunidades mediante la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), para que revisen el entronque con la puerta 3 de la minera y el camino a Real del Limón.
Para las dos comunidades se planteó la revisión de sus viviendas, ya que tienen filtraciones y daños, por lo que se hará una evaluación general de las condiciones en las que viven.
A los de Nuevo Balsas les darán máquinas de coser industriales, para que se instale un taller de corte y confección que pagará la empresa minera.
También se reparará una de las piletas de agua que suministra a Nuevo Balsas, que tiene daños y provoca el desabasto a las viviendas.
Debido a que la reunión fue privada no se pudo saber los demás temas que se abordaron en las 6 horas, pero se informó que la mayoría están en negociación.

Exigen al gobierno financiamiento de proyectos productivos para 15 municipios

Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) sostuvieron una mesa de trabajo con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, solicitaron financiamiento para proyectos productivos para campesinos de 15 municipios.

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la reunión en la sala de juntas Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, una comisión de 10 integrantes de la Cocyp urgió a las autoridades la dotación de recursos para proyectos productivos para familias de campesinos.
Uno de los integrantes, Eliseo Alonso Astudillo dijo: “necesitamos apoyos que ayuden a la economía familiar, a esos grupos vulnerables, en este caso (con) proyectos de granjas de traspatio, huertos de traspatio y apoyo de láminas a bajo costo para mejorar la vivienda de nuestros agremiados”.
Afirmó que los campesinos considerados para ser beneficiados son de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapa (Apango), Tixtla, Eduardo Neri (Zumpango), Coyuca de Benítez, Acapulco, San Marcos, Atoyac de Álvarez, Copala, Azoyú, Zitlala, Iguala y Tlapehuala.
En la reunión participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, de Obras Públicas, Desarrollo Social, del Instituto Estatal del Emprendedor y la Secretaría de Asuntos Indígenas.
La organización campesina sostuvo la urgencia de que el gobierno del estado por medio de cada una de sus dependencias capacite a los integrantes de la organización para presentar proyectos productivos viables para sus comunidades.
También propusieron mejorar las
viviendas en las comunidades indígenas con programas de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.
La reunión duró cerca de una hora y media, y los funcionarios informaron a los representantes de la Cocyp que les ayudarían en los próximos meses para revisar sus solicitudes.
Eliseo Alonso Astudillo afirmó que espera que el gobierno estatal les dé resultados tangibles a las peticiones que hicieron, ya que desde el año pasado hicieron algunas y sí lograron un resultado positivo.

Denuncia Nicolás Chávez orden de aprehensión en su contra y acusa al gobernador de estar detrás de ella

 

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame denunció que le giraron orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en febrero de 2014, en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuando irrumpió junto con sus compañeros en un almacén del DIF estatal donde se guardaban toneladas de despensas para damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel que no fueron entregadas, y que serían utilizadas con fines proselitistas.
En las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), integrantes de organizaciones que conforman la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, en ausencia de Chávez Adame informaron de la orden de aprehensión en su contra. Reiteraron su solidaridad al dirigente, porque lo único que ha hecho es apoyar a los más desprotegidos y ser solidario, dijeron.
Durante la actividad, el dirigente de la APPG se comunicó, vía telefónica, y a través de un altavoz expuso que, por seguridad y recomendación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que va a llevar su caso, decidió resguardarse.
Informó que ya solicitó un amparo al Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo penal, para protegerse de la orden de aprensión que, dijo, se libró por presiones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, ante hechos ocurridos hace casi tres años.
Agregó que parecería que el gobernador está invirtiendo los papeles, porque persigue a luchadores sociales en lugar de perseguir a los delincuentes que sí están trabajando en la impunidad.
Chávez Adame contó que desde el viernes a las 2:40 de la tarde, cuando salió de su casa para ir a la escuela de su hija y acompañarla a su regreso, ya había una operación de la Policía Ministerial, pero la pudo evadir.
Dijo que el delito del que lo acusan, “en realidad lo cometieron ellos (las autoridades), la no entrega de las despensas que estaban dirigidas a los compañeros que habían sufrido la desgracia de Ingrid y Manuel, fue cuando se abrió el portón y se descubrió infraganti a la gente que estaba ocultando las despensas para (usarlas en) las campañas de los políticos… eso para ellos fue un delito, nosotros lo asumimos; pero creemos que la intención de ellos era agarrarme el viernes para tenerme incomunicado”.
Recordó que, antes ya había denunciado amenazas, incluso de muerte, el 13 de diciembre ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum). Después denunció la retención de su salario. Todo esto luego de que rompió el diálogo con Astudillo Flores en Casa Guerrero, cuando negociaban sus demandas; ese día, al gobernador le cuestionaron que en su gabinete estaba infiltrada la delincuencia organizada, lo que provocó el enojo del funcionario que rompió la mesa de diálogo.
Agregó que el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno le informó que la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Florencio Salazar Adame, le negó las medidas cautelares.
“El único delito fue decir la verdad que conoce el pueblo de Guerrero y de México, que hay un gobierno intolerante, que hay un gobierno coludido con la delincuencia organizada, y me parece que hoy esa línea de represión y hostigamiento la siguen dejando”, abundó el dirigente.
Al final de la actividad, sus compañeros gritaron consignas, “¡No estás solo, no estás solo, no estás solo”!, y “¡Ni un paso atrás, todos con Nicolás!”.

