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La acosan maestros, denuncia en redes la directora interina de la preparatoria 13 de Zihuatanejo

Karina Contreras

La directora interina de la Preparatoria 13, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Zihuatanejo, Wendy Carbajal Sotelo, denunció que sufre acoso laboral por parte de maestros de ese plantel, encabezados por el docente Erik Benjamín Peregrino Ibares.
En una transmisión a través del Facebook de la jefa del Departamento de la Igualdad de Género, Krystal Rebollar de los Santos, la directora manifestó: “Tenemos un problema muy grave en la Preparatoria 13, de acoso laboral a mi persona, a mi equipo de trabajo”.
La directora dijo que las agresiones fueron subiendo de tono cuando mostró su interés por la dirección y ha llegado a la denostación, a la agresión psicológica y se está incitando a la violencia en las redes sociales, “ya no se puede permitir más. Tenemos que resolver esta cuestión, de la manera que se tenga que hacer, de una manera legal. Por eso estoy aquí, para recibir asesoría de cómo seguir la denuncia”.
La universitaria dijo que “en ese pequeño grupo de profesores está una mujer, quien se han dado a la tarea de iniciar una campaña de desprestigio a mi persona. Me hostigan hablando por teléfono y mandando mensajes”.
Carbajal Sotelo dijo que teme por su vida e integridad física, de ella y de su familia, así como por su equipo de trabajo.
“Se deben tomar medidas legales. Cualquier cosa que me pase a partir de este momento, yo quiero hacer responsable al profesor Erik Benjamín Peregrino Ibarra, por todo el acoso y toda la incitación a la violencia que hace contra mi persona”.
La funcionaria universitaria Krytal Rebollar de los Santos informó que Wendy Carbajar “ha sido víctima en razón de género en su escuela. Ha sido acosada y hostigada laboralmente, por el hecho de ser mujer, en su escuela”.
Subrayó que la instrucción del rector Javier Saldaña Almazán ha sido clara, para atender y prevenir la violencia en razón de género en contra de las mujeres, pues la actual administración se preocupa por la erradicación de la violencia, “no vamos a permitir que ningún maestro, ninguna maestra, ningún funcionario y alumno vengan a agredir a las mujeres”.
Para finalizar, la funcionaria responsable de la equidad de género hizo un llamado para dar medidas cautelares a la directora, por parte de la Fiscalía del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque “no es posible que las mujeres sigamos trabajando con miedo”.

Cumple 12 días el servicio parcial de transporte en todas sus modalidades

Redacción

El servicio de transporte público en Acapulco se sigue ofreciendo de manea parcial, a 12 días de que comenzó el problema tras los ataques y amenazas al gremio por el crimen organizado.
En las paradas más concurri-das –Las Anclas, Cine Río, Plaza de la Tecnología, frente al hotel Ovie-do, Edificio Inteligente y Vaquero Norteño– los usuarios se aglomeraban esperando alguna unidad.
Ante la escasez de camiones urbanos, el sistema Acabús continúa dando de manera gratuita el servicio en unidades colmadas de pasajeros.
Mientras que los seis camiones que dispuso la Guardia Nacional continuaron el traslado de manera gratuita en las diferentes vialidades en horarios determinados.
Las camionetas Urvan y los amiones que conectan de la zona poniente al centro trabajaron de manera normal.
También los camiones y taxis colectivos de la ruta Costera circularon de manera normal en las diferentes modalidades.
La ruta de taxis colectivos Bicentenario sigue sin trabajar a pesar de la presencia de policías del estado en los dos sitios –uno cerca en la avenida Cuauhtémoc y otro en la avenida Baja California– que conectan las avenidas Cuauhtémoc y Ruiz Cortines.
La suspensión del transporte comenzó el jueves 11 de enero cuando circularon amenazas por WahtsApp y fueron atacados un sitio de camiones y otro de taxis y se le prendió fuego a una Urvan.
Antes, el 8 de enero, unos 20 choferes bloquearon de manera intermitente la avenida Cuauhtémoc para exigir seguridad y el 13 en el sitio fueron colocadas cartulinas con la leyenda “Nos están matando”.
En diciembre hubo dos ataques a ese y resultaron heridos tres taxistas y una mujer que trabaja en el lugar como coordinadora.
El jueves pasado, un taxista de la ruta Bicentenario fue asesinado a balazos en el sitio, el viernes por la noche fue asesinado otro en la colonia Carabalí y en los primero minutos del sábado uno más en Los Palomares.

