Vinculan a proceso a la ex síndica de Teloloapan acusada de extorsión agravada

Ficha informativa difundida ayer sobre la vinculación a proceso de la ex síndica de Teloloapan Foto:?Fiscalía del Estado

Alejandro Guerrero

Iguala

A una semana de su detención debido a una orden de aprehensión, la ex síndica del gobierno saliente de Teloloapan, Vapsi Areli Polanco Álvarez fue vinculada a proceso por la presunta comisión del delito de extorsión agravada en contra de dos personas de Teloloapan, municipio del fue parte del Ayuntamiento encabezado por el perredista Homero Hurtado Flores.
Un día después de concluida la administración saliente y dejar el cargo, la ex edil perredista fue detenida con orden de aprehensión girada en su contra el martes de la semana pasada en calles de la ciudad de Iguala, al ser buscada por su probable participación en el delito de extorsión agravada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En un comunicado de prensa difundido la tarde de ayer, la Fiscalía de Guerrero informó que en seguimiento puntual de las investigaciones, Vapsi Areli fue presentada ante el Juez de Control que la requería y luego de analizar las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público en la audiencia realizada el lunes, resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en su contra.
Se indica que la ex síndica del gobierno del empresario gasolinero, Homero Hurtado Flores permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en la audiencia inicial, detenida en el reclusorio de Tuxpan, Iguala, en tanto continúan las investigaciones complementarias.
La ex síndica detenida al igual que el ex alcalde Homero Hurtado, quien se ausentó del municipio desde finales de julio que inició el conflicto armado, han sido señalados de haber sido apoyados e impuestos por el asesinado jefe de plaza Juan Carlos Flores Ascencio, La Beba, y la Policía Comunitaria Tecampanera, mismo señalamiento que pesa contra el alcalde entrante Narvel Mojica Sotelo, quien en el periodo preelectoral fue el único candidato al que se le permitió hacer campaña en Teloloapan.
La detención y vinculación a proceso de Polanco Álvarez se da en medio de la desarticulación de la autodefensa Tecampanera a la que le han detenido alrededor de 17 miembros, le han confiscado armamento, municiones, propiedades y vehículos, además de que se les debilitó económicamente al limitar sus operaciones en la venta y distribución de productos y servicios de primera necesidad.
Asimismo, se da luego de que desde el 30 de julio las corporaciones de seguridad de los gobiernos estatal y federal asumieron el control en el municipio, y el asesinato del jefe de plaza Juan Carlos Flores, La Beba, el 29 de agosto en León, Guanajuato, hecho que se adjudicó La Familia michoacana, organización con la que habría roto relaciones a mediados de julio pasado.

 

