Exoneran a periodistas de denuncia de magistrada por violencia de género

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (PJF) declaró por unanimidad la inexistencia de violencia política en razón de género atribuida a los periodistas del portal El Tlacolol, y confirmó la identidad de la denunciante, quien durante el procedimiento sólo se identificó como dato protegido: la magistrada de Circuito de Tribunal Colegiado de Apelación del 21, en Acapulco, Yolanda Mora Silva, electa el 1 de junio de 2025.
La entonces candidata al Poder Judicial denunció a los periodistas Emiliano Tizapa Lucena, Arturo de Dios Palma Ocampo y Jesús Guerrero Salgado, por la difusión de notas publicadas en internet el 23 y 27 de mayo, durante la campaña de la elección del Poder Judicial.
En una de ellas, El Tlacolol señaló que “la jueza de control del Tribunal de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y el gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero”. Mencionó además que su esposo es el magistrado del TSJ de Guerrero, Paulino Jaimes, y que la jueza fue la que vinculó a proceso al Jefe de la Policía de Chilpancingo, Germán Reyes Reyes, como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Alejandro Arcos Catalán, en noviembre de 2024.
De acuerdo con la resolución, la candidata también demandó al morenista Ernesto Fidel Payán Cortinas por publicaciones en Facebook sobre nepotismo y amiguismo.
El Instituto Nacional Electoral (INE), sustanció un Procedimiento Especial Sancionador (PES) que resolvió la Sala Superior el pasado 17 de diciembre de 2025. Desde agosto, los periodistas señalaron era una agresión a la libertad de expresión, por el desgaste económico que implica un juicio electoral.
El asunto se turnó de manera directa a la ponencia de la magistrada de Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho, que en el estudio de caso señaló que la intención de Payán Cortinas en su comentario en Facebook, fue comunicar que no votaría por la quejosa en la elección judicial porque al ser esposa de un magistrado avalaría el supuesto nepotismo, lo cual “es una simple manifestación de opinión en ejercicio de su labor periodística”.
Asimismo, señaló que en las manifestaciones atribuidas a El Tlacolol no se emplearon estereotipos de género en su perjuicio, sólo la intención de informar sobre diversas circunstancias que se advertían en el estado de Guerrero, y el ambiente que permeaba en el marco del desarrollo del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.
Del reportaje aclaró que la referencia que se hizo a su participación como candidata a Magistrada de Circuito en esta entidad, de que era la carta fuerte de un partido político y del gobierno local para ganar la elección no hace alusión a su actuación como servidora pública del Poder Judicial local.
Incluso, destaca que la publicación dice que antes del arranque de campaña la candidata realizó profusas actividades políticas en las redes sociales, supuestamente con el consentimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
“Aunque el artículo hace una referencia a su vínculo conyugal, como esposa de un magistrado local, el análisis integral de las expresiones del mensaje permite concluir que ese dato sólo fue de naturaleza informativa, y no se relacionó de forma directa con su candidatura a Magistrada de Circuito”.
Advirtió que las expresiones no tenían el propósito de menoscabar sus capacidades o aptitudes o invisibilizar sus logros. Enfatizó que, “aún cuando pudieran considerarse críticas severas, vehementes, molestas o perturbadoras respecto de su actuación como juzgadora local, la quejosa se encontraba sujeta al escrutinio público más intenso, al participar como candidata en el proceso de elección del Poder Judicial de la Federación, en función del interés general y del derecho de la ciudadanía a recibir información útil para emitir un voto libre y razonado”.

