El director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruiz del Ángel, informó que se mantiene atención al caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec y de la reportera de El Sur, Brenda Escobar. Este lunes, en las oficinas del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa en Acapulco se reunió con reporteros, para explicar la función del mecanismo y escuchar los casos de agresión a reporteros.
Hace dos semanas, los representantes del mecanismo estuvieron en Chilpancingo, con reporteros de la región Centro, también para explicar los alcances y limitaciones del mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que inició desde hace cinco años.
Recordó que la Ley de Protección a Periodistas es una ley federal, que obliga e invita a los estados a firmar convenios de colaboración.
Expuso que el mecanismo de protección entra a petición del periodista o defensor de derechos humanos ante amenazas; sin embargo, entre los reporteros se le recordó el caso de Marcela de Jesús Natalio, quien no recibió amenazas y el ataque fue directo contra ella. Respondió que la agresión sirve para atender a la reportera y a partir de allí investigar si anteriormente había recibido amenazas.
Sobre la situación económica de los periodistas que se ven obligados a dejar incluso su lugar de residencia, reconoció Ruiz del Ángel que los periodistas desplazados no tienen certeza laboral y salarial, lo que consideró un pendiente que tiene que resolver el Estado.
Indicó que en el caso de la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas por los familiares del presunto asesino, el mecanismo ya se acercó a ella, sin dar más detalles.
También dijo que en el caso de la locutora de RTG en Ometepec, no podía dar más detalles, pero también lo están atendiendo y la presencia de él en el estado “no era una coincidencia”.
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“Tiene muchas probabilidades de recuperarse”, informa el esposo de la locutora de Ometepec
“Tiene muchas probabilidades de recuperarse, la herida no es para causarle la muerte”, indicó el esposo de la locutora Marcela de Jesús Natalia, Mario Martínez Bautista, luego de la valoración que le hicieron a su esposa como resultado de la tomografía que le tomaron.
El regidor del PRI en Xochistahuaca urgió a las autoridades para que se investigue y detenga a quienes dispararon contra su esposa, para que no se vuelva costumbre la agresión a quienes trabajan en medios de comunicación.
La locutora indígena Marcela de Jesús Natalia fue agredida a balazos el pasado sábado por la mañana, cuando salía de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), en Ometepec.
Al mediodía de ayer se encontraba estable, según lo dicho por los médicos a sus familiares. Su esposo explicó que los doctores indicaron que tiene “muchas probabilidades de recuperarse”, que la mantienen sedada porque tiene inflamada una parte del cerebro, aunque al parecer no tiene daño, lo cual se confirmará una vez que ceda el absceso.
Los médicos dijeron a la familia que probablemente mañana se pueda determina qué cirugías requiere.
Marcela de Jesús cumplió años el mismo sábado. Su esposo consideró que la agresión “fue planeada, la esperaron”, por eso exigió que se investigue el hecho. Enfatizó que como familia están enfocados en la salud de su esposa, porque es lo que les preocupa ahora, sin embargo consideró que esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de dar resultados de la investigación que inició por el atentado.
Expuso que es importante que se detenga y castigue a quienes atentaron contra su esposa, porque “sino se va a volver costumbre agredir a la gente que trabaja en los medios”.
Por la mañana, desde la Secretaría de Salud se informó que Marcela de Jesús se mantenía sedada, conectada a un respirador, sin deterioro neurológico, fiebre y taquicardia leve, y había recibido trasfusión de sangre.
De Jesús Natalia es conductora de diferentes programas en RTG, uno de ellos es dirigido a niños y otro a mujeres indígenas, que tiene el objetivo de concientizarlas en temas de desarrollo para empoderarlas.
Mario Martínez dijo que su esposa, además de locutora, es gestora social y colabora con diferentes organizaciones. Habla ñomndaa (amuzgo), que es su lengua materna, un savi (mixteco), español y un poco de inglés. Tiene cinco hijos.
Hace tres meses dejó el cargo como presidenta del DIF de Xochistlahuaca, porque no tenía apoyo para ejercer sus funciones, el cual ocupó luego de haber apoyado la candidatura de la priista Aceadeth Rocha en la pasada elección. Antes buscó en ocasiones diferentes la precandidatura a diputada local y a la de presidenta municipal por el PRD, partido que dejó por no permitirle avanzar políticamente.
Va al hospital Hipólito Lugo, de la CNDH
Vía telefónica, el coordinador de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Acapulco, Hipólito Lugo Cortés, informó que visitó a los familiares de Marcela de Jesús en el Hospital General, en la preocupación por preservar la vida y garantizar el derecho a la salud de la gestora amuzga.