 

Es aún insuficiente el transporte público tras las agresiones y amenazas del crimen organizado

Ciudadanos esperan el transporte Acabús en el centro de la ciudad Foto: Jesús Trigo

Argenis Salmerón

El transporte público en Acapulco se mantiene de manera parcial y es insuficiente para los usuarios, a 11 días de las agresiones y amenazas del crimen organizado.
Todas las rutas de las diferentes modalidades ya operan, menos la ruta alimentadora de taxis colectivos Bicentenario por el crimen de uno de los taxistas el jueves pasado.
El servicio del transporte público en todas las rutas de Acapulco no operan al 100 por ciento, es decir, no trabaja todo el parque vehicular, porque todavía hay temor de los choferes, de acuerdo con un líder transportista, que no dio su nombre.
En las horas pico se aglomeran los usuarios en las paradas del transporte más concurridas de la ciudad como las ubicadas en los lugares conocidos como Las Anclas, Cine Río, Vaquero Norteño, Edificio Inteligente, entre otras, porque hay escaso servicio.
El sistema de transporte Acabús trabajó de manera normal, sin embargo hay usuarios esperando en las diferentes terminales.
Mientras que los camiones de la Guardia Nacional siguen prestando el servicio de manera gratuita en las distintas vialidades.
El sábado pasado, las rutas Granjas-Caleta y Antorcha Revolucionaria-Caleta, se reactivaron para prestar el servicio a los usuarios.
Estas rutas que conectan del fraccionamiento Mozimba hasta hasta el fraccionamiento Las Playas, Caleta, su mayor trayecto es por la avenida Ejido.
Los camiones y taxis colectivos que circulan por la avenida Costera trabajaron de manera normal, aunque en un porcentaje menor, según un checador de camiones urbanos.
Los camiones amarillos de aire acondicionado, camiones urbanos de las rutas Costera-Coloso y Costera-Colosio. Además los taxis colectivos de esas mismas rutas.
Las rutas Costera-Renacimiento y Costera-Zapata, que comunican de la zona turística a la zona suburbana también ya están en funcionamiento.
Las camionetas Urvan y taxis colectivos que conectan de la colonia Centro a la zona poniente trabajaron de manera normal, pero no todo el parque vehicular, de acuerdo con los choferes.
Las rutas son Ex Campo de Tiro, Jardín en sus tres secciones, Pie de la Cuesta, San Isidro y El Pedregoso.
Los camiones y camionetas Urvan que circulan por la zona de hospitales, avenida Ruiz Cortines dieron el servicio, aunque pasaban cada media hora a 40 minutos, cuando antes pasaban cada 10 a 15 minutos. Los camiones urbanos de la zona de hospitales son: Caleta-Primero de Mayo; Hospital-Y griega-Caleta.
Las camionetas Urvan de la ruta Fovissste-Caleta e Infonavit-Alta Progreso-Caleta de trabajan de manera parcial.
Las rutas Hospital-Vacacional, Hospital-Renacimiento y Hospital-Zapata y los taxis de ruta alimentadora Bicentenario mantienen suspendido el servicio, debido a las agresiones y amenazas del crimen organizado.
En los dos sitios de la ruta alimentadora Bicentenario, una cerca de la avenida Cuauhtémoc y la otra en la avenida Baja California, hay una patrulla de la Policía del Estado resguardando en cada uno de esos lugares.
El jueves pasado, un taxista de la ruta Bicentenario fue asesinado a balazos en el sitio, ubicado en la avenida Baja California y otros dos taxista más fueron asesinados el viernes y sábado.
El pasado 8 de enero, unos 20 choferes bloquearon de manera intermitente la avenida Cuauhtémoc para exigir seguridad a los tres órdenes de gobierno.
El 13 de enero en el sitio fueron colocadas cartulinas con la leyenda “No están matando”, que horas después fueron retiradas.
En diciembre pasado hubo dos ataques al sitio y resultaron heridos tres taxistas y una mujer que trabaja en el lugar como coordinadora.