 

Inicia el INE proceso sancionador contra periodistas del medio digital El Tlacolol

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Periodistas del medio digital El Tlacolol fueron acusados en un Proceso Especial Sancionador (PES) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por inducción al voto y violencia política en razón de género, por una candidata a magistrada del Poder Judicial de la Federación en la pasada elección del 1 de junio.
Como dirección colectiva fueron señalados Jesús Guerrero, Arturo de Dios Palma y Emiliano Tizapa Lucena, quienes concluyeron en un análisis con abogados de la organización Artículo 19 que la denuncia por una publicación aludida en el proceso no tiene sustento.
Sin embargo, la Unidad Técnica de Contencioso Electoral del INE, antes de emitir una resolución, les requirió de forma intimidatoria los datos personales de  situación fiscal, de bienes y dinero, prevén que para calcular una posible multa. Denunciaron la intención de amedrentarlos para acallarlos, a través de la criminalización de la libertad de expresión.
En un pronunciamiento, El Tlacolol aclaró que por restricciones legales tienen prohibido dar detalles de la denuncia y del denunciante, pero se tienen antecedentes en una declaración del vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Donaciano Muñoz, que en Guerrero sólo hubo una denuncia por violencia política de género en el estado contra un medio de comunicación, de una candidata a magistrada en Acapulco en el circuito 21.
La segunda queja, por inducción al voto se presentó directamente en las oficinas del INE en la Ciudad de México, precisó después Tizapa Lucena.
Del procedimiento sólo  menciona que la persona identificada como “dato protegido” argumentó que un texto de El Tlacolol demeritó su desempeño público.
En una revisión de textos publicados en El Tlacolol antes de la elección judicial, se encontró uno titulado “Gobierno de Guerrero palomea a sus candidatos en elección judicial”, con fecha de 28 de mayo pasado en el que se lee lo siguiente:
“La jueza de control del Tribunal Superior de Justicia local, Yolanda Mora Silva, es la carta fuerte de Morena y del gobierno estatal para que gane la elección de este domingo para la magistratura del Tribunal de Circuito con sede en Guerrero.
Agrega que Mora Silva “es esposa del magistrado local, Paulino Jaimes” y es la jueza que vinculó a proceso al jefe de la policía de Chilpancingo, el teniente del Ejército retirado Germán Reyes Reyes como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde perredista, Alejandro Arcos Catalán.
Mora Silva aparecía en el acordeón que circularon autoridades morenistas y fue de las ganadoras de un sitio en el Poder Judicial Federal y su nombre va acompañado de información de contexto que es de interés publico y no un ataque personal.
En la postura pública, los editores de El Tlacolol enfatizaron que allí no se promueven aspiraciones políticas, no se hace propaganda ni se alquilan para emprender campañas sucias. Tampoco desacreditan a personajes públicos ni escriben por consigna.
“Pensamos que la crítica es de las pocas herramientas que aún nos quedan como reporteros y reporteras y como ciudadanos para intentar que las cosas cambien, para que se destierre de la vida pública la corrupción criminal que impera en todo el aparato gubernamental”, señalan.
Confirmaron que mantendrán la línea que los caracteriza, con la misma responsabilidad ética, porque “renunciar a la crítica es renunciar a nuestro compromiso de defender la libertad de expresión”, pese al hostigamiento, la persecución y los intentos de censura.
Enfatizaron de sus textos de opinión sobre el proceso electoral del Poder Judicial establecen el contexto de notorios, verificables y conocidos por todos.
Aseguran que “en el texto (de la denuncia) no se presentó ningún dato desconocido, sólo se concatenó información pública y ofrecimos un panorama amplio de la operación política en la que se desarrolló la campaña”.
“Por eso, consideramos que estas dos denuncias se tratan de un hostigamiento, un amedrentamiento, un intento por criminalizar la información”.
Recordaron que en los últimos meses las denuncias por violencia política en razón de género se han convertido en México en un mecanismo tan perverso como sofisticado, “so pretexto de la protección de derechos, que en realidad es una vía para castigar y  forzar el silencio de los medios de comunicación, o, peor aún, obligarlos a retractarse públicamente de lo que todos vieron y muchos decidieron callar”.
Advirtieron que la disputa es desigual, pues “dato protegido está incrustado en el poder y cuenta con toda una estructura, recursos y personal”, a diferencia de El Tlacolol”.
Señalaron la complicidad activa del INE, que responde a la lógica del poder y no a la defensa de derechos. “El mismo INE (que) no emitió una palabra cuando los famosos acordeones circularon abiertamente, hoy se activa con agilidad para perseguir al medio que las documentó. No se persigue al operador de la inducción al voto, sino a los reporteros que se atrevieron a echar luz donde predominaba la oscuridad”, concluyen.