 

No bloquearán la autopista “por atención al gobernador”, dicen pescadores

 

Pescadores de Petacalco, municipio de La Unión, dijeron que “por atención al gobernador”, Héctor Astudillo Flores, no bloquearán la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, y que esperarán hasta el 10 de enero para hablar con él de la indemnización que exigen ante la contaminación de combustóleo en el río Balsas, informó el dirigente de pescadores, Gilberto Barrera Reyes.
El viernes 23 de diciembre, dirigentes de cooperativas pesqueras de Petacalco, encabezados por Gilberto Barrera, convocaron a una conferencia de prensa para exigir públicamente una audiencia con Astudillo Flores, para hablar con él de la indemnización que exigen a la empresa Flensa, a la que responsabilizan del derrame de combustóleo en el río Balsas en febrero de 2016.
Dijeron que, a 10 meses del derrame de combustóleo, el gobierno del estado no ha citado a los representantes legales de la compañía para arreglar la indemnización.
Ayer, vía telefónica, Barrera Reyes comentó que un funcionario de la Secretaría General de Gobierno del estado, del que no reveló su nombre, se comunicó con él tras saber que los pescadores bloquearían hoy la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, para presionar al gobernador a reunirse con ellos.
“Me dijo que, a nombre del gobernador, pensáramos bien lo que íbamos a hacer, que el gobernador nos pedía que esperemos al 10 de enero para que nos atienda, pero que si no estábamos dispuestos a esperar y que si bloqueábamos, lo que ocurriera ya iba por cuenta nuestra”.
Dijo que no tomaron las palabras del funcionario como una amenaza, “nosotros conocemos a Héctor Astudillo, y si él nos pide que lo esperemos para enero, lo vamos a hacer; la persona que nos habló nos dijo que el gobernador nos pedía que pensáramos lo que íbamos a hacer porque íbamos a afectar a muchas personas con nuestro bloqueo, y que pensáramos en que hacer algo así no ayuda a Guerrero”.
Dijo que respondió al funcionario diciéndole que los pescadores están desesperados porque no hay fuentes de trabajo en Petacalco, “este funcionario se comprometió a que Héctor Astudillo nos va a atender, y también el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar; entonces, vamos a esperar para que vean que también hay disposición de nuestra parte para que así, ellos también le apuren a la empresa y nos atiendan”.