Expuso que los médicos les dieron el diagnóstico y se analiza todavía si requiere o no cirugías. Lugo Cortés enfatizó que como CNDH tendrán “los ojos puestos” en el caso, para insistir a las autoridades en la investigación de los hechos y que se detenga a los responsables, porque si no se castiga quedará en impunidad y permitirá que sigan ocurriendo hechos similares.
Se congratuló de que los reporteros de Guerrero se hayan solidarizado con Marcela de Jesús, porque consideró que es una manera de insistir a las autoridades para que cumplan con la investigación.
El sábado, en un comunicado, la CNDH informó que solicitó al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, medidas cautelares para salvaguardar la integridad, seguridad personal y la vida de De Jesús Natalia, además de resguardar las instalaciones de las radiodifusoras en las que labora, pues también tiene un programa en Radiorama. También solicitaron medidas de contención emocional para los familiares de Marcela y de quienes trabajan en RTG.
Recalcó que Guerrero ocupa el tercer lugar en homicidios de periodistas, junto con Tamaulipas y Chihuahua, con 14 casos; en primero se encuentra Veracruz, con 20, y Oaxaca en segundo, con 15.
En Guerrero persiste una situación de gravedad en contra de quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión, “cuestión que debe obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a establecer las acciones y las políticas públicas acordes con la preocupante situación”.
La CNDH se solidarizó y respaldó a todos los periodistas del país y en especial de Guerrero. Demandó “a las autoridades correspondientes una investigación ágil y diligente para dar con los responsables de esta agresión y evitar a toda costa que haya impunidad”.
También, el sábado, el alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, condenó y lamentó el atentado contra la locutora y ex presidenta del DIF Municipal de Xochistlahuaca, la cual dijo “se enmarca en esa descomposición social de la que todos somos parte”.
Se expuso en el comunicado emitido por el Ayuntamiento que las circunstancias en que se vive obligan a reforzar los esfuerzos para contrarrestar el fenómeno de la violencia e inseguridad, así como a no politizar la agresión contra la locutora, “la prudencia, el respeto y la solidaridad deben ser los valores que prevalezcan”.
Indicó que el gobierno municipal estableció comunicación con el fiscal general del Estado “para ser coadyuvantes con la disposición de las grabaciones registradas en las cámaras de videovigilancia, de manera que las autoridades competentes tengan y dispongan de elementos para el esclarecimiento y castigo a los responsable de este aberrante suceso”.
Asimismo, en una carta que circuló el mismo sábado, 132 periodistas y reporteros de Guerrero condenaron la agresión y exigieron a la FGE que “haga su trabajo”, al ser la dependencia encargada de la investigación de los hechos y dé resultados inmediatos.
En el texto se expone la “inoperancia” de las instituciones que deja en indefensión a los guerrerenses, “todo puede pasar en Guerrero porque los delitos quedan impunes, por ello es urgente que den resultados las autoridades investigadoras”.
Los reporteros expusieron que se vive en un ambiente de intimidación, con la que se pretende callar a quienes quieren comunicar lo que la sociedad siente ante la “incontenible violencia”. Solicitaron “acciones de protección, una investigación profunda y castigo a los autores materiales e intelectuales del atentado”.
Repudian 150 reporteros la agresión a colegas y exigen garantías de seguridad para su oficio
Más de 150 reporteros locales y corresponsales nacionales condenaron este domingo la agresión que sufrieron siete periodistas la tarde del sábado en la región de Tierra Caliente, por un grupo de la delincuencia organizada, y exigieron a los gobiernos federal y estatal que cumplan su obligación de garantizar la seguridad y el libre tránsito “y podamos vivir en la normalidad, circular por las carreteras sin el temor de ser víctimas de esos grupos criminales, que mantienen como rehenes a los guerrerenses”.
Exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores que activen protocolos de seguridad para los siete periodistas, ante las amenazas que recibieron por el grupo delincuencial, y criticaron el hecho de que hayan sido agredidos y robados en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que refleja que esos grupos se mueven con total impunidad y la convivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno del estado confirmó mediante un boletín que la agresión a los reporteros fue cometida “por individuos que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”, y la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre esos hechos.
El mediodía de este domingo, unos 30 reporteros locales y corresponsales nacionales se concentraron al pie de la estatua a José María Morelos, en donde leyeron un pronunciamiento y señalaron que lo ocurrido a los siete reporteros refleja una ausencia de garantías para el desarrollo de su trabajo periodístico.
El sábado, los reporteros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García, acudieron a cubrir los hechos de violencia en Tierra Caliente y cuando regresaban a Chilpancingo, un kilómetro antes del retén militar y policial cerca del crucero de Acapetlahuaya, fueron detenidos por un centenar de hombres armados, que los despojaron de una camioneta propiedad de Sergio Ocampo, sus equipos de trabajo, celulares y dinero en efectivo.