Dos periodistas presentan queja ante la Codehum contra la alcaldesa capitalina

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Dos periodistas de Chilpancingo presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en contra de la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, a quien acusan que desde sus conferencias de prensa de los lunes, “se ha dedicado a generar un ambiente de descalificación en contra de quienes cuestionan su a su gobierno”, y en particular a ellos.
Los columnistas, Efraín Flores Iglesias y Juan Antelmo García Castro, refieren que derivado de los señalamientos temen por su integridad física, “ya que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha sido vinculada con gente armada a través de videos que circulan en las redes sociales”.
Los periodistas son dos de los cinco que fueron citados a declarar la semana pasada ante la Coordinación de lo Contencioso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En su escrito de queja refieren que el 7 de agosto pasado la alcaldesa Hernández Martínez, presentó escrito de queja y/o denuncia en la vía de Procedimiento Especial Sancionador por presuntos actos constitutivos de violencia política en razón de género, en contra del periódico Diario de Guerrero y de los autores de las notas y /o columnas periodísticas denunciadas publicadas por el medio de comunicación referido, “entre los que nos encontramos nosotros los autores de las columnas Contexto Político y Tumbando caña, respectivamente”.
Denuncian que desde que se dio a conocer la citada queja y/o denuncia, en el expediente IEPC/CCE/PES/VPG/011/2023), la servidora pública “se ha dedicado desde sus conferencias de prensa matutinas de cada lunes a generar un ambiente de descalificación contra las personas que cuestionan a su gobierno, y muy en particular a los que denunció ante el IEPC, reporteros y columnistas del periódico Diario de Guerrero”.
Sostienen que a raíz de la queja ante el citado órgano electoral “se nos ha afectado para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y cuestionar los desatinos de la mencionada servidora pública y representante popular”.
Refieren que lo más grave de todo es que “tememos por nuestra integridad física, ya que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha sido vinculada con gente armada a través de videos que circulan en las redes sociales”.
Aclaran que no tienen enemigos. “Cada uno de nosotros somos gente de paz y respetuosos de las instituciones y de las leyes”.
Insisten: “Tememos por nuestras vidas y desde este momento responsabilizamos a la C. Norma Otilia Hernández Martínez, presidenta municipal de Chilpancingo de los Bravo, de lo que nos pueda pasar a nosotros y a nuestras familias, ya que ha generado un ambiente de miedo y complicado para ejercer un periodismo libre, derivado de su intolerancia a las críticas que hacemos a la servidora pública, no como mujer”.
Destacan que el 28 de noviembre, cuatro reporteros fueron agredidos a balazos en esta ciudad capital, después de cubrir la nota de un trabajador del servicio público de transporte que fue asesinado a balazos, “entre ellos un colaborador del Diario de Guerrero”, de nombre Víctor Mateo Francisco”.
Asimismo recuerdan que el 22 de agosto del año pasado, a cuatro cuadras del Palacio Municipal de Chilpancingo, fue asesinado Fredid Román Román, autor de la columna La Realidad Escrita, crimen que hasta la fecha sigue impune.
Señalan: “La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, nos pone en riesgo ante los criminales que operan impunemente en el municipio de Chilpancingo, y violenta flagrantemente los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Aclaran que “somos periodistas, no de ahora, sino desde hace más de dos y hasta tres décadas, respectivamente. De ello hay constancia en reconocimientos que hemos recibido de clubes y asociaciones de periodistas estatales y nacionales”.
Piden que se les garantice su integridad física y la de sus familias, “así como el ejercicio de la labor periodística de los quejosos y nos sean otorgadas las medidas cautelares solicitadas”.

 