Partidarias de Saldaña acusan a miembros del Freg de acoso y agresiones en la campaña

Karina Contreras

Maestras y alumnas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que apoyan al candidato a rector Javier Saldaña Almazán, acusaron a los dirigentes del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (Freg) por acoso sexual y agresiones contra tres integrantes del grupo Mujeres Universitarias, el pasado 8 de mayo, cuando inició el proceso electoral.
En conferencia de prensa en el restaurante Rosmar, ubicado en el parque Papagayo, la responsable del área de Equidad de Género de la Coordinación de la Zona Sur y activista feminista, Krystal Rebollar de los Santos; la integrante del colectivo feminista Las Sureñas y docente del Cipes Acapulco, de la máxima casa de estudios, Irma Regina Carreón Gómez, y la presidenta de Guerreras en Acción, Irania Natividad Aguirre Ibárez, acusaron a Luciano Cruz Morales y Abel Sánchez Mercado de presuntamente agredir físicamente a las universitarias, mientras que Érick René Millán Gil acosó sexualmente, en repetidas ocasiones, durante actos de campaña de Saldaña Almazán, donde también llegaron miembros del Freg.
Subrayaron que los tres personajes del Freg no pertenecen a la UAG, por lo que no tienen vida activa política dentro de ella y su “inconformidad es que no pueden vender espacios dentro de las facultades”.
Rebollar de los Santos, quien se presentó como activista feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres y presidente de la organización Caminando Juntas, indicó que los hechos se dieron el pasado 8 de mayo, cuando inició campaña de Saldaña Almazán y fueron “embestidas y agredidas física. Porque nos empujaron y agredieron sexualmente a tres de nuestras compañeras. Este hombre que ven aquí (mostrando una foto de Érick René Millán) que pertenece al Freg”.
Señaló que en el ambiente político que se vive, todas se sienten agredidas en “razón de género, porque el pene no se lo anda pegando a otros hombres. Nos embistieron porque somos mujeres, porque en su lógica es quedarnos en nuestras casas, a seguir lavando trastes. Fuimos insultadas, nuestras compañeras agredidas y hacemos responsable a él y a todos los que integran este frente, por cualquier acto de violencia que sufra cualquiera de nosotros y también aquellos que están detrás de este movimiento”.
La funcionaria señaló que la violencia que viven las mujeres se ve todos los días y es importante que las universitarias no se queden calladas, porque están ejerciendo un derecho, y “no vamos a permitir que ningún interno o externo, porque es importante decir que estas personas no son parte de la comunidad universitaria, no representan ningún interés de ninguna persona de adentro de la universidad, nos agredan y menos con actos de violencia sesgada en razón de género. Ningún agresor va tener la comodidad de nuestro silencio”.
Mientras que Irania Aguirre acusó a los integrantes del Freg de estar utilizando la imagen de la UAG para “llenar sus bolsillos de dinero, porque están lucrando con los sueños y necesidades de los jóvenes que quieren ingresar a la universidad. Ellos hablan de corrupción y son el verdadero rostro de ella, porque son personajes que piden dinero a los jóvenes y les exigen que estén en el movimiento, poniendo en peligro su salud, porque los tienen en el sol, sin comer y pagándoles la cantidad de 50 pesos”.
Indicó que van a defender la autonomía universitaria y exigieron un alto al acoso y difamación contra Javier Saldaña Almazán, quien ha trabajado por la comunidad universitaria, “es alguien que ha posicionado a la universidad en otro nivel y ha sido un aliado de las mujeres”.
Por su parte, la maestra del Cipes, Irma Carreón, señaló que los dirigentes del Freg ejercieron “violencia física sexual y simbólica”, por lo que subrayó que ya basta con la violencia contra las mujeres y señaló que quienes estaban en la conferencia eran universitarias no externas, que han decidido por quien votar, ejerciendo su derecho a ello y “no somos paleras, porque somos mujeres de distintos grados académicos”.