Bloquea el Frente Popular de Tlapa el Congreso; pide obras en escuelas de pueblos de la Montaña

Integrantes del Frente Popular de Tlapa (FPT) protestaron y bloquearon tres horas los acceso al Congreso local, porque los diputados no atendieron su solicitud de intervenir para el cumplimiento de varias obras programadas en escuelas del nivel básico de esa cabecera y sus comunidades.
A las 9 de la mañana de ayer, unos 30 maestros, directivos escolares y padres de familia integrantes del FPT llegaron a la sede del Poder Legislativo para solicitar una audiencia con los diputados, a quienes pedirían su apoyo para instalar una mesa de trabajo con las dependencias del gobierno estatal que se comprometieron este año a construir obras en al menos nueves escuelas de Tlapa que no se han cumplido.
Sin embargo, luego de una hora de espera y ante la negativa de los guardias de seguridad para que una comisión ingresara al edificio, los inconformes se plantaron en los dos accesos principales e impidieron la entrada al Congreso, como protesta ante la desatención de los diputados.
En declaraciones a reporteros, Ubaldo Segura Pantoja, integrante de la Comisión Política del FPT, dio a conocer que en el transcurso del año, diferentes dependencias del gobierno se comprometieron a construir obras que se han gestionado, incluso en administraciones anteriores.
Aunque no precisó cuántas obras son, dijo que las autoridades asumieron el compromiso con el FPT de construirlas antes de que concluyera el año, lo que no ocurrió.
Explicó que asistieron al Congreso para pedir la intervención de los diputados, a quienes solicitarían su respaldo para que en el presupuesto de egresos 2017 se consideren más obras de escuelas de Tlapa y sus comunidades.
“La Montaña es una de las regiones más rezagadas, por el olvido en el que ha estado, y por eso venimos a recordarles a los diputados que existe la Montaña, y que ellos sólo se acuerdan de ella cuando quieren votos, pero después se les olvida”, reprochó Segura Pantoja.
Advirtió que, si el año se acaba y no hay solución a sus demandas bajarán habitantes de varios pueblos a movilizarse en Chilpancingo para presionar a las autoridades.
Entre los planteles del nivel básico que requieren de obras para ampliarse o rehabilitarse, están la Telesecundaria Julián Blanco Jiménez; las primarias bilingües Tenoch, Juan Francisco Escutia, Acamapichtli, Vicente Guerrero, Aztlán y Ve’eno Sakua a Na Ovi Tu’un; la primaria Caritino Maldonado Pérez, y la secundaria Nicolás Bravo.
Luego de tres horas de protesta, los inconformes se trasladaron a Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por representantes de la Secretaría General de Gobierno.
Consultado por teléfono, el coordinador del FPT, Alberto Ríos Cano dijo que luego de plantear sus demandas, se reunieron con autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), y la Secretaría de Obras Públicas.
Ríos Cano comentó que las autoridades se comprometieron a analizar sus planteamientos, pero no hubo ningún acuerdo concreto referente a iniciar las obras que demanda el FPT.
Adelantó que este miércoles continuarán las reuniones, e intentarán nuevamente reunirse con diputados locales.

Desde el día en que desapareció el dirigente envió cinco grupos de policías, responde el gobierno

 