Después, los obligaron a subirse a una de las dos camionetas en las que viajaban y les advirtieron que si los denunciaban en el retén militar que estaba adelante, los iban a quemar con todo y la unidad, pues les advirtieron que en el retén militar tenían un halcón que iba a vigilar sus movimientos.
Los periodistas denunciaron que estos hechos atentan contra la libertad de expresión y que pusieron en riesgo la integridad física de los siete reporteros.
“Reporteros de Guerrero y del país expresamos nuestra condena y rechazo a esos hechos lamentables. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado”, dice el escrito.
Consideraron que es grave, también, que ante esos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los periodistas, “por el contrario, generaron falsos rumores de que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto. El traslado fue por su cuenta y llegaron solos a esta capital”.
Recordaron que México se ubica entre los países donde ejercer el periodismo es un grave riesgo y que en Guerrero en febrero del año pasado asesinaron en Taxco a Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año a Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano.
Denunciaron que en ambos casos las autoridades se comprometieron a resolverlos y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido.
Hicieron un llamado a los periodistas y a la sociedad para que estén observantes de estos hechos, no permitir una agresión más a la libertad de expresión y el derecho a tener una sociedad informada.
Exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Mientras tanto, la PGR informó que la Feadle inició una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación.
“Desde ayer (el sábado), la Feadle contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, informó la dependencia en un escrito.
También informó que junto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
El gobierno del estado aseguró, en un boletín, que desde el momento que se conocieron los hechos se activaron mecanismos de búsqueda y localización, y que la Secretaría de Protección Civil del Estado movilizó dos vehículos, el primero partió de Iguala hacia Teloloapan y el otro de Teloloapan hacia a Iguala.
“Al saber que por sus propios medios habían llegado a Chilpancingo, autoridades federales, estatales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se entrevistaron con ellos, para ofrecer su apoyo y activar mecanismos de protección a periodistas”, dice boletín.
Confirmó que el grupo de comunicadores fueron detenidos y asaltados por individuos, “que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”.
Les avisaron que ya íbamos
Durante la concentración de los periodistas en el Zócalo de la capital, uno de los periodistas agredidos, Sergio Ocampo, dijo que los delincuentes que los ultrajaron estaban predispuestos y que le da la impresión de que, “les avisaron que ya íbamos”.
Contó que la situación fue traumante cuando uno de los pistoleros apunto su arma corta hacia la cabeza de Hans Musielik.
“Lo que se nos hizo extraño es que antes estaba un retén del Ejército y hasta platicamos con los soldados, que nos preguntaron que a qué fuimos y les contamos todo”, dijo. Añadió que aproximadamente a un kilómetro de allí estaban los civiles armados y más adelante, a otro kilómetro, había otro retén del Ejército.
“Eran puros chavos, algunos hasta se estaban drogando enfrente de nosotros. No nos golpearon, la verdad, pero sí nos trataron con palabras fuertes. Nos dijeron: ‘órale, bájense cabrones, qué andan haciendo’”. Detalló que un niño de aproximadamente 13 años encabezó el comando que bajó todas sus pertenencias de los vehículos y les exigió sus carteras, “fue evidente que iban sobre el equipo, sobre la información”, explicó.
Informó que en el lugar estuvieron de 15 a 20 minutos y que al final le ordenaron que dejara su camioneta, una Patriot Jeep azul, y los obligaron a subirse todos a la otra camioneta roja para que abandonaran la zona, “¿o la van a hacer de tos? Si no se van aquí las quemamos las dos y se van a pie”, advirtió uno de los pistoleros.
Añadió que quien aparentaba ser el jefe les advirtió que si decían algo en el retén del Ejército que estaba adelante, “vamos a ir y nos los vamos a comer vivos”.
Insistió que ya sabían que iban a pasar, porque en cuanto los vieron pusieron palos y piedras en la carretera, para bloquearles el paso. Además, explicó que los dos vehículos en que viajaban llevaban la leyenda de prensa.
Dijo que está seguro que la intención fue quitarles el material periodístico que traían, porque antes habían pasado otros tres retenes aparentemente de la misma gente y que en todos les tomaron fotos y los filmaban, “yo creo que sí, su objetivo era el material que traíamos, porque nos anduvieron vigilando”, dijo.
Pide el Congreso a Gobernación dar protección a periodistas y defensores de derechos humanos
En la sesión de este martes, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia brinde “la protección más amplia” a periodistas y defensores de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en Guerrero.
Además, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, que si tiene pruebas, proceda legalmente y detenga al ex procurador de Justicia Alberto López Rosas, a quien acusó de ordenar el ataque que sufrieron estudiantes de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, hecho en el que fueron asesinados dos normalistas.