 

Incendian camioneta de comisaria que apoya a la mina en Cocula y atacan a simpatizante del paro

Vecinos de Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoacuilco, denunciaron dos agresiones contra propiedad privada y por separado, cada agraviado señaló a alguno de los dos bandos del conflicto entre los que están a favor y en contra del paro laboral a la minera Media Luna.
El representante del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Indalecio Pérez Morones informó que la madrugada de ayer lanzaron fuego a la casa y al automóvil del señor Eli Rebolledo, el que pudieron contener antes de que alguien fuera lesionado.
Aseguró que el comisario de Nuevo Balsas, David Sánchez, y el delegado sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Marcelo Díaz Zúñiga habían amenazado a Eli Rebolledo porque transportaba a personas al plantón del paro de labores en la puerta 3 de la mina, donde se han impedido las operaciones desde el 3 de noviembre pasado.
Por otro lado, la comisaria de Colonia Valerio Trujano, Marta Gabriela Rivera denunció que como a las 6 de la mañana su camioneta, que utilizaba para los servicios de la mina, fue quemada en el camino hacia Atzcala, y responsabilizó a Indalecio Pérez. En ambos casos presentaron fotografías de los siniestros.
Pérez Morones encabeza el plantón de trabajadores sindicalizados en paro de la mina Media Luna, subsidiaria de la canadiense Torex Gold, y la comisaria lidera un bloqueo de la carretera nueva de la mina, con el que se impide el paso de víveres, personas y automóviles al plantón.
Ayer, Morones informó que los trabajadores y vecinos de Valerio Trujano que apoyan el movimiento laboral tomaron el camino viejo a la mina, que se encuentra en tierras ejidales, para continuar con su movimiento sin confrontarse con los opositores. Ayer, al parecer la tensión que había entre los bloques confrontados escaló a la agresión.

Avanza reactivación de la mina, dicen opositores; es una estrategia de simulación, responden paristas

Antes, en consulta telefónica el comisario de Nuevo Balsas, David Díaz Sánchez confirmó que ayer un grupo e inspectores y de trabajadores entraron a la mina, por una de las puertas ubicada en el ejido de Río Balsas, para echar a andar la maquinaria de operación. Es el segundo día consecutivo de ingreso a las instalaciones por la ruta de Nuevo Balsas.
Reconoció que se mantiene el riesgo de un posible enfrentamiento con quienes impiden la operación de la minera hace más de 2 meses, pero la posición de los pobladores que se oponen al paro es no confrontarse si se encuentran en las tierras de trabajo.
Indicó que hay un paso en el límite del ejido de Río Balsas con el ejido de El Limón, donde están los pobladores que apoyan a los paristas sindicalizados.
El presidente del Comité Ciudadano de Nuevo Balsas, Mario Arrieta Miranda insistió en que 95 por ciento de la población de Nuevo Balsas apoya la reactivación de la mina, porque en dos meses sin trabajo la actividad económica colapsó no sólo en los pueblos aledaños, también las cabeceras municipales y en Iguala.
Adelantó que mantendrán el bloqueo a la mina que colocaron pobladores de Nuevo Balsas en la entrada de Aztcala, hasta que se normalicen las operaciones de la minera, no obstante que el objetivo inicial era la apertura de la mina para que los pobladores de Nuevo Balsas pudieran trabajar en las tierras que ellos le rentan a Torex Gold.
Lamentó que estén afectando a otras poblaciones con el bloqueo a la carretera, pero consideró que los tres niveles de gobierno tendrán que hacer su trabajo y sentar a las partes involucradas a dialogar, porque el conflicto social en la zona está creciendo, los dos bloquees mantiene sus posturas y ya se sienten preocupados.
Por separado, el dirigente Pérez Morones informó que el lunes hubo una reunión de ejidatarios de Real de Limón y Fundición, donde acordaron demandar a Torex Gold una solución del conflicto con los trabajadores, o darán por terminado el acuerdo de renta de sus tierras.
De la reapertura de la mina en las tierras del ejido de Río Balsas, que anunció la empresa y confirmó el comisario de Nuevo Balsas, consideró que es una estrategia para evitar que sigan bajando los costos de su inversión en México.
Dijo que aún cuando echen a andar la planta de operaciones en Nuevo Balsas, el mineral se encuentra en el ejido El Limón, por eso allá en la parte alta tenían la maquinaria pesada, los camiones y el resto del equipo de trabajo.
“Para taparle el ojo al macho van a tratar de procesar el mineral de reserva que hay ahí, para tratar de estabilizar sus acciones”.
Luego se refirió al bloqueo de Colonia Valerio Trujano. Precisó que ahí hay dos movimientos, los que cerraron el paso a los paristas y vecinos, en la carretera nueva a la mina, y los sindicalizados que tomaron el camino viejo por las tierras ejidales para mantener la comunicación.
Ratificó que el gobierno estatal ni el federal están para atender este problema que comenzó con trabajadores sindicalizados de Nuevo Balsas, El Limón, Fundición y Valerio Trujano, y en el que ya tomaron parte en el conflicto trabajadores de confianza y prestadores de servicios.

