En su informe correspondiente al 2015 presentado ayer, la organización independiente Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y a vigilar que se respeten los derechos de los periodistas, calificó a Guerrero como un “caso preocupante” por el aumento en las agresiones contra periodistas, pues pasó de 28 casos en 2014 a 56 en el 2015.
Con esta cifra el organismo ubicó a ésta entidad en el tercer lugar después de la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos lugares el organismo registró 67 casos de agresiones a periodistas en el 2015.
Mientras tanto, en el panorama nacional, en su informe MIEDO (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), Artículo 19 revela que las agresiones contra los trabajadores de la prensa aumentaron en 21.8 por ciento con relación al 2014.
Establece, asimismo, que se comete una agresión a los periodistas cada 22 horas.
Destaca que un caso preocupante es el de Guerrero, donde hubo un aumento considerable en las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación, ya que pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, lo que ubicó a la entidad en el tercer lugar de las entidades del país con mayor número de casos de violencia hacia los periodistas.
“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica.
Argumenta, también, que el año pasado las agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación aumentaron en estados como Guerrero por las elecciones que hubo en junio de 2015, y debido a las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
Aunque en este caso no se menciona que las movilizaciones sociales ocurrieron a raíz de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías municipales de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 6 personas fueron asesinadas, tres de ellos normalistas y 43 más de éstos que fueron detenidos-desaparecidos.
Antes de Guerrero ocupan el primero y segundo lugar en agresiones a periodistas la Ciudad de México y el estado de Veracruz, con 67 agresiones cada uno.
El organismo destaca que en estas tres entidades (Ciudad de México, Veracruz y Guerrero) “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, igual que en el estado de Puebla que ocupa el cuarto lugar con 38 casos de agresiones y Oaxaca con 35.
Las estadísticas de Artículo 19 descubren que sólo en estas cinco entidades del país se concentra el 66 por ciento de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación.
En total documentó 397 agresiones en el país el año pasado; las más graves son siete asesinatos, los de Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa. Asimismo, 109 ataques físicos y materiales y 84 amenazas de muerte.
El informe agrega que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos “con saña”, y que en la mayoría de ellos se evidencia una clara “falta de voluntad política de las autoridades para prevenir y, posteriormente, investigar y castigar a los culpables”.
Las 397 agresiones implican un alza de 21.8 por ciento en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326.
Asimismo, se destaca en el informe que en el 2015 se registró la cifra récord de 84 casos de agresiones a mujeres periodistas, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales, lo que según el organismo representa un aumento de 33 por ciento en comparación con 2014, cuando se documentaron 63 casos; 42 por ciento más que en 2013; y 162 por ciento más que en 2012.
El informe subraya que “las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas ellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual o colectivamente) para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obliguen a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.
Otro dato que dio a conocer el organismo es que los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas, pues de los 397 casos en 165 de ellos intervino un funcionario público. Mientras que en 78 más los agresores fueron particulares, 35 integrantes del crimen organizado, y 34 de “fuerzas partidistas”.
Además destaca que de las 165 agresiones por funcionarios públicos en 97 de ellos los agresores fueron funcionarios estatales y 38 municipales y sólo en 30 casos fueron funcionarios federales.
Otro dato que se puso en evidencia es que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación van en aumento, pues de 60 que se registraron en el 2014 aumentaron a 69 en el 2015.
Destaca que la mayoría de los ataques ocurrieron en contra de medios digitales (32 de un total de 60).
Y mientras las agresiones a los periodistas y los ataques en contra de los medios de comunicación aumentan cada año, Artículo 19 vislumbra una “ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los agresores.
“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el botón de pánico no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, denuncia Artículo 19.