Los diputados aprobaron también 11 Leyes de Ingresos y seis Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción para diferentes municipios de la entidad, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
Ayer, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja presentó una propuesta de exhorto dirigido a los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, para que cumpla los objetivos del Cuarto Informe de ese Mecanismo, que se presentó el pasado 7 de diciembre.
La propuesta incluye también que coadyuven en la medida de sus competencias a brindar la protección más amplia a periodistas y personas defensoras de derechos que corren riesgos en el desempeño de sus actividades en el país, pero particularmente los que ejercen en Guerrero.
El exhorto es extensivo al fiscal Xavier Olea, a quien se pidió atender las denuncias presentadas ante la institución a su cargo por comunicadores y activistas que han sido amenazados en el ejercicio de su profesión.
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja explicó que, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe un incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, lo que “evidencia” la necesidad de fortalecer en su favor labores de prevención, protección y procuración de justicia.
Comentó que ese organismo tiene un registro de 119 periodistas asesinados desde 2000, de los que 12 son mujeres; 20 desaparecidos desde 2005 y 50 atentados a medios de comunicación desde 2006.
Además dijo que quienes se dedican a esta labor en la entidad ahora no sólo sufren de ataques de servidores públicos, sino también de la delincuencia organizada, y advirtió que Guerrero es el tercer estado en el país donde más riesgo corre una mujer que ejerce el periodismo.
“El ejercicio periodístico sin lugar a dudas representa hoy en día una actividad de alto riesgo, por ello, debemos de garantizar que la libertad periodística esté protegida, dicha actividad realizada con ética profesional contribuye a que la sociedad esté mayor informada, elemento fundamental para fortalecer nuestra democracia”, señaló.
La propuesta fue aprobada por el pleno por unanimidad de votos.
Antes de desahogar ese asunto, la diputada de Morena subió a la tribuna para razonar su voto. Ahí expresó que ni en el país ni en Guerrero hay respeto a los derechos humanos ni garantías para quienes los defienden.
“Hay derechos humanos porque este es un asunto únicamente declarativo, ya que en los hechos, las permanentes vejaciones de las personas, niños, mujeres, hombres, adultos, homosexuales, indígenas, sufren bullying, discriminación y todo tipo de atentados a sus derechos”, lamentó.
Dijo que en la entidad no hay ni infraestructura institucional ni capacidad de personal para frenar las violaciones “sistemáticas” a los derechos fundamentales, además de que las instituciones creadas para defenderlos han sido rebasadas.
“No hay garantías para que defensores de derechos humanos y periodistas ejerzan sus actividades, una prueba de ello es que muchos periodistas, reporteros y fotógrafos quedaron en medio del enfrentamiento entre la UPOEG y el FUSDEG, sin que las autoridades a las que hoy se pretende exhortar hicieran algo al respecto. ¿Dónde estaban? ¿Esperan hasta que haya muertos?”, cuestionó.
Acusaciones del fiscal, una cortina de humo
En su intervención, Cisneros Martínez dijo que respaldaría el exhorto de Movimiento Ciudadano, sin embargo advirtió que, en el caso del fiscal, “es como hablarle a un palo”.
Aprovechó para criticar las acusaciones que éste hizo en contra del actual coordinador de asesores del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, a quien Xavier Olea acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, cuando ocupaba el cargo de procurador del estado y fueron asesinados Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
“Miren ahora, ya declaró que Alberto López Rosas mandó a atacar a los dos estudiantes de Ayotzinapa hace 5 años, ¿de cuándo acá un fiscal le advierte a un presunto delincuente que lo va a inculpar?, o ¿acaso pretende que huya o se ampare?”
Le exigió a Olea Peláez que si tiene pruebas que confirmen sus acusaciones proceda legalmente en contra del ex alcalde de Acapulco y lo detenga, aunque no descartó que sus declaraciones sean sólo una cortina de humo ante los pocos resultados del gobierno del estado para atender el problema de violencia.
Modifican Ley de Ingresos de Acapulco
En la sesión de ayer se aprobó la Ley de Ingresos del municipio de Acapulco, sin embargo hubo modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano y el PRI.
Cuando se sometió a consideración del pleno el dictamen correspondiente, Ricardo Mejía presentó una reserva para que la expedición inicial o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan su expendio, mantengan los costos que establece la Ley de Ingresos vigente.
El legislador explicó que en la iniciativa que hizo llegar el gobierno municipal del puerto se incrementaba el monto para algunos lugares, principalmente los que forman parte de la cadena de tiendas Oxxo lo que, aseguró, lejos de estimular la inversión, la perjudica.
Recordó que por la situación de violencia que priva en la entidad, y los constantes cobros de extorsión de los que son víctimas empresarios y comerciantes de Acapulco, es necesario generar condiciones que no afecten su economía.