Se agudizará la represión contra normales si no se organizan, advierten en el congreso nacional

En el primer Congreso Nacional en Defensa del Normalismo, estudiantes de distintas escuelas formadoras de maestros en el país concluyeron que si no se organizan para enfrentar las políticas del Estado, las modificaciones a los planes de estudio y la represión contra su lucha se agudizarán.
Por la noche concluyeron las mesas de trabajo del congreso, que se llevó a cabo en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, con la participación de integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), de normales oficiales del estado de Michoacán, la Coordinadora Estudiantil del Estado de Chiapas y las normales rurales adheridas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
El secretario general del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, de la Normal Rural de Ayotzinapa, Javier González, informó que en la mesa de trabajo en que se discutió la organización del movimiento normalista se concluyó que es necesaria la creación de un frente nacional de estudiantes, en el que cada institución cuente con un representante.
“Lo que se concluyó fue que evidentemente nuestras escuelas están a punto de cerrarse, si no nos organizamos para defenderlas creemos que las modificaciones a los planes de estudio y las campañas de represión se van a agudizar”, expresó.
Dijo que los normalistas deben construir una fuerza “mayor” a la de los universitarios o cualquier otro grupo de estudiantes, “no por discriminarlos, sino por la confluencia que nosotros tenemos en ideas, prácticas y contextos de la educación, por eso la defensa del normalismo es la primer bandera, y la defensa de la educación pública es la otra reivindicación”.
Señaló que los participantes del congreso rechazaron la Ley de Seguridad Interior, pues coincidieron en que con ella las autoridades pretenden concretar la militarización del Estado, en contra de los derechos humanos.
En el ámbito pedagógico, los normalistas hicieron un análisis de la formación que reciben en las escuelas y concluyeron que hay fallas debido a “la poca preparación de los maestros, su bajo perfil y la inadecuación de sus profesiones”, lo que es un problema que afecta a los estudiantes, según explicó Javier González.
Por otra parte, dijo que se debe desmantelar el sistema de educación normal, pues está enfocado en materias de trámites burocráticos, bajo los lineamientos de la reforma educativa, en lugar de contar con otras que los ayuden realmente en su formación. En ese sentido, los normalistas de Chiapas ejemplificaron con que en su escuela de Educación Física, sólo dos maestros de la plantilla laboral cuentan con el perfil adecuado.
“Creemos que hay una carga extrema de materias obsoletas, que lo único que tienen es que encaminan los trámites al perfil idóneo”, precisó Javier González, quien consideró que las conclusiones del congreso fueron básicas e informó que se integrará una comisión, para que le dé continuidad a los trabajos que se discutieron.
En febrero del próximo año, los normalistas volverán a reunirse e invitarán a los estudiantes de otras instituciones, que no asistieron a este primer congreso, para que se incorporen a la organización que los representará, cuyo nombre tentativo será Frente Nacional de Estudiantes Normalistas.
Cerca de las 8 de la noche, luego de cerrar la plenaria, los normalistas se concentraron en la explanada de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde a la luz de antorchas hicieron un mitin para declararse en defensa de las instituciones, en contra de las reformas estructurales y en la lucha interminable para exigir justicia para sus compañeros asesinados, así como la presentación con vida de los 43 desaparecidos.