La Secretaría General de Gobierno rechazó que el gobierno sea responsable de la desaparición y homicidio del coordinador de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio, después de que esta organización y organismos civiles culparon a las autoridades de no realizar la búsqueda de inmediato.
El miércoles el coordinador fue privado de su libertad cuando se dirigía a su centro de trabajo en la primaria de Zoquiapa, en Tixtla. En la tarde vecinos y policías comunitarios bloquearon el entronque Chilpancingo-Chilapa, donde se dividen los libramientos.
Representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía Antisecuestro dialogaron con los policías comunitarios, y lo único que lograron fue reunirse al siguiente día con el subsecretario de Desarrollo Político, José Martín Maldonado del Moral.
En un comunicado de prensa la Secretaría General de Gobierno señala que “enviaron desde ese mismo día (de la desaparición) cinco grupos de elementos de Seguridad Pública y de Policía Ministerial, bajo la coordinación del Fiscal Regional de la zona centro, los cuales ante la presencia del presidente municipal y del personal de la Secretaría General de Gobierno, acordaron con los policías comunitarios de la CRAC de Tixtla, efectuar operativos de búsqueda conjunta a partir de las 21 horas”.
Al siguiente día representantes de la CRAC se reunieron con Maldonado del Moral, al término expusieron a El Sur que no obtuvieron la respuesta que necesitaban, que los funcionarios les dijeron que tenían que actuar bajo el tiempo que señala el protocolo y que tuvieron la impresión de que no se movilizarían como lo esperaban, pues dijeron que hasta ese momento no lo habían hecho.
La policía municipal mantuvo recorridos y retenes por su parte, y más tarde los comunitarios se dieron cuenta de que acudieron unas patrullas con policías ministeriales, sin que tuvieran coordinación con ellos.
En el documento se asegura que durante la reunión sostenida en Palacio de Gobierno acordaron dar seguimiento a la búsqueda, pero que al siguiente día fue hallado el coordinador de encale sin vida cerca de la ciudad de Chilapa.
“La Fiscalía ya ha abierto una carpeta de investigación, que incluye un mensaje dejado en el cuerpo dela víctima”, agrega. Y que por lo anterior, la Secretaría General de Gobierno rechaza las acusaciones en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores de la desaparición y homicidio de Salmerón Dircio.

 

Ya busca la Semaren solución al problema de la basura en la capital, dice Karen Castrejón

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) Karen Castrejón Trujillo, señaló que ya dialoga con dependencias estatales, sociedad civil y autoridades municipales, para hallar una solución al problema de la basura en la capital; sin embargo, ante la lentitud del diálogo, se siguen depositando los desechos en el tiradero municipal.
La secretaria fue consultada al término de la entrega de herramientas a ejidos beneficiados del Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas Anexo 31. Ahí expuso que el manejo de los residuos sólidos le compete a las autoridades municipales, pero que en la parte normativa la Semaren tiene que intervenir.
Contó que una mesa interinstitucional está trabajando para buscar una solución, que incluye al municipio, a las secretarías de Salud, Protección Civil, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la sociedad civil representada por Levantemos Chilpancingo y Grupo Anáhuac.
Castrejón Trujillo agregó que ya se reunió con el alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, y con el alcalde de Tixtla, el perredista Hossein Nabor Guillén.
Sin embargo, este último se opone al proyecto intermunicipal y a que entre en operación el relleno sanitario que se comenzó a construir en la comunidad tixtleca de Matlalapa.
Resaltó que pese a que se está buscando una solución no hay una fecha para tener una respuesta, lo que puede durar semanas o meses, pero que se está atendiendo la urgencia.
Dijo que se está buscando un sitio donde se pueda construir una nueva celda emergente, que ya visitaron tres terrenos en Chilpancingo, ubicados cerca del actual basurero.
Sin embargo, indicó que, “el municipio de Chilpancingo tendrá que llevarnos a nosotros el proyecto del nuevo lugar o del nuevo sitio de disposición, donde ellos consideren que cuenten con todos los requisitos para poder hacer el trámite; antes que nada se necesita socializar con la comunidad en donde se va a llevar a cabo, para evitar problemas sociales”.
Añadió que, además debe cumplir requisitos como que no estén cerca de cuerpos de agua, que no estén cerca de carreteras o de una población y que no haya conflictos ejidales.
Sostuvo que, también se está buscando que Nabor Guillén acepte abrir la celda emergente que se comenzó a construir en Matlalapa.
Sobre los permiso de este terreno, explicó que, “en el caso específico de este proyecto se otorgaron todos los permisos que en este caso se tuvieron que dar… primero era para el periodo de construcción. El que hace falta es el que se tiene que volver a tramitar… cuando entre en operaciones”.
La representante de la Semaren reiteró que requiere “demasiado tiempo” obtener un nuevo sitio, porque se deben tramitar los permisos.
Otro requerimiento para construir un nuevo sitio de disposición final de los residuos sólidos es el dinero; dijo que para el siguiente año la Semarnat no cuenta con recurso federal para apoyar este tipo de proyectos, por lo que los municipios tendrán que hacer algún tipo de inversiones y gestión de otros organismos, y que está buscando gestionar nuevo recurso económico a través de proyectos que ya se integraron, no sólo para Chilpancingo si no para otros municipios que deben regirse bajo la norma ambiental 083 de Semarnat.
Sobre el amparo que ganaron vecinos aledaños al basurero ante el Segundo Tribunal Colegiado del 21 Circuito para que se cierre el tiradero de la capital, que además demandaron a la dependencia que representa, sólo dijo que la Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero (Propeg) solicitó al Ayuntamiento agilizar la solución al problema de la basura.