Por su cuenta, el diputado del PRI, el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, presentó otra reserva que evita que el gobierno municipal cobre un monto adicional a los establecimientos que hacen promoción, demostración y/o degustación de marcas y productos ajenas a las bebidas alcohólicas, como se ha venido haciendo.
Ambas reservas fueron aprobadas por el pleno.
Además de la de Acapulco, se aprobaron las leyes de ingresos de Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Alpoyeca, Cualac, Cuetzala del Progreso, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas.
De igual forma se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y de Construcción de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa, Taxco y Zihuatanejo.
Otros temas
Ayer la Comisión de Justicia presentó ante el pleno el dictamen por el que se adiciona un artículo al Código Penal del estado, a fin de tipificar el tráfico de vehículos robados o partes de éstos.
“Con la aprobación del presente decreto, se busca inhibir el delito de robo y en consecuencia que no quede impune la comisión del delito de robo de autos, así como el tráfico de vehículos y de auto partes, por un lado, así como penalizar de forma severa la falsificación de documentos para la comercialización de automotores robados”, se lee en el dictamen que fue aprobado por el pleno.
Además, a propuesta del diputado del PVEM, Mauricio Legarreta Martínez, el Congreso aprobó un exhorto por el que pide a la Secretaría de Atención al Migrante realizar el Padrón Geoeconómico, a fin de conocer la situación migratoria de Guerrero.
En las intervenciones, el diputado Ricardo Mejía reiteró su postura respecto a la necesidad de que se legisle para crear un marco jurídico que le dé certeza al actuar del Ejército en las labores de seguridad pública, pero sin que se le otorguen atribuciones “excesivas” que puedan atentar contra los derechos humanos.
Indicó que para que el Ejército regrese a los cuarteles, como lo planteó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, es necesario que se depuren las policías locales, a fin de garantizar que no tengan nexos con la delincuencia organizada y se recupere la confianza de la población.
Al respecto también habló la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, quien dijo que el Estado mexicano pasó de un régimen democrático a uno militar.
“Lo que intenta hacer el Senado de la República, de darle atribuciones policiales al Ejército, constituye una confesión en razón de que han estado actuando al margen de la legalidad y de la Constitución. Ante esto es obvio que hay una política de endurecimiento de las medidas para supuestamente combatir la violencia y la inseguridad y el Estado no cesa en lo que he venido reiterando, que el fuego no se combate con fuego”, advirtió.
Encuentran una osamenta humana en Chilpancingo
La tarde de ayer fue encontrada una osamenta en un predio en la colonia Zimapa en el asentamiento San Juan al oriente de la capital.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la 1:37 de la tarde recibieron un reporte de que estaba un cuerpo cerca de la tienda Bodega Aurrerá en la colonia Galeana al norte de la ciudad.
Agentes de la Policía Municipal, estatal y ministeriales llegaron a la zona y les informaron que habían restos óseos en un predio en la mencionada colonia.
Según testigos, un hombre hacía limpieza en su predio y halló los restos óseos.
Trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo) recogieron los restos humanos, después fueron enviados para hacer las pruebas de ADN y ser identificados.
Las autoridades de la Fiscalía no precisaron cuántos huesos recolectaron, además una perito se cayó al hacer las diligencias y fue atendida por paramédicos de Protección Civil (PC) estatal.
Guerrero es el tercer estado más peligroso para las mujeres periodistas, advierten
Durante el Foro Libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar, se informó que Guerrero es el tercer estado en el país más peligroso para que las periodistas ejerzan su profesión.
Además, en términos generales, enfrentan adversidades para ocupar cargos de decisión en los medios para los que laboran, no son consideradas en la línea editorial y se desempeñan en un contexto violento, donde la violencia misma se naturaliza.
Este jueves se celebró en el Museo José Juárez el Foro Libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar, además fue presentada la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género.
Las ponencias estuvieron a cargo de Lucía Lagunes Huerta, premio internacional Libertad de Prensa 2015 por la Universidad de Málaga y directora general de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), y por la activista Fabiola González Barrera, responsable del área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de CIMAC.
En el evento, además de reporteras guerrerenses, asistieron también la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz; la de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva; la directora del Museo, Anabela Latabán, y la universitaria Aleida Tello Divicino.
En su exposición, Lagunes Huerta aseguró que las mujeres periodistas enfrentan situaciones adversas a la hora de desempeñar su trabajo, no sólo por su trabajo, sino por su condición de mujer.
Explicó que la dirección general de casi todos los medios de comunicación están a cargo de hombres, además de cada cien noticias publicadas en apenas 24 hay una voz femenina; y de cada cien artículos o columnas sólo tres son escritos por mujeres.
“Las mujeres que nos dedicamos al periodismo tenemos licenciaturas, incluso posgrado, pero ellos que no tienen la licenciatura concluida o no tienen su título son los jefes, los dueños de los medios y quienes deciden la línea editorial”, dijo.