Se mantiene atención al caso de la locutora de RTG, asegura funcionario de la Segob

El director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruiz del Ángel, informó que se mantiene atención al caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec y de la reportera de El Sur, Brenda Escobar. Este lunes, en las oficinas del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa en Acapulco se reunió con reporteros, para explicar la función del mecanismo y escuchar los casos de agresión a reporteros.
Hace dos semanas, los representantes del mecanismo estuvieron en Chilpancingo, con reporteros de la región Centro, también para explicar los alcances y limitaciones del mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que inició desde hace cinco años.
Recordó que la Ley de Protección a Periodistas es una ley federal, que obliga e invita a los estados a firmar convenios de colaboración.
Expuso que el mecanismo de protección entra a petición del periodista o defensor de derechos humanos ante amenazas; sin embargo, entre los reporteros se le recordó el caso de Marcela de Jesús Natalio, quien no recibió amenazas y el ataque fue directo contra ella. Respondió que la agresión sirve para atender a la reportera y a partir de allí investigar si anteriormente había recibido amenazas.
Sobre la situación económica de los periodistas que se ven obligados a dejar incluso su lugar de residencia, reconoció Ruiz del Ángel que los periodistas desplazados no tienen certeza laboral y salarial, lo que consideró un pendiente que tiene que resolver el Estado.
Indicó que en el caso de la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas por los familiares del presunto asesino, el mecanismo ya se acercó a ella, sin dar más detalles.
También dijo que en el caso de la locutora de RTG en Ometepec, no podía dar más detalles, pero también lo están atendiendo y la presencia de él en el estado “no era una coincidencia”.

Toman trabajadores y estudiantes la Prepa 33; piden la salida de una maestra por agresiones

Académicos, trabajadores administrativos y estudiantes de la Preparatoria 33 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en la capital, tomaron las instalaciones para exigir la destitución de la profesora Mónica Ortiz Díaz, por violar los derechos de los jóvenes y agredir físicamente a una maestra.
Desde las 6 de la mañana, unos 120 manifestantes cerraron las instalaciones ubicadas en el barrio de San Mateo y colocaron pancartas en las que se leyó: “Solicitamos la salida de la ciudadana Mónica Ortiz Díaz de esta escuela”, “repudiamos las prácticas de la ciudadana Mónica Ortiz Díaz, que perjudican nuestro proceso de evaluación al nivel II del Sistema Nacional de Bachillerato” y “no a la impunidad”.
Los integrantes del Consejo de Unidad de la Preparatoria 33, Fausto Peralta Balcazar e Hilda Álvarez Nava, dijeron que Ortiz Díaz presiona a los estudiantes dejándoles tareas como resumir cinco libros en una semana, para que de esta forma estén “bien preparados” cuando ingresen al nivel superior.
De acuerdo con Peralta Balcazar, Ortiz Díaz cuenta con 30 años de antigüedad, pertenece a la corriente política Compromiso Guerrerense Universitario (CGU), que dirige el ex rector Florentino Cruz Ramírez, e imparte las materias de sociología, psicología e investigación a los estudiantes de tercer año, a quienes amenaza y denigra durante las clases.
Dijo que los estudiantes, de manera recurrente, solicitan cambio de maestro para evitar que Ortiz Díaz les imparta las clases, pero la profesora se niega a dejar los grupos y acusa de “usurpadores” a los docentes que son asignados para sustituirla, lo que provocó que 15 alumnos optaran por darse de baja e inscribirse en otras escuelas.
Señaló que desde hace cuatro años la relación de maestros y estudiantes con Ortiz Díaz se tensó, por lo que se llegó a un acuerdo para que aceptara estar en una comisión en su grupo político.
Álvarez Nava denunció que fue agredida física y verbalmente por Ortiz Díaz el 26 de abril, enfrente de los estudiantes, mientras estaba en clase, con lo que la profesora faltó al acuerdo y violó la cláusula 41 del contrato colectivo de trabajo, el cual establece que la sanción por este tipo de agresiones es la recisión del contrato, es decir, el despido.
Precisó que ya hizo la denuncia correspondiente ante el Tribunal Universitario y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), aunque aún no se emite una resolución al caso.
Peralta Balcazar expresó que la agresión que sufrió Álvarez Nava fue “la gota que derramó el vaso” y el motivo por el que tanto maestros, administrativos y estudiantes de tercer año decidieron tomar las instalaciones para exigir que Ortiz Díaz sea destituida y reubicada en otro centro de trabajo.
Los directores de Personal, Adán Zamora Olea, y de Asuntos Jurídicos, Pablo Valdez Guerrero, de la UAG; el secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), David Molina Francisco, y otros representantes de la organización, acudieron para dialogar con los manifestantes, con quienes acordaron que se analizará la situación de Ortiz Díaz, así como la denuncia que presentó Álvarez Nava, para emitir una solución lo antes posible.
Los manifestantes exigieron que la solución sea favorable y de manera particular, los estudiantes exigieron que se respeten sus derechos. Luego del diálogo, se liberaron las instalaciones a las 2 de la tarde y hoy habrá labores de manera normal.