Por paridad de género, ya ganaron sólo por registrarse cuatro candidatas a magistradas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Cuatro candidatas a magistradas del Circuito Judicial 21, que corresponde a Guerrero, ya tienen ganadas las votaciones del 1 de junio sólo por haberse registrado en el proceso electoral extraordinario para la elección de los cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, porque no tienen competencia.
Dos candidatas a juezas, una registrada para la especialidad en materia civil y laboral, y la otra en materia mercantil, entrarán por defecto a la asignación alternada por género, como sucede con la asignación de candidaturas plurinominales de ayuntamientos y congresos estatales o Cámara de Diputados, a postulaciones de un solo cargo, porque son la únicas postuladas, pero también hay varios candidatos hombres compitiendo.
Esto, de acuerdo con las boletas de las cinco elecciones del proceso, por división territorial del Poder Judicial federal, que se pueden ver en el sistema en línea del INE, denominado Práctica tu Voto, al que se tienen acceso con los datos de entidad y sección de la credencial de elector.
De acuerdo con la boleta de color morada, para elegir 10 magistraturas en el Circuito Judicial 21, que tiene su circunscripción en Guerrero, seis cargos corresponden a la especialidad de civil y trabajo; dos de mixto y dos de penal administrativo.
En la boleta, las candidaturas se presentan en dos columnas, una de mujeres con seis nombres, y otra de hombres con 12 nombres. Arriba, hay 10 cuadros para señalar a cinco mujeres y a cinco hombres candidatos.
De los 10 cargos de elección de magistraturas en circuito, seis corresponden a la especialidad civil y laboral, de los cuales, tres espacios serán para mujeres y tres para hombres.
Las únicas tres opciones disponibles en la columna de mujeres para este cargo son Guadalupe Martínez Guerrero y Dulce María Rodríguez Terrazas, ambas magistradas distrito, pero se desconoce de qué jurisdicción, así como Alondra Rojas Carmona, de quien no hay antecedentes laborales. Las tres tienen pase directo sólo con contar con votos válidos.
También tiene acceso directo la única candidata a magistrada en materia penal administrativa, la actual magistrada de tribunales de distrito, Ruvi Martha Rosas.
Tendrán 50 por ciento de oportunidad de acceder al cargo las únicas dos candidatas mujeres a la magistratura en materia mixto, Zaira Rocío Gallegos López y Yolanda Mora Silva, que también son magistradas de tribunales de circuito. En ninguno de los casos hay mayores datos curriculares.
En las candidaturas a magistraturas de circuito para hombres, tienen mayor oportunidad cinco que se postularon para tres cargos de especialidad civil y de trabajo.
En la elección de jueces de distrito también hay 10 espacios en Guerrero, de distinta especialidad, cinco para mujeres y cinco para hombres.
Aunque sólo se disputa un cargo de juez de distrito en materia laboral y otro en materia mercantil, entrarían por defecto a la relación de elegibles las únicas candidatas registradas en estos rubros: Eva Bibiano Mora (mercantil) y Maribel Delgado Juárez (laboral), ambas juezas de distrito.
Entre los criterios para garantizar el principio constitucional de paridad de género en el proceso electoral extraordinario, está la creación de dos listas, una para mujeres y otra para hombres, que serán ordenadas según el número de votos obtenidos, y la asignación de los cargos se realizará de manera alternada, comenzando por las mujeres, hasta completar todos los puestos vacantes.