Se plantan indígenas de Metlatónoc en el Palacio de Gobierno; exigen ayuda para migrantes y madres

Campesinos indígenas de comunidades de Metlatónoc se plantaron afuera del Palacio de Gobierno e iniciaron una huelga de hambre para exigir atención a jornaleros migrantes y a madres solteras. Permanecieron en la puerta principal tres horas y luego fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.
Alrededor de las 9 de la mañana, cinco campesinos se plantaron para exigir programas de apoyo. Los campesinos portaban cartulinas en las que se leían sus demandas de apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social, para los jornaleros migrantes y para madres solteras.
Los miembros de la Unión de Pueblos Indígenas de la Montaña y la Costa Chica criticaron la falta de atención para las comunidades de la región Montaña. Anarsis Pacheco Pólito/Chilpancingo

 

Entrega de equipo y salario, exigen salvavidas de Acapulco en el Palacio de Gobierno

 

Integrantes de la Asociación de Salvavidas de Alto Rendimiento de Punta Diamante solicitaron a la Secretaría General de Gobierno su intervención ante la nula atención del secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, para que les entregue equipo de rescate para mar abierto y una compensación salarial para los 26 voluntarios.
Ayer por la mañana, 18 salvavidas voluntarios de Acapulco preparaban su desayuno en la escalinata de la puerta principal del Palacio de Gobierno, mientras el presidente de la asociación, Víctor Manuel Salgado Ríos, arreglaba los documentos que entregaría.
Bajo los rayos de sol, Salgado Ríos explicó que actualmente 26 salvavidas voluntarios trabajan en una playa de 27 kilómetros en Punta Diamante, pero que el equipo que tienen no es suficiente y carecen de salario fijo.
Indicó que a finales del año pasado se le solicitó al gobernador Héctor Astudillo su apoyo para que se les entregara equipo para brindar el auxilio a turistas o ciudadanos.
Recordó que en febrero el gobernador envió al secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, un documento en el que le pidió que los atendiera, pero que hasta ayer no los ha recibido.
“Ahorita nos presentamos aquí porque no hay respuesta, no nos atienden, si no nos atiende el secretario (Mayares Salvador) que se supone es un servidor público y debe de resolver las peticiones, yo creo que si el secretario no te puede recibir después de la petición que le hizo el gobernador, quiere decir que el señor nunca te va a atender”, señaló.
Debido a la falta de atención los voluntarios decidieron acudir al Palacio de Gobierno para entregar la solicitud a la Secretaría General de Gobierno, con la que esperan que haya una respuesta.
Salgado Ríos explicó que los salvavidas necesitan boyas, tablas y torres para vigilancia adecuada en la playa.
Recordó que para su capacitación, reunieron entre los voluntarios 17 mil pesos para obtener una certificación adecuada y hacer rescates en mar abierto.
Agregó que la mayoría de los voluntarios son jóvenes, que no perciben un salario fijo a pesar de que arriesgan en ocasiones su vida cuando realizan un rescate en aguas abiertas.
Enfatizó que el servicio sirve también de protección al turista, “el principal ingreso económico del estado”, por lo que pidió que el gobierno ayude a los voluntarios.
Salgado Ríos lamentó que el actual gobierno no brinde el apoyo necesario para evitar accidentes en la playa, a donde acuden diariamente turistas así como ciudadanos.
Señaló que son insuficientes 26 salvavidas para las playas de la zona Diamante, por lo que urgió la dotación de equipo de calidad para operar.