Se duplicaron las agresiones contra periodistas en el estado del 2014 al 2015, reporta informe

 

En su informe correspondiente al 2015 presentado ayer, la organización independiente Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y a vigilar que se respeten los derechos de los periodistas, calificó a Guerrero como un “caso preocupante” por el aumento en las agresiones contra periodistas, pues pasó de 28 casos en 2014 a 56 en el 2015.
Con esta cifra el organismo ubicó a ésta entidad en el tercer lugar después de la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos lugares el organismo registró 67 casos de agresiones a periodistas en el 2015.
Mientras tanto, en el panorama nacional, en su informe MIEDO (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), Artículo 19 revela que las agresiones contra los trabajadores de la prensa aumentaron en 21.8 por ciento con relación al 2014.
Establece, asimismo, que se comete una agresión a los periodistas cada 22 horas.
Destaca que un caso preocupante es el de Guerrero, donde hubo un aumento considerable en las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación, ya que pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, lo que ubicó a la entidad en el tercer lugar de las entidades del país con mayor número de casos de violencia hacia los periodistas.
“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica.
Argumenta, también, que el año pasado las agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación aumentaron en estados como Guerrero por las elecciones que hubo en junio de 2015, y debido a las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
Aunque en este caso no se menciona que las movilizaciones sociales ocurrieron a raíz de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías municipales de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 6 personas fueron asesinadas, tres de ellos normalistas y 43 más de éstos que fueron detenidos-desaparecidos.
Antes de Guerrero ocupan el primero y segundo lugar en agresiones a periodistas la Ciudad de México y el estado de Veracruz, con 67 agresiones cada uno.
El organismo destaca que en estas tres entidades (Ciudad de México, Veracruz y Guerrero) “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, igual que en el estado de Puebla que ocupa el cuarto lugar con 38 casos de agresiones y Oaxaca con 35.
Las estadísticas de Artículo 19 descubren que sólo en estas cinco entidades del país se concentra el 66 por ciento de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación.
En total documentó 397 agresiones en el país el año pasado; las más graves son siete asesinatos, los de Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa. Asimismo, 109 ataques físicos y materiales y 84 amenazas de muerte.
El informe agrega que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos “con saña”, y que en la mayoría de ellos se evidencia una clara “falta de voluntad política de las autoridades para prevenir y, posteriormente, investigar y castigar a los culpables”.
Las 397 agresiones implican un alza de 21.8 por ciento en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326.
Asimismo, se destaca en el informe que en el 2015 se registró la cifra récord de 84 casos de agresiones a mujeres periodistas, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales, lo que según el organismo representa un aumento de 33 por ciento en comparación con 2014, cuando se documentaron 63 casos; 42 por ciento más que en 2013; y 162 por ciento más que en 2012.
El informe subraya que “las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas ellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual o colectivamente) para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obliguen a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.
Otro dato que dio a conocer el organismo es que los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas, pues de los 397 casos en 165 de ellos intervino un funcionario público. Mientras que en 78 más los agresores fueron particulares, 35 integrantes del crimen organizado, y 34 de “fuerzas partidistas”.
Además destaca que de las 165 agresiones por funcionarios públicos en 97 de ellos los agresores fueron funcionarios estatales y 38 municipales y sólo en 30 casos fueron funcionarios federales.
Otro dato que se puso en evidencia es que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación van en aumento, pues de 60 que se registraron en el 2014 aumentaron a 69 en el 2015.
Destaca que la mayoría de los ataques ocurrieron en contra de medios digitales (32 de un total de 60).
Y mientras las agresiones a los periodistas y los ataques en contra de los medios de comunicación aumentan cada año, Artículo 19 vislumbra una “ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los agresores.
“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el botón de pánico no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, denuncia Artículo 19.