Vincula la PGR a la policía de Petatlán con los cinco ejecutados



Zacarías Cervantes Chilpancingo

foto En un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR) que circuló ayer por la tarde en el que se recogen declaraciones de algunos de los familiares de los detenidos, se responsabiliza a los policías municipales de Petatlán en el caso de los cinco ejecutados de Coyuquilla Norte de este municipio, al señalar que uno de los detenidos, cuando hablaba con un familiar, le informó que acababan de salir de la cárcel pero después, antes de que se cortara la comunicación, dijo: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo”, al parecer en referencia al grupo policiaco que los detuvo.
En tanto, el delegado de la PGR en Guerrero, José Martín Godoy Castro, confirmó que los ejecutados la madrugada del domingo 30 de abril, habían sido liberados a las 7 de la noche del sábado 29 porque el Ministerio Público federal no obtuvo la querella de la Secretaría de Hacienda por la mercancía ilegal que poseían.
Entrevistado ayer en sus oficinas de la dependencia federal, informó que los seis comerciantes, quienes vendían bocinas de procedencia extranjera y que carecían de los documentos correspondientes, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal a las 11 de la noche del viernes 28 de abril por la policía municipal de Petatlán, que los había detenido.
Explicó que como la Secretaría de Hacienda no emitió la querella en su contra y que como en este tipo de delitos se procede sólo con denuncia de por medio por parte de esta dependencia, el Ministerio Público federal resolvió ponerlos en libertad; sin embargo, informó que las 44 cajas de bocinas que tenían en su poder sí quedaron a disposición del Ministerio Público.
Dijo que los seis detenidos se retiraron a las 7 de la noche de las instalaciones de la PGR en donde estuvieron sólo en calidad de presentados “y posteriormente, al día siguiente, a las 6 o 7 de la mañana, se tuvo conocimiento de la existencia de los cuerpos de estas personas en Coyuquilla y el Ministerio Público acudió al lugar y se percató que correspondían a las personas que un día antes habían estado puestas a disposición del Ministerio Público de la federación”.
Agregó que con respecto a las investigaciones de la ejecución de estas cinco personas corresponde investigar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Informó que a partir de ayer los familiares de los cinco ejecutados comenzaron a reconocer los cuerpos y que confirmaron que éstos corresponden a los de José Guadalupe Salazar de 37 años de edad, Miguel Ángel Huerta Castrejón de 34 años, Salvador Medina Olivares de 32 años, José Luis Valenzuela Barrón de 34 años y Jorge Salazar Rodríguez de 44 años de edad. En tanto que la sexta persona que logró escapar del grupo de hombres armados es Eduardo Rocha López.
–En algunos medios se destaca que es mucha casualidad que el Ministerio Público liberara a estas personas y en menos de 12 horas aparecieran ejecutadas, ¿que opinión le merece?
–El único comentario que le puedo hacer es que simple y sencillamente fueron liberadas porque se les resolvió su situación jurídica en términos de lo que la ley marca, y así ocurrió a las 7 de la noche y extraoficialmente tenemos conocimiento que después de que estas personas se retiraron del lugar, incluso se comunicaron con sus familiares.
“Ya los familiares han estado declarando ante algunos medios de comunicación en Zihuatanejo, que después de que estas personas estuvieron con nosotros ellos se estuvieron comunicando con sus familiares”, indicó.
–¿Ustedes no investigaron si tenían antecedentes penales?
–A nivel nacional los checamos, nosotros tenemos un sistema que nos da la información a nivel nacional y por lo que respecta a competencia federal no encontramos ningún mandamiento judicial pendiente de cumplimentar.
“De tal forma que contrario a lo que refirieron los medios de comunicación en el sentido de que existe ahí algo inexplicable, quiero hacer referencia de que tenemos un expediente y una resolución jurídicamente bien resuelta y hasta ahí lo que compete a la intervención de la PGR”, indicó el funcionario federal.
Mientras tanto por la tarde la delegación de la PGR circuló un boletín que señala que este 2 de mayo, a las 2 de la mañana “se presentaron ante el Ministerio Público del fuero común familiares de los ejecutados quienes los identificaron”.
Agrega que en el caso de Miguel Ángel Huerta Soto, de 21 años, hijo de Miguel Ángel Huerta Castrellón, señaló que por dicho del hijo de Eduardo Rocha López –sobreviviente– su papá le comentó que él se había retirado del grupo y que observó cuando gente armada los detuvo y se los llevó a bordo de una camioneta blanca.
En tanto que Marta Angélica Pérez Salazar, de 40 años, hermana de José Guadalupe Salazar, afirmó que habló por teléfono con Salvador Medina Olivares “en donde le comentó que habían salido de la cárcel ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero y que volvió a decir: ‘ahí vienen otra vez’, posiblemente refiriéndose a los que los habían detenido anteriormente, desconociendo quiénes fueron los probables responsables de su muerte”.
El comunicado señala que por su parte Blanca Patricia Salas Rodríguez, de 36 años de edad, hermana de Jorge Salas Rodríguez, dijo que tenía conocimiento, por comentarios de José Luis González Puentes, hijastro del único sobreviviente, que habían salido de la cárcel, ya que los habían detenido elementos de la policía preventiva municipal de Petatlán, Guerrero, por vender supuestamente “fayuca”.
El comunicado oficial agrega también que antes de que se cortara la llamada, escuchó que dijo que iban saliendo de la cárcel al mismo tiempo que decía: “ahí vienen otra vez y nos vienen siguiendo” y que supone que posiblemente se trataba de los mismos elementos quienes anteriormente lo habían detenido.