Lucía Lagunes explicó que eso es muestra de que el periodismo en México no se ejerce con visión de género, lo que se extiende también a la información que se publica en los medios.
Por ejemplo, mencionó que de cada cien notas que se publican en las secciones de política, sólo en 19 la fuente es mujer, es decir, la mayoría de la información generada se atribuye a hombres (funcionarios, políticos, dirigentes).
Pese a esa estadística, dijo que México es uno de los países en los que los medios de comunicación publican información referente a mujeres. Indicó también que en los casos de las agresiones contra mujeres periodistas, muchas de éstas se dan cuando ellas investigan casos de corrupción.
En tanto, Fabiola González informó que Guerrero es el tercer estado en el país más peligroso para las periodistas, sólo después de Veracruz y la Ciudad de México.
Explicó que la violencia de género es un mecanismo utilizado por el Estado mexicano contra las mujeres periodistas, al que se agrega la desigual participación de las informadoras en los puestos de decisión de los medios, el contexto violento, la condición social de la población femenina y la naturalización de esta misma violencia.
“El alarmante número de asesinatos y amenazas de muerte contra los periodistas desdibujó la violencia contra sus colegas mujeres por considerarla de menor gravedad, tanto en las formas como en el número de ataques, sin entender los obstáculos estructurales que naturalizan la violencia contra las mujeres, y la dificultad que esto genera en el reconocimiento de las agresiones, el acceso a la denuncia y por tanto a la atención”, expuso.
Explicó que la invisibilidad de este problema, la naturalización de la violencia contra las mujeres y del riesgo en el ejercicio periodístico, justificándose como “gajes del oficio”, colocan a las periodistas en una situación de desventaja y las aleja del acceso a la justicia y la reparación de los daños personales y profesionales generados por estos ataques.
Informó que en el país de 2002 a 2013 los ataques contra las mujeres periodistas se incrementaron en más de 2 mil 200 por ciento, mientras que las agresiones contra los comunicadores varones aumentaron 276 por ciento.
De las 32 entidades dijo que no existe una libre de violencia contra las periodistas, incluso en los estados donde no tienen registros saben que las condiciones de inseguridad no permiten denunciar por vía alguna, ya sea legal o a través de una organización de la sociedad civil.
“Las mujeres periodistas no pueden acceder a la justicia desde el inicio de las investigaciones, que son con mirada patriarcal, que son vistas (ellas) como las culpables de la violencia por la que están pasando y que las condena, (justicia) que hace pública muchas veces su vida privada”, dijo.
Según el informe presentado en el foro, el 61 por ciento de los periodistas en el país son mujeres, de las que el 55 por ciento trabaja o colabora en prensa escrita, el 29 por ciento cubre situaciones que tienen que ver con corrupción y el 49 por ciento de sus agresores son funcionarios públicos.
En el foro fueron expuestos casos de agresiones en contra de periodistas guerrerenses en los últimos años, incluido el de la reportera de El Sur, Rosalba Ramírez García, a quien diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso en la pasada legislatura le exigieron revelar la fuente que le proporcionó información de irregularidades en la cuenta pública de varios ayuntamientos.
Se duplicaron las agresiones contra periodistas en el estado del 2014 al 2015, reporta informe
En su informe correspondiente al 2015 presentado ayer, la organización independiente Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y a vigilar que se respeten los derechos de los periodistas, calificó a Guerrero como un “caso preocupante” por el aumento en las agresiones contra periodistas, pues pasó de 28 casos en 2014 a 56 en el 2015.
Con esta cifra el organismo ubicó a ésta entidad en el tercer lugar después de la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos lugares el organismo registró 67 casos de agresiones a periodistas en el 2015.
Mientras tanto, en el panorama nacional, en su informe MIEDO (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), Artículo 19 revela que las agresiones contra los trabajadores de la prensa aumentaron en 21.8 por ciento con relación al 2014.
Establece, asimismo, que se comete una agresión a los periodistas cada 22 horas.
Destaca que un caso preocupante es el de Guerrero, donde hubo un aumento considerable en las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación, ya que pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, lo que ubicó a la entidad en el tercer lugar de las entidades del país con mayor número de casos de violencia hacia los periodistas.
“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica.
Argumenta, también, que el año pasado las agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación aumentaron en estados como Guerrero por las elecciones que hubo en junio de 2015, y debido a las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
Aunque en este caso no se menciona que las movilizaciones sociales ocurrieron a raíz de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías municipales de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 6 personas fueron asesinadas, tres de ellos normalistas y 43 más de éstos que fueron detenidos-desaparecidos.