Respeto a su trabajo, piden periodistas de Acapulco al coordinador de la Policía Federal

 

Periodistas de Acapulco solicitaron al coordinador estatal de la Policía Federal en el estado, Rafael Lomelí Martínez, respeto al ejercicio periodístico por parte de los agentes federales y de la Gendarmería, luego de la intimidación que sufrieron los fotoperiodistas Bernardino Hernández y el italiano Enrico Danigno el viernes pasado.
En una reunión realizada ayer a petición de los integrantes de la sección XXV del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), el encargado de la Policía Federal exhortó a los reporteros que sufran alguna agresión a denunciar los casos, porque si hay una denuncia contra un elemento y es responsable “yo lo meto al bote, al que sea”.
El encuentro se realizó en las oficinas de la Policía Federal en el centro de negocios y comercial Costera 125, y asistió una observadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El secretario general de la sección XXV, Julio Vázquez, recordó al mando policiaco que en Acapulco en lo que va del año han sido agredidos tres reporteros, y a uno se le obstruyó su trabajo por parte de los policías federales.
“Los cuerpos de la Gendarmería han actuado con abuso de autoridad y vemos que han sido constantes”, reprochó el comunicador.
Mientras el coordinador estatal de la Policía Federal llamó a tener confianza en los cuerpos de seguridad, porque “así como tengo quejas, tengo mis felicitaciones”, sostuvo.
E insistió en que si hay una denuncia, la corporación actuará en apego a la Ley y los elementos que hayan incurrido en abuso de autoridad serían castigados.
En el encuentro, el fotoperiodista Bernardino Hernández narró lo sucedido el viernes 11 de marzo, cuando por casi dos horas fue retenido por policías federales en una revisión de rutina, quienes lo acusaron de usurpación por no traer su cédula profesional.
El fotógrafo free lance y colaborador de diversos medios de Guerrero, México y el mundo, sostuvo que acató las indicaciones de los policías federales, quienes también retuvieron al fotógrafo italiano Enrico Danigno, enviado de la revista francesa de fotografías Paris Match y ex colaborador del influyente periódico estadunidense The New York Times.
Sin embargo el coordinador de la Policia Federal indicó que la versión de los agentes federales era distinta, que el fotógrafo iba alcoholizado, y pidió a uno de sus ayudantes el reporte de la división de la Gendarmería para mostrarlo, donde incluso había videos pero una hora después de la reunión el material nunca fue mostrado.
Bernandino Hernández manifestó que no presentó una denuncia en el ministerio público porque existe un antecedente de hace dos años, cuando fue agredido y denunció el caso, y después fue perseguido por los policías federales implicados, por lo que decidió retirar la denuncia por miedo.