Antes de Guerrero ocupan el primero y segundo lugar en agresiones a periodistas la Ciudad de México y el estado de Veracruz, con 67 agresiones cada uno.
El organismo destaca que en estas tres entidades (Ciudad de México, Veracruz y Guerrero) “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, igual que en el estado de Puebla que ocupa el cuarto lugar con 38 casos de agresiones y Oaxaca con 35.
Las estadísticas de Artículo 19 descubren que sólo en estas cinco entidades del país se concentra el 66 por ciento de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación.
En total documentó 397 agresiones en el país el año pasado; las más graves son siete asesinatos, los de Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa. Asimismo, 109 ataques físicos y materiales y 84 amenazas de muerte.
El informe agrega que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos “con saña”, y que en la mayoría de ellos se evidencia una clara “falta de voluntad política de las autoridades para prevenir y, posteriormente, investigar y castigar a los culpables”.
Las 397 agresiones implican un alza de 21.8 por ciento en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326.
Asimismo, se destaca en el informe que en el 2015 se registró la cifra récord de 84 casos de agresiones a mujeres periodistas, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales, lo que según el organismo representa un aumento de 33 por ciento en comparación con 2014, cuando se documentaron 63 casos; 42 por ciento más que en 2013; y 162 por ciento más que en 2012.
El informe subraya que “las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas ellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual o colectivamente) para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obliguen a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.
Otro dato que dio a conocer el organismo es que los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas, pues de los 397 casos en 165 de ellos intervino un funcionario público. Mientras que en 78 más los agresores fueron particulares, 35 integrantes del crimen organizado, y 34 de “fuerzas partidistas”.
Además destaca que de las 165 agresiones por funcionarios públicos en 97 de ellos los agresores fueron funcionarios estatales y 38 municipales y sólo en 30 casos fueron funcionarios federales.
Otro dato que se puso en evidencia es que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación van en aumento, pues de 60 que se registraron en el 2014 aumentaron a 69 en el 2015.
Destaca que la mayoría de los ataques ocurrieron en contra de medios digitales (32 de un total de 60).
Y mientras las agresiones a los periodistas y los ataques en contra de los medios de comunicación aumentan cada año, Artículo 19 vislumbra una “ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los agresores.
“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el botón de pánico no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, denuncia Artículo 19.
Respeto a su trabajo, piden periodistas de Acapulco al coordinador de la Policía Federal
Periodistas de Acapulco solicitaron al coordinador estatal de la Policía Federal en el estado, Rafael Lomelí Martínez, respeto al ejercicio periodístico por parte de los agentes federales y de la Gendarmería, luego de la intimidación que sufrieron los fotoperiodistas Bernardino Hernández y el italiano Enrico Danigno el viernes pasado.
En una reunión realizada ayer a petición de los integrantes de la sección XXV del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), el encargado de la Policía Federal exhortó a los reporteros que sufran alguna agresión a denunciar los casos, porque si hay una denuncia contra un elemento y es responsable “yo lo meto al bote, al que sea”.
El encuentro se realizó en las oficinas de la Policía Federal en el centro de negocios y comercial Costera 125, y asistió una observadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El secretario general de la sección XXV, Julio Vázquez, recordó al mando policiaco que en Acapulco en lo que va del año han sido agredidos tres reporteros, y a uno se le obstruyó su trabajo por parte de los policías federales.
“Los cuerpos de la Gendarmería han actuado con abuso de autoridad y vemos que han sido constantes”, reprochó el comunicador.
Mientras el coordinador estatal de la Policía Federal llamó a tener confianza en los cuerpos de seguridad, porque “así como tengo quejas, tengo mis felicitaciones”, sostuvo.
E insistió en que si hay una denuncia, la corporación actuará en apego a la Ley y los elementos que hayan incurrido en abuso de autoridad serían castigados.
En el encuentro, el fotoperiodista Bernardino Hernández narró lo sucedido el viernes 11 de marzo, cuando por casi dos horas fue retenido por policías federales en una revisión de rutina, quienes lo acusaron de usurpación por no traer su cédula profesional.
El fotógrafo free lance y colaborador de diversos medios de Guerrero, México y el mundo, sostuvo que acató las indicaciones de los policías federales, quienes también retuvieron al fotógrafo italiano Enrico Danigno, enviado de la revista francesa de fotografías Paris Match y ex colaborador del influyente periódico estadunidense The New York Times.
Sin embargo el coordinador de la Policia Federal indicó que la versión de los agentes federales era distinta, que el fotógrafo iba alcoholizado, y pidió a uno de sus ayudantes el reporte de la división de la Gendarmería para mostrarlo, donde incluso había videos pero una hora después de la reunión el material nunca fue mostrado.
Bernandino Hernández manifestó que no presentó una denuncia en el ministerio público porque existe un antecedente de hace dos años, cuando fue agredido y denunció el caso, y después fue perseguido por los policías federales implicados, por lo que decidió retirar la denuncia por miedo.
Protestan periodistas de Acapulco por agresiones de la Policía Federal a dos colegas
Reporteros de Acapulco protestaron ayer afuera de las instalaciones de la Policía Federal, ubicadas en el Centro de Negocios Costera 125, contra la intimidación que sufrieron los reporteros gráficos Bernandino Hernández y el italiano Enrico Danigno, éste colaborador del periódico estadunidense The New York Times.
Unos 25 periodistas de medios impresos y de televisión exigieron que la Policía Federal, la Estatal, el Ejército y la Marina respeten el ejercicio periodístico que se desarrolla en el estado.
A las 11 de la mañana los reporteros colocaron letreros frente a la plaza de negocios, que decían “Alto a las agresiones de la gendarmería”.
Después el grupo de manifestantes entró al inmueble y se dirigió a la oficina del centro de operaciones de la Policía Federal, para tratar de dialogar con un representante de la institución. Los reporteros esperaron durante 40 minutos pero nadie salió a atenderlos. Dos policías, a unos 30 metros, sólo observaron lo que sucedía y se dedicaron a mandar mensajes con sus celulares y tomar fotografías.
“Libertad de expresión, abajo represión” y “libertad”, consignaron los reporteros en unas diez ocasiones afuera de la oficina para tratar de llamar la atención, y al no encontrar respuesta, el grupo de manifestantes salió a la avenida Costera a protestar de forma intermitente, cada vez que los semáforos marcaban el alto a los automovilistas.
Una patrulla fue rodeada por los reporteros en el momento que pasaba por la protesta; “fuera, fuera”, les gritaron los periodistas, quienes exhortaron a los gendarmes a dar seguridad en las colonias populares y no sólo en la Costera, y dejar de hostigar a los comunicadores en su quehacer periodístico.
El viernes, Bernandino Hernández denunció que efectivos de la Gendarmería los encañonaron a él y al periodista italiano cuando circulaban en la calzada Pie de la Cuesta, y que fueron retenidos durante una hora.
A la protesta llegaron dos observadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y después la coordinadora del organismo, Fanilú Clara Figueroa, quien consideró que no se puede agredir a quienes ejercen el periodismo “sano” de Guerrero.
La coordinadora ofreció buscar un encuentro entre una comisión de reporteros, y los representantes de la Policía Federal. Por la tarde el foto reportero Bernandino Hernández informó que un representante de la Policía Federal dijo que les llamarían para acordar la reunión. Casi a la una de la tarde los reporteros se retiraron.
En declaraciones, el representante de la sección 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Julio Vázquez, manifestó que en un clima hostil de inseguridad como se vive en Guerrero no se puede agredir a los periodistas durante las jornadas de cobertura que realizan.
Recordó que no es el primer caso de agresión de los policías federales en Acapulco contra periodistas, y expuso el caso del reportero del periódico Novedades Acapulco, Martín Méndez Pineda, agredido el pasado 23 de febrero.
Protestan en Taxco y Altamirano por agresiones y amenazas contra periodistas
Periodistas de Tierra Caliente y Taxco se manifestaron en contra de los ataques a la libertad de expresión, por el esclarecimiento del asesinato de la reportera de Veracruz, Anabel Flores Salazar, y se solidarizaron con el corresponsal de la revista Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras, quien fue amenazado públicamente de muerte por el ex diputado local del PRD, Roger Arellano Sotelo, en la capital del estado.
Reporteros de Tierra Caliente se manifestaron en la glorieta de Los Héroes de Ciudad Altamirano al mediodía. El acto se realizó bajo el Monumento a Lázaro Cárdenas.
El representante de los periodistas ante el Fondo de apoyo para periodistas, Juan Domingo Robles, señaló que es necesario que en todo Guerrero también se tomen medidas de protección para periodistas para que casos como el que ocurrió en Veracruz no se repitan.
En Taxco, el grupo de reporteros colocó cartulinas rotuladas alrededor de las paredes del Kiosko con las frases: “Respeto a la Libertad de Expresión, nos solidarizamos con Ezequiel Flores de la revista Proceso”, “Taxco es: Anabel Flores Salazar”.
En el manifiesto a la opinión pública por las agresiones a la prensa, que leyó el corresponsal de La Jornada Guerrero, Raymundo Ruiz Avilez, se puntualizó que el gremio ha sido el más vulnerable al estar en contacto directo con la sociedad y “por el deber de informar y comunicar como está establecido en la Constitución mexicana ha sido el más vapuleado, amenazado, humillado y sometido”.
Al caer la tarde la exigencia en las cartulinas permaneció en su lugar ante la mirada de los transeúntes.